miércoles, 20 de febrero de 2008


Miércoles, 20 de Febrero de 2008
Marandino fue detenido al llegar a Ezeiza y a Bravo lo buscan en EE.UU.
Por la masacre de Trelew, la Justicia se apresta a tomarle declaración al ex cabo Carlos Marandino, que se entregó en Estados Unidos. En base a la investigación de Página/12, la Justicia dictó la orden de captura internacional para Roberto Bravo.

El ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer apenas llegó a Ezeiza.
Por Diego Martínez
Mientras el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer en Ezeiza, al llegar desde los Estados Unidos, el juez federal Hugo Sastre libró el pedido de captura internacional a Interpol contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, principal acusado por la masacre de Trelew. La Justicia adjuntó a la orden de detención la investigación exclusiva publicada ayer por Página/12, que estableció que Bravo es dueño y presidente de RGB Group Inc., firma con sede en Miami que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas.

Marandino llegó a Ezeiza a las 9.55 y fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladó al aeroparque Jorge Newbery. Allí lo recibió la policía de Chubut, que lo transportó en el avión del gobernador Mario Das Neves hasta Rawson. Arribó a las 14.45. Según el diálogo que mantuvo con los agentes que lo detuvieron, días después de la masacre fue trasladado a la base naval de Puerto Belgrano y poco después –igual que el capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo– se radicó en los Estados Unidos. En 1975 se habría retirado de la Armada. Recién treinta años después, en 2005, Marandino regresó de los Estados Unidos, donde nacieron sus tres hijas y está radicada parte de su familia. “Parece ido, da la sensación de que está en otro mundo”, confió una fuente de la Justicia que tuvo contacto con el marino. Un abogado porteño se comunicó incluso con el juzgado para pedir la eximición de prisión, pese a que ya estaba detenido. Marandino será indagado hoy.

El juzgado de Sastre también ordenó ayer la captura del teniente Bravo, prófugo de la Justicia desde hace once días. Tal como informó Página/12 ayer, Bravo es dueño de RGB Group Inc., con sede en Miami. Bravo fue señalado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando aún no habían librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, ésa es la dirección que figura en el registro de retirados de la Armada Argentina. La inmobiliaria que ofrece el inmueble, construido en 1977, informa que la valuación original era de 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– redujeron el precio a 167.900 dólares. Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en su empresa, aunque el empresario aún estaba allí: un empleado informó que “entra y sale todo el tiempo”. Bravo es ciudadano norteamericano y está casado con una norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local.

De los cinco marinos que el juez ordenó detener el viernes 8, sólo Bravo permanece prófugo. El primer indagado fue el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar en 1972, quien aseguró no haber escuchado los disparos producidos a 200 metros de su habitación y se limitó a repetir la versión oficial publicitada por la Armada hace 35 años. Un día después el capitán Sosa declaró que intentó dar “una perorata” para poner orden entre los presos, cuando recibió “una toma de karate” que lo dejó “conmocionado”. Intentó incorporarse pero “ya habían empezado a tirar las pistolas ametralladoras”. Divisó “cuatro bocas de fuego” e identificó a tres fusiladores: el teniente Bravo, al cabo Marandino y el teniente Emilio Del Real. Ante las preguntas del juez Sastre aseguró que “no di ni orden de abrir fuego ni de parar el fuego”. Un día después se negó a declarar el capitán de fragata retirado Del Real. Si bien su abogado Fabián Gabalachis había adelantado que “el espíritu es de colaboración”, el testimonio de Sosa el jueves modificó su estrategia de defensa.

Mientras Marandino quedó alojado en la comisaría 4ª de Rawson, el capitán Sosa permanece detenido en la comisaría de Playa Unión, y los capitanes Paccagnini y Del Real en la alcaidía de Trelew. Sosa y Paccagnini fueron revisados en los últimos días por un médico oncólogo. El juzgado ya recibió un informe sobre Sosa, según el cual el cáncer de próstata que sufre está controlado. Hoy, cuando concluya la indagatoria a Marandino, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles que el juez Hugo Sastre tiene para resolver la situación procesal de los cuatro imputados.


