lunes, 18 de febrero de 2008



OTRO CASO DE UN REPRESOR INVOLUCRADO EN EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA
Una mano de obra demasiado ocupada
Tiene dictada la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia en la causa por los fusilamientos del ’76 en Salta. Y es copropietario de una agencia de vigilancia en Chubut que trabaja para una empresa petrolera. La Justicia analiza mandarlo a la cárcel por salir de su casa fuera de los permisos.

La empresa de César Espeche lleva como nombre ESPE SRL y tiene un contrato con la petrolera Pan American Energy.
Por Nora Veiras
El 6 de julio de 1976, el entonces capitán del Ejército Hugo César Espeche se presentó a las 19.45 ante el director del penal de Villa Las Rosas, en Salta, con la misión de trasladar a once presos políticos. Como avezado oficial de la dictadura dio dos órdenes: “Esto no se anota en los registros”, dijo y conminó a los carceleros a apagar todas las luces y retirarse de los pasillos “a objeto de que la operación resulte lo más secreta posible”. Los doce presos (fue sumado uno de Jujuy) fueron ejecutados a los pocos kilómetros en un simulacro de fuga. Durante veintisiete años, Espeche, retirado como teniente coronel, gozó de impunidad. En el 2003 fue detenido por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas pero parece que lo suyo sigue siendo violar la ley: a pesar de su prontuario es copropietario de una agencia de seguridad, ESPE SRL (sic), y acaba de ser denunciado por andar de compras haciendo caso omiso de su prisión domiciliaria, confirmada por la Corte Suprema de la Nación. La Justicia analiza la posibilidad de revocarle ese privilegio.
El 21 de diciembre de 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó el fallo que consideró “prima facie” a Espeche como “partícipe secundario responsable del delito de homicidio doblemente calificado por haberse cometido el hecho investigado con alevosía y mediando participación de dos o más personas”. A pesar de que todavía no había cumplido los 60 años, Espeche consiguió que la Cámara salteña reviera la decisión del juez Abel Cornejo y le autorizara la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut, a más de cuatro mil kilómetros del lugar del proceso. Problemas cardíacos motivaron el deseo concedido. Ni siquiera ese beneficio le fue suficiente y su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación reclamando la excarcelación. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi coincidieron en que el planteo era inadmisible y reclamaron a la Justicia salteña acelerar los procesos contra los represores.
Un experto
La reactivación de la causa por la Masacre de Palomitas impulsada por los familiares en el 2002 no amilanó a Espeche. Consolidado como un especialista en el rubro seguridad y limpieza en Comodoro Rivadavia, siguió adelante con la empresa que lo sacaba de las sombras. Jugó a ver su nombre casi completo en letras de molde y por una vez no vinculado con Palomitas. Bautizó a su emprendimiento ESPE SRL.
En el 2004, en Chubut se sancionó una ley que intentaba sanear el rubro seguridad y, al igual que en otras jurisdicciones, ponía como requisito que sus integrantes no tuvieran antecedentes por delitos de lesa humanidad, pero los mecanismos de control fallaron. El último registro societario registrado es del 2004 y Hugo César Espeche aparece como gerente titular asociado con otro militar retirado, el coronel Eduardo Falco.
De la mano del boom petrolero de Chubut, ESPE SRL consiguió un contrato con Pan American Energy y las camionetas con su logo empezaron a recorrer las zonas de producción. El consorcio conformado por un 40 por ciento de la empresa argentina Bridas de Carlos Bulgheroni y un 60 por ciento de British Petroleum es el que acaba de descubrir una reserva que le permitiría a la provincia duplicar su producción anual. La vinculación de firmas multinacionales con servicios de seguridad y vigilancia en el que se reciclaron represores no es nueva. Página/12 denunció en su momento que el teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, cara visible de la autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue denunciado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado. Scanner le prestó servicios durante años a Aerolíneas Argentinas mientras estuvo bajo las órdenes del español Carlos Mata. Otro caso es el del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, detenido por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad: además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.
Este diario también reveló la semana pasada que el coronel retirado Aldo Alvarez, prófugo de la Justicia, encabeza en las sombras una agencia de seguridad.
