sábado, 23 de febrero de 2008



ORDENAN LA DETENCION DEL EX JEFE DE LA BASE ALMIRANTE ZAR
Nuevos imputados por la masacre
El juez ordenó el arresto del contraalmirante Mayorga. Dos marinos en actividad deberán explicar qué es el “gupo de contención”.



Por Diego Martínez
Mientras otros dos oficiales retirados de la Armada deberán prestar declaración indagatoria sobre la masacre de Trelew y su posterior encubrimiento, dos oficiales en actividad deberán dar explicaciones acerca de la relación de la fuerza que conduce el almirante Jorge Godoy con los imputados en la causa, sobre todo con el teniente empresario prófugo Roberto Bravo, a quien Interpol ya está buscando en Estados Unidos. Cuando se concrete su detención, el contraalmirante (R) Horacio Mayorga se explayará ante el juez Hugo Sastre sobre la orden de trasladar a los guerrilleros que habían entregado sus armas a la base Almirante Zar –que envió desde Puerto Belgrano el 15 de agosto de 1972– y sobre la frase que pronunció como comandante de la Aviación Naval después del fusilamiento: “Se hizo lo que se tenía que hacer”. El capitán de navío (R) Jorge Enrique Bautista en principio no será detenido. Pero deberá explicar quiénes supieron del simulacro de instrucción a su cargo, elaborado para respaldar el cuento del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.
El suboficial Carlos Marandino contó que en octubre fue citado al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y podía llegar a ser citado, le entregaron sus tarjetas y prometieron “tenerlo al tanto”. Página/12 pudo saber que Poggi tiene a su cargo una dependencia que los marinos llaman “grupo de contención” para asesorar a camaradas imputados por crímenes de lesa humanidad. Ante la consulta, Poggi prefirió no hablar. “Podría cometer una falta disciplinaria”, explicó. Vázquez ya pasó a retiro. El juez Sastre los citó como testigos, para saber si fue un servicio personal o institucional y qué relación tienen con los imputados, sobre todo con Bravo.
Como comandante de la Aviación Naval, el entonces capitán de navío Mayorga era en 1972 responsable de la base Zar. El juez lo indagará sobre su rol en las privaciones de la libertad y sobre el antológico discurso que pronunció el 5 de septiembre de 1972. “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres humanos es siempre una desgracia. Estos muertos valen menos, en el orden humano, que el guardiacárcel Valenzuela (murió durante la fuga del 15 de agosto) y que los humildes argentinos del orden público muertos en servicio.” Bautista, de 81 años, internado en el Hospital Naval por problemas cardíacos, tuvo a su cargo el sumario para respaldar la versión oficial. Si su salud le impide trasladarse a Rawson, el juez viajará a Buenos Aires para escucharlo. Con la detención de Mayorga y si antes no cae Bravo, puede convertirse en el sexto preso de la causa.
MODIFICARAN NOMBRES DE CALLES
Genocidas afuera



La Cámara de Diputados de la provincia dará media sanción el jueves próximo a un proyecto de ley de la diputada provincial Mónica Peralta que solicita instar a los municipios y comunas a eliminar los nombres de calles que identifiquen o ponderen a personas que planificaron, organizaron y ejecutaron, exterminio y/o aniquilación contra el pueblo santafesino y las comunidades originarias de América u otras etnias regionales. La legisladora saludó que esta iniciativa impulsaría a quitar de las calles los nombres de genocidas.
Peralta propuso que esos nombres sean reemplazados por los de "grupos nativos de comunidades originarias de América, o personas muertas y/o desaparecidas por el terrorismo de Estado en los procesos dictatoriales, como así también aquellas personas de reconocida trayectoria vinculadas a la reivindicación de los derechos humanos".
La legisladora consideró "fundamental", a punto de conmemorar otro aniversario del 24 de marzo de 1976, "que el Estado dé señales concretas acerca de las reivindicación de la democracia y de los derechos humanos". La presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la cámara baja provincial consideró : "Las calles que transitamos y memorizamos cotidianamente crean conciencia e identidad".

viernes, 22 de febrero de 2008

MASACRE DE TRELEW

Masacre de Trelew
Solicitan la detención de otro marino
Era el superior del jefe de la base
Sábado 23 de febrero de 2008

RAWSON.- La causa que investiga la llamada Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, sumó ayer dos novedades: el pedido de detención de un capitán de navío y el planteo de la prescripción de la causa, por parte del abogado defensor de dos de los imputados. El argumento del letrado es que el delito que se investiga no debería ser considerado de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. "Entendemos que las características del hecho investigado no se encuadran dentro de los delitos que se consideran imprescriptibles. Pero, aun si así fuera, decimos que en 1972 no había legislación aplicable a nuestro país en materia de lesa humanidad", explicó Fabián Gabalachis, abogado de los imputados Emilio del Real y Rubén Norberto Paccagnini. El escrito fue presentado ante el juez federal Hugo Sastre, que deberá correr traslado al fiscal y a los abogados de la querella. El juez, en tanto, libró una nueva orden de detención sobre Horacio Mayorga, un ex capitán de navío que se desempeñaba en 1972 como superior del imputado Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar, de Trelew. Paccagnini fue el primero en prestar declaración, en la que relató al juez que no estuvo en el lugar en el momento en que fueron ultimados los 16 militantes de las organizaciones de izquierda. El ex capitán Luis Emilio Sosa reforzó en la indagatoria la versión oficial de la Armada sobre un supuesto intento de fuga de la base en la madrugada del 22 de agosto de 1972. En su declaración, señaló a Del Real como autor de los disparos contra los entonces presos políticos. Del Real, en tanto, optó por no declarar ante el juez Sastre -aunque su abogado defensor estudia la posibilidad de pedir una ampliación de la declaración indagatoria- porque, según dijo, "el testimonio de Sosa era contradictorio". Pero fue la declaración del ex cabo Carlos Amadeo Marandino, el miércoles último, la que permitió al juez armar el mapa de los hechos ocurridos hace 35 años: que los 19 presos políticos -de los cuales sólo tres sobrevivieron, pese a las graves heridas- abandonaron sus celdas a las 3.15 del 22 de agosto, desarmados y a pedido del ex capitán Luis Emilio Sosa. Marandino contradijo a los marinos y descartó que las muertes se hubieran producido en un intento de fuga. A raíz de la declaración de Marandino, el magistrado le reforzó la custodia personal. Sastre tiene diez días hábiles para decidir el futuro de los acusados, aunque la decisión final podría retrasarse un tiempo como consecuencia de los avances en la causa judicial y las presentaciones que realizó el abogado defensor Gabalachis. Ana Tronfi

El país Viernes, 22 de Febrero de 2008
“Sos una desagradecida; si no fuera por mí, terminabas en un zanjón”

María Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos, declaró ayer cara a cara frente a su apropiador Osvaldo Arturo Rivas, a quien acusó por haberle robado su identidad. Detalló cómo le mintieron.

María Eugenia Sampallo Barragán es la primera hija de desaparecidos que enjuicia a sus apropiadores.
Subnotas
Inquietudes de abogado
Por Laura Vales
Durante dos horas y bajo la mirada de su apropiador, María Eugenia Sampallo Barragán le contó ayer a un tribunal oral cómo fueron los años de su infancia y adolescencia, en los que vivió con otro nombre, sin saber que era hija de desaparecidos. Este es el primer juicio que una joven apropiada realiza contra el matrimonio que la crió como si fuera propia. María Eugenia, a quien le dijeron que había sido “adoptada”, recordó las versiones que oía cuando les preguntaba a sus apropiadores qué había pasado con sus padres: le dijeron que habían muerto en un accidente, más tarde que su mamá era una mujer que hacía la limpieza y la regaló, o que era una azafata que vivía en Europa y había quedado embarazada en la Argentina de una historia extramatrimonial.
En la audiencia, María Eugenia estuvo acompañada por su familia biológica: su abuela, dos tías y un hermano, a quienes reencontró cuando recuperó su identidad en 2001. Fue la primer testigo del día; en la sala de los tribunales federales de Comodoro Py –la misma donde se realizó el juicio por la AMIA– se ocuparon todos los asientos destinados al público. El tribunal tuvo que habilitar el piso alto, destinado a la prensa, para la gente que había quedado afuera. La joven entró poco antes de las 11. De pantalón rojo y saco negro, parecía menor a los 30 años que cumplió días atrás. Se sentó en el sitio de los testigos y prestó juramento.
–¿Lugar y fecha de nacimiento?
–No lo sé.
Osvaldo Arturo Rivas, el hombre que la crió como propia, estaba sentado en diagonal. Fue el único de los acusados del caso que fue a la audiencia, ya que los otros dos –su ex pareja María Cristina Gómez Pinto y el militar Enrique José Berthier, quien la entregó al matrimonio cuando era un bebé de tres meses– se excusaron de asistir.
La joven es la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo que se presenta como querellante en un juicio por apropiación. Lo decidió luego de que Rivas y Berthier, tras ser procesados, abrieran una contracausa en la que acusaron a ella y a todos los testigos de mentir. Ayer relató cómo había tenido la primera noticia de que no era hija de Rivas y Gómez –así los llamó cada vez que tuvo que referirse a ellos, siempre por sus apellidos–. “Tenía cinco años. Una amiga de Gómez, que era docente y psicóloga, vino a la casa donde vivíamos y me llevó a mi habitación. Comenzó a contarme la historia de un matrimonio que había tenido una hija, y que en un viaje en auto había sufrido un accidente. En ese accidente el matrimonio había muerto, pero había sobrevivido el bebé. La conclusión era que el bebé era yo, y que Gómez y Rivas me habían adoptado.”
Esa fue la primera versión, de la que no consiguió saber más de parte de Gómez y Rivas. “No podían responderme nada, decían que no sabían.” Con el tiempo, y ante su insistencia, le dieron otra versión. “Consistía en que yo era hija de una empleada doméstica que había trabajado en la casa de los padres de Rivas, que me había dado por cuestiones económicas.” Más tarde, por lo general en medio de discusiones cada vez más frecuentes con su apropiadora, Gómez daría una tercera versión. Así la recordó María Eugenia: “Yo era hija de una azafata que vivía en Europa. Esta azafata había venido a la Argentina y había quedado embarazada de una relación extramatrimonial”. Entre esas historias cambiantes apareció una con un dato concreto: le dijeron que la habían tirado y que Berthiel, el militar amigo de la familia, los había llamado para avisarles que había un bebé abandonado en el Hospital Militar.
María Eugenia sabe ahora que es la hija de dos desaparecidos, Mirta Mabel Barragán y Leonardo Sampallo. Su mamá trabajaba en una fábrica, la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), era delegada gremial y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista. Su papá trabajaba en el astillero Río Santiago, era subdelegado y también militante del PCML.
Mirta estaba embarazada de seis meses cuando la secuestraron junto a su hijo Gustavo, de tres años, y a su pareja Leonardo. El niño fue a parar a una comisaría de donde lo rescató su papá, y durante mucho tiempo, ya con sus familiares, habló del hermanito que su mamá estaba esperando. Eso resultó clave para que la familia supiera que tal vez había un niño o una niña nacido en cautiverio.
De Mirta y Leonardo hoy se sabe que estuvieron en el centro clandestino El Atlético y luego en El Banco. Mirta fue sacada de allí en febrero del ’78 para dar a luz; es posible que María Eugenia haya nacido en el Hospital Militar. Luego no se sabe nada más de sus padres. El matrimonio Gómez-Rivas recibió a la niña tres meses después, por una gestión del militar Berthier, amigo de la apropiadora.
En 1989, las Abuelas recibieron una denuncia y empezaron a seguir su rastro. Llegaron incluso a ubicar la casa de los apropiadores. María Eugenia iba en esa época a la escuela primaria y recuerda que Gómez le dijo que había “unas viejas” que querían “separarlas”. La Justicia intervino y en esos días le tomaron una primera muestra de sangre, pero en el Banco de Datos Genéticos no había una muestra de su familia paterna y los análisis no consiguieron un resultado de compatibilidad.
De las muchas cosas que contó ayer apareció la imagen de una niña que creció más en la casa de los vecinos que en la propia. Gómez, que se separó de Rivas, tuvo con ella una mala relación. En las discusiones, recordó, solía achacarle “ser una desagradecida”. “Si no fuera por mí, hubieras terminado en un zanjón”, le decía, con una frase cuya sordidez sería cabalmente comprendida por ella sólo con el correr de los años. La convivencia era tan mala que después de varios intentos de encontrar una casa que le fuera menos hostil, cuando terminó el secundario la joven empezó a trabajar y pronto se fue a vivir con unas amigas. “Al irme de esa casa no me llevé ninguna foto de mi pasado con ellos, era algo que prefería no recordar”, dijo en la audiencia. En aquellos años había visto con frecuencia a Berthier, que siguió siendo amigo de la familia. Un día se animó a encararlo y a preguntarle por su historia. El militar le dijo que había sido un bebé abandonado en el Hospital Militar, pero que él no había intervenido. Y le ofreció comprarle un departamento. María Eugenia dijo que se sentía cada vez más desconcertada.
Ya mayor de edad, pidió un segundo análisis de ADN, casi sin expectativas, “para descartar que fuera hija de desaparecidos, porque como el primer estudio no había dado resultados, había sacado de la lista esa posibilidad”. Pero esta vez sí encontraron su filiación. Ahora vive en La Plata, ciudad a la que se mudó para estar más cerca de su abuela, su hermano y sus tías. Como integrante de la querella, ha pedido que se condene con quince años de prisión a sus apropiadores. De los tres acusados, sólo Berthier está detenido, ya que Rivas y Gómez accedieron a una excarcelación. Rivas escuchó su testimonio en silencio; estaba de espaldas a los asientos del público, por lo que no se le veía la cara. Aunque había citados más testigos, se retiró cuando ella terminó de dar su testimonio.
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Masacre de Trelew
Dos de los acusados piden la prescripción de la causa