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HARGUINDEGUY FUE ARRESTADO TRAS SER VISTO EN PINAMAR
Final abrupto de vacaciones
El ex ministro del Interior de la dictadura fue detenido y llevado a Tribunales por su responsabilidad en el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim. La jueza Servini de Cubría dispuso su arresto domiciliario.

Albano Harguindeguy fue ministro del dictador Videla.
Subnotas
Tres acusados que no quisieron hablar
El fantasma de Febres
Por Victoria Ginzberg
Llevaba un bastón y estaba un poco encorvado. Caminó los pasos que separaban el juzgado de María Servini de Cubría del ascensor apoyando mal un pie, pero sin usar el bastón. Se le notaban los 81 años, pero estaba lejos de la decrepitud. Mantenía las canas y los anteojos grandes, su marca registrada. Así se lo vio al represor Albano Harguindeguy, ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py. Eran casi las dos y media de la tarde. Acababan de comunicarle que volvía a quedar detenido.
Harguindeguy fue arrestado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim en 1976. En esa causa, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso en septiembre de 2006 la nulidad del indulto que benefició al ex ministro de Interior, al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y al dictador Jorge Rafael Videla. En ese momento, el magistrado anuló el perdón pero no ordenó arrestos.
Hace diez días, un guardavidas alertó sobre la presencia de Harguindeguy en una playa de Pinamar. A partir de esa noticia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió su detención en tres causas en las que el ex ministro está involucrado: el secuestro de los Gutheim, el Plan Cóndor y el plan para ejecutar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. La jueza Servini de Cubría –en reemplazo de Oyarbide– mandó a detenerlo. Lo hizo a través del Ministerio de Defensa: el Ejército lo arrestó en su casa y lo llevó a tribunales.
De pantalón claro y saco azul, Harguindeguy se presentó ante Servini de Cubría y revocó el poder de su antiguo defensor Jaime Smart –a su vez acusado por el secuestro de Jacobo Timerman– y pidió que le designaran un abogado de oficio. Al solicitar el beneficio de arresto domiciliario, adujo problemas de salud, además de haber pasado los 70 años. La jueza resolvió que, por el momento, quedara preso en su casa –dio un domicilio de Los Polvorines– y ordenó que el Cuerpo Médico Forense hiciera un informe sobre su estado físico.
Harguindeguy está acusado de la desaparición de Federico y Miguel Ernesto Gutheim. Ambos fueron secuestrados y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo nacional para obligarlos a que su empresa cumpliera con un contrato de exportación que le permitiría a la dictadura obtener una línea de créditos desde Honk Kong. Martínez de Hoz y Videla también están involucrados en este caso. Al ser beneficiado con el indulto en 1989, el ex ministro del Interior estaba en la cárcel. No así Martínez de Hoz, que había sido liberado. Por eso, por el momento, el ex ministro de Economía no está en una celda. Su situación podría cambiar si la Cámara Federal confirma la anulación del indulto dispuesto por Oyarbide.
Harguindeguy también estuvo preso por su responsabilidad en el Plan Cóndor. Fue arrestado en 2004 en la causa en la que se investigaba la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante la década del ’70, pero fue excarcelado dos años después. Este expediente está cerca de ir a juicio oral. Además, el represor figura en un pedido de arresto internacional –también por el Cóndor– realizado por la Justicia italiana.
“La medida dispuesta repara la gravísima incongruencia jurídica de que uno de los principales responsables del terrorismo de Estado siga gozando impunemente de libertad, ofendiendo así la conciencia democrática de la sociedad argentina”, expresó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, sobre la detención de Harguindeguy.
En Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también hubo satisfacción. “Causa alivio en la sociedad en general”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, sostuvo que “era hora que le tocara a este personaje, que era llamado ‘el carnicero’ cuando empezó la última dictadura”. Era al despacho del entonces ministro del Interior que las Madres y Abuelas concurrían durante la última dictadura para pedir noticias sobre sus hijos.
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UN FALLO A FAVOR PARA EXPROPIAR EX SEDE MILITAR
El museo cada vez más cerca
La justicia entendió que la municipalidad estaba efectuando correctamente los pagos para completar la expropiación del inmueble donde por ahora sigue funcionado un café fashion.

