martes, 19 de febrero de 2008


Ciudad Martes, 19 de Febrero de 2008
EL EX REPRESOR CABRERA RECONOCIDO POR UNA FOTO DE ROSARIO/12

Con marquito y todo para la justicia
Lo reconoció un ex miembro de la patota de Feced y la secretaria de DD.HH admitió que trabajó en la Defensoría del Pueblo.

La antigua sede de la Defensoría del Pueblo en Rosario. Cabrera entró de la mano de Nicotra. "Se acogió a un retiro voluntario en el 2000", reconoció la secretaria María Bressa.
Por José Maggi
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, María Bressa confirmó ayer que Jorge Andrés Cabrera -alias Barba, señalado como un torturador de la Patota de Feced- ingresó en el año 1991 a la Defensoría del Pueblo de la mano de Norberto Nicotra. Y aseguró que se retiró en forma voluntaria en el año 2000. En tanto, el ex represor Eduardo "Tucu" Costanzo reconoció ayer en el juzgado federal a "el Barba Cabrera", en la foto de tapa de Rosario/12.
-¿Lo conoció a Cabrera?
-Conocí a un Andrés Cabrera, pero nunca vi su legajo. No olvidemos que esa persona ingresó a la Defensoría en la misma época que yo, cuando se creó la Defensoría. Yo ingresé como una abogada más con un staff administrativo que el primer defensor formó según su criterio.
-¿Quien fue el primer defensor del pueblo?
-Norberto Nicotra.
-¿En que año ingresó Cabrera?
-La Defensoría empezó a funcionar en noviembre o diciembre de 1991. Yo no tuve contacto con el que era una empleado administrativo, que se retiró en el año 2000 con un retiro voluntario, con una jubilación anticipada que se ofrecía a los empleados públicos. Allí se retiró y nunca más lo vi.
-¿Qué se comentó cuando Cabrera dejó la Defensoría?
-Absolutamente nada. Creo que en Rosario fue el único que se retiró.
-¿Cómo era Cabrera en el trato diario?
-Era común y silvestre y le repito no trabajaba conmigo.
-Usted tiene un doble rol porque además de haber sido directora de la Defensoría del Pueblo ahora es la responsable del área de derechos humanos de la provincia. ¿Que opina de lo que ocurrió con este hombre que siendo un represor recibe el cobijo de un trabajo en el propio estado?
-Uno piensa que no tendría que haber ocurrido, pero no puedo hablar porque no puedo decir lo que hicieron otras personas, y por qué lo hicieron. Digo en nombrar a una persona en un puesto si es que sabían que había hecho semejantes barbaridades, pero no puedo opinar cuando no fui yo la que tomó esa determinación. A nadie la cabe dudas que esta gente debió haber estado en otros lugares desde hace mucho, pero no puedo opinar sobre la razones o las no razones por las que entraron a la administración pública porque no soy yo la que los ingresó, ni tuve nada que ver.
-¿Qué rol debería tener la Secretaría de Derechos Humanos a su cargo en los juicios que se siguen por terrorismo de estado?
-Un rol activo: ya tenemos un Programa de protección de testigos y somos auxiliares de la justicia. En este punto tenemos un empleado en Santa Fe y otro en Rosario afectados a las causas y colaboramos con lo que se nos pide. También esta casi listo el Programa de protección de testigos y querellantes. Esto es el lo que nos toca, cuidado físico y psíquico de las víctimas.
-¿Cuántos se han acogido al Programa de protección?
-No, todavía nadie, solo preguntan y hablan. Vienen muchos a preguntar y ahora vamos a ver que cosas les podemos ofrecer, y sobre todo lo que quieren. La semana próxima haremos una ronda de charlas con víctimas y querellantes.
-Eduardo Costanzo denunció a un número importante de represores que caminan libres por las calles de la ciudad. ¿Usted cree que se está haciendo lo necesario para ponerlos tras las rejas?
-Yo no puedo juzgar a la justicia, creo que se está trabajando bien con un apoyo de todos los sectores. No tengo porque pensar que están trabajando mal. Pienso que no debería haber tantos represores sueltos y también que no van a tardar mucho en estar detenidos.
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Arranca el primer juicio de una víctima del robo de bebés contra sus apropiadores
10:33
Se trata de la nieta recuperada María Eugenia Sampallo Barragán, quien acusa a un represor y al matrimonio al que fue entregada de los delitos de sustracción de menor, falsificación de documento público y supresión de identidad.
Por primera vez en la historia, arranca hoy un juicio en el que una hija de desaparecidos acusa a un represor y a sus apropiadores. Será cuando María Eugenia Sampallo Barragán se siente como querellante en el Tribunal Federal N°5 y acuse al ex militar Enrique José Berthier y el matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, de sustracción de menor, falsificación de documento público y supresión de identidad. Sampallo Barragán es una de las nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo. Es hija de los desaparecidos Mirta Mabel Barragán y Leonardo Rubén Sampallo y fue inscripta como María Eugenia Violeta Rivas. Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Tomás Ojea Martínez, en el juicio se intentará demostrar que Berthier -un militar retirado cuyo nombre figura en los legajos de la Conadep- fue quien entregó la niña al matrimonio, después de haberla retenido durante un tiempo. "María Eugenia entiende que sus apropiadores no están arrepentidos y que no piensan dar información y por eso decide ser querellante", explicó Ojea Quintana. La identidad de Sampallo comenzó a revelarse cuando a mediados de 2000, y ante las dudas sobre su origen, se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CO.NA.DI) y luego a Abuelas de Plaza de Mayo. En 2001 los resultados genéticos revelaron que era hija de Barragán y, cuando meses después se obtuvieron muestras de los hermanos de Sampallo, se confirmó la filiación paterna y que había nacido en febrero de 1978.
El país Martes, 19 de Febrero de 2008
Los organismos del caso López le llevarán un petitorio a Scioli