Los abogados de dos represores detenidos por la Masacre de Trelew pidieron hoy la prescripción de la causa, con el argumento de que la posibilidad de enjuiciar a sus defendidos se extinguió por "falta de acción" ante el paso del tiempo.
La solicitud fue realizada por los abogados Gustavo Latorre y Fabián Gabalachis, quienes defienden a los ex capitanes de fragata Rubén Paccagnini y Emilio Del Real, detenidos desde el 11 de febrero en la alcaidía policial de Trelew.
La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de Rawson y se estima que el titular del tribunal, Hugo Sastre, y el fiscal Fernando Gelves rechazarán la petición, atendiendo a que se trata de un delito de 'lesa humanidad' que no prescribe con el paso del tiempo.
"Sería adelantarnos a lo que nos dirán, pero estimamos muy probable que ese sea el argumento que nos pongan, el cual apelaremos tanto ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, la Cámara de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia y si hiciera falta la Corte Interamericana", explicó Gabalachis.
El abogado indicó que "no se puede aplicar el instituto de lesa humanidad que no existía como concepto jurídico cuando la causa que se investiga se realizó, y nos ceñimos a lo que dice el Código Penal que establece los 15 años para la prescriptibilidad".
Para los letrados, lo ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew, donde fueron fusilados 19 militantes de organizaciones de izquierda, de los cuales murieron 16 en el acto, fue un "crimen común" y no un "delito de lesa humanidad".
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PAGINA/12 ACCEDIO A LA DECLARACION DEL CABO MARANDINO, QUE CULPA A LA ARMADA
“Los fusiladores estaban ahí”
El cabo Carlos Amadeo Marandino declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en el ’72 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de los presos. Dijo que en octubre de 2007, los capitanes Vázquez y Poggi lo citaron al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.

El cabo Carlos Amadeo Marandino fue detenido en Ezeiza. Facsímil de su declaración indagatoria.
Subnotas
El cuento para encubrir
Por Diego Martínez
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del “intento de fuga” en la base aeronaval Almirante Zar. El dato consta en la declaración ante la Justicia del cabo que abrió las puertas de los calabozos, Carlos Amadeo Marandino, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Es novedoso en boca de un marino, pero a nadie sorprende: se trata de la misma fuerza que instaló el mayor centro de exterminio de la ciudad de Buenos Aires y aún no se dignó informar el destino de un solo detenido-desaparecido. Aún más preocupante, sin embargo, es el presente de la Armada: en octubre del año pasado dos capitanes citaron a Marandino al Edificio Libertad para comunicarle la reapertura de la causa y anticiparle que lo tendrían al tanto de cualquier novedad. No sería un caso aislado: según pudo saber Página/12, el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales que recibió a Marandino, tiene a su cargo una dependencia que en la jerga naval se denomina “Grupo de Contención” y funciona dentro de la Secretaría General Naval con el fin de asesorar a los camaradas en desgracia imputados por delitos de lesa humanidad.
Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.
El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas, dijo. Portaban pistolas 45, agregó. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada 15 o 20 minutos por las mirillas de los calabozos. “De vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas”, puntualizó.
Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres.
–¿Cuál fue el comportamiento de los detenidos durante sus guardias?
–Ningún problema, nunca.
–¿Gritaban, protestaban o hacían escándalo?
–En ningún momento. Siempre había silencio.
“Era todo normal” hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron “los señores oficiales”. Eran cinco. “Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol”, subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a “los navales, de marinería o de aviación naval.” Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.
“Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron”, contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. “Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté”, aclaró. “Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije ‘sí, señor’ o ‘comprendido, señor’”, detalló.
Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato “se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos”, hasta que “alguien gritó ‘¡se quieren escapar!’”. Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó “verificar el estado de los cuerpos”. Pese a su “estado de shock”, intentó acatar la orden. “Se sentía el olor a pólvora, había humo”, detalló. “Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor.” Los fusiladores estaban ahí. “En ningún momento se fueron”, dijo.
“Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso.” Luego “me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares”, agregó.
Recién al concluir su relato Marandino identificó a “los señores oficiales”: capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro “portaban las dos armas: pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM”, detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Página/12 informó que vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. “Me retiraron en 1975”, concluyó. Pese a los 32 años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que “posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención”. Poggi le anticipó que “quizás habría novedades después de las elecciones” y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.
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OPINION
Finalmente patéticos

Por Luis Bruschtein
Fusilar y que todo el mundo sepa que fue un fusilamiento, pero negarlo y decir, jurar y perjurar que fue un intento de fuga, tiene una carga igual a la de los desaparecidos. Se los secuestra y desaparece y que todo el mundo lo sepa, pero se lo niega. No hay reglas de juego, yo soy el amo, el que tiene poder y no necesita justificarlo ante nadie. Decido sobre la vida y la muerte y no tengo que rendir cuentas. Y que todo el mundo lo sepa. Que la sociedad lo sepa y lo incorpore en el lugar más recóndito de sus miedos. Sobre todo, el miedo como algo presente pero negado, espectral, amenazante. Eso fue la dictadura. Y eso comenzó a despuntar con los fusilamientos de Trelew y luego con los desaparecidos.
Parecerá vetusto hablar de los fusilamientos de Trelew, darle importancia a un hecho que pasó hace más de treinta años. Pero esa trama tejida sobre el miedo espectral que flotó sobre la sociedad, impregnó todos sus rincones y delineó conductas y actitudes, fue tan fuerte por el secreto, por lo no reconocido, que cuando se hace la luz, cuando los fantasmas se disuelven con la luz, quedan solamente los hechos, la cobardía de un acto arbitrario, salvaje e innecesario. No es un acto de poder, es barbarie pura y despreciable. Y así se va desanudando esa trama cerrada del miedo profundo que modeló a una sociedad.
El cabo Marandino dice: no fue un intento de fuga. Dice: los sacaron de las celdas y los fusilaron. Dice: cantaban el Himno porque se dieron cuenta de que iban a morir. Confirma lo que dijeron los sobrevivientes. Y los verdugos, despojados de los atributos de ese poder oscuro, quedan incluso disminuidos frente a sus víctimas, aun cuando no se esté de acuerdo con ellas. No hay legitimidad ni valentía en fusilar prisioneros inermes sin siquiera asumir la responsabilidad de haberlo hecho. Hay miseria, seres pequeños con un poder sin épica.
La voz oficial siempre fue ambigua: fusilamos, pero no fusilamos. Mucha gente tomó la palabra oficial, aceptó que fue un intento de fuga, porque la palabra oficial es más creíble, es más seria. Pero en el fondo sabía que fue una masacre y tejió sus miedos o sus rabias o asumió la falsa moral de ese discurso. Esa es la lección con que la masacre de Trelew alimentó a la sociedad y que luego se reproducirá 30 mil veces con la dictadura.
Los verdugos tienen ahora el patetismo de los fantasmas a la luz del día. “¿Esos eran nuestros héroes?”, dirán algunos. “¿A eso le teníamos tanto miedo?”, pensarán otros. Son las preguntas que disuelven los nervios de una lógica que amarró al país. Que lo sofocó en su momento y en los que siguieron. Porque hasta ayer seguían siendo héroes o monstruos y hoy son nada más que seres patéticos, despreciables.
Marandino dice que sus jefes de ese momento le ordenaron que debía mentir. Y comenzaron a tejer un andamiaje de mentiras que terminaron embarrando más que sosteniendo a toda la Armada, que con esa masacre trataba de obstaculizar el proyecto del dictador Alejandro Lanusse de iniciar la retirada del poder. Los prisioneros fueron fusilados por las diferencias internas entre las Fuerzas Armadas, ni siquiera fue un episodio de la “guerra antisubversiva” o una revancha por la fuga de los jefes guerrilleros. La luz disuelve las tinieblas, aun después de tantos años. Pone las cosas en su lugar y les da un orden ético y moral que alivia, porque puede dejar los miedos a un lado.
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Ratifican que Skaf sí actuaba en Salta durante la dictadura
Cristina Cobos, esposa y hermana de dos jóvenes desaparecidos por la represión estatal, ratificó ayer que entre 1979 y 1980 vio “varias veces” al actual secretario de Seguridad, Jorge Amado Skaf, en la Universidad Católica de Salta y, en una vez, en la delegación local de la Policía Federal.


Jorge Amado Skaf.
Esta afirmación se contrapone a la versión del abogado, que asegura que entre 1977 y 1980 actuó únicamente en Capital Federal. Según pudo constatar Nuevo Diario, el mismo legajo de Skaf confirma que en 1978 realizó un curso en la Universidad Católica salteña. Cobos declaró en el Juicio por la Verdad. Está convencida de que entre 1979 y 1980 fue vigilada por un hombre que iba al profesorado de Inglés que ella cursaba, en la Universidad Católica de Salta. Un día vio a este hombre hablando con otro presunto estudiante, en este caso de Derecho, que se destacaba porque llevaba el pelo corto y solía ir de traje, “lo que la hacía sospechar de esta persona ya que no encajaba con el resto de los alumnos”. El círculo se cerró meses después cuando vio a este joven, con uniforme, en la delegación local de la Federal. Volvió a verlo en la democracia, conoció su nombre: Jorge Skaf, y supo que había integrado la Federal y luego la Policía de Salta. Otro testigo, Rafael Estrada, que estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Salta y militaba en la Tendencia en la década del 70, afirmó ayer que los estudiantes eran objeto de seguimientos, vigilancia y hostigamiento. Cobos contó que entre 1979 y 1985 estudió en la Católica. A “fines de abril, entre 1979 y 1980 aparece como nuevo compañero de curso un señor mayor de unos 48 años de edad”, de tez blanca, cabello castaño canoso, “con evidente acento porteño”, registrado como Andrés Vigiani. Este hombre “siempre estaba en los grupos” de Cobos, quien sospechaba que era un vigilante, “ya que la dicente venía sufriendo vigilancia y persecuciones desde el año 1976”. Vigiani, que andaba en un Dodge 1500 amarillo, siempre la invitaba a traerla al centro. En octubre Vigiani dejó de ir a clases. Tareas Cobos volvió a ver a Skaf en el Centro Cívico de Grand Bourg. Un abogado que la acompañaba le dijo “que ese sujeto se llamaba Jorge Skaf”,que había estudiado en la escuela de policía Juan Ramón Falcón y había “realizado `tareas` con otro oficial (...) llamado Alfredo Castillo o Alfredo Carrizo”. La testigo añadió que cuando supo que Skaf estaba en la Secretaría de Seguridad, durante la gestión del ex gobernador Juan Carlos Romero, “no le llamó la atención ya que Romero tenía designado, y encubierto, a personal represor, tal como (Sergio) Nazario”.Skaf niega haber participado de la represión, afirma que entre 1977 y 1980 estuvo en Capital Federal y que recién en 1983 comenzó la carrera de abogacía en la Católica. En su legajo consta que se desempeñó “como parte del personal superior” de la Federal entre 1977 y 1980. En mayo de 1982 ingresó a la Policía de la provincia. En 1979 cumplió funciones en la Comisaría 4º y en 1980, en la 17º, ambas de Capital Federal. Pero un certificado emitido en mayo de 1978 por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, muestra que al menos en abril y mayo de ese año estuvo en esta provincia.
Regional Mar del Plata, en la Red Nacional Hijos
La Agrupación H.i.j.o.s. regional Mar del Plata ha conformado una Comisión de trabajo llamada "A 32 Años", con el objetivo de trabajar en la organización de actividades en el marco de la próxima conmemoración del golpe de estado del 24 de Marzo de 1976, donde se cumplirán 32 años de aquella Dictadura impuesta en nuestro país.
Dicha comisión durante los días 23 y 24 de Marzo, desarrollará actividades culturales y sociales relacionadas a la fecha, a la memoria de los desaparecidos, el homenaje a las víctimas del terrorismo de estado, la reinvidicación de la lucha revolucionaria de nuestro Pueblo, la exigencia de Justicia definitiva para las violaciones de derechos humanos de ayer y de hoy, y la Aparición con vida de nuestro compañero Julio Lopéz. En la conocida intersección de las calles Mitre y Av Luro dichas actividades serán realizadas por la agrupación H.i.j.o.s e Instituciones amigas que coordinarán acciones. Para luego sumarse al Acto central y la Marcha del día 24, a las 19 hs en el mismo lugar.
Nuestra agrupación ha avanzado sobre gestiones de permisos ante el ente Municipal y solicitud de infraestructura que aportará como todos los años la Secretaría de Cultura del mismo.
Así mismo en particular interés ponemos en conocimiento e invitamos a colaborar, con la ampliación de nuestra conocida muestra texto-grafica de las organizaciones del 70, con la confección de un nuevo panel dedicado a un hecho transcendental de esa época como fue la conformación del Frente Antiimperialista por el Socialismo F.A.S. por distintas organizaciones políticas y sociales, cuya experiencia fue unos de los intentos de mayor unidad del campo popular argentino en esos tiempos.
Por esto invitamos a todos aquellos que quieran participar de la Comisión ya que ésta será abierta a toda la Comunidad interesada, funcionando la misma todos los lunes a las 20 hs en la Casita de la Comisión de la Memoria sita en la calle Santa Fé 2946.
Esperándolos a todos saludamos atte.
Por la Comisión "a 32 años":
Mariano Zurita, María de Labra Collado, Esteban Pecoraro, Roxana Annessi, Virginia Casales, Héctor Garnica.
APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ YA ¡!!
NI OLVIDO NI PERDÓN
JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES CIVILES Y MILITARES.
SOMOS TODOS HIJOS DE UNA MISMA HISTORIA
REIVINDIQUEMOS LA LUCHA DE NUESTROS PADRES
HIJOS MDP Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Regional Mar del Plata, en la Red Nacional Hijos
Direcciones:
hijosmardelplata@yahoo.com.ar
hijosmardelplata@tutopia.com
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hijos_mardelplata@hotmail.com
Te: 154387680 – 155068115– 155379984 – 155372059
Córdoba:
hijoscordobaenlarednacional-info@yahoo.com.ar
Resumen de noticias


