domingo, 6 de enero de 2008

LA JUEZA ENCONTRO UNA MULTA DE TRANSITO DEL 2005 CON EL DNI DE FEBRES EN TOLEDO

El país Domingo, 06 de Enero de 2008

LA JUEZA ENCONTRO UNA MULTA DE TRANSITO DEL 2005 CON EL DNI DEL PREFECTO EN TOLEDO

Investigan además si Febres viajó a España
Durante el allanamiento a la celda del represor envenenado con cianuro apareció una multa de tránsito a su nombre. La jueza Sandra Arroyo investiga si entre sus privilegios pudo haber figurado ese viaje o si alguien uso su documento.


Por Raúl Kollmann
La investigación del caso Febres seguirá hacia arriba, hacia los más altos mandos de la Prefectura. Es que los increíbles privilegios de los que gozaba el represor no podrían emanar de una orden de un subalterno, sino de las jerarquías más altas. La jueza Sandra Arroyo, al dictar los procesamientos por homicidio, menciona una circunstancia que superaría todos los límites conocidos. La magistrada deja asentado en su escrito que está investigando si Febres, aún detenido, viajó al exterior, más precisamente a España. Es que cuando allanó el lugar de detención del represor encontró una multa por infracción de tránsito realizada el 21 de septiembre de 2005 por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para esa fecha, Febres llevaba ya varios años de detención. La multa figura a nombre de Alfredo Febres Méndez, pero lo curioso es que el número de documento es el que corresponde a Héctor Febres, 8.674.928, y el domicilio al que llegó la notificación es el de Angel Carranza 1551, Capital Federal, el domicilio en el que vivían Febres y su esposa. O alguien usurpó el documento y la identidad del represor o éste salió del país por alguna vía.
“Un punto que plantea otro interrogante –dice la jueza– resulta ser la multa expedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, España, que se secuestrara del propio camarote que ocupara Héctor Febres en Zona Delta. La misma sanciona a Alfredo Febres Méndez, con domicilio en la calle Angel Carranza 1551 de Buenos Aires, Argentina, una infracción a normas de tráfico y seguridad vial cometida en la ciudad de Toledo, España”. Se infiere que el auto estaba matriculado en Canarias y fue usado en Toledo.
El propio Febres pidió a su defensor oficial que averiguara por Internet sobre la multa, pero la jueza dejó asentado lo siguiente en su escrito: “En verdad, podría resultar impensable que Febres, detenido, pueda haber viajado a dicha ciudad cuando no obran constancias de haber sido trasladado a España sin previa autorización de las judicaturas a cuya disposición se encontraba. Sin embargo, el estado embrionario de la pesquisa impone que dicha cuestión quede, al menos por el momento, en estado de incógnita”.
Arroyo libró exhorto a España para conseguir más precisiones y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se le informe si existen registros de salida del país de Héctor Febres. Este diario pudo averiguar que sólo el hijo de Febres, Héctor Ariel, registra salidas del país. Ninguna en 2005; una en 2003 hacia Bogotá y otras tres hacia países limítrofes.
Por el escrito de Arroyo, se ve que la magistrada no descarta nada. Es que si Febres tenía chofer, mozo, dos líneas telefónicas fijas, un celular, su esposa se quedaba a dormir, sus amigos jugaban con él a las cartas hasta la madrugada sin que quedara registrado su ingreso al Destacamento; si tenía las llaves de su propio lugar de detención, si lo llevaron tres veces de vacaciones a una base naval de Azul, no puede dejar de investigar una prueba que evidenciaría una salida clandestina de la Argentina.
