domingo, 17 de febrero de 2008

MARIA EUGENIA SAMPALLO BARRAGAN, LA PRIMERA EN QUERELLAR A SUS APROPIADORES


El paísDomingo, 17 de Febrero de 2008
MARIA EUGENIA SAMPALLO BARRAGAN, LA PRIMERA EN QUERELLAR A SUS APROPIADORES
“Que sean condenados con la mayor pena”
El martes empieza el juicio oral contra los dos apropiadores y el militar que la entregó. Es el primer caso en llegar a esta instancia en el que una hija de desaparecidos que recuperó su identidad es querellante. “Ellos se ponían en el lugar del salvador. Piensan que lo que hicieron estuvo bien”, dice Eugenia que, además, será testigo.
Por Victoria Ginzberg

“La Justicia trata los casos de apropiación de bebés durante la dictadura como si fuera el robo de un automóvil”, dice María Eugenia Sampallo.
“Socialmente no está aceptado el castigo a los apropiadores. Creo que tiene que ver con algo más general sobre quiénes son las personas adecuadas y quiénes no para criar a los chicos. En algún momento y todavía ahora había que sacarles los hijos a los pobres porque otras clases sociales podían criarlos mejor. En el ’70 eran los militantes los que no tenían que criar a sus hijos. Y la Justicia, cuando trata un caso de apropiación de bebés durante la dictadura, no lo hace como si fuera un caso grave, sino como si estuviera tramitando el robo de un automóvil”, dice María Eugenia Sampallo Barragán. Es hija de desaparecidos, fue secuestrada y recuperó su identidad en 2001. El martes comienza el juicio contra el militar que la entregó y la pareja que la crió como hija propia y le mintió durante 23 años. Ella es querellante en la causa. Es la primera.
El juicio oral y público que empieza el martes en los tribunales de Comodoro Py es el cuarto de ese tipo en el que se ventilan el secuestro y robo de un menor durante el terrorismo de Estado. Hasta ahora los únicos casos que llegaron a esa instancia (los otros procesos fueron escritos) fueron los de Martín D’Elia, Claudia Poblete y Carmen Sanz. En el primero la apropiadora fue condenada a sólo tres años de prisión en suspenso. En el segundo, el militar Ceferino Landa y su mujer recibieron nueve y cinco años y medio. La tercera vez no hubo apropiadores en el banquillo: los represores Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés fueron a juicio por el secuestro y recibieron siete años. Esta vez, María Eugenia y su abogado, Tomás Ojea Quintana, pidieron quince años para los tres acusados: Osvaldo Arturo Rivas, María Cristina Gómez Pinto y el militar Enrique José Berthier. El médico Julio César Cáceres Monié (“El Tordo”), que firmó su falsa partida de nacimiento, murió antes de poder ser procesado.
En los anteriores juicios orales, los jóvenes apropiados prefirieron mantener el perfil bajo. Pero María Eugenia se puso al frente de la causa. Fue la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo en hacerlo. La decisión se originó, en parte, por la propia burocracia judicial. Rivas y Berthier habían abierto una contracausa en la que la acusaban a ella y a todos los testigos de mentir. Con el visto bueno de los fiscales del caso, María Eugenia pasó a estar imputada por falso testimonio. Eso la llevó a comprometerse con el devenir de la investigación y a tomar el rol de acusadora de quienes alguna vez creyó sus padres.
No sabe cuándo ni dónde nació. Festeja el cumpleaños el 8 de febrero: “La elegí democráticamente con mi abuela, mi tía y mi hermano. Era el aniversario de casamiento de mi abuela. A propuesta de ella quedó esta fecha... hasta nuevo aviso. Si algún día hay una nueva noticia me lo tendré que cambiar de nuevo”.
Su mamá, Mirta Mabel Barragán, era trabajadora de la fábrica SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión), delegada de la sección Tableros y militante del Partido Comunista Marxista Leninista. Su papá, Leonardo Rubén Sampallo, trabajaba en el Astillero Río Santiago, era subdelegado de la sección Calderas y también militante del PCML.