Título: Masacre de Trelew: a los guerrilleros les dispararon un "tiro de gracia"
Medio: Clarín
Link: http://www.clarin.com/diario/2008/02/22/elpais/p-00801.htm

Nota: Los 19 guerrilleros detenidos en la Base Almirante Zar empezaron a cantar el Himno Nacional antes de ser fusilados por cuatro oficiales de la Armada, según la declaración del ex cabo Carlos Marandino. "Cuando empezaron a cantar el himno, Sosa los insultó pidiéndoles que se callaran. Y después se escuchó la primera ráfaga de ametralladoras", contó Marandino al juez Hugo Sastre en su declaración.


Título: La otra muerte que causó Trelew
Medio: Clarín
Link: http://www.clarin.com/diario/2008/02/22/elpais/p-00903.htm

Nota: Hay una víctima que no se cuenta entre las de Trelew, pero su desaparición y, presumiblemente, su asesinato en 1977, está ligado por el azar a aquella matanza.

Título: Aguer duro contra la ley de Educación
Medio: Diario Hoy
Link: http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268558354/pael/Aguer-duro-contra-la-ley-de-Educaci%F3n/

Nota: El monseñor de La Plata, Héctor Aguer, plasmó su preocupación por el contenido ideológico de la materia Construcción de la ciudadanía que fue incluida en los programas de estudios del primer año de la enseñanza secundaria (ex séptimo año de la EGB), en la provincia de Buenos Aires.

Título: Marcha por obreros de la textil Mafissa
Medio: Diario Hoy

Link: http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268558352/pael/Marcha-por-obreros-de-la-textil-Mafissa/

Nota: La medida se llevó a cabo para alertar sobre el peligro de una posible represión a sus familiares, que vienen luchando en defensa de sus puestos de trabajo.
Los familiares de los obreros reclamaron una urgente solución al conflicto, la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos y el cese del lock out (paro patronal).

Título: No irán presos los acusados de facilitar la salida de Fanchiotti
Medio: Diario Hoy
Link: http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268558358/pael/No-ir%E1n-presos-los-acusados-de-facilitar-la-salida-de-Fanchiotti/

Nota: Los jefes penitenciarios de la Unidad 25 acusados de facilitar la salida sin autorización judicial del ex comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti no irán presos.
Así lo aseguraron ayer a Trama Urbana fuentes judiciales, al explicar que lo máximo que podría imputárseles es "incumplimiento de los deberes de funcionario público y tentativa de facilitación de evasión", delitos ambos excarcelables.

Título: IDENTIFICAN A NN COMO MILITANTE DE PCR DESAPARECIDO EN 1976
Medio: Agencia DIB
Nota: LA PLATA, feb 21 (DIB).- Los restos NN de un hombre joven que estaban enterrados en el cementerio de Merlo desde la última dictadura militar, fueron identificados como pertenecientes a un militante del PCR secuestrado y asesinado en 1976.
Se trata de César "Gody" Alvarez, quien fuera secuestrado en Capital Federal el 23 de abril de ese año y apareciera asesinado en el Río Reconquista, el 5 de mayo de 1976.
Los restos fueron identificados mediante un trabajo de investigación de la Secretaría Derechos Humanos bonaerense, que cruzó datos de diferentes documentos, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó el peritaje a los restos óseos.
Según se informó, tras ser hallado asesinado, Alvarez fue inhumado como NN el 14 de mayo de ese año en el cementerio de Santa Mónica, en Merlo, con signos de haber sufrido torturas y quemaduras, le faltaban las manos y presentaba heridas de arma de
fuego en el cráneo.
La Secretaría informó mediante un comunicado que la identificación se produjo en el marco de la causa penal iniciada a partir de la denuncia de empleados de esa necrópolis, realizada en 2004 ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número
2 de Morón. (DIB)

Título: CASO FANCHIOTTI. LA JUSTICIA PENAL COMENZO INTERROGATORIOS Y PERITAJES
Medio: Agencia DIB
Nota: LA PLATA, feb 21 (DIB).- La fiscalía que que investiga la salida sin autorización de la cárcel del ex comisario Alfredo Fanchiotti, comenzó hoy a interrogar a los penitenciarios que estuvieron de turno el 30 de enero pasado y ordenó un peritaje
sobre el libro de guardia para determinar si existieron otras irregularidades.
Fanchiotti está condenado por los asesinatos de Dario Santillán y Maximiliano Kosteki, que sucedieron en el medio de una brutal represión de las fuerzas de seguridad en junio del 2002 en el gobierno de Eduardo Duhalde.
Voceros de la fiscalía de Marcelo Martini consignaron hoy que en las últimas horas se tomó declaración a entre siete y ocho integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), para determinar responsabilidades por la salida sin autorización del ex
comisario.
Asimismo, informaron que en el marco de la investigación penal se recibieron los libros de guardia del penal, en los que constan los ingresos y egresos de los presos, así como también la historia clínica del ex comisario.
"En el libro de guardias del penal están anotadas otras dos salidas del penal de Fanchiotti por motivos médicas, ambas con autorización del Tribunal Oral de Lomas de Zamora", confirmó hoy el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal.
Casal, que ayer ordenó la intervención de la unidad 25 de Olmos, instruyó hoy al director de Sanidad Peniteniciaria para que realice una auditoría clínica sobre el estado de salud de Fanchiotti. (DIB)

Título: "Los fusiladores estaban ahí"
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99410-2008-02-22.html
Nota: El cabo Carlos Amadeo Marandino declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en el '72 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de los presos. Dijo que en octubre de 2007, los capitanes Vázquez y Poggi lo citaron al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.
En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del "intento de fuga" en la base aeronaval Almirante Zar.

Subnotas
• El cuento para encubrir
Título: "Sos una desagradecida; si no fuera por mí, terminabas en un zanjón"
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99411-2008-02-22.html
Nota: María Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos, declaró ayer cara a cara frente a su apropiador Osvaldo Arturo Rivas, a quien acusó por haberle robado su identidad. Detalló cómo le mintieron.
Durante dos horas y bajo la mirada de su apropiador, María Eugenia Sampallo Barragán le contó ayer a un tribunal oral cómo fueron los años de su infancia y adolescencia, en los que vivió con otro nombre, sin saber que era hija de desaparecidos.

Subnotas
• Inquietudes de abogado
Título: Finalmente patéticos
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99412-2008-02-22.html
Nota: Por Luis Bruschtein
Fusilar y que todo el mundo sepa que fue un fusilamiento, pero negarlo y decir, jurar y perjurar que fue un intento de fuga, tiene una carga igual a la de los desaparecidos. Se los secuestra y desaparece y que todo el mundo lo sepa, pero se lo niega. No hay reglas de juego, yo soy el amo, el que tiene poder y no necesita justificarlo ante nadie. Decido sobre la vida y la muerte y no tengo que rendir cuentas. Y que todo el mundo lo sepa. Que la sociedad lo sepa y lo incorpore en el lugar más recóndito de sus miedos. Sobre todo, el miedo como algo presente pero negado, espectral, amenazante. Eso fue la dictadura. Y eso comenzó a despuntar con los fusilamientos de Trelew y luego con los desaparecidos.

Título: Desfile de penitenciarios por los paseos del ex comisario Fanchiotti
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99383-2008-02-22.html
Nota: Los agentes de turno, cuando el condenado por el crimen de Kosteki y Santillán salió de prisión, declararon ayer como testigos. La fiscalía confirmó que Fanchiotti no tenía autorización judicial.
Media docena de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comenzó a desfilar por la fiscalía federal de Marcelo Martini, que investiga la salida de Alfredo Fanchiotti sin autorización judicial de la Unidad 25 de Olmos. Son los que estuvieron de turno el 30 de enero, cuando el ex comisario condenado a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán salió por seis horas de ese particular penal evangélico.

Subnotas
• Pedido de represores
Título: CASACION
Medio: Página 12

Nota: La Cámara Nacional de Casación Penal denunció a uno de sus secretarios, Daniel Enrique Madrid, a causa de una irregularidad cometida en el trámite de una causa iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo. El 26 de diciembre del año pasado los abogados de la institución recibieron un fallo de la Sala IV de ese tribunal, en el que se hacía referencia a una resolución que supuestamente se había emitido una semana antes. Esas decisiones avalaban la libertad del represor Victori Rei, acusado por la apropiación de un menor durante la última dictadura. Pero el fallo al que hacía referencia el escrito y en el que se basaba para llegar a una conclusión, que se suponía fechado el 19 de diciembre, no había sido emitido. La resolución llevaba la firma de los jueces Gustavo Hornos, Ana Durañona y Vedia y del secretario Daniel Enrique Madrid. Cuando el abogado Luciano Hazan concurrió al tribunal para interiorizarse del tema, Madrid le dijo que se había tratado de un "error" y que no había ninguna resolución relacionada con Rei hasta febrero de este año. Abuelas resolvió recusar a Hornos, Durañona y Vedia y Madrid. Luego, otra sala del tribunal que intervino en el caso hizo la denuncia penal, que quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.


Título: Murió el militante apuñalado
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99384-2008-02-22.html

Nota: Por Elio Brat
Desde Neuquén
Uno de los dos militantes acuchillados en un local del MST en Neuquén capital murió ayer en el mismo hospital donde falleció hace casi un año el maestro neuquino Carlos Fuentealba. El deceso de Lázaro Duarte, de 81 años, fue a causa de las nueve puñaladas que le aplicaron en la madrugada del 18 de enero pasado. Al menos tres personas estarían involucradas en el crimen, aunque no han podido ser ubicadas por la Justicia. Apenas conocida la noticia y, tal como denunciaron cuando sucedió el hecho, la dirigencia del MST –la nacional y la neuquina– acusó públicamente como responsable a "una patota del Movimiento Popular Neuquino" (MPN), el partido en el poder provincial hace más de cuarenta y siete años.
Título: Una lista de las preventivas
Medio: Página 12
Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-99402-2008-02-22.html

Nota: La implementación de un registro de detenidos que están con prisión preventiva desde hace más de dos años permitió saber que hoy son 408 las personas que están en esa situación, sobre un total de 5100, dentro de la Justicia nacional y federal. Ahora, el Consejo de la Magistratura va por más: propuso que los jueces notifiquen cada detención con prisión preventiva, de manera de completar ese registro con todas las personas detenidas bajo proceso judicial, de manera de "mantener un mayor control de las privaciones de la libertad", explicó a Página/12 la diputada Diana Conti, integrante del Consejo.