El gobernador les dio una audiencia para hoy a la tarde. Le pedirán que separe a la policía de la causa por la desaparición de López y que exonere de la fuerza a los que participaron de la investigación. También cuestionarán a doce jefes departamentales.

Las organizaciones nucleadas en Justicia Ya! marcharon ayer por La Plata.
Subnotas
Los que ocultaron las pruebas
Por Adriana Meyer
La demorada entrevista del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con organizaciones sociales y de derechos humanos por el caso de la desaparición de Jorge Julio López se concretará hoy. El gobernador recibirá un petitorio, que los propios convocados calificaron como exigente, en el que le pedirán que separe a la Policía Bonaerense de la causa judicial y que exonere de la fuerza a los que participaron de la investigación por los “reiterados encubrimientos y desviaciones que cometieron”. Otro de los puntos que expondrán contiene una advertencia: doce de los jefes departamentales que acaban de ser nombrados forman parte de los nueve mil policías formados durante los años de la dictadura. Y también le sugerirán que no es buena idea legitimar la coordinación policial para las agencias de seguridad.
“Es un ejército de 120 mil personas, la mayoría proveniente de las sucesivas purgas, exonerados y represores”, puntualizó la abogada Guadalupe Godoy al referirse a la supuesta intención de Scioli de coordinar las actividades de las agencias privadas con la policía, según información publicada por el diario Hoy de La Plata.
Durante la entrevista, los organismos que integran Justicia Ya! le recordarán que en las primeras horas de la desaparición de López el Ministerio de Seguridad provincial admitió que aún quedaban en la Policía Bonaerense nueve mil agentes egresados durante la gestión de los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y le señalarán que doce de ellos acaban de ser nombrados por su ministro Carlos Stornelli como jefes departamentales. Además, pondrán en conocimiento del gobernador las irregularidades del caso López, que involucran en forma directa a los policías bonaerenses que participan de la investigación. Y le solicitarán que esa fuerza quede al margen del caso y la exoneración de esos agentes.
Mientras las agrupaciones que integran el colectivo Justicia Ya! preparaban la tradicional marcha, que se realizó ayer entre las plazas Moreno y San Martín, desde la gobernación informaban que no habían recibido ninguna solicitud de audiencia y decían desconocer ese espacio y sus organizaciones. Hacia el mediodía les informaron que “el gobernador tenía una agenda muy apretada” y que anoche iba a participar de una cena en el hotel Hermitage de Mar del Plata. Les ofrecieron mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y con la secretaria de Derechos Humanos, Sara Cobacho. Justicia Ya! La Plata ya había decidido que “por la índole de los temas a tratar” sólo aceptaría reunirse con el gobernador, así que rechazó la propuesta. Al finalizar la marcha hicieron público el documento que piensan darle hoy a Scioli y los HIJOS de Mar del Plata pensaban intentar acercarle una copia mientras el gobernador participaba del cumpleaños 90 de Mariano Mores con gente de la farándula. Enterados de esta última iniciativa, los tiempos se aceleraron en la gobernación y decidieron fijar la entrevista para hoy a las 16.30.
Dos horas antes de la marcha que todos los meses recorre La Plata en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia les informaron que el gobernador recibirá a Justicia Ya!, cuyas organizaciones son querellantes en la causa por el secuestro y la desaparición del testigo que con su testimonio contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz.
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El país Martes, 19 de Febrero de 2008
La rendición del otro imputado en la masacre