Mirta tenía un hijo de tres años –Gustavo– y estaba embarazada de seis meses en diciembre de 1977 cuando fue secuestrada junto con Leonardo. El pequeño Gustavo fue a parar a la comisaría 7ª, de donde lo rescató su papá. A Mirta y Leonardo los llevaron al centro clandestino El Atlético y después al Banco. En febrero de 1978 la mujer fue sacada de ese lugar para parir. Se supo que su bebé nació bien, tal vez en el Hospital Militar. Allí, en las celdas y salas de tortura del Primer Cuerpo de Ejército, se perdió el rastro de Mirta y Leonardo.
Tres meses después, días más o días menos, llegaba una beba a la casa del matrimonio de Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto. Eran una pareja de clase media –él, empleado en una oficina, ella ama de casa– con un amigo militar: Berthier, que “consiguió” a la niña.
“Ahora sé casi lo mismo que sabía al principio. Que Berthier me entregó, que él no podía tener hijos y que es probable que me haya secuestrado en un primer momento para que fuera su hija. Sé que cuando llegué no era un bebé recién nacido, el 7 de mayo es la fecha que figuraba en la partida –narra María Eugenia, treinta años recién cumplidos, pelo oscuro y ondulado recogido, tez blanca, anteojos y ojos grandes–. Es ese tiempo en el medio... que no se confirmó.”
María Eugenia supo que no era hija de Rivas y Gómez antes de los diez años. En 1989 las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron una denuncia que llegaba hasta ella. Se sacó sangre, pero su familia paterna no estaba en el Banco Nacional de Datos Genéticos y la tecnología de los estudios genéticos de esa época no permitió que se consiguiera un resultado de compatibilidad.
María Eugenia preguntaba. Y obtenía respuestas diferentes. Que sus padres habían muerto en un accidente, que era hija de una empleada doméstica, que era hija extramatrimonial de Berthier. “Todas mentiras. Siempre hacían hincapié en el tema del abandono, salvo en esa primera versión del accidente. Ellos se ponían en el lugar del salvador. Es lo que sostuvieron siempre y lo que siguen sosteniendo. A pesar de todo, piensan que lo que hicieron estuvo bien. Que hicieron una obra de bien”, dice.
Se enteró de la verdad en 2001. Hacía dos años que ya no veía ni se hablaba con sus apropiadores. Cortó el vínculo harta del “maltrato”: “Seguramente lo que yo califico como situaciones de maltrato hay quienes las soportarían como si estuvieran tomando el té. Pero para mí la frase ‘los trataron bien’ es un mito”, asegura.
Se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) más para descartar que para confirmar que era hija de desaparecidos. Pero se llevó una sorpresa. Supo que la separación de sus padres había sido forzada y que su familia la había buscado: “Eso fue fuerte... Fue impactante. Tantas versiones haciendo hincapié en el abandono. Fue el contrapeso de todas esas mentiras”.
El martes, cuando empiece el juicio, se leerá la acusación. Después, Eugenia ella será la primera en dar testimonio. Dice que quiere “que los tres sean condenados por el máximo de la pena”. Y que esto no se trata de haber tenido una buena o mala relación con ellos, sino de que cometieron un delito grave, enmarcado en el terrorismo de Estado. “Después de lo que llaman la restitución de identidad, es decir, cuando uno sabe quiénes son sus padres, y tiene de nuevo su nombre y más o menos una fecha y un lugar de nacimiento es como si el asunto se terminara. Pero todo lo que viene después, que tiene que ver con el proceso judicial y que involucra el delito que cometieron los apropiadores queda en el vacío. Es difícil que se acepte que este tipo de personas, ya sean militares o civiles, como éstos, cometieron un delito y que quisieron ser padres basándose en un delito.”