Título: Polémica por una sentencia de la Cámara de Casación
Medio: La Nación
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=989506

Nota: Denunciaron que desapareció un fallo
Dos jueces federales investigan a una sala de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, por un extraño episodio con una sentencia.
Una de las denuncias fue presentada por las Abuelas de Plaza de Mayo; la otra, por el defensor del gendarme retirado Víctor Rei.
Las dos partes alertaron que los camaristas Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia habían confirmado la liberación de Rei basados en otra sentencia, de ellos mismos, que no existe.

Título: Conmovedor relato de una nieta recuperada
Medio: La Nación
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=989507

Nota: Sampallo Barragán habló en el juicio a sus apropiadores
Ayer, antes de declarar, a María Eugenia Sampallo Barragán le preguntaron su fecha y su lugar de nacimiento. "No sé", contestó ella, y puso en evidencia las dudas que todavía tiene sobre su nacimiento.
Así, durante más de dos horas, ayer declaró la primera hija de desaparecidos que querelló a sus apropiadores, en los tribunales de Comodoro Py. Habló de su traumática infancia y de las distintas versiones que le dieron sobre su origen.

Título: Masacre de Trelew: habrá más detenidos

Medio: La Nación
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=989510

Nota: Lo dijo el juez que investiga la causa
RAWSON.- El juez federal de esta ciudad, Hugo Sastre, anticipó que avanzará en los próximos días con nuevos pedidos de detención en la causa abierta que investiga la denominada Masacre de Trelew, ocurrida en la madrugada del 22 de agosto de 1972 y en la que murieron los 16 militantes de organizaciones de izquierda que permanecían detenidos en la base Almirante Zar.
Además, Sastre citó al ex capitán José Batista, un abogado que instruyó el sumario administrativo en Bahía Blanca en 1972, cuando ocurrió la matanza, para que prestara declaración ante el juzgado .

Título: Declararon 7 agentes que custodiaban a Fanchiotti
Medio: La Nación
Link: http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/politica/nota.asp?nota_id=989508

Nota: El ex comisario fue llevado a otra cárcel
LA PLATA.- Siete agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense prestaron ayer declaración ante la Justicia local, a raíz de la causa abierta por la salida sin autorización del ex comisario Alfredo Fanchiotti de la Unidad Penal N° 25 de Olmos.
En tanto, como medida preventiva, Fanchiotti fue derivado ayer a otra cárcel, la Unidad 42 de Florencio Varela que tiene un sector de máxima seguridad para los reclusos.

Título: Murió un militante de izquierda en Neuquén
Medio: La Nación
Nota: TRAS UNA AGRESION
Falleció ayer Lázaro Duarte, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que fue apuñalado el 18 de enero, cuando un grupo desconocido irrumpió en un local partidario en Neuquén. Duarte, de 81 años, fue herido durante el incidente al igual que otro adherente al MST. Las autoridades de ese partido acusaron al ex gobernador Jorge Sobisch por el ataque.

Título: La tremenda historia de la chica que enjuicia a sus apropiadores
Medio: Infobae
Link: http://www.infobae.com/contenidos/365544-100900-0-La-tremenda-historia-la-chica-que-enjuicia-sus-apropiadores

Nota:María Eugenia Sampallo-Barragán declaró en el juicio que le entabló a quienes le robaron la identidad. Contó que los que actuaron como "padres" la trataron en forma "espantosa" y que la acusaban de ser una "desagradecida"
María Eugenia Sampallo-Barragán es la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo que llega a los Tribunales, en carácter de querellante contra las personas que actuaron como sus "padres", pero que eran en realidad apropiadores.
Llegó al Tribunal Oral la causa contra Bussi
El juez Bejas había dispuesto la elevación a juicio en diciembre. Se trata de la investigación por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
Ayer, al me­dio­día, in­gre­só al Tri­bu­nal Oral en lo Cri­mi­nal Fe­de­ral el ex­pe­dien­te en el que, por pri­me­ra vez, se dis­pu­so la ele­va­ción a jui­cio con­tra el ex go­ber­na­dor An­to­nio Bus­si y con­tra Lu­cia­no Ben­ja­mín Me­nén­dez (ex ti­tu­lar del III Cuer­po de Ejér­ci­to con asien­to en Cór­do­ba) en una cau­sa por vio­la­cio­nes a los de­re­chos hu­ma­nos du­ran­te la dic­ta­du­ra mi­li­tar. El ex­pe­dien­te lle­gó lue­go de que Da­niel Be­jas, a car­go del Juz­ga­do Fe­de­ral Nº 1, re­cha­zó el re­cur­so que ha­bía de­du­ci­do la de­fen­sa de am­bos mi­li­ta­res re­ti­ra­dos (el abo­ga­do es Ho­ra­cio Co­ne­sa Mo­nes Ruiz) con­tra la sen­ten­cia de fines de di­ciem­bre, por la que decidió que co­rres­pon­día ce­rrar la eta­pa de ins­truc­ción y so­me­ter a Bus­si y a Me­nén­dez a un jui­cio oral. Se tra­ta de la cau­sa re­la­cio­na­da con el se­cues­tro y la de­sa­pa­ri­ción del ex se­na­dor jus­ti­cia­lis­ta Gui­ller­mo Var­gas Aig­nas­se, ocu­rri­da en mar­zo de 1976. Be­jas con­clu­yó que es­ta­ba acre­di­ta­do, con se­mi­ple­na prue­ba, que los mi­li­ta­res re­ti­ra­dos ha­bían co­me­ti­do -en­tre otros- los de­li­tos de vio­la­ción de do­mi­ci­lio, apli­ca­ción de tor­men­tos rei­te­ra­dos y ho­mi­ci­dio ca­li­fi­ca­do. Ade­más, sos­tu­vo que ta­les he­chos que­da­rían com­pren­di­dos en las fi­gu­ras in­ter­na­cio­na­les de los de­li­tos de le­sa hu­ma­ni­dad y ge­no­ci­dio. Próximos pasos Aho­ra, el tri­bu­nal que pre­si­de Car­los En­ri­que Ji­mé­nez Mon­ti­lla, en pri­mer lu­gar, tendrá que re­vi­sar si fue­ron cum­pli­dos de­bi­da­men­te to­dos los ac­tos pro­ce­sa­les de la eta­pa de ins­truc­ción (de­cla­ra­ción in­da­ga­to­ria, pro­ce­sa­mien­to, re­que­ri­mien­to fis­cal, au­to de ele­va­ción a jui­cio, et­cé­te­ra). En el ca­so de que no ha­ya nin­gu­na cues­tión esen­cial que de­ba sub­sa­nar­se (léa­se de­vol­ver la cau­sa a Be­jas, el juez ins­truc­tor), el pre­si­den­te del tri­bu­nal emi­ti­rá un de­cre­to de ci­ta­ción a jui­cio, por diez días, pa­ra que las par­tes ofrez­can prue­bas (pro­duz­can las que no sean tes­ti­mo­nia­les), efec­túan las re­cu­sa­cio­nes que con­si­de­ra­ran pro­ce­den­tes y con­tro­len los ele­men­tos se­cues­tra­dos. Fi­nal­men­te, se fi­ja­rá la fe­cha pa­ra la ce­le­bra­ción de las au­dien­cias de de­ba­te, el co­ro­la­rio de to­da es­ta eta­pa que, en el ca­so de Bus­si y en ma­te­ria de de­re­chos hu­ma­nos, no tie­ne pre­ce­den­tes en Tu­cu­mán.Fuen­tes ju­di­cia­les con­sul­ta­das por LA GA­CE­TA estiman que las au­dien­cias -se­rán his­tó­ri­cas en ca­so de ce­le­brar­se- po­drían de­sa­rro­llar­se den­tro de tres me­ses. Al tribunal también lo integran los vocales Gabriel Eduardo Casas y Alicia Noli (es subrogante).
URUGUAY-DDHH/ ABOGADO NIETA DE GELMAN NO DESCARTA INDULTOS A CAMBIO DE RESTOS Montevideo, 21 de febrero (Télam).- El abogado de la nieta del poeta argentino Juan Gelman opinó que no debería descartarse un eventual indulto a los militares uruguayos encarcelados si éstos revelan dónde se encuentran los restos de los más de 200 desaparecidos durante la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985. "No habría que descartar la posibilidad de pensar en un indulto en la medida que los militares privados de su libertad dijeran la ubicación exacta de las más 200 personas desaparecida en Uruguay", declaró a la agencia de noticias ANSA José Luis González. El abogado señaló que la semana próxima pedirá la reapertura de la causa por el crimen de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. González acudirá ante la justicia acompañado por Macarena Gelman, hija recuperada de García y Marcelo Gelman, secuestrados en Argentina en 1976. El hijo del escritor argentino fue asesinado poco después y su esposa, de 19 años y embarazada, trasladada a Montevideo, donde fue ultimada tras dar a luz a Macarena, quien entonces fue entregada a la familia de un policía uruguayo. La causa por el crimen de Maria Claudia fue archivada en 2005 por entender que está contemplado dentro de la "ley de caducidad", aprobada en 1986, que suspendió los juicios contra militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. González aclaró hoy que su idea es una "reflexión" en busca de resolver "un conflicto histórico que lleva más de 22 años". "Todos los militares presos son septuagenarios y van a pasar a prisión domiciliaria" además de que pudieran enfermarse o morir y "nos vamos a quedar sin la información" por lo que hay que buscar "una alternativa", precisó a ANSA. El letrado explicó que entre los familiares de desaparecidos hay "una diversidad de situaciones" pero, dijo, "me consta que hay parientes que lo que pretenden es saber qué pasó con los restos de sus seres queridos y no le importa más nada". "No hay que descartar la posibilidad de trabajar de cara a un indulto en la medida que se logre la ubicación del cien por ciento de los desaparecidos", ya que entre los militares detenidos "sabemos que hay una suerte de pacto de silencio", insistió González. Actualmente 13 ex represores -10 procesados y 3 requeridos en extradición- están detenidos por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez, José Gavazzo, Jorge Silveira y Ricardo Medina.(Télam