Uno de los principales acusados por la matanza de Trelew, el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, anunció que hoy se entregará a la Justicia, tras llegar desde Estados Unidos.
“Tengo para anunciar que se encuentra camino a nuestro país el ex cabo Carlos Amadeo Marandino.”
Rodeado, el ex cabo primero de la Armada Carlos Amadeo Marandino decidió informar su paradero el sábado último ante el consulado argentino en Atlanta, Estados Unidos. Uno de los principales imputados por la Masacre de Trelew que seguía prófugo anunciaba así –por consejo de su abogado– que tenía previsto volver al país el 17 de marzo pero que, complicado por la celeridad con que actuó la Justicia en este caso, adelantaría el pasaje para hoy. En efecto, a las 9.45, cuando su avión aterrice en Ezeiza lo detendrá la policía aeronáutica y lo trasladará al aeroparque, desde donde partirá a Chubut para dar cuenta de los hechos sucedidos el 22 de agosto de 1972, cuando fueron asesinados 16 militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros y el ERP.
La noticia fue dada a conocer en el mediodía de ayer por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien brindó una conferencia de prensa en la gobernación de Chubut junto al mandatario Mario Das Neves, luego de una entrevista con el juez que entiende en la causa, Hugo Sastre. “Tengo para anunciar que se encuentra camino a nuestro país el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, que se presentó ante las oficinas de la embajada Argentina en los Estados Unidos (en rigor, fue el consulado de Atlanta), haciendo saber que en el día de hoy viajaba a Buenos Aires para constituirse como detenido en el juzgado federal”, reveló el funcionario. El dato ya se manejaba en el juzgado desde el sábado, cuando Cancillería informó vía fax del hecho acaecido en EE.UU. A partir de ese momento, el juez procuró la mayor de las reservas con la información, ante el temor de que Marandino cambiara de postura. Sin embargo, fuentes del juzgado consultadas por Página/12 confiaron en que nada fuera de lo esperable ocurrirá: “No creemos que se complique porque, entre otras cosas, ya nos dijo donde está”.
Por lo pronto, habrá que esperar a que Marandino realice el check in de su vuelo 101 de la empresa Delta, que sale de Atlanta y que llegará al país a las 9.45. Una vez que las autoridades confirmen que el represor efectivamente está volando, cosa que estimaban ocurriría a medianoche, se librará la orden de detención para el acusado de 16 homicidios calificados y tres homicidios calificados en grado de tentativa.
Marandino será así el cuarto detenido en esta causa en la que, uno a uno, fueron cayendo desde el viernes 8 el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, el capitán de fragata Emilio Jorge Del Real y al capitán de fragata Luis Emilio Sosa. Del único del que se desconocía aún el paradero es el ex teniente de navío, Roberto Guillermo Bravo, al que Página/12 detectó en EE.UU. (ver aparte). El propio Duhalde sugirió que esa podría ser su localización, dado que el país norteamericano tiene una “fuerte vinculación” con los militares imputados. “En la causa surge con claridad que él (Bravo) hizo cursos durante el tiempo que estuvo allí dentro de los cuarteles americanos. Además, Bravo, el mismo Sosa y Marandino tienen propiedades familiares en Estados Unidos”, agregó. El secretario de Derechos Humanos añadió que “Bravo hizo cursos en ese país de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en el año ’81, lo que hace pensar que fue preparado para actividades tal vez en Centroamérica. Por todo esto, es de esperar que sea hallado en poco tiempo”, dijo.
A su vez, el funcionario, que también es querellante en la causa, se encargó de refutar la teoría expuesta reiteradamente por los marinos, según la cual la masacre fue producto de un intento de fuga: “Esta no fue una locura de una guardia borracha, sino que fue una medida dispuesta por el gobierno militar en forma institucional, de escarmiento, por lo que Sosa y el ex jefe de la base son autores inmediatos de los hechos”. Incluso, Duhalde se opuso a que sea otorgada la prisión domiciliaria y solicitó “que la cadena de mandos (entre el entonces presidente Alejandro Agustín Lanusse y los jefes de la base) si es que estuvieran vivos, también sean convocados”.
Informe: Diego González.
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Martes, 19 de Febrero de 2008
PAGINA/12 UBICO EN EE.UU. A ROBERTO GUILLERMO BRAVO, FUSILADOR DE LA MASACRE DE TRELEW
El marino que está a punto de encallar
El teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, prófugo de la Justicia desde hace diez días, acusado de fusilar a los presos del penal de Trelew en 1972, está radicado en Florida, Estados Unidos, según pudo confirmar este diario. Bravo es un próspero empresario que hace un mes puso en venta una de sus casas. Pedirán hoy su captura internacional.