Enfermo inquieto
A Espeche, la prisión domiciliaria parece haberle dado más bríos. Es lógico si se tiene en cuenta que goza de permiso para salir tres veces por semana a hacer gimnasia, además de las visitas autorizadas al médico y al fisioterapeuta. A simple vista, no sería complejo vigilar su laxa rutina de encierro teniendo en cuenta que en la planta baja del mismo edificio donde vive funciona un juzgado pero, se sabe, nada es tan simple.
A casi cuatro mil kilómetros del lugar donde está procesado por haber activado el mecanismo que permitió el fusilamiento de seis hombres y cinco mujeres detenidas antes del golpe del ’76, Espeche nunca pensó encontrarse hace un par de semanas con alguien que lo reconociera. David Leiva, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de la masacre, dijo a Página/12 que “presentamos ante el juez Cornejo un pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria fundado en el testimonio de Javier Guzmán, un muchacho salteño, de Orán, que trabaja en un corralón en Comodoro Rivadavia, que reconoció a Espeche cuando fue muy suelto de cuerpo a pedir un presupuesto. Esperamos que el juez llame ahora al testigo, al otro empleado que lo atendió y se revea ese privilegio”.
Nora Leonard, hermana de una de las víctimas de la masacre, comentó que “los familiares estamos indignados, es una afrenta la impunidad con la que se siguen manejando después de más de treinta años”. La investigación por la Masacre de Palomitas está desdoblada en dos juzgados. En el camino quedó el camarista salteño Ricardo Lona, sometido a juicio político, entre otras causas, por su desempeño como juez federal durante esa emboscada macabra. Aunque no fue destituido sino que renunció, los familiares de Palomitas siempre recuerdan el comunicado del coronel Carlos Alberto Mulhall, jefe del Destacamento Salta del Ejército, dirigido al entonces juez Lona, en el que informaba que “en cumplimiento de órdenes recibidas por la superioridad se procederá al traslado (...) Oportunamente se le hará conocer el lugar donde permanecerán alojados”.
Mientras la fecha del juicio que tiene como máximo responsable a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, sigue siendo un enigma, los familiares esperan que Espeche sienta, al menos, el rigor de estar preventivamente privado de su libertad.
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EL CONFLICTO EN MAFISSA
Echando mano a viejos métodos
Delegados de la petroquímica denuncian que la empresa colaboró con la represión en los ’70 y ahora utiliza tácticas de aquella época en el conflicto laboral.

Por Adriana Meyer
En los años ’70, Petroquímica Sudamericana era una de las principales protagonistas de las luchas obreras, como parte de la Coordinadora de La Plata, Berisso y Ensenada. Y sufrió las consecuencias: quince de sus trabajadores están desaparecidos. La actual comisión interna acusó a los dueños, la familia Curi, de haber “contratado los servicios de la policía de la provincia de Buenos Aires para infiltrar a sus operarios” y de haber hecho apología de la dictadura. Esto ocurrió en medio de un intenso conflicto laboral que comenzó hace un año por mejoras salariales, terminó con despidos, suspensiones y lockout patronal, y cuyas protestas, según los trabajadores, están siendo reprimidas con los mismos métodos de aquella época. El delegado Hernán García le dijo a Página/12 que esta semana fue detenido junto a otros compañeros, y que el viernes hubo un operativo de la Infantería mientras realizaban una asamblea en la puerta de la fábrica. Por su parte, el gerente de recursos humanos de la empresa, Ricardo González, afirmó: “Si desbloquean el portón la planta vuelve a funcionar”. Al mismo tiempo dijo que el rol de la familia Curi en la dictadura “no tiene nada que ver” con el conflicto. Este diario accedió al informe de inteligencia de la Bonaerense en el que consta el pedido que Petroquímica Sudamericana hizo en mayo de 1970 para “incorporar a tres hombres que identifiquen” a una “célula de orientación izquierdista” que “incita a paros y conflictos para obtener mejoras salariales”.
Esta empresa, que luego se llamó Hilandería Olmos y hoy se denomina Mafissa (Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.), produce fibra sintética y cuenta con más de 500 operarios. Provee el ochenta por ciento de la materia prima de la industria textil nacional y exporta a varios países, con una facturación de 400 millones de pesos por año. Sin embargo, por estas horas está funcionando al 10 por ciento de su capacidad.