Peor aun en caso de que alguien hubiera usurpado el documento del represor, queda flotando en el ambiente que ese alguien podría ser del área de Inteligencia de Prefectura o la Armada, lo que también corroboraría que las más altas jerarquías movieron los hilos en todo momento.
Los interrogantes que deben afrontar en los próximos tiempos la jueza Arroyo y el fiscal Gentili son los siguientes:
1
¿Quién envenenó a Febres con cianuro?
La jueza dice que, por los privilegios y el descontrol total en el que vivía Febres, le resulta imposible determinar quién le dio el veneno. Arroyo y también la familia de Febres están convencidos de que fue asesinado, porque no hay un solo mensaje de despedida ni una explicación de un eventual suicidio. En su escrito, y sobre la base de los informes de forenses y toxicólogos, Arroyo determina que el cianuro fue ingerido entre las doce de la noche y las dos de la mañana. A esa hora el prefecto Angel Volpi estaba en el Destacamento y era el único que tenía la llave del camarote de Febres. El Gordo, como le dicen a Volpi, aparece en la mira como el más probable envenenador, pero la jueza no lo puede probar. Al menos por ahora.
2
¿Cuál era la relación de Volpi con Febres?
Los distintos testigos dicen que tenían una relación muy estrecha, que Volpi estaba casi siempre con Febres. Es más, había prefectos que se mofaban del Gordo por ser “solterón” y escuchas en las que se habla de que “se ponían en pedo juntos” y que “tal vez el Gordo le puso el cianuro”. Además, como se sabe, está pendiente un análisis de ADN de muestras de semen encontradas en el recto de Febres. Lo único concreto es que la relación era, como mínimo, extraña. Y la clave es saber para quién jugaba Volpi. Algunos sugieren que fue puesto por los altos mandos de la Prefectura, pero no faltan quienes mencionan que podría estar relacionado con la Armada. O sea que la relación, si no era personal, era de control y espionaje sobre todo para vigilar si Febres iba a contar o no los datos que conocía de la ESMA.
3
¿Quién abrió el Messenger?
El cianuro fue suministrado entre las doce y las dos de la mañana, en la noche que fue del nueve al diez de diciembre. Algo después de la una, desde la computadora de Febres se abrió el Messenger con la identificación de patofe, la usada por el represor. No queda claro si el propio Febres abrió el Messenger o si estaba con alguien, el homicida.
4
¿Qué papel jugaron los altos mandos?
Parece seguro que Arroyo llamará a declarar a quien fuera la más alta autoridad de la Prefectura, el prefecto nacional Carlos Fernández, ya desplazado por el caso Febres. Es que tamaña cantidad de privilegios no podía emanar de las órdenes de un cuadro medio de la Prefectura. El ejemplo más palmario, citado por Página/12 en su edición de ayer, es que en la cena del 197º aniversario de la Prefectura, en la mesa principal, la número uno, se sentaron el jefe del Destacamento Delta, Rubén Iglesias, junto a su señora, y Febres, con su esposa. “Tamaño privilegio sólo puede venir de instrucciones de arriba”, sugiere un prefecto en su testimonio. Pero en paralelo con los privilegios y hasta el eventual viaje a España, había una operación de espionaje para saber si Febres iba a hablar o no. Y lo que la jueza sugiere en su resolución es que alguien de jerarquía, al menos en la parte de Inteligencia de Prefectura o Marina, pudo concluir que el represor estaba a punto de contar “nombres y circunstancias”, como él mismo anotó. A partir de ese punto –da a entender la magistrada–, se puso en marcha la operación cianuro.