En los tribunales de Chubut aparecieron pintadas contra otro de los detenidos, el capitán Sosa.
Subnotas
Siempre cerca de las milicias
Por Diego Martínez
El principal imputado por la Masacre de Trelew, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, con paradero desconocido en los últimos treinta años y prófugo de la Justicia desde hace diez días, vive en los Estados Unidos y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Ya en 1974 los sobrevivientes del fusilamiento en la Base Aeronaval Almirante Zar identificaron al Ñato Bravo como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando el juez federal Hugo Sastre aún no había librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en Tampa, costa oeste de Florida. Por alguna razón que la inmobiliaria no explica su precio ya bajó de 215.000 a 167.900 dólares. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en RGB Group. El teniente empresario aún estaba allí: uno de sus empleados informó que “entra y sale todo el tiempo”. Hoy el juez federal Hugo Sastre pedirá a Interpol su captura internacional.
Gracias al testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, que el poeta Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo antes, durante y después del fusilamiento está documentado desde hace tres décadas. Bravo se distinguió desde el primer día por su cinismo y el verdugueo constante a los detenidos. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que no los sacaran a comer por celda sino de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.
–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta. En lugar de matarlos estamos engordándolos.
Camps recordó que Bravo “se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.
Bravo “buscaba excusas” para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, contó Camps. Otra tortura consistía en impedirles dormir. “Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados”, agregó. Los propios colimbas admitían ante los presos que Bravo era “un hijo de puta”. Una mañana llevó una corneta para enseñar qué era la diana.
–Ustedes tienen que conocer esto. Desde ahora se les va a despertar así y se les va a dar el silencio de esta manera.
Otro día llevó una revista que las Fuerzas Armadas utilizan para adoctrinar a sus soldados. Se titulaba El Desengaño y contaba una historia en la cual los estudiantes se incorporaban a la guerrilla y cometían todo tipo de atropellos. Cuando algún militante aburrido le explicaba que esas historias no encajaban en la realidad, Bravo refunfuñaba y se alejaba. Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.
–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.
Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la puso en la cabeza:
–Vas a morir, hija de puta –le advirtió.
Poco después cumplió su palabra.
Meterse con la Marina
La madrugada de la masacre el teniente Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.
–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió. “Era un poco la ‘teoría’, entre comillas, que manejaba Bravo. ‘Al terror se lo combate con el terror.’ El aseguraba que nosotros éramos terroristas”, recordó María Antonia Berger ante Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria Fusilada.
Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:
–Mirar al piso.
La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar tiros de gracias.
Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola. Bonet junto con Alfredo Kohon también vieron a Bravo. Nos ordenó que nos paráramos y preguntó si íbamos a declarar. Le respondimos que sí, por decirle algo, porque era una pregunta totalmente fuera de lugar después de una masacre. Bravo estaba con el brazo extendido, caído y suelto, y con la pistola en la mano, pero él no tiró, sino que se fue y enseguidita llegó otro oficial, que siempre vestía de azul. Ni bien apareció en la puerta levantó la mano, con el brazo extendido me apuntó a mí y me tiró”. Berger también recuerda que le disparó “el de azul”. Minutos después, ya cuando sacaban los cadáveres, “viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!’. Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando, pese a que ya se me había parado mucho la hemorragia”. Berger también escuchó, minutos después, cuando inventaban la versión que luego difundiría la Armada y el presidente de facto Alejandro Lanusse:
–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.
Cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado (el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini declaró el miércoles que fue él el primero en llegar), Haidar escuchó la explicación de Bravo:
–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.
Treinta y cinco años después, el jueves pasado, el capitán Sosa repitió la versión oficial. Cuando pasó a inspeccionar los calabozos, Bravo le dijo: “Esta gente se porta muy mal, hablan entre ellos, se quejan, por eso los tengo fuera de los calabozos”, declaró. Sosa decidió “hacer una especie de perorata” para que “tuvieran un poco de paciencia” porque los infantes de marina están “modelados para otras tareas” (sic), declaró ante la Justicia. El capitán Sosa asegura que dos veces caminó ida y vuelta entre las dos filas. Cuando volvía por tercera vez recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado. Cuando se intentó incorporar “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros”. Identificó a tres de los fusiladores: teniente Roberto Bravo, el teniente Emilio Del Real y el cabo Carlos Marandino.
Refugio en Puerto Belgrano
Cuando los nombres de los fusiladores de Trelew trascendieron, la Marina se ocupó de protegerlos. El capitán Paccagnini declaró que Bravo y Sosa “se fueron de pase a los dos o tres días” de la masacre. Sosa calculó que “en noviembre” ya estaba escondido en Puerto Belgrano, el mayor asentamiento naval del país, cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo. El 22 de agosto de 1974 el diario Noticias informó que los paraderos de Bravo y Sosa eran “uno de los secretos más celosamente guardados por la Marina hasta hoy”. Ese mismo año el abogado Juan Carlos Ibarborde informó a la Justicia que sus defendidos Bravo y Sosa no podían presentarse a declarar porque “se encuentran en el extranjero” y apuntó el domicilio donde podía ubicarlos: “Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos, 1816 Corcoran St., N. W., Washington D. C.”. Bravo era aún teniente de fragata. Sus pasos posteriores son un misterio. Se desconoce si durante la última dictadura militar seguía en Estados Unidos o prestó servicio en algún centro clandestino de la Armada. En los libros oficiales consta que pasó a retiro el 1º de abril de 1979, como teniente de navío.
Ayer el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Duhalde, informó que Bravo “hizo cursos en Estados Unidos: de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en 1981, lo que hace pensar que fue preparado para actividades en Centroamérica”. Igual que Paccagnini, Bravo es oriundo de Bahía Blanca. Se crió en el barrio Sánchez Elías. Al menos un hermano suyo es suboficial de Infantería de Marina. Su padre falleció hace dos meses, a sus 91 años. El teniente está casado con una mujer norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local, y es ciudadano norteamericano. Su casa, en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, fue construida en 1977 y está en venta desde hace “más de 30 días”. La inmobiliaria que la ofrece informa que cuesta 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– se conforman con 167.900.
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Martes, 19 de Febrero de 2008
EN UNA CAUSA POR SECUESTROS QUE TAMBIEN INVOLUCRA A VIDELA Y MARTINEZ DE HOZ
Ordenan la detención de Albano Harguindeguy