La defensa intentará crear la ilusión de que Rivas y Gómez hicieron “una obra de bien”, porque, por ejemplo, la mandaron a la escuela. “Yo te crié entre pañales de seda. Si no fuera por mí estarías tirada en un zanjón, mocosa caprichosa, hija de guerrillera tenías que ser para ser tan rebelde”, le dijo un día Gómez a Eugenia. Ella era chica y no se acuerda. Un testigo lo declaró en la investigación.
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MENDOZA, BUENOS AIRES Y LA UFIDRO
Retoños de Seineldín
Un comando entrenado por Seineldín para el secuestro de personas, un funcionario de la dictadura bonaerense como jefe de asesores de Stornelli y operaciones de control ideológico con el pretexto de las drogas en la UFIDRO configuran el retorno de concepciones y ejecutores incompatibles con la seguridad democrática. La contradicción con su política de derechos humanos fuerza al gobierno nacional a una definición, por costosa que sea en términos políticos.

Subnotas
Si lo sabe, cante
Por Horacio Verbitsky
La designación como viceministro de seguridad de Mendoza del comisario Carlos Rico Tejeiro, entrenado como comando por el ex coronel Mohamed Ali Seineldín, a quien secundó en un organismo especial creado para desaparecer personas durante el campeonato mundial de fútbol de 1978; la designación como jefe de policía de Buenos Aires del comisario Daniel Salcedo, que entregó la formación de los futuros oficiales al ultramontano colaborador de la dictadura Fray Aníbal Fosbery; la creación de un comité asesor del ministro bonaerense de Seguridad Juan Carlos Stornelli, encabezado por el juez Alberto Durán, que fue funcionario del ministerio de gobierno durante la dictadura; los ataques de un funcionario entrerriano a las Abuelas de Plaza de Mayo y los HIJOS de desaparecidos, y las operaciones de espionaje ideológico realizadas con el pretexto de investigaciones sobre drogas por la unidad fiscal UFIDRO, confrontan a la democracia argentina con los peores fantasmas de una época que se resiste a pasar a retiro y generan una crisis similar a la que provocó el ex gobernador bonaerense Carlos Rückauf cuando dejó la seguridad en manos del también comando y líder carapintada Aldo Rico, quien se sostuvo apenas cuatro meses en el cargo, poco más de lo que lleva Rico Tejeiro en el suyo.
Aquel experimento no provocó disonancias con el gobierno nacional de entonces, porque el presidente Fernando de la Rúa era también muy conservador. Para el gobierno de CFK y para los proyectos de Néstor Kirchner de reorganizar el partido Justicialista como eje de una coalición progresista, constituye un serio escollo, porque los coloca en contradicción con su política de respeto a los derechos y garantías constitucionales frente a la protesta social y de justicia por las violaciones del terrorismo de Estado a los derechos humanos.
A patadas
Mendoza es una de las provincias donde la psicosis por la seguridad es mayor. Asociaciones de víctimas de delitos y de policías apoyan a los políticos conservadores que oponen la seguridad con el respeto por los derechos humanos, como si fueran valores opuestos y no dos requisitos imprescindibles y complementarios de la democracia. Pero el nuevo hombre fuerte de la seguridad cuyana ni siquiera es un especialista en la lucha contra el delito sino en la represión de las manifestaciones callejeras. Un ministro del gobierno nacional contó una escena vista por televisión, cuando varios señores vestidos con traje y corbata intentaron linchar a un joven en el centro de la ciudad. “Si no lo rescata la policía, lo mataban a patadas. Había arrebatado una cartera, no asesinado a una viejita”, dijo. Rico Tejeiro y los demás integrantes de la nueva cúpula de seguridad fueron pasados a retiro obligatorio en 1999 a raíz de una sublevación policial con armas, en reclamo de mejoras salariales.