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Puntos no tan claros del ministro LópezSan Luis (Pelr) 21-02-08. Luego del entrecruce de posiciones entre la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el ministro de Seguridad Guillermo López, por la participación de éste en el Operativo Independencia, en Tucumán en 1975 y luego en Mar del Plata, López en sus explicaciones dejó dos puntos pocos claros.El primero de ellos, fue cuando señaló que "sólo hacíamos tareas de patrullaje. No tuvimos enfrentamientos armados", para a renglón seguido acotar, que en la oportunidad "perdí un suboficial y dos soldados".Y la pregunta que surge infaltable, es ¿Cómo pudo el entonces, Subteniente López perder tres hombres, si nunca participó de enfrentamientos armados?Luego señaló que estuvo casi un año en Tucumán, y según quienes escriben sobre lo ocurrido en ese momento afirman que toda la tropa, incluido oficiales eran removidos, a lo sumo, cada tres meses.Si la tropa se renovaba cada tres meses, ¿Por qué el Subteniente López estuvo casi un año?Puntos pocos claros que sólo López puede aclarar, más allá de que se enfrente al famoso dicho que señala que "cuanto más se aclara, más oscurece".
Si la ves a mamá decile que la quiero mucho
La octava jornada del debate oral de la "Causa RI9
" se inició con el testimonio de un matrimonio. Primero la esposa, quien involucró directamente al oficial chaqueño de apellido Hornos del Ejército, a De Marchi, a través de lo que le manifestaron sus familiares mucho tiempo después, en el sentido de que era el que encabezaba el allanamiento efectuado en su vivienda, al gendarme Infrán (a) "el Loco" quien no está imputado en la Causa RI9 al igual que Hornos, y a Reynoso, de quien refiere que entraba de civil cuando a ella la trasladaron a la Gendarmería y a cualquier horario, y que, a diferencia de los demás gendarmes que hablaban con los prisioneros y no tenían malos tratos con los detenidos, Reynoso no les dirigía la palabra y tenía siempre un gesto despectivo con ellos. Nunca lo vio además hacer guardia, lo que sugiere su pertenencia a Inteligencia (los que colaboraban con el Ejército).Cuando le preguntan si había en el RI9 personal femenino de alguna fuerza de seguridad, señala que no, coincidiendo con la testigo de la primer jornada.Los nombra además a Pietronave y a Nicolaides, y al Comandante Arrúa de Gendarmería, aunque respecto de éste último le adjudica un trato correcto, de tal manera que sería luego quien gestione la posibilidad de casarlos, a ella y Jorge su actual esposo, en ese momento detenido en la Alcaidía. El casamiento se realizó luego en el único lugar "digno" que podía realizarse en tales circunstancias, la capilla del RI9. Trajeron a Jorge en medio de un exagerado operativo de seguridad, esposado y rodeado de gendarmes y luego de finalizada la "ceremonia" se lo llevaron de igual manera, humillándolo innecesariamente. Abogada, de modos correctos y denotando educación, no dudó en calificar de vejamen el trato recibido al momento de su detención en la alcaidía. Sabe que la picana eléctrica no es el único método de tortura y que el hecho de no haberla padecido como otros prisioneros, no significa que no haya sufrido torturas y vejámenes físicos y psíquicos. No hay confusiones semánticas ni duda alguna en Martha.
El turno de Jorge
Rómulo Artieda
Con menos capacidad de síntesis y un enorme esfuerzo para escuchar (la tortura le dejó secuelas permanentes en la audición), Jorge narró su historia por el espacio de tres largas horas. Profesor universitario de historia, Master en Comunicación y Técnico en Comunicación Social entre otros títulos, también señaló inequívocamente a De Marchi como el jefe del operativo de allanamiento en la casa de su novia, quien es hoy su esposa, cuándo ésta no estaba y el sí, junto a una tía de ella y una chica que cuidaba la casa y hacía los quehaceres.Entraron numeroso personal de civil, comandados por De Marchi, otros con uniforme del Ejército y de la Policía y el Alférez Reynoso. Revisaron la casa céntrica de calle San Juan, en busca de un dinero que según ellos sería de "Montoneros". Lo trasladan a la Jefatura de Policía donde lo golpean ferozmente para que les diga que sabía él sobre el dinero de "Montoneros" que había en la casa de su novia y que fue hallado en el cuarto de la dueña de casa.El desconocía de la existencia del dinero, que en rigor de verdad se trataba de dinero legítimo que los padres le Martha le dieron para que compre Fondos de Inversión, tal cual lo comprueban más adelante, de tal manera que mucho tiempo después se lo devuelven a sus padres.Jorge creía que la acreditación del origen del dinero conllevaría a su inmediata liberación, lo que no solo no sucedió, sino que allí se iniciaría recién un largo derrotero que incluyó tres destinos: Alcaidía, Ejército y Gendarmería, siendo los dos primeros los lugares donde el horror sufrido fue mayor, sobre todo en el RI9.En la Alcaidía vio al Padre Diego Orlandini de la diócesis de Goya, un hombre "muy contenedor y con un concepto del cristianismo que yo compartía" dijo. Vio también a otros detenidos, entre los que estaba "Tatín", un hombre muy torturado con heridas sangrantes, tal cual lo describiera Arnaldo, un testigo de anteriores jornadas.A Jorge lo detuvieron tres veces, y fue golpeado en el RI9 por el propio De Marchi, por un Sargento Cárdenas, vejado además en forma aberrante y por cuanto oficial o suboficial pasara por su lado todos los días de su detención en ese lugar, excepto uno que configuró una asombrosa excepción.En su segundo traslado al RI9 lo ve a Rómulo Artieda. Flaco, con una remera o polera blanca, un pulóver negro y un pantalón bordó de corderoy, como se usaba en esa época. Rómulo le dijo: vos sos Trainer? Yo soy Rómulo Artieda. No te hagas torturar inútilmente Jorge, ustedes van a salir...yo estoy tratando de que me pasen a la U7, pero no sé. Si la ves a mi mamá, decile que la quiero mucho. Eso fue lo último que se supo de Rómulo, ya que días después en proximidad al desfile del 9 de julio, no se lo vio mas. Cuatro cuerpos aparecieron flotando en las aguas del Paraná, uno de ellos un 8 de julio del 77, y fueron enterrados como NN en el cementerio de Empedrado, uno de ellos justamente fue identificado en agosto de 2007 de la única manera que la ciencia puede hacerlo indubitablemente: por medio del análisis del ADN. Se trataba precisamente de Rómulo, que "había vuelto" para contar su historia, no sin antes, burlando a sus verdugos, despedirse de la persona que más lo buscó hasta que sus fuerzas desfallecieron; su mamá, Nidia Esther Galarza de Artieda, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, organismo que hoy querella a sus victimarios.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar).
IDENTIFICARON LOS RESTOS DE UN MILITANTE DEL PCR.

La Plata, jueves 21 de febrero de 2008 (Prensa SDH).- Tras un trabajo de investigación realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, se ha logrado identificar a quien fuera en vida Cesar Gody Álvarez, militante del Partido Comunista Revoucionario.

La identificación se produce en el marco de la causa penal iniciada a partir de la denuncia de empleados del Cementerio Santa Mónica, en el año 2004, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad de Morón.

Álvarez fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en Capital Federal y su cuerpo apareció el 5 de mayo en el Río Reconquista a la altura del partido de Merlo y fue inhumado como NN el 14 de mayo en el cementerio de Santa Mónica. El cuerpo tenía signos de haber sufrido torturas, quemaduras, presentaba heridas de armas de fuego en el cráneo y le faltaban las manos.

La identificación se produce tras el cruce de la información que figuraba en los libros del cementerio con la obrante en manos de la policía y de la justicia de ese momento.

Memoria
La Cámara rechaza planteo del Juez Hooft y sortean a Porrúa como miembro del Jury
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con los votos de los Dres. Ferro y Tazza, confirmó el Lunes pasado la resolución de primera instancia dictada por el Dr. Alejandro Castellanos, por medio de la cual se rechazaba el planteo de excepción de cosa juzgada formulado por el Juez Pedro Federico Hooft imputado por más de 148 delitos de lesa humanidad. De esta manera avanza la causa penal contra el magistrado que además deberá pasar por un Jurado de Enjuiciamiento. Por otra parte la misma Cámara se refiere también a otros agravios planteados por Hooft quien sostiene que tratándose de un Juez que goza del privilegio constitucional de inmunidad, sólo podría ser destituido y sometido a proceso penal ordinario luego de ser juzgado por un jurad ad hoc, pero siendo que los hechos que se investigan en autos ya han sido motivo de pronunciamiento por un organismo con tales características, aparecería siempre la excepción de cosa juzgada impidiendo toda posibilidad de nuevo juzgamiento con relación al fuero. En síntesis el Jury no pretende juzgar al magistrado por los delitos que se le imputan si no si se le debe separar o no de su cargo o destituirlo. JURADO COMPLETO Luego de un año de la presentación del Jury contra el Juez Pedro Federico Hooft, el 29 de noviembre de 2007 se reunió en la ciudad de La Plata el Jurado de Enjuiciamiento, integrado por los conjueces abogados Dr. Héctor Ricardo Martín, Dr. Atilio Ricardo Rosello, Dr. José Miguel Nemiña, Dr. Eduardo Gustavo Lopez Wesselholfft y Dr. José Luis Nuñez y los conjueces legisladores Dr. Amalvi , Dr. Bonicato , Dra. Hebe Marucco , Dr. Pablo Bruera y el Dr. Diego Oscar Rodrigo. En ese momento se resolvió declarar la jurisdicción y la competencia del tribunal para entender en las causas. Sin embargo tras aceptar la acumulación de las causas anteriores presentadas por el Secretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde y por representantes de Derechos Humanos, el Jurado pidió que sobre las nuevas acusaciones, se considere en forma previa expedirse sobre su verosimilitud. Es por ello que se solicitó levantar una información sumaria.Es decir que el jurado abrió el Jury, pero pidió una síntesis informativa de las nuevas causas adheridas con un estudio de todas las causas vinculadas y documental agregada. Pero, tres de los integrantes (Marucco, Amalvy y Bruera ) dejaron su mandato el 10 de diciembre de 2007 como legisladores. Ante esto, en las últimas horas se sortearon esos tres lugares y serán ocupados por los legisladores Jesús Porrúa, Alfredo Sivero y Agustín Delgado . En el Jury las acusaciones superan los 210 delitos y 100 faltas funcionales. Las calificaciones legales incluyen desde "asociación ilícita agravada, violación a los deberes de funcionario público, denegación de justicia a participe necesario en privaciones ilegales de la libertad reiteradas, participe necesario en desapariciones forzadas reiteradas, autor de abuso de autoridad reiterado, participe de torturas seguidas de muerte, prevaricatos reiterados, autor de ocultamiento de prueba, participe en supresión de identidad, autor de destrucción de objetos destinados a servir como prueba en forma reiterada entre otros". La Comisión Provincial por la Memoria solicitó la suspensión del Juez Hooft en el ejercicio de sus funciones. Los argumentos de esta solicitud estuvieron basados en las denuncias contra el Magistrado por la comisión de delitos de lesa humanidad, algunos de los cuales fueron relacionados con la desaparición de un grupo de abogados del 6 al 13 de julio de 1977, en lo que se conoció como La Noche de las Corbatas. Esa Comisión consideró "absolutamente necesario" que se suspenda en el ejercicio de sus funciones al Juez Hooft y, además, que se "profundicen" las investigaciones de los hechos denunciados. Por último, se sostuvo que "no es posible concebir en un cargo público a quienes habrían legitimado y participado activamente del terrorismo de Estado. Estos hechos no sólo no pertenecen al pasado, sino que son presente, y futuro".
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AUTOR / FUENTE: www.0223.com.ar


miércoles, 20 de febrero de 2008


Miércoles, 20 de Febrero de 2008
Marandino fue detenido al llegar a Ezeiza y a Bravo lo buscan en EE.UU.
Por la masacre de Trelew, la Justicia se apresta a tomarle declaración al ex cabo Carlos Marandino, que se entregó en Estados Unidos. En base a la investigación de Página/12, la Justicia dictó la orden de captura internacional para Roberto Bravo.

El ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer apenas llegó a Ezeiza.
Por Diego Martínez
Mientras el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer en Ezeiza, al llegar desde los Estados Unidos, el juez federal Hugo Sastre libró el pedido de captura internacional a Interpol contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, principal acusado por la masacre de Trelew. La Justicia adjuntó a la orden de detención la investigación exclusiva publicada ayer por Página/12, que estableció que Bravo es dueño y presidente de RGB Group Inc., firma con sede en Miami que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas.

Marandino llegó a Ezeiza a las 9.55 y fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladó al aeroparque Jorge Newbery. Allí lo recibió la policía de Chubut, que lo transportó en el avión del gobernador Mario Das Neves hasta Rawson. Arribó a las 14.45. Según el diálogo que mantuvo con los agentes que lo detuvieron, días después de la masacre fue trasladado a la base naval de Puerto Belgrano y poco después –igual que el capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo– se radicó en los Estados Unidos. En 1975 se habría retirado de la Armada. Recién treinta años después, en 2005, Marandino regresó de los Estados Unidos, donde nacieron sus tres hijas y está radicada parte de su familia. “Parece ido, da la sensación de que está en otro mundo”, confió una fuente de la Justicia que tuvo contacto con el marino. Un abogado porteño se comunicó incluso con el juzgado para pedir la eximición de prisión, pese a que ya estaba detenido. Marandino será indagado hoy.

El juzgado de Sastre también ordenó ayer la captura del teniente Bravo, prófugo de la Justicia desde hace once días. Tal como informó Página/12 ayer, Bravo es dueño de RGB Group Inc., con sede en Miami. Bravo fue señalado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando aún no habían librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, ésa es la dirección que figura en el registro de retirados de la Armada Argentina. La inmobiliaria que ofrece el inmueble, construido en 1977, informa que la valuación original era de 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– redujeron el precio a 167.900 dólares. Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en su empresa, aunque el empresario aún estaba allí: un empleado informó que “entra y sale todo el tiempo”. Bravo es ciudadano norteamericano y está casado con una norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local.

De los cinco marinos que el juez ordenó detener el viernes 8, sólo Bravo permanece prófugo. El primer indagado fue el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar en 1972, quien aseguró no haber escuchado los disparos producidos a 200 metros de su habitación y se limitó a repetir la versión oficial publicitada por la Armada hace 35 años. Un día después el capitán Sosa declaró que intentó dar “una perorata” para poner orden entre los presos, cuando recibió “una toma de karate” que lo dejó “conmocionado”. Intentó incorporarse pero “ya habían empezado a tirar las pistolas ametralladoras”. Divisó “cuatro bocas de fuego” e identificó a tres fusiladores: el teniente Bravo, al cabo Marandino y el teniente Emilio Del Real. Ante las preguntas del juez Sastre aseguró que “no di ni orden de abrir fuego ni de parar el fuego”. Un día después se negó a declarar el capitán de fragata retirado Del Real. Si bien su abogado Fabián Gabalachis había adelantado que “el espíritu es de colaboración”, el testimonio de Sosa el jueves modificó su estrategia de defensa.

Mientras Marandino quedó alojado en la comisaría 4ª de Rawson, el capitán Sosa permanece detenido en la comisaría de Playa Unión, y los capitanes Paccagnini y Del Real en la alcaidía de Trelew. Sosa y Paccagnini fueron revisados en los últimos días por un médico oncólogo. El juzgado ya recibió un informe sobre Sosa, según el cual el cáncer de próstata que sufre está controlado. Hoy, cuando concluya la indagatoria a Marandino, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles que el juez Hugo Sastre tiene para resolver la situación procesal de los cuatro imputados.


