domingo, 13 de enero de 2008

DURANTE MAS DE UN AÑO CORAZZA DEJO LA INVESTIGACION DE JORGE JULIO LOPEZ EN MANOS DE UN EX COMPAÑERO DE ETCHECOLATZ

El paísDomingo, 13 de Enero de 2008
Jueces y jueces

Por Horacio Verbitsky


La muerte de Héctor Febres fue investigada por la jueza Sandra Arroyo.El caso de Jorge Julio López está en manos del juez Arnaldo Corazza.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado estableció en pocos días que el oficial de la Prefectura Héctor Febres había sido asesinado, identificó a dos de los responsables, formuló una hipótesis fundada sobre las motivaciones, secuestró las computadoras escondidas lejos del lugar y remontó hacia arriba la cadena de responsabilidades, pese a los obstáculos interpuestos por la cúpula de esa fuerza policial.
El crimen pudo haberse evitado, si el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, no hubiera retenido durante más de cien días una denuncia de un marinero de la Prefectura sobre las condiciones irregulares de la detención de Febres, que actuaba como superior de sus carceleros. Duhalde recién la remitió al juez federal Sergio Torres el 26 de octubre, cuando comenzaba el juicio oral al represor. Torres no fue menos negligente: se limitó a pedirles un informe a los jefes de la Prefectura del Tigre, que por supuesto le respondieron que todo estaba en orden. Son los que hoy están procesados por el homicidio. Torres y los jueces del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, no aceptaron detener a Febres en otro lugar pese a la solicitud de las querellas. Hoy enfrentan una denuncia por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura presentada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y otras personas.
A diferencia de Arroyo Salgado, el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza no ha avanzado en la pesquisa por la desaparición forzada de Jorge Julio López, de la que ya han transcurrido dieciséis meses. El expediente es una mera acumulación de papeles que nadie en el juzgado ha leído en su totalidad, el juez actúa en forma errática, sin hipótesis ni líneas investigativas, y cuando las querellas o alguna fuerza de seguridad no comprometida con el encubrimiento le solicitan medidas de prueba, las niega en forma sistemática sin siquiera fundamentarlo.
Arroyo Salgado excluyó a la Prefectura de la investigación, una medida elemental que Corazza no ha adoptado respecto de la policía bonaerense, dado que López fue testigo en el juicio en contra de su ex director de operaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz. En su declaración testimonial mencionó a quince policías que participaron en los mismos crímenes. Ninguno de ellos ha sido investigado, pese al reclamo de los querellantes y de la propia fiscalía. Cuando se ordenó el allanamiento a uno de esos policías se constató que se trataba de un nonagenario italiano homónimo. Esto es posible porque con la excusa de la escasez de personal, el juez deja acumular cajones enteros de cintas con intercepciones telefónicas que nadie escucha y de las que no se saca ninguna conclusión. Nada cambiaría si alguien las borrara, como ocurrió en la causa de la AMIA.
Durante más de un año, Corazza dejó la investigación en manos de un ex compañero de Etchecolatz y de los policías sospechados, el comisario Oscar Alberto Farinelli, que hizo toda su carrera en la Dirección General de Inteligencia (Dipba), de la que era parte cuando López fue secuestrado por primera vez, en 1976. Toda la información de ese hecho está en la Secretaría Especial del juzgado, a pocos metros de donde se tramita la causa por su desaparición, pero el juez no le da intervención ni se interesa por cruzar esos datos. En septiembre pasado, Farinelli admitió en un reportaje que desde Dipba realizó seguimientos de militantes políticos y que algunos de ellos pudieron haber sido luego secuestrados, como ocurrió con López. Fue Farinelli quien sembró en la causa una pista falsa: un grupo de militares seineldinistas que fantaseaban con un golpe de Estado, del que habían redactado hasta las primeras medidas de gobierno. El grupo existe, pero no hay el menor indicio de que tenga vinculación con el secuestro de López, salvo la declaración de un suboficial introducido en la causa por Farinelli, que declaró que se proponían obstaculizar el avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Si consideraba que estaban vinculados con el secuestro de López, Corazza debería haberlos procesado; si la falta de pruebas cerraba esa vía, le quedaba la alternativa de denunciarlos para que otro juzgado investigara sus ilusorias conspiraciones.
Tampoco procesó a la docena y media de agentes del Servicio Penitenciario Federal contra quienes tiene sobrados elementos, obtenidos durante el segundo allanamiento al penal de Marcos Paz, para su sorpresa sin conocimiento previo del SPF. Allí se verificó que habían cambiado los números telefónicos para que los detenidos por crímenes de lesa humanidad pudieran comunicarse sin que las escuchas ordenadas por el tribunal brindaran algún elemento de interés investigativo. Las fojas del informe sobre el tema remitido por el Ministerio de Justicia fueron modificadas en forma ostensible, pero tampoco eso despertó la curiosidad del magistrado. En aquel allanamiento se secuestraron agendas de Etchecolatz y de otros detenidos, pero no se ordenó ningún análisis de las comunicaciones efectuadas desde y hacia esos números, con lo cual se suman fojas bobas que no conducen a ningún lugar. Recién ocho meses después del secuestro de López y a insistencia de las querellas Corazza encargó un cruzamiento informático de las llamadas entradas y salidas del domicilio de Etchecolatz.
Corazza comenta que está cansado y que desea jubilarse. Sin embargo, no ha delegado la causa en la fiscalía, donde hay más voluntad de avanzar. Se limita a entorpecer cualquier línea capaz de incomodar a cualquier sector con algún poder, real o imaginado. Por mucho menos otros jueces han sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura y removidos en juicio político. El Consejo, la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo son los únicos organismos que pueden poner coto a esta situación escandalosa, en la que la política de derechos humanos se convierte en una burla ofensiva.