Complicaciones políticas
El caso mendocino tiene severas complicaciones políticas, dado que las fuerzas alineadas con el gobierno nacional concurrieron a las elecciones provinciales en dos listas enfrentadas. Celso Jaque, del Partido Justicialista, obtuvo la gobernación en octubre, venciendo al radical César Bifi, candidato elegido por el vicepresidente Julio Cobos en la Concertación con un sector del kirchnerismo. Como ministro de Seguridad, Jaque designó al candidato a vicegobernador del Partido Demócrata, Juan Carlos Aguinaga, que con el 10 por ciento de los votos fue la tercera fuerza en octubre. Para agregar complejidad al caso, el gobierno de Jaque tiene dos alas enfrentadas. Por un lado los conservadores de Aguinaga, quien convocó a Rico Tejeiro y a otros policías de su grupo, y los funcionarios de derechos humanos Pablo Salinas y Diego Lavado, quienes antes de llegar al gobierno impulsaron los juicios por los crímenes de la dictadura en la provincia, en los que fueron detenidos algunos camaradas de Rico Tejeiro. Esas coaliciones se repitieron cuando la Legislatura trató un proyecto para separar a Rico Tejeiro. La moción requería dos tercios de los votos, que no se alcanzaron. Veintisiete legisladores del pejota y conservadores respaldaron al comando de Seineldín, mientras veinte kirchneristas, radicales de la Concertación y del ARI apoyaron su remoción.
La confusión
En su viaje a Mendoza la presidente CFK no recibió a los organismos de derechos humanos y delegó la audiencia en el ministro del Interior Florencio Randazzo, quien repitió el discurso del gobernador Jaque y dijo que el problema debía dirimirlo la justicia. Es una confusión inadmisible entre un juicio penal, en el que son necesarias pruebas irrefutables de la comisión de un delito para condenar a una persona, y una evaluación política acerca de la idoneidad para ocupar un cargo público. Con el criterio defendido por Jaque y Randazzo, el ex subcomisario Luis Patti estaría sentado hoy en una banca de la Cámara de Diputados. Fue después de su exclusión decidida por la Cámara que los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto consiguieron las pruebas necesarias para llevarlo a la cárcel por ese y otros secuestros y asesinatos. El Partido Demócrata cogobernó con los militares durante la dictadura de 1976 a 1983, a la que dio incluso varios ministros nacionales, como el de defensa Amadeo Frugoli. Un hermano del actual ministro, Alberto Aguinaga, era el ministro de gobierno el 29 de marzo de 1982, cuando la policía provincial que integraba Rico Tejeiro fue puesta a las órdenes del Ejército, igual que la Gendarmería. En respuesta a un paro general de la CGT con movilización en las calles, las tropas abrieron fuego sobre la multitud, causando la muerte del obrero minero José Benedicto Ortiz y heridas de bala a otros cinco manifestantes. En 1999 Ezequiel Aguinaga tuvo un incidente con dos limpiavidrios del centro. Su padre, Alberto, llegó al lugar y exhibió un arma. En 2001 presentó un proyecto de ley que castigaba con un mes de cárcel a limpiavidrios y vendedores ambulantes que ofrezcan sus servicios en forma insolente, que fue apoyado por la UCR. En 2003, cuando el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, visitó la Argentina, Juan Carlos Aguinaga pidió que fuera detenido y juzgado por la comisión de crímenes contra la humanidad. Tamaña ideologización de la política de seguridad puede incrementar el conflicto social, pero no disminuir la criminalidad.