Un fallo “bien fundado”

La abogada querellante en la causa ESMA, Mónica González Vivero, consideró ayer “bastante bien fundado” el fallo que señala que el prefecto Hector Febres fue asesinado y adelantó que solicitará “ampliar las responsabilidades” para conocer quiénes fueron los autores del crimen mientras estaba detenido –en condiciones VIP– en una delegación de la Prefectura Naval.
Según la resolución de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el represor fue envenenado con cianuro para impedir que diera información sobre el robo de bebés en la ESMA durante la dictadura militar. Por el crimen, la magistrada imputó como partícipes necesarios de homicidio triplemente agravado –cómplices– a los prefectos Angel Volpi y Rubén Iglesias.
“El fallo reafirma lo que suponíamos, que fue asesinado y las condiciones increíbles en las que vivía mientras estaba detenido”, dijo la abogada al referirse a los privilegios con que contaba el represor en la Delegación Delta de Prefectura Naval.

LA HISTORIA DE LA DECLARACION QUE NO SE HIZO

La falsa alarma de Volpi
Por Raúl Kollmann
El jueves por la tarde hubo conmoción en el juzgado que investiga la muerte de Héctor Febres. Al atardecer, cuando la jueza Sandra Arroyo estaba a punto de dictar los procesamientos, se presentó el abogado del prefecto más comprometido en el homicidio, Angel Volpi, y le dijo a la magistrada que su defendido quería declarar en forma urgente. Es más, pidió un cardiólogo y una ambulancia, para el momento en que Volpi hablaría ante la jueza. Arroyo, apremiada por el vencimiento de los plazos judiciales, resolvió dictar primero los procesamientos y después, tal vez a mediados de mes, le tomaría declaración a Volpi. Sin embargo la magistrada revió su decisión porque consideró que de la misma manera que mataron a Febres podrían hacerlo también con Volpi. Por ello, el viernes suspendió las vacaciones correspondientes a la feria judicial, hizo traer al prefecto al juzgado, y convocó a un médico y una ambulancia. Fue un fiasco: Volpi se volvió a negar a declarar.
El Gordo Volpi, como le dicen, era la persona más cercana a Febres y el único que la noche del 9 de diciembre, entre las doce y las dos de la mañana, momento en que se produjo el envenenamiento, tenía llaves del camarote del represor. Además fue quien compartió con Febres la última cena y, según se transcribe de escuchas telefónicas realizadas a otros prefectos, “los dos se ponían en pedo juntos”. La declaración de Volpi, según consideraban la jueza Arroyo y el fiscal Alberto Gentili, podía producir un vuelco decisivo en la causa.
La novedad tenía un agregado: “El Gordo” había cambiado de abogados y, por lo tanto, también de estrategia. En el caso Febres hay muchas desconfianzas, empezando por la del propio represor. Febres, por ejemplo, consideraba que sus primeros abogados estuvieron relacionados con el Servicio de Inteligencia de la Marina y sabotearon su defensa, es decir lo dejaron solo, preservando a los hombres de esa fuerza. En el expediente consta que así se lo transmitió a algunos de sus allegados.
Como la magistrada necesitaba tiempo para terminar los procesamientos y el plazo le vencía el jueves a la noche, decidió seguir adelante con su resolución y aplazar la indagatoria de Volpi para mediados de mes. Arroyo estaba dispuesta a interrumpir sus vacaciones para tomarle declaración a quien se considera el hombre clave del caso. Sin embargo, alguien se acercó a la magistrada y le advirtió del peligro: “Así como mataron a Febres, podrían matar a Volpi si se pensaba que iba a hablar”. Lo que terminó de redondear las sospechas es que Arroyo se enteró de que Volpi, por una cuestión de salud, iba a ser trasladado el jueves próximo al Hospital Naval, algo que ella había prohibido taxativamente.
Lo cierto es que la jueza decidió llamar a declarar a Volpi de inmediato para no correr ningún riesgo. El viernes por la tarde fue llevado al tribunal y hasta allí llegaron también un médico y una ambulancia, pedidos por sus defensores. Volpi es joven, apenas pasa los 50 años, pero se alega que tiene diabetes y problemas de hipertensión. Sus abogados dijeron el viernes que El Gordo no podía declarar de apuro, algo que él mismo había pedido un día antes. Por lo tanto se negó. Todo quedó postergado para mediados de mes, cuando la jueza interrumpa sus vacaciones. Eso sí, antes de irse, Arroyo le reiteró al jefe del penal de Marcos Paz que queda prohibido cualquier movimiento o traslado de Volpi sin su consentimiento expreso.

1 comentario:

Anónimo dijo...

DISCULPEN QUE MANDE EL COMENTARIO POR ACA PERO NO TENIA OTRA . QUISIERA SABER POR QUE CERRARON LA ENCUESTA DEL BLOG YO QUERIA VOTAR Y LA DEMOCRACIA??