Los empleados denunciaron que los dueños incurrieron en lockout patronal, es decir, que apagaron las máquinas y se retiraron del predio ubicado en 44 y 184, en Lisandro Olmos, con el objetivo de desarticular la organización con la que han obtenido importantes mejoras laborales. “A partir de 2005 estamos escribiendo nuestra propia historia”, explicó García al referirse a los años previos en que la comisión interna gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT) “avaló despidos y garantizó salarios de hambre y precarización laboral”. Según enumeró el delegado, la nueva comisión frenó despidos, logró aumentos “y consiguió más efectivizaciones que en décadas de la AOT”. Pero esos logros tuvieron su costo. Ante cada reclamo hubo despidos y suspensiones.
El conflicto se intensificó en marzo de 2007 cuando los trabajadores empezaron a pedir un aumento de un 20 por ciento en sus sueldos básicos, acorde a la canasta familiar (sus sueldos rondan los mil pesos), que sean respetados los convenios colectivos y la antigüedad, la efectivización de los contratados, el pase a planta permanente luego de tres meses de trabajo y mejoras en las condiciones de trabajo. En ese momento Mafissa despidió a 120 operarios, que dos meses después tuvo que reincorporar conciliación obligatoria mediante. Pareció un triunfo de los trabajadores pero no lo fue. El 19 de octubre, el Ministerio de Trabajo bonaerense le rechazó un recurso preventivo de crisis, y a pesar de eso despidió a 103 trabajadores. Luego hizo que el ochenta por ciento del resto de los empleados se tomara vacaciones forzadas y procedió a apagar la CPU (la unidad continua de policondensación, área madre de la producción). Los empleados acamparon frente a la fábrica “en resguardo de la fuente de trabajo”. Como respuesta hubo citaciones judiciales que acusaban a la comisión interna de incitar a la toma violenta de la planta.
“Los noventa despidos son un tema cerrado, posterior a la conciliación obligatoria”, dijo González a Página/12. “Ellos empezaron a bloquear las puertas e impedían el ingreso de mercadería y de clientes, así que no pudimos seguir pagando los sueldos”, agregó el gerente de Recursos Humanos de Mafissa. Y ratificó que desde hace 10 días todo el personal está suspendido sin goce de haberes. Según el directivo, “el martes habrá una reunión en AOT, y si deciden desbloquear el portón la empresa vuelve a funcionar”. El delegado García aclaró que ese encuentro convocado por AOT no es resolutivo como plantea González, porque “las decisiones las toma la asamblea de trabajadores”. Sin que mediara pregunta, el gerente explicó que “los despidos tuvieron que ver con una reestructuración a partir de los paros parciales que hubo, porque se perdieron clientes”. Este diario le preguntó si habían despedido a los delegados o a los que hicieron paro. “No, no, los despidos no fueron discriminatorios, la empresa se vio obligada a bajar los costos por los conflictos”, respondió. La comisión interna tiene otra visión. “Mafissa amasa fortunas con nuestra explotación, pésimos salarios y condiciones inhumanas que le han costado la vida a varios compañeros. Se vieron beneficiados con la devaluación porque hacen los negocios en dólares y los salarios los pagan en pesos”, afirmó en un comunicado en el que destacan la solidaridad de organizaciones de derechos humanos y de desocupados para sostener su lucha y su fondo de huelga.
El pasado que vuelve
Jorge Curi, padre, escribió en 1977 el libro Arriba Argentina, en el que saluda con euforia el golpe de Estado y repite los argumentos de los militares: que los desaparecidos están paseando por Europa, que las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber patriótico trayendo orden. “A los argentinos nos consta que nuestro actual gobierno ha derrotado ampliamente a la subversión y ha obligado a muchos de sus componentes a emigrar a países lejanos donde, bien pertrechados de dinero, descansan y esperan”, escribió el empresario en la página 432. “La Empresa Olmos consideró que era su deber otorgar al nuevo equipo gubernamental un amplio voto de confianza”, puede leerse un poco más adelante.
En el período previo al golpe, Curi buscó los “servicios” de inteligencia de la Policía Bonaerense para “detectar activistas” en Petroquímica Sudamericana. El 18 de mayo de 1970, el entonces jefe de vigilancia de la fábrica, de apellido Longoni, fue designado por Curi para trabar contacto con el Comando de Operaciones y el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Sipba). A juzgar por los informes y listados elaborados por los comisarios platenses entre 1970 y 1978 –rescatados por el Archivo Provincial de la Memoria– que señalan a los trabajadores que se organizaban en el Comité de Huelga, el pedido fue concretado.