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HARGUINDEGUY FUE ARRESTADO TRAS SER VISTO EN PINAMAR
Final abrupto de vacaciones
El ex ministro del Interior de la dictadura fue detenido y llevado a Tribunales por su responsabilidad en el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim. La jueza Servini de Cubría dispuso su arresto domiciliario.

Albano Harguindeguy fue ministro del dictador Videla.
Subnotas
Tres acusados que no quisieron hablar
El fantasma de Febres
Por Victoria Ginzberg
Llevaba un bastón y estaba un poco encorvado. Caminó los pasos que separaban el juzgado de María Servini de Cubría del ascensor apoyando mal un pie, pero sin usar el bastón. Se le notaban los 81 años, pero estaba lejos de la decrepitud. Mantenía las canas y los anteojos grandes, su marca registrada. Así se lo vio al represor Albano Harguindeguy, ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py. Eran casi las dos y media de la tarde. Acababan de comunicarle que volvía a quedar detenido.
Harguindeguy fue arrestado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim en 1976. En esa causa, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso en septiembre de 2006 la nulidad del indulto que benefició al ex ministro de Interior, al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y al dictador Jorge Rafael Videla. En ese momento, el magistrado anuló el perdón pero no ordenó arrestos.
Hace diez días, un guardavidas alertó sobre la presencia de Harguindeguy en una playa de Pinamar. A partir de esa noticia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió su detención en tres causas en las que el ex ministro está involucrado: el secuestro de los Gutheim, el Plan Cóndor y el plan para ejecutar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. La jueza Servini de Cubría –en reemplazo de Oyarbide– mandó a detenerlo. Lo hizo a través del Ministerio de Defensa: el Ejército lo arrestó en su casa y lo llevó a tribunales.
De pantalón claro y saco azul, Harguindeguy se presentó ante Servini de Cubría y revocó el poder de su antiguo defensor Jaime Smart –a su vez acusado por el secuestro de Jacobo Timerman– y pidió que le designaran un abogado de oficio. Al solicitar el beneficio de arresto domiciliario, adujo problemas de salud, además de haber pasado los 70 años. La jueza resolvió que, por el momento, quedara preso en su casa –dio un domicilio de Los Polvorines– y ordenó que el Cuerpo Médico Forense hiciera un informe sobre su estado físico.
Harguindeguy está acusado de la desaparición de Federico y Miguel Ernesto Gutheim. Ambos fueron secuestrados y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo nacional para obligarlos a que su empresa cumpliera con un contrato de exportación que le permitiría a la dictadura obtener una línea de créditos desde Honk Kong. Martínez de Hoz y Videla también están involucrados en este caso. Al ser beneficiado con el indulto en 1989, el ex ministro del Interior estaba en la cárcel. No así Martínez de Hoz, que había sido liberado. Por eso, por el momento, el ex ministro de Economía no está en una celda. Su situación podría cambiar si la Cámara Federal confirma la anulación del indulto dispuesto por Oyarbide.
Harguindeguy también estuvo preso por su responsabilidad en el Plan Cóndor. Fue arrestado en 2004 en la causa en la que se investigaba la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante la década del ’70, pero fue excarcelado dos años después. Este expediente está cerca de ir a juicio oral. Además, el represor figura en un pedido de arresto internacional –también por el Cóndor– realizado por la Justicia italiana.
“La medida dispuesta repara la gravísima incongruencia jurídica de que uno de los principales responsables del terrorismo de Estado siga gozando impunemente de libertad, ofendiendo así la conciencia democrática de la sociedad argentina”, expresó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, sobre la detención de Harguindeguy.
En Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también hubo satisfacción. “Causa alivio en la sociedad en general”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, sostuvo que “era hora que le tocara a este personaje, que era llamado ‘el carnicero’ cuando empezó la última dictadura”. Era al despacho del entonces ministro del Interior que las Madres y Abuelas concurrían durante la última dictadura para pedir noticias sobre sus hijos.
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UN FALLO A FAVOR PARA EXPROPIAR EX SEDE MILITAR
El museo cada vez más cerca
La justicia entendió que la municipalidad estaba efectuando correctamente los pagos para completar la expropiación del inmueble donde por ahora sigue funcionado un café fashion.

Rubén Chababo, titular del Museo de la Memoria que en 2009 funcionará en Moreno y Córdoba. Ahora sólo resta esperar el cese del contrato de alquiler del bar Rock and Feller`s.
La Justicia falló a favor de la Municipalidad, avalando los pagos que el municipio efectuó en un juzgado federal para expropiar el predio donde funcionó durante la dictadura el II Cuerpo del Ejército para levantar allí el Museo de la Memoria de la ciudad. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó un pronunciamiento de primera instancia y justificó la modalidad de pago promovida por el gobierno de Muiguel Lifschitz para expropiar el terreno, ya que pesaba un embargo sobre el inmueble. Así queda allanado el camino para que Rosario tenga el Museo pergeñado por la Legislatura y el Concejo. Resta que los actuales inquilinos, responsables del lujoso bar temático Rock & Feller's se decidan a retirarse del predio donde en los años de plomo funcionó un centro clandestino de detención. El Ejecutivo tiene pensado inaugurar el Museo en su nueva sede -actualmente funciona en dependencias de la Secretaría de Cultura- en mayo de 2009.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial entendió que el trámite legal a través del cual la Intendencia efectuó el pago fue correcto, desestimando así un fallo anterior de la magistrada Delia Matilde Giles que cuestionaba la modalidad en que se había realizado.
El ex director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, el actual concejal socialista Aldo Gómez explicó que en el fallo que se conoció ayer, los camaristas resolvieron que el municipio actuó correctamente al abonar los 2.480.000 pesos ante un juzgado federal que había embargado ese edificio al antiguo propietario, por problemas particulares. En cambio, la jueza Giles, que tramitó el caso con anterioridad, señalaba que el pago debía efectuarse en un juzgado provincial y cuestionaba de este modo el curso del trámite legal.
Tras el fallo que acreditó el procedimiento del municipio, sólo resta el cese del contrato de alquiler y el retiro de la firma Rock and Feller's, que desde hace casi una década funciona como bar temático en la emblemática esquina de Moreno y Córdoba.
Se estima que cuando eso suceda, en mayo de 2009, el Museo de la Memoria podrá ser trasladado definitivamente al predio para desarrollar tareas vinculadas a la memoria y exhibir en ese lugar las fotos, documentos y registros de la época que reflejan el genocidio provocado por los militares durante la última dictadura militar de 1976.
En ese sentido, el director del Museo, Rubén Chababo, festejó la decisión de la Justicia y sostuvo al portal Rosario3.com: "Estábamos seguros de que habíamos pagado bien. Este fallo es un paso favorable para la recuperación del inmueble".
Al mismo tiempo Chababo explicó que los equipos técnicos del Museo se encuentran en plena etapa de trabajo para poder hacer una presentación pública de proyecto a mitad de este año para que "una vez que los inquilinos se vayan del edificio podamos instalar de una vez por todas el Museo de la Memoria donde corresponde".
El municipio abonó el monto citado tras negociar con el propietario del inmueble, Jorge Sivaslian meses después de la sanción en la Legistatura de la ley que declaró el terreno sujeto a expropiación pública. Inicialmente, los concejales habían sancionado una ordenanza en la misma sintonía, entendiendo que debía ser ese inmueble la sede del Museo.
Cuando parecía que estaba todo cerrado para arrancar con el traslado, los inquilinos, responsables del bar temático acordaron una prórroga del contrato de alquiler con el dueño del predio. El municipio amenazó en aquel entonces con no conceder la nueva habilitación, advertencia que finalmente no se concretó ya que el bar sigue funcionando. Incluso habían trascendido negociaciones para que se encontrara un lugar alternativo para mudar el resto-bar.
Muchas son las ideas y proyectos que hay alrededor de la puesta en marcha del futuro museo. Pero una cosa está clara: Los especialistas hablan permanentemente de que debe ser un espacio activo "no de objetos detenidos en el tiempo, sino de historia viva. Algo que permita a las nuevas generaciones comprender por qué pasó lo que pasó en el peor genocidio que sufrió la Argentina".
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FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

Una vez más piden juicio oral y cárcel común para Bussi

Desde diciembre pasado, el ex gobernador de facto cumple arresto domiciliario en un country de Yerba Buena.
Desde la asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán festejaron la decisión del juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, de rechazar el recurso de apelación que presentó la defensa del ex gobernador de facto para impedir el curso del que se convertirá en la primera audiencia pública contra Bussi. Una vez más pidieron cárcel común y juicios orales a los genocidas que actuaron durante la última dictadura. Alertaron que el Estado Terrorista persistirá en la medida en que "no se satisfagan" las demandas de Justicia.
A poco de cumplirse 33 años del último golpe militar, los representantes de la asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán volvieron a exigir juicio oral y público contra Antonio Domingo Bussi, uno de los máximos responsables que actuaron en la provincia durante la dictadura del '76. Por ello, a través de un comunicado de prensa, festejaron la decisión del juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, de rechazar el recurso de apelación que presentó la defensa del ex gobernador de facto para impedir el curso del que se convertirá en la primera audiencia pública contra Bussi en el marco de la causa por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
"Recibimos con beneplácito lo resuelto por el juez Bejas de elevar "inapelablemente" a juicio oral al genocida Bussi. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tiene ahora en sus manos fijar fecha para su realización", manifestaron. Asimismo, recordaron que el pedido de juzgamiento de "los principales responsables del exterminio de ciudadanos" se produce a 33 años del macabro Operativo Independencia, puesto en marcha desde un gobierno constitucional con la firma del siniestro decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975, con el aval de todo el gabinete de la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón.
"Es así que esta instancia histórica del juicio oral requiere del acompañamiento formal y expreso de todas las instituciones del Estado que como tales defienden el Estado de Derecho puesto que "El Estado de Derecho no se reconcilia con el Estado Terrorista". No necesita de componendas con defensores de genocidas impunes, como personajes de un partido centenario, sin siquiera respetar a sus militantes desaparecidos, no necesita de liquidadores de patrimonios, desoyendo resoluciones emanadas del P.J. Nacional, porque aun cuando no nos enriquece, la ex Jefatura de Policía que fue uno de los primeros Centros Clandestinos junto a la Escuelita de Famaillá, es la memoria del pueblo", concluyeron.
Los familiares de desaparecidos alertaron que el Estado Terrorista persistirá en la medida en que "no se satisfagan" las demandas de Justicia. "El Estado de Derecho se sostiene con la consolidación de los lazos sociales, basados en la organización de la comunidad a través de la solidaridad, la equidad y la justicia", sostuvieron.
También aprovecharon la oportunidad para reclamar una vez más cárcel común y efectiva a todos los genocidas y por la aparición con vida de Julio López.

12:50 - POLITICA I AFECTA A LA UNIDAD 25 DE LA CARCELCaso Kosteki y Santillán
ordenan la intervención del penal de OlmosEl ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, tomó la determinación a raíz de una denuncia sobre una salida ilegal del ex comisario Luis Franchiotti (foto), acusado por el asesinato de los dos militantes sociales. Además, se iniciará un sumario para determinar los responsables de la irregularidad.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, ordenó este miércoles la intervención de la Unidad 25 de Olmos luego de la denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos, que detectó una salida sin autorización judicial del ex comisario Alfredo Luis Franchiotti, detenido por los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Casal confirmó a Télam que, tras la denuncia, se dispuso "la intervención de la unidad 25 de Olmos, el inicio de un sumario administrativo para determinar los responsables de esta irregularidad dentro del penal y la denuncia en la Justicia Penal de La Plata".

martes, 19 de febrero de 2008


Ciudad Martes, 19 de Febrero de 2008
EL EX REPRESOR CABRERA RECONOCIDO POR UNA FOTO DE ROSARIO/12

Con marquito y todo para la justicia
Lo reconoció un ex miembro de la patota de Feced y la secretaria de DD.HH admitió que trabajó en la Defensoría del Pueblo.