La escuela de Seineldín
Los principales argumentos en contra de la designación del comando Rico Tejeiro provienen de su propia pluma y constan en su legajo. En diciembre de 1977, al negarle el ascenso al grado superior, la Junta de Calificaciones de la policía provincial señaló que Rico Tejeiro había hecho su carrera en Unidades Especiales, con escasos lapsos en comisarías en las que se desarrollara trabajo policial. En su exitoso pedido de reconsideración, narró los actos de su vida que consideraba relevantes. Para ejemplificar acerca de su aptitud física, consignó que fue propuesto por la Jefatura de Policía para realizar el curso de Comando Militar en la Escuela de Infantería del Ejército y “participar en la elaboración y ejecución” del Proyecto G.E.S. 78”. Según el ministro Aguinaga el único objeto de ese grupo era “resguardar la paz social” durante el Campeonato Mundial de Fútbol (sic). Pero un libro de alguien próximo a Seineldín (Héctor Simeoni: Línea de Fuego, Sudamericana 1991) reproduce el testimonio sobre aquella época de un coronel de los llamados nacionalistas, quien dice que el curso se empezó a dictar en Campo de Mayo. “La represión de la guerrilla ya había empezado antes de 1976. El Proceso oficializa nuestro curso y de esta manera sale a luz en toda su dimensión”, agrega. Luego Seineldín “nos llevó a un grupo con él a la Policía Federal. El general Cesáreo Cardozo le pidió que fuéramos a la policía porque había excesos, falta de honestidad. Nos llevó a varios de nosotros a hacer un curso de formación contrarrevolucionaria. Después se diseñó un cursillo de siete días, con aislamiento, con un alto contenido técnico y formativo especializado para actuar en cuestiones contra la subversión. De allí surgió una escuela especial que primero se llamó Centro de Instrucción Contrarrevolucionaria y luego CAEP (algo así como Centro de Actividades Especiales Policiales)”. En 2004 otro de los oficiales instruidos por Seineldín, el teniente coronel Guillermo Bruno Laborda, relató en qué había consistido el resguardo de la paz social durante el campeonato de 1978. Asignado a la custodia del centro de prensa de la sede cordobesa, transportó en una ambulancia a una mujer que el día anterior había dado a luz, desde el Hospital Militar Córdoba hasta el campo de la guarnición. Había sido “condenada a muerte debido a su probado accionar en actos de sabotaje en el desarrollo del mundial”. Su traslado “al campo de fusilamiento de la Guarnición fue lo más traumático que me tocó sentir en mi vida. La desesperación, el llanto continuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de aquellos que presienten su final, sus gritos desesperados implorando que si realmente éramos cristianos le juráramos que no la íbamos a matar fue lo más patético, angustiante y triste que sentí en la vida y que jamás pude olvidar. Todos los oficiales designados, procedimos a fusilar a esta terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados, recibió el impacto de más de veinte balazos de distintos calibres. Su sangre, a pesar de la distancia nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de la quema del cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la sepultura disimulada propia de un animal infectado. Nunca supe el destino del niño o niña”.
Rico Tejeiro admite que esa especialidad define a quien la ha adquirido, “aunque ella no haya sido legal y organizadamente constituida” y se refiere a sí mismo como “un infante”. Después de los cursos, Rico Tejeiro y su colega Adolfo Siniscalchi fueron recomendados por el jefe que sucedió a Cardozo al frente de la Policía Federal, general Edmundo Ojeda, para integrar el centro antisubversivo mendocino y felicitados por su rendimiento, por el jefe de la Policía de la Provincia de Mendoza, comodoro Julio César Santuccione. Según el ministro Aguinaga, Santuccione le puso una bomba en su casa. Luego de cursar con Seineldín en ese Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC, Rico Tejeiro fue instructor en cursos de Infantería, Control de Disturbios y Lucha Contrasubversiva, según afirma en defensa de su también cuestionada aptitud intelectual. Como instructor del “Plan de Actividades Teóricas y Prácticas contra la Subversión”, Rico Tejeiro capacitó a Eduardo Smaha, detenido por el homicidio del poeta Paco Urondo.
Psicología de multitudes
También dice que representó a la policía de Mendoza ante el ministerio del Interior, a cargo del general Albano Eduardo Harguindeguy, donde “fue felicitado por su eficaz accionar”. Además fue profesor de oficiales de la Fuerza Aérea, de Gendarmería y de otras policías provinciales, en Estrategia y Técnica de Combate. Agrega que dictó clases de Acción Sicológica y Psicología de Multitudes, a las que llama “materias basales para la actividad policial”, imprescindibles en “rubros fundamentales como Control de Disturbios, Prevención de Disturbios, Contención de Multitudes, Agresivos y Compuestos Químicos como integrantes del arsenal policial”. Esas aptitudes son muy apreciadas bajo una dictadura militar que no permite manifestaciones en las calles pero no se advierte su utilidad en la represión del delito en el orden constitucional. En las acciones violentas, dice Rico, “se sale del terreno de lo inminentemente específico, para entrar en otro campo, como es la Táctica, la Psicología, la Técnica de Combate, la Estrategia”. En estas disciplinas “el elemento de su trabajo es el hombre”. Estas definiciones, vigentes en la doctrina de la seguridad nacional, son incompatibles con una concepción de seguridad democrática.