ENTREVISTA AL REPRESOR EDUARDO "TUCU" CONSTANZO
"No quieren que hable de lo que tengo que hablar"



En una entrevista concedida al programa "Trascendental" de LT 8, el represor procesado por crímenes de lesa humanidad -cumple arresto domiciliario-, dijo que "están buscando sacarme de mi casa para mandarme a una cárcel para que me maten".

Constanzo cumple arresto domiciliario en su casa de Rosario. "Estoy mal, mal, estoy totalmente enfermo", dijo.
Imagen: Sebastián Granata
Por José Maggi
-¿Por qué decidió hablar ahora después de tanto tiempo?
-Porque ha llegado el momento, porque antes estaba muy impresionado con riesgo de muerte, porque cuando estaba detenido en el Batallón 121 me quiso matar dos veces el teniente coronel (Juan Daniel) Amelong. La denuncia está en el juzgado de Sutter Schneider y no se hizo nada, a pesar de que había testigos como los soldados. Y ahora están buscando cómo me sacan de mi casa para mandarme a una cárcel para que me maten, y me pase lo mismo que le pasó a (Héctor) Febres, porque lo que ellos pretenden es que no llegue al juicio oral.
-¿Por qué cree que lo quieren llevar a una cárcel común?
-Porque ayer (por el jueves) me llegó un oficio en la que dicen que quieren revisarme con un médico forense con posible destino a una cárcel común.
-¿Quien firma ese oficio?
-El Tribunal Oral Nº1 , con la firma del doctor (Otmar) Paulucci.
-¿Cuándo debe presentarse?
-Tenía que presentarme hoy (por ayer) a las 11.30 de la mañana, pero estoy mal, mal, estoy totalmente enfermo. Asi que vino la Policía Federal y labraron un acta. Lo que le digo es que van a buscar cualquier forma de que me maten, para que no llegue al juicio oral y no hable lo que tengo que hablar.
-¿Qué puede decir que no haya dicho ya en sus declaraciones judiciales?
-Mucho, más de la mitad porque yo no tenía garantías en el juzgado de Sutter Schneider porque cuando estaba en el 121 iba el coronel Chizzini Melo que era el nexo ente el Ejército y la justicia. Y me decía que cuando se fuera (Omar) Digerónimo lo iban a nombrar a Sutter Schneider que era "hombre nuestro y lo manejamos nosotros". Y yo también tenía las esperanzas en él, porque lo conocía al padre. Fue entonces que lo nombraron a Vera Barros, y después llego al final él. Es un hombre que no me merece confianza porque de lo que yo le he dicho no ha hecho nada, ni de lo que le pidió la (ex) fiscal Tessio, que pidió la detención del teniente coronel Marino González, del teniente coronel Rodolfo Riegé, de Walter Pagano, de Rodolfo Isachs, Ariel Porra, Ariel López, Alberto Pelliza alias Armando, Francisco Scilabra, Jorge Cabrera alias Andrés y Jorge Pérez Blanco a quienes se les debía tomar declaración indagatoria. Y el juez no citó a nadie.
-¿Usted que está procesado por crímenes de lesa humanidad y ahora pide justicia para que vayan presos sus viejos compañeros?
-No son mis viejos compañeros sino los que han cometido los crímenes porque no los cometí yo. Yo estaba viendo lo que hacían, pero los que apretaron el gatillo fueron ellos. Los matadores fueron Rodolfo Isachs...
-¿Los matadores de quienes?
-De los catorce detenidos en La Intermedia de los que se me culpa. Los mató Isachs, Amelong, (Jorge) Fariña, y (Pascual) Guerrieri, que son los cuatro que estaban en la pieza, los hacían llevar uno por uno y los mataban ahí adentro.
-¿Qué fue La Intermedia?