La antigua sede de la Defensoría del Pueblo en Rosario. Cabrera entró de la mano de Nicotra. "Se acogió a un retiro voluntario en el 2000", reconoció la secretaria María Bressa.
Por José Maggi
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, María Bressa confirmó ayer que Jorge Andrés Cabrera -alias Barba, señalado como un torturador de la Patota de Feced- ingresó en el año 1991 a la Defensoría del Pueblo de la mano de Norberto Nicotra. Y aseguró que se retiró en forma voluntaria en el año 2000. En tanto, el ex represor Eduardo "Tucu" Costanzo reconoció ayer en el juzgado federal a "el Barba Cabrera", en la foto de tapa de Rosario/12.
-¿Lo conoció a Cabrera?
-Conocí a un Andrés Cabrera, pero nunca vi su legajo. No olvidemos que esa persona ingresó a la Defensoría en la misma época que yo, cuando se creó la Defensoría. Yo ingresé como una abogada más con un staff administrativo que el primer defensor formó según su criterio.
-¿Quien fue el primer defensor del pueblo?
-Norberto Nicotra.
-¿En que año ingresó Cabrera?
-La Defensoría empezó a funcionar en noviembre o diciembre de 1991. Yo no tuve contacto con el que era una empleado administrativo, que se retiró en el año 2000 con un retiro voluntario, con una jubilación anticipada que se ofrecía a los empleados públicos. Allí se retiró y nunca más lo vi.
-¿Qué se comentó cuando Cabrera dejó la Defensoría?
-Absolutamente nada. Creo que en Rosario fue el único que se retiró.
-¿Cómo era Cabrera en el trato diario?
-Era común y silvestre y le repito no trabajaba conmigo.
-Usted tiene un doble rol porque además de haber sido directora de la Defensoría del Pueblo ahora es la responsable del área de derechos humanos de la provincia. ¿Que opina de lo que ocurrió con este hombre que siendo un represor recibe el cobijo de un trabajo en el propio estado?
-Uno piensa que no tendría que haber ocurrido, pero no puedo hablar porque no puedo decir lo que hicieron otras personas, y por qué lo hicieron. Digo en nombrar a una persona en un puesto si es que sabían que había hecho semejantes barbaridades, pero no puedo opinar cuando no fui yo la que tomó esa determinación. A nadie la cabe dudas que esta gente debió haber estado en otros lugares desde hace mucho, pero no puedo opinar sobre la razones o las no razones por las que entraron a la administración pública porque no soy yo la que los ingresó, ni tuve nada que ver.
-¿Qué rol debería tener la Secretaría de Derechos Humanos a su cargo en los juicios que se siguen por terrorismo de estado?
-Un rol activo: ya tenemos un Programa de protección de testigos y somos auxiliares de la justicia. En este punto tenemos un empleado en Santa Fe y otro en Rosario afectados a las causas y colaboramos con lo que se nos pide. También esta casi listo el Programa de protección de testigos y querellantes. Esto es el lo que nos toca, cuidado físico y psíquico de las víctimas.
-¿Cuántos se han acogido al Programa de protección?
-No, todavía nadie, solo preguntan y hablan. Vienen muchos a preguntar y ahora vamos a ver que cosas les podemos ofrecer, y sobre todo lo que quieren. La semana próxima haremos una ronda de charlas con víctimas y querellantes.
-Eduardo Costanzo denunció a un número importante de represores que caminan libres por las calles de la ciudad. ¿Usted cree que se está haciendo lo necesario para ponerlos tras las rejas?
-Yo no puedo juzgar a la justicia, creo que se está trabajando bien con un apoyo de todos los sectores. No tengo porque pensar que están trabajando mal. Pienso que no debería haber tantos represores sueltos y también que no van a tardar mucho en estar detenidos.
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Arranca el primer juicio de una víctima del robo de bebés contra sus apropiadores
10:33
Se trata de la nieta recuperada María Eugenia Sampallo Barragán, quien acusa a un represor y al matrimonio al que fue entregada de los delitos de sustracción de menor, falsificación de documento público y supresión de identidad.
Por primera vez en la historia, arranca hoy un juicio en el que una hija de desaparecidos acusa a un represor y a sus apropiadores. Será cuando María Eugenia Sampallo Barragán se siente como querellante en el Tribunal Federal N°5 y acuse al ex militar Enrique José Berthier y el matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, de sustracción de menor, falsificación de documento público y supresión de identidad. Sampallo Barragán es una de las nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo. Es hija de los desaparecidos Mirta Mabel Barragán y Leonardo Rubén Sampallo y fue inscripta como María Eugenia Violeta Rivas. Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Tomás Ojea Martínez, en el juicio se intentará demostrar que Berthier -un militar retirado cuyo nombre figura en los legajos de la Conadep- fue quien entregó la niña al matrimonio, después de haberla retenido durante un tiempo. "María Eugenia entiende que sus apropiadores no están arrepentidos y que no piensan dar información y por eso decide ser querellante", explicó Ojea Quintana. La identidad de Sampallo comenzó a revelarse cuando a mediados de 2000, y ante las dudas sobre su origen, se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CO.NA.DI) y luego a Abuelas de Plaza de Mayo. En 2001 los resultados genéticos revelaron que era hija de Barragán y, cuando meses después se obtuvieron muestras de los hermanos de Sampallo, se confirmó la filiación paterna y que había nacido en febrero de 1978.
El país Martes, 19 de Febrero de 2008
Los organismos del caso López le llevarán un petitorio a Scioli

El gobernador les dio una audiencia para hoy a la tarde. Le pedirán que separe a la policía de la causa por la desaparición de López y que exonere de la fuerza a los que participaron de la investigación. También cuestionarán a doce jefes departamentales.

Las organizaciones nucleadas en Justicia Ya! marcharon ayer por La Plata.
Subnotas
Los que ocultaron las pruebas
Por Adriana Meyer
La demorada entrevista del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con organizaciones sociales y de derechos humanos por el caso de la desaparición de Jorge Julio López se concretará hoy. El gobernador recibirá un petitorio, que los propios convocados calificaron como exigente, en el que le pedirán que separe a la Policía Bonaerense de la causa judicial y que exonere de la fuerza a los que participaron de la investigación por los “reiterados encubrimientos y desviaciones que cometieron”. Otro de los puntos que expondrán contiene una advertencia: doce de los jefes departamentales que acaban de ser nombrados forman parte de los nueve mil policías formados durante los años de la dictadura. Y también le sugerirán que no es buena idea legitimar la coordinación policial para las agencias de seguridad.
“Es un ejército de 120 mil personas, la mayoría proveniente de las sucesivas purgas, exonerados y represores”, puntualizó la abogada Guadalupe Godoy al referirse a la supuesta intención de Scioli de coordinar las actividades de las agencias privadas con la policía, según información publicada por el diario Hoy de La Plata.
Durante la entrevista, los organismos que integran Justicia Ya! le recordarán que en las primeras horas de la desaparición de López el Ministerio de Seguridad provincial admitió que aún quedaban en la Policía Bonaerense nueve mil agentes egresados durante la gestión de los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y le señalarán que doce de ellos acaban de ser nombrados por su ministro Carlos Stornelli como jefes departamentales. Además, pondrán en conocimiento del gobernador las irregularidades del caso López, que involucran en forma directa a los policías bonaerenses que participan de la investigación. Y le solicitarán que esa fuerza quede al margen del caso y la exoneración de esos agentes.
Mientras las agrupaciones que integran el colectivo Justicia Ya! preparaban la tradicional marcha, que se realizó ayer entre las plazas Moreno y San Martín, desde la gobernación informaban que no habían recibido ninguna solicitud de audiencia y decían desconocer ese espacio y sus organizaciones. Hacia el mediodía les informaron que “el gobernador tenía una agenda muy apretada” y que anoche iba a participar de una cena en el hotel Hermitage de Mar del Plata. Les ofrecieron mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y con la secretaria de Derechos Humanos, Sara Cobacho. Justicia Ya! La Plata ya había decidido que “por la índole de los temas a tratar” sólo aceptaría reunirse con el gobernador, así que rechazó la propuesta. Al finalizar la marcha hicieron público el documento que piensan darle hoy a Scioli y los HIJOS de Mar del Plata pensaban intentar acercarle una copia mientras el gobernador participaba del cumpleaños 90 de Mariano Mores con gente de la farándula. Enterados de esta última iniciativa, los tiempos se aceleraron en la gobernación y decidieron fijar la entrevista para hoy a las 16.30.
Dos horas antes de la marcha que todos los meses recorre La Plata en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia les informaron que el gobernador recibirá a Justicia Ya!, cuyas organizaciones son querellantes en la causa por el secuestro y la desaparición del testigo que con su testimonio contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz.
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El país Martes, 19 de Febrero de 2008
La rendición del otro imputado en la masacre

Uno de los principales acusados por la matanza de Trelew, el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, anunció que hoy se entregará a la Justicia, tras llegar desde Estados Unidos.
“Tengo para anunciar que se encuentra camino a nuestro país el ex cabo Carlos Amadeo Marandino.”
Rodeado, el ex cabo primero de la Armada Carlos Amadeo Marandino decidió informar su paradero el sábado último ante el consulado argentino en Atlanta, Estados Unidos. Uno de los principales imputados por la Masacre de Trelew que seguía prófugo anunciaba así –por consejo de su abogado– que tenía previsto volver al país el 17 de marzo pero que, complicado por la celeridad con que actuó la Justicia en este caso, adelantaría el pasaje para hoy. En efecto, a las 9.45, cuando su avión aterrice en Ezeiza lo detendrá la policía aeronáutica y lo trasladará al aeroparque, desde donde partirá a Chubut para dar cuenta de los hechos sucedidos el 22 de agosto de 1972, cuando fueron asesinados 16 militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros y el ERP.
La noticia fue dada a conocer en el mediodía de ayer por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien brindó una conferencia de prensa en la gobernación de Chubut junto al mandatario Mario Das Neves, luego de una entrevista con el juez que entiende en la causa, Hugo Sastre. “Tengo para anunciar que se encuentra camino a nuestro país el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, que se presentó ante las oficinas de la embajada Argentina en los Estados Unidos (en rigor, fue el consulado de Atlanta), haciendo saber que en el día de hoy viajaba a Buenos Aires para constituirse como detenido en el juzgado federal”, reveló el funcionario. El dato ya se manejaba en el juzgado desde el sábado, cuando Cancillería informó vía fax del hecho acaecido en EE.UU. A partir de ese momento, el juez procuró la mayor de las reservas con la información, ante el temor de que Marandino cambiara de postura. Sin embargo, fuentes del juzgado consultadas por Página/12 confiaron en que nada fuera de lo esperable ocurrirá: “No creemos que se complique porque, entre otras cosas, ya nos dijo donde está”.
Por lo pronto, habrá que esperar a que Marandino realice el check in de su vuelo 101 de la empresa Delta, que sale de Atlanta y que llegará al país a las 9.45. Una vez que las autoridades confirmen que el represor efectivamente está volando, cosa que estimaban ocurriría a medianoche, se librará la orden de detención para el acusado de 16 homicidios calificados y tres homicidios calificados en grado de tentativa.
Marandino será así el cuarto detenido en esta causa en la que, uno a uno, fueron cayendo desde el viernes 8 el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, el capitán de fragata Emilio Jorge Del Real y al capitán de fragata Luis Emilio Sosa. Del único del que se desconocía aún el paradero es el ex teniente de navío, Roberto Guillermo Bravo, al que Página/12 detectó en EE.UU. (ver aparte). El propio Duhalde sugirió que esa podría ser su localización, dado que el país norteamericano tiene una “fuerte vinculación” con los militares imputados. “En la causa surge con claridad que él (Bravo) hizo cursos durante el tiempo que estuvo allí dentro de los cuarteles americanos. Además, Bravo, el mismo Sosa y Marandino tienen propiedades familiares en Estados Unidos”, agregó. El secretario de Derechos Humanos añadió que “Bravo hizo cursos en ese país de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en el año ’81, lo que hace pensar que fue preparado para actividades tal vez en Centroamérica. Por todo esto, es de esperar que sea hallado en poco tiempo”, dijo.
A su vez, el funcionario, que también es querellante en la causa, se encargó de refutar la teoría expuesta reiteradamente por los marinos, según la cual la masacre fue producto de un intento de fuga: “Esta no fue una locura de una guardia borracha, sino que fue una medida dispuesta por el gobierno militar en forma institucional, de escarmiento, por lo que Sosa y el ex jefe de la base son autores inmediatos de los hechos”. Incluso, Duhalde se opuso a que sea otorgada la prisión domiciliaria y solicitó “que la cadena de mandos (entre el entonces presidente Alejandro Agustín Lanusse y los jefes de la base) si es que estuvieran vivos, también sean convocados”.
Informe: Diego González.
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Martes, 19 de Febrero de 2008
PAGINA/12 UBICO EN EE.UU. A ROBERTO GUILLERMO BRAVO, FUSILADOR DE LA MASACRE DE TRELEW
El marino que está a punto de encallar
El teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, prófugo de la Justicia desde hace diez días, acusado de fusilar a los presos del penal de Trelew en 1972, está radicado en Florida, Estados Unidos, según pudo confirmar este diario. Bravo es un próspero empresario que hace un mes puso en venta una de sus casas. Pedirán hoy su captura internacional.