“Han aparecido en la Planta Petroquímica panfletos que considera de carácter extremista que incitan a paros o conflictos (...) En la empresa no existen problemas de tipo laboral y los salarios están ajustados al último convenio (...) se debe tratar de un pequeño grupo que quiere crear un clima de intranquilidad (...) que ellos no se encuentran en condiciones de detectar”. Así informó al jefe del Sipba el policía que se entrevistó con el enviado de Curi. “El señor propone la incorporación de tres hombres, a quienes les abonará el salario correspondiente, a fin de que logre identificar a este núcleo de persona disolventes a juicio de la empresa”, concluyó el informe.
En 1975, ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) fueron asesinados cuando se dirigían a apoyar a los obreros de Petroquímica Sudamericana, en la denominada masacre de La Plata realizada por la Triple A. Pero la textil de los Curi cuenta con sus propios desaparecidos y asesinados. Ellos son Juan Carlos Leiva, Miguel Angel Lanzafame, Néstor Cortez, Julio Beltraco Zurita, Néstor Azar, Héctor Juliá, Alberto de la Canal, Jorge Giorgieff, Julio Heredia, Martínez, Cisneros y Ana María, de Personal.
“Más allá de desmentir todo eso, que no tiene nada que ver con el conflicto, consideramos que es para embarrar la cancha”, afirmó el gerente González. “El gobierno tiene que investigar la complicidad civil en esos años, porque nos consta que Jorge Curi hijo estuvo a cargo de la fábrica mucha veces cuando su padre estaba de viaje, de modo que no es ajeno a lo que ocurrió”, replicó el delegado García. La preocupación vuelve al presente cuando el delegado afirmó que González estuvo “al mando” del operativo del viernes, “con tres camiones de Infantería para intimidar” durante la asamblea en la puerta de la fábrica. “Hacemos responsable al gobierno provincial de la integridad física de los trabajadores de Mafissa”, agregó García. En octubre fueron reprimidos en la puerta del Ministerio de Trabajo provincial, y los delegados Ferraro y Bustos terminaron en el hospital.
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Santa FeLunes, 18 de Febrero de 2008

LA INCREIBLE HISTORIA DE JORGE "BARBA" CABRERA

Un torturador que vende pororó
En la dictadura fue un "especialista en torturas", según lodenunció el Tucu Constanzo. En los 90' trabajó en Defensoríadel Pueblo y vendía pochoclo en el parque. Pedido de informes.
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El "barba" Cabrera, acusado judicialmente por tortura y homicidio en la Quinta de Funes. La diputada Gutiérrez solicitó detalles sobre su paso por la administración pública


Final del formulario
Por José Maggi
Jorge Cabrera, también conocido como Andrés Cabrera, o por su alias el Barba tiene hoy sesenta años, un metro setenta de estatura, cabello canoso y bigote negro, tal como puede verse en la foto que ilustra la portada de Rosario/12 y que por primera vez se publica. Es el rostro del hombre señalado ante la Justicia Federal por Eduardo "Tucu" Costanzo como "el especialista en torturas" de la Patota de Feced. El que aplicó sus técnicas sobre Tito Mesziez, al igual que sobre Cambiasso y Pereira Rossi. Que de lunes a viernes era empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y los fines de semana se convertía en un inofensivo vendedor de pororó en Parque Sunchales. Al menos, hasta el año 2000.
Los dichos de Constanzo ante el juez federal subrogante Felix Angelini fueron la ratificación de la entrevista publicada por este diario: "Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en bulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda", había dicho Constanzo, quien además había apuntado al entonces responsable de la Defensoría, Norberto Nicotra como quien le dio empleo.
Preocupado por el paso de Cabrera por el Estado, la diputada Alicia Gutiérrez (ARI en el Frente Progresista) solicitó se informe sobre el ingreso y actuación en la administración pública provincial de Cabrera, acusado judicialmente por su participación en la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro clandestino Quinta de Funes.
Gutierrez pidió también "la fecha de ingreso a la Administración Pública Provincial, el listado de funciones asignadas, las fechas de ingreso, cese y responsables de las reparticiones administrativas en donde el represor Cabrera hubiere prestado servicios durante la vigencia de su relación laboral con el Estado Provincial, especificando particularmente las tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe".
Además, la diputada del ARI quiere saber si el represor "continúa en la actualidad percibiendo haberes o remuneraciones de cualquier naturaleza o cumpliendo funciones en la Administración Pública Provincial, y en caso negativo, se detalle la fecha y las causales de la extinción del vínculo laboral".