Rubén Chababo, titular del Museo de la Memoria que en 2009 funcionará en Moreno y Córdoba. Ahora sólo resta esperar el cese del contrato de alquiler del bar Rock and Feller`s.
La Justicia falló a favor de la Municipalidad, avalando los pagos que el municipio efectuó en un juzgado federal para expropiar el predio donde funcionó durante la dictadura el II Cuerpo del Ejército para levantar allí el Museo de la Memoria de la ciudad. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó un pronunciamiento de primera instancia y justificó la modalidad de pago promovida por el gobierno de Muiguel Lifschitz para expropiar el terreno, ya que pesaba un embargo sobre el inmueble. Así queda allanado el camino para que Rosario tenga el Museo pergeñado por la Legislatura y el Concejo. Resta que los actuales inquilinos, responsables del lujoso bar temático Rock & Feller's se decidan a retirarse del predio donde en los años de plomo funcionó un centro clandestino de detención. El Ejecutivo tiene pensado inaugurar el Museo en su nueva sede -actualmente funciona en dependencias de la Secretaría de Cultura- en mayo de 2009.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial entendió que el trámite legal a través del cual la Intendencia efectuó el pago fue correcto, desestimando así un fallo anterior de la magistrada Delia Matilde Giles que cuestionaba la modalidad en que se había realizado.
El ex director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, el actual concejal socialista Aldo Gómez explicó que en el fallo que se conoció ayer, los camaristas resolvieron que el municipio actuó correctamente al abonar los 2.480.000 pesos ante un juzgado federal que había embargado ese edificio al antiguo propietario, por problemas particulares. En cambio, la jueza Giles, que tramitó el caso con anterioridad, señalaba que el pago debía efectuarse en un juzgado provincial y cuestionaba de este modo el curso del trámite legal.
Tras el fallo que acreditó el procedimiento del municipio, sólo resta el cese del contrato de alquiler y el retiro de la firma Rock and Feller's, que desde hace casi una década funciona como bar temático en la emblemática esquina de Moreno y Córdoba.
Se estima que cuando eso suceda, en mayo de 2009, el Museo de la Memoria podrá ser trasladado definitivamente al predio para desarrollar tareas vinculadas a la memoria y exhibir en ese lugar las fotos, documentos y registros de la época que reflejan el genocidio provocado por los militares durante la última dictadura militar de 1976.
En ese sentido, el director del Museo, Rubén Chababo, festejó la decisión de la Justicia y sostuvo al portal Rosario3.com: "Estábamos seguros de que habíamos pagado bien. Este fallo es un paso favorable para la recuperación del inmueble".
Al mismo tiempo Chababo explicó que los equipos técnicos del Museo se encuentran en plena etapa de trabajo para poder hacer una presentación pública de proyecto a mitad de este año para que "una vez que los inquilinos se vayan del edificio podamos instalar de una vez por todas el Museo de la Memoria donde corresponde".
El municipio abonó el monto citado tras negociar con el propietario del inmueble, Jorge Sivaslian meses después de la sanción en la Legistatura de la ley que declaró el terreno sujeto a expropiación pública. Inicialmente, los concejales habían sancionado una ordenanza en la misma sintonía, entendiendo que debía ser ese inmueble la sede del Museo.
Cuando parecía que estaba todo cerrado para arrancar con el traslado, los inquilinos, responsables del bar temático acordaron una prórroga del contrato de alquiler con el dueño del predio. El municipio amenazó en aquel entonces con no conceder la nueva habilitación, advertencia que finalmente no se concretó ya que el bar sigue funcionando. Incluso habían trascendido negociaciones para que se encontrara un lugar alternativo para mudar el resto-bar.
Muchas son las ideas y proyectos que hay alrededor de la puesta en marcha del futuro museo. Pero una cosa está clara: Los especialistas hablan permanentemente de que debe ser un espacio activo "no de objetos detenidos en el tiempo, sino de historia viva. Algo que permita a las nuevas generaciones comprender por qué pasó lo que pasó en el peor genocidio que sufrió la Argentina".
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FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