-Una casaquinta de la familia Amelong, ubicada en el kilómetro 23 frente al Automóvil Club, yendo a Santa Fe. Ahí estaban alojados cuatro o cinco meses.
-¿En qué época ocurrió esto?
-Era 1978, dos o tres meses antes del Mundial de Fútbol. El Ejército tenía que deshacerse de esa gente porque tenían que trabajar en el Mundial.
-¿Cuánto tiempo los tuvieron allí?
-Los tuvieron tres o cuatro meses después que los sacaron de la Escuela Magnasco.
-¿Y antes de eso dónde habían estado detenidos?
-Dos meses en la Quinta de Funes. Y antes de eso en La Calamita.
-¿Qué pasó en La Intermedia?
-Fue donde los eliminaron. Yo le dije a Sutter Schneider que le podía indicar cómo y dónde los mataron. Y el juez me contestó que no era yo el que le debía dar órdenes. No me llevó nunca.
-¿Qué hay en La Intermedia para que usted señale?
-Un chalet, a unos veinte metros había una casa en construcción prácticamente terminada a la que faltaban los pisos nada más, no sé cómo está ahora, ese lugar es donde los mataron. En el chalet vivían, comían y dormían.
-¿Cómo los mataron?
-Con dos tiros en el corazón que les pegaba Rodolfo Isachs, el ex comisario general, que hoy se encuentra en Pinamar en una cabaña.
-¿Quiénes eran los detenidos que fueron asesinados en La Intermedia? -Tonioli, Nacho y la Nacha, Leopoldo Tossetti y la señora, la Gringa y la Foca, que era el marido, estaba Novillo, el Tío, son esos catorce.
-¿Y quién fue la mano ejecutora?
-Isachs, pero imagino que los otros los agarraban para que les pegue el tiro. Hasta ahí no veíamos nosotros porque los metían en la pieza.
-Usted era Personal Civil de Inteligencia, pero ¿qué rango tenía el resto?
-Igual que yo. El resto como Amelong era teniente coronel del Ejército, Guerrieri era teniente coronel y segundo jefe del Destacamento de Inteligencia, y Fariña era el jefe de la patota con el grado de capitán ascendido ya a mayor.
-Además de los centros clandestinos de detención que nombró como La Calamita, la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco y La Intermedia, ¿qué otros centros de detención funcionaron en esta región?
-No conozco ninguno más, desde el 77 al 78 eran esos. Pero lo que yo quiero decirle es la gente de la patota que anda afuera. Por ejemplo Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en bulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda.
-¿Cómo es posible que un asesino como él haya tenido cabida en una entidad pública?
-A ese lo nombró (Norberto) Nicotra, que nombró también a Víctor "Chuli" Rodríguez.
-¿Qué hizo Rodríguez en la dictadura?
-No estuvo acá en la dictadura, estuvo después. El Chuli estuvo en el secuestro de Cambiaso y Pereira Rossi, junto con Guerrieri.
-¿Por qué participa Rodríguez?
-Porque era capitán y los trasladaron a Rosario después de Malvinas. Y acá llegó a ser segundo jefe del Destacamento.
-¿Es el mismo coronel Rodríguez que cruza Los Andes a lomo de mula emulando lo que hizo el general San Martín?
-Sí, es el taradito ese, ese mismo. Pero hay otros: como Sfulcini que lo sigue y lo hace detener a Messiez en una fotocopiadora, junto con el Barba, Pagano, Porra y Gustavo Bueno. Lo chupan en el centro y lo llevan a La Calamita y lo torturan durante cinco horas.
-¿Cómo termina la vida de Messiez?
-Y desaparecido, cómo va a terminar.
-¿Pero dónde está su cuerpo?
-Habría que preguntarle a los tiburones de la bahía de Sanborombón...
-¿Quién fue el que dio la orden?