Para refutar que careciera de aptitud moral, Rico Tejeiro explicó que como Católico, Apostólico y Romano “profesa que la esencia de la moralidad consiste en la conformidad de la conducta humana con la Voluntad Divina. En consecuencia rechaza todo tipo de doctrina materialista”. Agregó que había dictado clases y conferencias de “Estrategia” y sobre “Intento de destrucción del valor espiritual a través del tiempo”, una de las obsesiones de Seineldín. Ello le permitía “desempeñarse con una tranquilidad mística”. En su pedido de investigación sobre Rico y sus colaboradores, los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza enumeraron una cadena de once secuestros que ocurrieron entre el 15 y el 29 de mayo de 1978, en pleno funcionamiento del Grupo Especial 78 G78. El estudiante universitario Juan José Galamba, era buscado por sus contactos con Montoneros, desde 1976, cuando eludió un operativo conjunto en el que fueron secuestrados amigos y parientes. Los desaparecidos en mayo de 1978 lo habían ayudado y alojado mientras escapaba. Margarita Dolz de Castorino fue secuestrada el 15 de mayo; Aldo Enrique Patroni, el 17. Luego fue el turno de Raúl Gómez Mazzola. El 22 desaparecieron Mario Guillermo Camín, amigo de Galamba, y su padre, Gustavo Camín, quien lo empleó en una cantera en San Juan. El 24 cayeron Daniel Romero y su hermano Daniel; el 25 Víctor Hugo Herrera e Isabel Membrive y el 28 Ramón Alberto Sosa y Juan José Galamba, el hermano del prófugo.
Otras joyas
Como para que no quede duda que se trata de una política, el gobierno mendocino también designó a los comisarios generales Pedro Chacón, como director de Investigaciones; Aníbal Gómez en la dirección de Logística; Vicente Chacón a cargo de los registros de armas y de agencias se seguridad privada y Raúl Vega como director de Recursos Humanos. Todos ellos participaron también en el Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC y Gómez se desempeñó en la temida dirección de inteligencia D2, donde se torturaba a los detenidos-desaparecidos. El ex subjefe de la Policía Federal, comisario general Antonio Mingorance, certificó que Vicente Chacón fue entrenado en “técnicas, procedimientos y métodos” y en “la afirmación de los valores por los cuales enfrentamos esta lucha común”, que facilitarán “la erradicación definitiva de la delincuencia apátrida”. Al asumir la gobernación, Jaque nombró a Pedro Chacón en Inteligencia, pero debió relevarlo cuando se supo que estaba produciendo informes de inteligencia sobre la actividad de diversos partidos políticos, algo prohibido por la ley de inteligencia nacional y por la legislación local. Sin embargo, Jaque lo designó entonces en Investigaciones. Además de su desempeño durante la dictadura, algunos de los policías del equipo de Aguinaga y Rico han sido objetados por temas más recientes. Vicente Chacón fue suspendido como director de Robos y Hurtos, por no informar las reiteradas inasistencias de subordinados que cobraban como si hubieran trabajado. Jaque lo puso a cargo del control de armas y de las agencias de seguridad privada. El nuevo director general de Policías, Jorge Alfredo Guerrero Escudero, persiguió en 2004 con dos patrulleros a un auto que había pasado un control fitosanitario sin abrir el baúl para su revisión. Los sospechosos debieron salir del auto rodeado por la policía con los brazos en alto. Recién en la comisaría primera les permitieron identificarse. Eran un juez federal, un fiscal, un defensor oficial y un secretario de la Justicia Federal de San Juan invitados a la asunción de un colega en Mendoza. El problema se reducía a que no llevaban la llave del baúl. Guerrero Escudero fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. En conversaciones privadas, Kirchner ha cuestionado a “quienes creen que la inseguridad se combate designando asesinos” y dijo haber enviado señales a Jaque para que diera un corte rápido a la desgastante situación. Pero hasta ahora el Poder Ejecutivo nacional sólo se ha manifestado por medio de la desdichada frase de Randazzo. Esta abstención no podrá prolongarse mucho más.