Una vez más piden juicio oral y cárcel común para Bussi

Desde diciembre pasado, el ex gobernador de facto cumple arresto domiciliario en un country de Yerba Buena.
Desde la asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán festejaron la decisión del juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, de rechazar el recurso de apelación que presentó la defensa del ex gobernador de facto para impedir el curso del que se convertirá en la primera audiencia pública contra Bussi. Una vez más pidieron cárcel común y juicios orales a los genocidas que actuaron durante la última dictadura. Alertaron que el Estado Terrorista persistirá en la medida en que "no se satisfagan" las demandas de Justicia.
A poco de cumplirse 33 años del último golpe militar, los representantes de la asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán volvieron a exigir juicio oral y público contra Antonio Domingo Bussi, uno de los máximos responsables que actuaron en la provincia durante la dictadura del '76. Por ello, a través de un comunicado de prensa, festejaron la decisión del juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, de rechazar el recurso de apelación que presentó la defensa del ex gobernador de facto para impedir el curso del que se convertirá en la primera audiencia pública contra Bussi en el marco de la causa por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
"Recibimos con beneplácito lo resuelto por el juez Bejas de elevar "inapelablemente" a juicio oral al genocida Bussi. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tiene ahora en sus manos fijar fecha para su realización", manifestaron. Asimismo, recordaron que el pedido de juzgamiento de "los principales responsables del exterminio de ciudadanos" se produce a 33 años del macabro Operativo Independencia, puesto en marcha desde un gobierno constitucional con la firma del siniestro decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975, con el aval de todo el gabinete de la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón.
"Es así que esta instancia histórica del juicio oral requiere del acompañamiento formal y expreso de todas las instituciones del Estado que como tales defienden el Estado de Derecho puesto que "El Estado de Derecho no se reconcilia con el Estado Terrorista". No necesita de componendas con defensores de genocidas impunes, como personajes de un partido centenario, sin siquiera respetar a sus militantes desaparecidos, no necesita de liquidadores de patrimonios, desoyendo resoluciones emanadas del P.J. Nacional, porque aun cuando no nos enriquece, la ex Jefatura de Policía que fue uno de los primeros Centros Clandestinos junto a la Escuelita de Famaillá, es la memoria del pueblo", concluyeron.
Los familiares de desaparecidos alertaron que el Estado Terrorista persistirá en la medida en que "no se satisfagan" las demandas de Justicia. "El Estado de Derecho se sostiene con la consolidación de los lazos sociales, basados en la organización de la comunidad a través de la solidaridad, la equidad y la justicia", sostuvieron.
También aprovecharon la oportunidad para reclamar una vez más cárcel común y efectiva a todos los genocidas y por la aparición con vida de Julio López.

12:50 - POLITICA I AFECTA A LA UNIDAD 25 DE LA CARCELCaso Kosteki y Santillán
ordenan la intervención del penal de OlmosEl ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, tomó la determinación a raíz de una denuncia sobre una salida ilegal del ex comisario Luis Franchiotti (foto), acusado por el asesinato de los dos militantes sociales. Además, se iniciará un sumario para determinar los responsables de la irregularidad.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, ordenó este miércoles la intervención de la Unidad 25 de Olmos luego de la denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos, que detectó una salida sin autorización judicial del ex comisario Alfredo Luis Franchiotti, detenido por los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Casal confirmó a Télam que, tras la denuncia, se dispuso "la intervención de la unidad 25 de Olmos, el inicio de un sumario administrativo para determinar los responsables de esta irregularidad dentro del penal y la denuncia en la Justicia Penal de La Plata".

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