En los tribunales de Chubut aparecieron pintadas contra otro de los detenidos, el capitán Sosa.
Subnotas
Siempre cerca de las milicias
Por Diego Martínez
El principal imputado por la Masacre de Trelew, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, con paradero desconocido en los últimos treinta años y prófugo de la Justicia desde hace diez días, vive en los Estados Unidos y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Ya en 1974 los sobrevivientes del fusilamiento en la Base Aeronaval Almirante Zar identificaron al Ñato Bravo como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando el juez federal Hugo Sastre aún no había librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en Tampa, costa oeste de Florida. Por alguna razón que la inmobiliaria no explica su precio ya bajó de 215.000 a 167.900 dólares. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en RGB Group. El teniente empresario aún estaba allí: uno de sus empleados informó que “entra y sale todo el tiempo”. Hoy el juez federal Hugo Sastre pedirá a Interpol su captura internacional.
Gracias al testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, que el poeta Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo antes, durante y después del fusilamiento está documentado desde hace tres décadas. Bravo se distinguió desde el primer día por su cinismo y el verdugueo constante a los detenidos. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que no los sacaran a comer por celda sino de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.
–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta. En lugar de matarlos estamos engordándolos.
Camps recordó que Bravo “se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.
Bravo “buscaba excusas” para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, contó Camps. Otra tortura consistía en impedirles dormir. “Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados”, agregó. Los propios colimbas admitían ante los presos que Bravo era “un hijo de puta”. Una mañana llevó una corneta para enseñar qué era la diana.
–Ustedes tienen que conocer esto. Desde ahora se les va a despertar así y se les va a dar el silencio de esta manera.
Otro día llevó una revista que las Fuerzas Armadas utilizan para adoctrinar a sus soldados. Se titulaba El Desengaño y contaba una historia en la cual los estudiantes se incorporaban a la guerrilla y cometían todo tipo de atropellos. Cuando algún militante aburrido le explicaba que esas historias no encajaban en la realidad, Bravo refunfuñaba y se alejaba. Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.
–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.
Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la puso en la cabeza:
–Vas a morir, hija de puta –le advirtió.
Poco después cumplió su palabra.
Meterse con la Marina
La madrugada de la masacre el teniente Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.
–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió. “Era un poco la ‘teoría’, entre comillas, que manejaba Bravo. ‘Al terror se lo combate con el terror.’ El aseguraba que nosotros éramos terroristas”, recordó María Antonia Berger ante Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria Fusilada.
Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:
–Mirar al piso.
La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar tiros de gracias.
Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola. Bonet junto con Alfredo Kohon también vieron a Bravo. Nos ordenó que nos paráramos y preguntó si íbamos a declarar. Le respondimos que sí, por decirle algo, porque era una pregunta totalmente fuera de lugar después de una masacre. Bravo estaba con el brazo extendido, caído y suelto, y con la pistola en la mano, pero él no tiró, sino que se fue y enseguidita llegó otro oficial, que siempre vestía de azul. Ni bien apareció en la puerta levantó la mano, con el brazo extendido me apuntó a mí y me tiró”. Berger también recuerda que le disparó “el de azul”. Minutos después, ya cuando sacaban los cadáveres, “viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!’. Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando, pese a que ya se me había parado mucho la hemorragia”. Berger también escuchó, minutos después, cuando inventaban la versión que luego difundiría la Armada y el presidente de facto Alejandro Lanusse:
–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.
Cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado (el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini declaró el miércoles que fue él el primero en llegar), Haidar escuchó la explicación de Bravo:
–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.
Treinta y cinco años después, el jueves pasado, el capitán Sosa repitió la versión oficial. Cuando pasó a inspeccionar los calabozos, Bravo le dijo: “Esta gente se porta muy mal, hablan entre ellos, se quejan, por eso los tengo fuera de los calabozos”, declaró. Sosa decidió “hacer una especie de perorata” para que “tuvieran un poco de paciencia” porque los infantes de marina están “modelados para otras tareas” (sic), declaró ante la Justicia. El capitán Sosa asegura que dos veces caminó ida y vuelta entre las dos filas. Cuando volvía por tercera vez recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado. Cuando se intentó incorporar “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros”. Identificó a tres de los fusiladores: teniente Roberto Bravo, el teniente Emilio Del Real y el cabo Carlos Marandino.
Refugio en Puerto Belgrano
Cuando los nombres de los fusiladores de Trelew trascendieron, la Marina se ocupó de protegerlos. El capitán Paccagnini declaró que Bravo y Sosa “se fueron de pase a los dos o tres días” de la masacre. Sosa calculó que “en noviembre” ya estaba escondido en Puerto Belgrano, el mayor asentamiento naval del país, cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo. El 22 de agosto de 1974 el diario Noticias informó que los paraderos de Bravo y Sosa eran “uno de los secretos más celosamente guardados por la Marina hasta hoy”. Ese mismo año el abogado Juan Carlos Ibarborde informó a la Justicia que sus defendidos Bravo y Sosa no podían presentarse a declarar porque “se encuentran en el extranjero” y apuntó el domicilio donde podía ubicarlos: “Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos, 1816 Corcoran St., N. W., Washington D. C.”. Bravo era aún teniente de fragata. Sus pasos posteriores son un misterio. Se desconoce si durante la última dictadura militar seguía en Estados Unidos o prestó servicio en algún centro clandestino de la Armada. En los libros oficiales consta que pasó a retiro el 1º de abril de 1979, como teniente de navío.
Ayer el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Duhalde, informó que Bravo “hizo cursos en Estados Unidos: de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en 1981, lo que hace pensar que fue preparado para actividades en Centroamérica”. Igual que Paccagnini, Bravo es oriundo de Bahía Blanca. Se crió en el barrio Sánchez Elías. Al menos un hermano suyo es suboficial de Infantería de Marina. Su padre falleció hace dos meses, a sus 91 años. El teniente está casado con una mujer norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local, y es ciudadano norteamericano. Su casa, en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, fue construida en 1977 y está en venta desde hace “más de 30 días”. La inmobiliaria que la ofrece informa que cuesta 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– se conforman con 167.900.
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Martes, 19 de Febrero de 2008
EN UNA CAUSA POR SECUESTROS QUE TAMBIEN INVOLUCRA A VIDELA Y MARTINEZ DE HOZ
Ordenan la detención de Albano Harguindeguy

La Justicia Federal porteña ordenó "la inmediata detención" del último ministro de Interior de la dictadura militar, Albano Harguindeguy, en el marco de la causa que investiga los secuestros extorsivos de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.
La medida, que ordena su inmediata aplicación, fue dispuesta por el Juzgado Federal de Norberto Oyarbide, a cargo interinamente de su colega María Servini de Cubría.
Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la empresa textil Sadeco, sufrieron un secuestro extorsivo entre noviembre de 1976 y abril de 1977, y en la causa judicial también están implicados el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y quien fuera su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Según consta en la causa, el secuestro estaría relacionado con un negocio con Hong Kong.
Harguindeguy ya había estado detenido por esta causa, entre abril de 1988 y octubre de 1989.
Ese año fue beneficiado por el indulto del entonces presidente Carlos Menem en 1989, pero en 2006 Oyarbide entendió que era "inconstitucional" y ahora, por intermedio del secretario del juzgado federal, García Davini, ordenó la medida que queda a cargo del Ministerio de Defensa para su aplicación.
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ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS HUMANOS (APDH) filial San Luis




30.000 detenidos desaparecidos ¡ Presentes !


COMUNICADO DE PRENSA



LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (Filial San Luis) toma con profunda preocupación la designación del MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA CORONEL RE GUILLERMO LOPEZ quien en Conferencia de Prensa del 15 del corriente mes realizada en la Casa de Gobierno de la Provincia, reconoce haber participado en 1975 en el Operativo Independencia en la Provincia de Tucumán donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Fue luego, según sus dichos, trasladado a la Dependencia de Artillería Antiaérea de Mar del Plata.

Estas manifestaciones revelarían la posible participación dentro de la estructura del Terrorismo de Estado. Siempre es oportuno tener presente la Sentencia 13/84 que condenó a la Junta Militar demostrando el rol funcional y operacional que cumplieron las FFAA y de seguridad, en particular el ejército que coordinaba todas las actividades represivas del Terrorismo de Estado en todo el país, de la que no estuvo ajena Mar del Plata donde participaron las tres fuerzas armadas y hay constancia de las numerosas desapariciones, homicidios y torturas a civiles de esa ciudad.

Cuando asistimos a la apertura de los procesos judiciales en todo el país por los crímenes de lesa humanidad, producto de la lucha permanente de los Organismos de Derechos Humanos, Familiares, Ex Detenidos, Organizaciones Sociales, Políticas Nacionales, etc., no podemos aceptar actos de esta naturaleza porque tenemos la convicción de que todas aquellas personas que tuvieron la responsabilidad de llevar adelante el terrorismo de estado, educados en el sectarismo, acostumbrados a actuar bajo el manto de la impunidad, no tienen nada que aportar para el logro de una provincia más justa, libre, igualitaria y democrática.

Los Organismos de Derechos Humanos no podemos asistir en silencio a actos de esta naturaleza que tienen la consecuencia de obstruir el avance y la consolidación de la democracia.

Es por esto que DENUNCIAMOS firmemente, conjuntamente con otros Organismos de Defensa de los Derechos Humanos de la Provincia y el País, estos actos ofensivos para la democracia como son los nombramientos de represores en cargos ministeriales de gobiernos elegidos por el voto popular, "gobiernos que no deben omitir el principio basal de nuestra joven democracia que sostiene, que ningún individuo que haya sido miembro activo o colaboracionista de la última dictadura puede ocupar un cargo público. Esto es mucho más que una consigna, este es el principio ético que debe cumplir cada uno de los hombres y mujeres que desempeñándose en los cargos públicos lleven adelante el mandato que el pueblo les dio a través del voto".

Por lo que nos vemos en la obligación de alertar a la población de posibles rebrotes de métodos de seguridad del pasado más triste y oscuro de nuestro país y solicitarle a todos los espacios de participación popular que se sumen a este repudio.

Centro DDHH Univ. Nac. San Luis, INADI, Familiares de detenidos/desaparecidos, Ex presos/as políticos, A.P.D.H (filial San Luis)
San Luis, 19 de Febrero de 2008
Repudio amenazas integrantes de AFADER

Ante las amenazas recibidas por nuestras compañeras, Carmen Germano y María Luz Piérola, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y exigir al Estado y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Los personajes de siempre, serviles y funcionales a los genocidas, siguen operando como en los peores años que ha vivido nuestro país.
Esto es porque aún caminan impunes por las calles, porque los que están imputados y procesados aún no tienen sentencias, ya que las causas no avanzan o mejor dicho no las quieren avanzar. Porque hay muchos autores y cómplices que aún ni siquiera están denunciados.
Creemos que el Estado debe investigar a cada uno de los responsables de estas amenazas a estas dos luchadoras integrantes de nuestra Asociación, como así también a los de las amenazas recibidas por el compañero Carlos Guastavino y de todas las que han ocurrido en nuestra provincia, para conocer con nombre y apellido a los cobardes que siguen actuando en la oscuridad.
Tenemos la convicción de que la lucha, que es la que hemos demostrado en estos últimos 30 años, la verdad y la justicia, son las armas con las cuales vamos a poder encarcelar a cada uno de los asesinos y garantizar que el pueblo comience a gestar el ideal que soñaron los 30.000 compañeros que dieron sus vidas por un país más justo para todos y con igualdad de oportunidades.

Por los 30.000 compañeros.

Por Memoria, Verdad y Justicia.

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos
Entrerrianos y en Entre Ríos - AFADER

PIDEN AL GOBERNADOR DE SALTA INFORMACION SOBRE FUNCIONARIO SOSPECHADO DE PARTICIPAR EN LA DICTADURA

BUENOS AIRES, feb 19 (DyN) – La organización humanitaria "Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta" pidió al gobernador provincial, Juan Manuel Urtubey, que remita a la justicia el Legajo de Jorge Amado Skaf, actual Secretario de Seguridad, pues sospecha de su supuesta participación durante la última dictadura.Así lo informaron a DyN fuentes judiciales, que añadieron que el pedido fue suscripto por el representante de la organización, David Arnaldo Leiva, y está dirigido al juez federal salteño Abel Cornejo, en el marco del Juicio de la Verdad. "Hay compañeros que lo sindican como 'topo' dentro de la Universidad", sostuvo Leiva.El escrito requiere además, "informe del personal de inteligencia de la policía de Salta y la entrega de los archivos de la represión con que cuenta la provincia"."Se requiera al Gobernador de la Provincia de Salta informe que personas, sus grados, destinos detallados y el domicilio de las mismas se desempeñaron durante el periodo 1975-1983 como personal de inteligencia de la Policía de la Provincia de Salta. Informe que personal de inteligencia de la Policía de Salta estuvo destinado a los Departamentos Oran, San Martín, Cafayate, Metan y Salta Capital", sostiene el escrito."Del informe que remita, de sus respuestas y de sus acciones sobre estos puntos y otros que reclamaremos públicamente, sabremos de su sinceridad política en este caro anhelo del juicio y castigo a los responsables del genocidio", concluye el escrito, en alusión al gobernador provincial.