En la misma línea, la Agrupación H.I.J.O.S. interpuso una presentación ante el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, solicitando la indagatoria y detención de Cabrera. La agrupación reseña que "a partir de las declaraciones de Costanzo, detenido con prisión domiciliaria, y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de inteligencia mexicana, es posible determinar la participación de Cabrera en el 'Operativo México' en enero de 1978, que tenía por objeto secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la Ciudad de México". Los documentos de inteligencia mexicanos constituirían prueba determinante para acreditar la responsabilidad penal de Jorge Cabrera, quien habría ingresado a México bajo la identidad de "Carlos Alberto Carabetta".
En su comunicado HIJOS recuerda que "el proyecto criminal de 'Operación México' fue impulsado por Leopoldo Galtieri, entonces jefe del II Cuerpo de Ejército y autor intelectual del centro clandestino de detención que funcionó en Quinta de Funes. Luego de que los militares argentinos fueran expulsados de México, acusados de espionaje ilegal, inmediatamente el centro clandestino de detención de la Quinta de Funes fue desmantelado y sus presos trasladados a otro centro".
Para HIJOS es grave que Cabrera haya sido empleado público. "La gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante el terrorismo de Estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales. Esto muestra cómo las instituciones bajo la dirección del poder político cómplice, en contados casos sirvieron de refugio de aquellos que fueron responsables del plan genocida instaurado por el último gobierno de facto".


Por el asesinato de Danto Bodo
Dos militares aeronáuticos fueron llamados a declarar en la causa

San Luis (Pelr) 18-02-08. Dante Bodo era el presidente del Colegio de Abogados de Villa Mercedes en 1976, fue asesinado por un "grupo de tareas". El 11 de abril de ese año, cuando se encontraba durmiendo en su domicilio fue sacado de su casa y asesinado.
"Parece que habían ingresado tres desconocidos que se encontraban ocultos en su propiedad, lo lanzan afuera, y afuera se encontraban tres o cuatro personas, a bordo de un Falcón que fue robado a una pareja de novios, que fueron abandonados en cercanias de la fábrica Bagley que lo matan", relata Guillermo Lezcano, sobrino de Bodo.
"Los que estaban afuera lo acribillan de un balazo de fusil FAL y cae desplomado en la vereda y después el Ford Falcon fue encontrado en las inmediaciones de Villa Mercedes, pero otros dicen que ingresó a la seccional de policía por la parte posterior. Era un Ford Falcon de color violeta, único en Villa Mercedes", detalla.
El viernes, dos militares que ocupaban funciones relevantes en la Quinta Brigada Aérea en ese entonces, Humberto Godoy y Jorge Senn, fueron llamados a prestar declaración testimonial, pero ante las contradicciones de Godoy, se pidió su detención -cosa que finalmente no sucedió- y Senn no prestó declaración en esa jornada.
Enrique Ponce, abogado de la APDH, había llevado una serie de 87 preguntas para que el aeronáutico contestara. "Pedí la detención de Godoy y que se lo pusiera a disposición del juez porque estaba cometiendo un delito en flagrancia ante la misma audiencia, la mendacidad de sus respuestas, las contradicciones en las que caía, la reticencia en responder, configuraban ese delito en ese mismo momento. Dado su rango militar y su responsabilidad funcional, hacían que ese no fuese un simple falso testimonio, sino que revelaba el accionar de encubrimiento y/o participación en el homicio de Dante Bodo, y por eso pedí que lo detuvieran inmediatamente, como mínimo por encubrimiento en este hecho y también por la participación en la desaparición de Pérez, Kupp y Frumm", que en aquel momento eran docentes de la FICES.
"No podía no recordar ni no constarle, porque dependía funcionalmente del mayor Claudio Franco, en ese entonces Jefe de la Policía de San Luis", dijo el abogado de la APDH quien aseguró que "Godoy, que era jefe de la departamental Villa Mercedes, es actualmente Comodoro en actividad y se desempeña en el edificio Cóndor".
Humberto Godoy era en ese entonces Capitán de la Fuerza Aérea y también se desempeñaba como jefe de la policía mercedina.
A pesar de las sospechas, fueron llamados a declarar "como testigos, porque no habría indicios vehementes de la culpabilidad. Sí la responsabilidad de haber actuado en la lucha antisubversiva, haber usurpado cargos", dijo el abogado Guillermo Lezcano, sobrino de Dante Bodo.