La contradicción con su política de derechos humanos lo fuerza a una definición, por costosa que sea en términos políticos. En comparación, el agasajo protocolar a un dictador africano aparece como un pecado menor, convertido en un caballito de batalla por la misma prensa conservadora que no se desvela por la proliferación de los retoños de Seineldín con el pretexto de la inseguridad.
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EL CAPITAN LUIS SOSA
Escondido a la vista
Según los registros de la Armada, la dirección del represor era el Hotel del Centro Naval. Daba cursos de Inteligencia.

Por Nora Veiras
El Registro Oficial de Personal Retirado de la Armada no deja dudas: la última versión, 2006, del minucioso libro al que tuvo acceso Página/12, detalla que el capitán Luis Emilio Sosa integraba el cuerpo comando como infante de Marina, que pasó a retiro el 1º de marzo de 1981 y que dio como domicilio Córdoba 622. La dirección corresponde al Hotel del Centro Naval, ubicado en diagonal al fastuoso edificio del Centro Naval, en la esquina de Córdoba y Florida. El supuesto misterio sobre el destino del oficial que hace treinta y cinco años fue señalado como responsable del fusilamiento de 19 presos en Trelew nunca fue tal para la Armada. El hombre que fue detenido el martes y el jueves repitió por primera vez ante la Justicia la versión oficial de la masacre siempre cobró su haber como retirado y frecuentó a la valiente muchachada: se mantuvo en actividad hasta nueve años después de la masacre y hasta no hace tanto, aseguran, formaba agentes de Inteligencia.
“Al Negro Sosa, dos por tres se lo veía en el restaurante”, comentó un oficial, habitué como casi todos, del comedor del subsuelo del hotel. Su historia era conocida pero su rostro había logrado mantenerse oculto: pasaron más de treinta y cinco años desde aquel agosto de 1972 en que Sosa les dio su “palabra de honor” a los diecinueve miembros de organizaciones armadas que habían fracasado en el intento de huida de Trelew. Compromiso que traicionó a la semana, cuando todos fueron fusilados y sólo tres sobrevivieron.
El Registro Oficial de Personal Retirado es un documento de carácter reservado destinado a los jefes de unidades, circula en la Dirección General de Personal Naval y es elaborado por la Dirección de Armamento de Personal de la Armada. Como el retiro es una situación de revista, los oficiales tienen la obligación de informar a la fuerza los cambios de domicilio, el estado civil y las entradas y salidas del país. “Si no se informa, los reglamentos lo estipulan como una infracción, y si el arma desconoce el destino, sería muy irregular que se pague el retiro”, explica un oficial.
En realidad, la investigación por la matanza en la Base Almirante Zar entró en un cono de impunidad hasta que se reactivó el año pasado después del episodio de espionaje en esa misma base. Sosa no tenía pedido de captura y si bien se tejieron toda clase de versiones sobre su paradero, en la Marina se lo solía ver y no sólo en el lobby y el comedor del Hotel del Centro Naval. Algunos recuerdan que “en plena década de los ’90 el capitán Sosa desarrollaba tareas docentes en la Escuela de Inteligencia Naval (ESIN) ubicada en lo que fue en su momento la prisión naval, en avenida Antártida Argentina al 1400, a unos trescientos metros del Edificio Libertad. A fines de esa década, la ESIN fue trasladada al segundo piso del Edificio Libertad, y hasta por lo menos 2005 era habitual verlo entrar y salir”. Por su actividad docente, oficiales aseguran que “dio cursos a varias generaciones de espías navales, incluidos civiles y profesionales incorporados a la Armada”.