La Justicia Federal porteña ordenó "la inmediata detención" del último ministro de Interior de la dictadura militar, Albano Harguindeguy, en el marco de la causa que investiga los secuestros extorsivos de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.
La medida, que ordena su inmediata aplicación, fue dispuesta por el Juzgado Federal de Norberto Oyarbide, a cargo interinamente de su colega María Servini de Cubría.
Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la empresa textil Sadeco, sufrieron un secuestro extorsivo entre noviembre de 1976 y abril de 1977, y en la causa judicial también están implicados el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y quien fuera su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Según consta en la causa, el secuestro estaría relacionado con un negocio con Hong Kong.
Harguindeguy ya había estado detenido por esta causa, entre abril de 1988 y octubre de 1989.
Ese año fue beneficiado por el indulto del entonces presidente Carlos Menem en 1989, pero en 2006 Oyarbide entendió que era "inconstitucional" y ahora, por intermedio del secretario del juzgado federal, García Davini, ordenó la medida que queda a cargo del Ministerio de Defensa para su aplicación.
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ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS HUMANOS (APDH) filial San Luis




30.000 detenidos desaparecidos ¡ Presentes !


COMUNICADO DE PRENSA



LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (Filial San Luis) toma con profunda preocupación la designación del MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA CORONEL RE GUILLERMO LOPEZ quien en Conferencia de Prensa del 15 del corriente mes realizada en la Casa de Gobierno de la Provincia, reconoce haber participado en 1975 en el Operativo Independencia en la Provincia de Tucumán donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Fue luego, según sus dichos, trasladado a la Dependencia de Artillería Antiaérea de Mar del Plata.

Estas manifestaciones revelarían la posible participación dentro de la estructura del Terrorismo de Estado. Siempre es oportuno tener presente la Sentencia 13/84 que condenó a la Junta Militar demostrando el rol funcional y operacional que cumplieron las FFAA y de seguridad, en particular el ejército que coordinaba todas las actividades represivas del Terrorismo de Estado en todo el país, de la que no estuvo ajena Mar del Plata donde participaron las tres fuerzas armadas y hay constancia de las numerosas desapariciones, homicidios y torturas a civiles de esa ciudad.

Cuando asistimos a la apertura de los procesos judiciales en todo el país por los crímenes de lesa humanidad, producto de la lucha permanente de los Organismos de Derechos Humanos, Familiares, Ex Detenidos, Organizaciones Sociales, Políticas Nacionales, etc., no podemos aceptar actos de esta naturaleza porque tenemos la convicción de que todas aquellas personas que tuvieron la responsabilidad de llevar adelante el terrorismo de estado, educados en el sectarismo, acostumbrados a actuar bajo el manto de la impunidad, no tienen nada que aportar para el logro de una provincia más justa, libre, igualitaria y democrática.

Los Organismos de Derechos Humanos no podemos asistir en silencio a actos de esta naturaleza que tienen la consecuencia de obstruir el avance y la consolidación de la democracia.