"Acá surge algo importante, el incumplimiento total de la doctora Ruth Barros de Menzano, quien se desempeñaba en aquellos tiempos como jueza de instrucción, ya que no pidió toda la instrucción policial, que no impulsó el proceso. No se si no lo hizo por temor -debería haber renunciado- y el desconocimiento de estas personas de la fuerza aérea de cómo se maneja la justicia y como se maneja la policía, ante hechos de tamaña magnitud como fueron varios homicidios que ocurrieron en Villa Mercedes", puntualizó.
"Al que le robaron el móvil, fue un soldado de la base, al que tuvieron atemorizado para que no hablara ni se acercara a nadie", señaló.
Cuando se lo consultó sobre la responsabilidad de Jorge Senn, dijo que "está vinculado a este soldado que perteneció a la fuerza y sus jefes le habían lavado el cerebro en contra de las ideologías socialistas o de izquierda para que estos jóvenes tuvieran odio o ensañamiento".
"Sobre la responsabilidad en la muerte (de Bodo) vamos a verificar después que reunamos todos los antecedentes de la causa, pero se habla de cierta oficialidad joven que intervino y queremos saber si ha tenido intervención", manifestó.

DICEN QUE REPRESOR CAVALLO PODRIA QUEDAR EN LIBERTAD Madrid, 18 de febrero (Télam, especial por Cecilia Guardati).-El represor argentino Ricardo Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad, podría quedar en libertad a finales de marzo, según advirtió la justicia española, en una resolución que vuelve a poner en riesgo la celebración de un juicio en su contra, denunció hoy una acusación. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó el pasado miércoles un escrito -al que tuvo acceso Télam- en el que advierte que si "al 31 de marzo no recibe respuesta de México" sobre el pedido de "re-extradición" de Cavallo de España a Argentina, "revisará la prisión provisional" del ex marino. "Está claro que no quieren juzgarlo, lo que está diciendo el juez es que si México no responde lo va a poner en libertad", dijo a Télam el abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos Madrid (AAPDH-M), Antonio Segura. Desde el 30 de enero de 2007, Cavallo se encuentra en prisión provisional por el proceso de extradición que se abrió tras la inesperada decisión de la Audiencia Nacional de "inhibirse" a favor de la justicia argentina. Como se trata de un proceso de "re-extradición", en febrero de 2007 España preguntó a México si autorizaba la extradición de Cavallo a Argentina, pero la justicia mexicana no respondió, al considerar que primero el Tribunal Supremo debía resolver si era procedente la actuación de la Audiencia Nacional. Cavallo llegó a España procedente de México el 29 de junio de 2003, a pedido del juez español Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). El ex marino fue acusado en España por crímenes contra la humanidad o genocidio, y afronta una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010. Sin embargo, en diciembre de 2006, cuando se esperaba la fecha del juicio oral, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, resolvió "inhibirse" a favor de la jurisdicción argentina, que posteriormente presentó la solicitud formal de extradición. La decisión fue revocada por el Tribunal Supremo de Justicia español el 18 de julio de 2007. A pesar de se trata de una decisión "firme", el juez Guevara se niega a poner fecha al juicio contra Cavallo hasta que se resuelva la extradición. Para el abogado de la AAPDH-M esta decisión es "absurda", y "no tiene base jurídica", porque se trata de "dos procesos diferentes". Por otro lado, Segura subrayó que "Cavallo fue extraditado de México a España para que sea juzgado por delitos de lesa humanidad o genocidio, y la justicia española tiene que cumplir con su obligación". Más allá de que los delitos por los que se pide la extradición a Argentina son diferentes, en España "hay una causa abierta que está avanzada, hay elementos, pruebas suficientes, para juzgar a Cavallo, pero no quieren hacerlo", afirmó. La semana pasada, las acusaciones exigieron una vez más al juez Guevara que fije fecha de juicio, y tiene que responder en un plazo aproximado de quince días. "Si no resuelve, vamos a recusarlo", adelantó Segura, porque el magistrado es quien tiene en sus manos la decisión de juzgarlo. "Cavallo tiene suficiente capacidad y apoyo para desaparecer, y si pone un pie en la calle, será responsabilidad del juez dejar en libertad a una persona sobre la que existen pruebas de que cometió crímenes de lesa humanidad", señaló el abogado. (Télam)

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