El Centro Naval es uno de esos territorios corporativos que marcan pertenencia. Si bien es una entidad privada, su comisión directiva está integrada por marinos en actividad y en retiro. La pertenencia a sus filas es obligatoria para la oficialidad a partir del mismo día del egreso como guardiamarinas. De hecho, las cuotas sociales son descontadas en forma automática de los haberes. El Hotel del Centro Naval tiene un convenio firmado con la Armada Argentina para alojar a personal en actividad de paso por Buenos Aires. Sosa era un camarada más que se sentía seguro en el alojamiento, a tal punto que dio la dirección de Córdoba 622 como su residencia para que la Armada sepa dónde estaba.
Fuentes de la Justicia de Chubut aseguraron a Página/12 que en la causa que investiga la Masacre de Trelew la Armada retaceó información o la aportó con “enorme demora” hasta que en la causa por espionaje en la Base Almirante Zar se resolvieron los procesamientos. “Cuando (el almirante Jorge) Godoy interpretó que quedaba a salvo, las respuestas comenzaron a fluir aunque nunca con los datos esperados”, explicaron en los tribunales de Rawson y señalaron que “fueron remisos hasta a informar dónde cobraban sus retiros” los oficiales imputados.
La protección de la Armada a los oficiales que ejecutaron la Masacre de Trelew se enmarca en una conducta que no se agota en esa causa. Como quedó en evidencia en las excepcionales condiciones de detención del prefecto envenenado Héctor Febres en la Base Naval de Azul, la solidaridad con los “camaradas” acusados de delitos de lesa humanidad se mantiene constante y sólo actúan acorralados por las órdenes del poder político o de la Justicia.
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Los dos acusados que faltan
Por Diego Martínez
La Justicia federal de Chubut aún desconoce el paradero de dos de los principales imputados por la Masacre de Trelew. Se trata del teniente de navío (R) Roberto Guillermo Bravo y del ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino. El capitán Luis Emilio Sosa declaró esta semana que ambos dispararon sus ametralladoras, que acabaron con la vida de 16 guerrilleros y dejaron moribundos a tres. Hasta hace cuatro meses un hermano de Bravo cobró su retiro de 480 pesos para enviárselo al padre, de 91 años, radicado en Santa Cruz. Se desconoce por qué motivo dejó de cobrarlo.
A partir de las cinco órdenes de detención libradas el viernes pasado por el juez Hugo Sastre, la división Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la policía de Chubut actuó con inusual celeridad. El sábado detuvo en un departamento de Palermo al capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base aeronaval Almirante Zar en 1972, y en su casa de Vicente López al capitán de fragata (R) Emilio Jorge Del Real. El martes encontró y detuvo al capitán de fragata (R) Luis Emilio Sosa, el mismo que traicionó su “palabra de honor” al desviar a los detenidos que habían entregado sus armas hacia la base Zar después de garantizarles su retorno al penal de Rawson.
El comisario Julio Blanco, jefe de la división comisionada para ubicar y detener a los marinos, reconoció ayer que “no hay novedades por ahora” sobre el paradero de Bravo y Marandino. El último domicilio de Bravo al que accedió el juzgado federal era en Capital Federal. Marandino vivía en Paraná, Entre Ríos. Pero ninguno de los dos estaba allí. Sobre las propiedades de Marandino, incluida una suntuosa vivienda, los detectives elaboraron un dossier que forma parte de la causa.
Según la información que tiene el juzgado, ambos estarían en los Estados Unidos: Bravo viviría allí desde los años ’70, cuando llegó a la Agregaduría Naval; Marandino viajó el mes pasado y tenía previsto volver esta semana. Al enterarse de la orden de detención habría postergado el retorno. El paradero de Bravo es un misterio desde hace 30 años.
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