Es por esto que DENUNCIAMOS firmemente, conjuntamente con otros Organismos de Defensa de los Derechos Humanos de la Provincia y el País, estos actos ofensivos para la democracia como son los nombramientos de represores en cargos ministeriales de gobiernos elegidos por el voto popular, "gobiernos que no deben omitir el principio basal de nuestra joven democracia que sostiene, que ningún individuo que haya sido miembro activo o colaboracionista de la última dictadura puede ocupar un cargo público. Esto es mucho más que una consigna, este es el principio ético que debe cumplir cada uno de los hombres y mujeres que desempeñándose en los cargos públicos lleven adelante el mandato que el pueblo les dio a través del voto".

Por lo que nos vemos en la obligación de alertar a la población de posibles rebrotes de métodos de seguridad del pasado más triste y oscuro de nuestro país y solicitarle a todos los espacios de participación popular que se sumen a este repudio.

Centro DDHH Univ. Nac. San Luis, INADI, Familiares de detenidos/desaparecidos, Ex presos/as políticos, A.P.D.H (filial San Luis)
San Luis, 19 de Febrero de 2008
Repudio amenazas integrantes de AFADER

Ante las amenazas recibidas por nuestras compañeras, Carmen Germano y María Luz Piérola, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y exigir al Estado y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Los personajes de siempre, serviles y funcionales a los genocidas, siguen operando como en los peores años que ha vivido nuestro país.
Esto es porque aún caminan impunes por las calles, porque los que están imputados y procesados aún no tienen sentencias, ya que las causas no avanzan o mejor dicho no las quieren avanzar. Porque hay muchos autores y cómplices que aún ni siquiera están denunciados.
Creemos que el Estado debe investigar a cada uno de los responsables de estas amenazas a estas dos luchadoras integrantes de nuestra Asociación, como así también a los de las amenazas recibidas por el compañero Carlos Guastavino y de todas las que han ocurrido en nuestra provincia, para conocer con nombre y apellido a los cobardes que siguen actuando en la oscuridad.
Tenemos la convicción de que la lucha, que es la que hemos demostrado en estos últimos 30 años, la verdad y la justicia, son las armas con las cuales vamos a poder encarcelar a cada uno de los asesinos y garantizar que el pueblo comience a gestar el ideal que soñaron los 30.000 compañeros que dieron sus vidas por un país más justo para todos y con igualdad de oportunidades.

Por los 30.000 compañeros.

Por Memoria, Verdad y Justicia.

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos
Entrerrianos y en Entre Ríos - AFADER

PIDEN AL GOBERNADOR DE SALTA INFORMACION SOBRE FUNCIONARIO SOSPECHADO DE PARTICIPAR EN LA DICTADURA

BUENOS AIRES, feb 19 (DyN) – La organización humanitaria "Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta" pidió al gobernador provincial, Juan Manuel Urtubey, que remita a la justicia el Legajo de Jorge Amado Skaf, actual Secretario de Seguridad, pues sospecha de su supuesta participación durante la última dictadura.Así lo informaron a DyN fuentes judiciales, que añadieron que el pedido fue suscripto por el representante de la organización, David Arnaldo Leiva, y está dirigido al juez federal salteño Abel Cornejo, en el marco del Juicio de la Verdad. "Hay compañeros que lo sindican como 'topo' dentro de la Universidad", sostuvo Leiva.El escrito requiere además, "informe del personal de inteligencia de la policía de Salta y la entrega de los archivos de la represión con que cuenta la provincia"."Se requiera al Gobernador de la Provincia de Salta informe que personas, sus grados, destinos detallados y el domicilio de las mismas se desempeñaron durante el periodo 1975-1983 como personal de inteligencia de la Policía de la Provincia de Salta. Informe que personal de inteligencia de la Policía de Salta estuvo destinado a los Departamentos Oran, San Martín, Cafayate, Metan y Salta Capital", sostiene el escrito."Del informe que remita, de sus respuestas y de sus acciones sobre estos puntos y otros que reclamaremos públicamente, sabremos de su sinceridad política en este caro anhelo del juicio y castigo a los responsables del genocidio", concluye el escrito, en alusión al gobernador provincial.

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