-No sé si fue (Leopoldo) Galtieri o directamente la Presidencia. Pero en esos vuelos iban Ariel Porra, alias El Puma, que es además el matador de Remo (sic), y el mismo que lleva a Cambiaso y Pereira Rossi y se lo entrega a Patti tirado en el piso; Porra es el que lo lleva pisándole la cabeza. Este Porra se lo entrega a Patti, y lo mismo hace Filtro, alias Sebastián que es el yerno del coronel Pozzi, y es el que lo lleva en el otro auto, pisándole la cabeza y el cuello a Rossi para entregarlo a Patti.
-¿Quiénes hicieron esa operación?
-La hicieron en el bar Magnum, y fueron Rodriguez, Guerrieri y toda la Patota, que estaba integrada por el Gato Andrada que era arquero de Central, y que se jubila del Destacamento (de inteligencia) como agente del servicio, y también estuvo en el secuestro de Cambiaso y Pereira Rossi, como Raúl Campilongo, que estaba en la puerta.
-¿Quién es Campilongo?
-El que estaba en Vivienda, que sabía estar con Cerruti.
-¿Esta gente alguna vez declaró ante la justicia?
-No nunca nadie ha hecho nada. Es más cuando nosotros conseguimos el pedido de captura de Pagano y lo detienen mis hijos, le avisan la juez Sutter Schneider que viajaba en auto hacia Rosario a la altura de Cañada de Gómez. Y sabe lo que dijo al comisario de la segunda que lo llamó: "Mire qué boludo dejarse detener". Y estaba molesto porque mis hijos habían detenido a Pagano.
-¿Qué otros represores sueltos quedan aún hoy en la ciudad?
-Ariel Porra, el Puma; Ariel López que es el que lo mata a Remo y tira a la gente del avión; Isachs Rodolfo, que mata a los catorce detenidos; Juan Carlos Bossi, que está en Barcelona, y es el que los inyectaba y los mataba. También me acuerdo que entre los veintisiete que llevaron a Monje para matar estaba la cieguita de la otra cuadra de mi casa, de la calle Santiago. A ellos los mataron en Monje y según me contó Hugo Cardozo antes de morir de cáncer cuando vino a mi casa hace ocho meses atrás, a los veintisiete los enterraron en una finca de Rolón en Santa Fe. Con todo eso la fiscal Tessio le pidió a Sutter que me hiciera declarar con el juez de Santa Fe y no hizo nada.
-¿Qué participación tuvo Jorge Walter Perez Blanco en la represión?
-Y era el jefe de la sección Calle, era el que llevaba a toda la gente, el que los hacía detener y el que los entregaba. Estuvo mucho tiempo también trabajando en La Calamita.
-¿Qué otros trabajaron junto con usted en La Calamita?
-Armando Pelliza, uno que vive en Deán Funes 1729/31. Ese es otro que era igual que yo, pero era del grupo que iba en el avión donde yo no iba. La verdad es que quería ir pero nunca me llevaron. Es uno de los integrantes del grupo que arrojaba gente del avión. El que manejaba todo ahí era el teniente coronel Marino González que vive en Santa Fe alias Pepe. Fíjese que yo denuncio ante Sutter Schneider la desaparición de los enfermeros del Sanatorio Plaza, que los secuestra el teniente coronel Riegé, y digo cómo los llevaron, dónde los llevaron, qué auto me hicieron manejar a mí, qué capitán iba con nosotros. Y lo único que ha hecho el juez es hacerme coautor a mí.
-¿Quiénes eran sus jefes en La Calamita?
-El jefe del Destacamento era el coronel Pozzi, pero nunca estaba. El que estaba al frente de todo era el teniente coronel Guerrieri, después Fariña que era capitán ascendido a mayor, y el teniente coronel Marino González, y después había un par de sargentos, y el encargado de la Patota de nosotros era el sargento Mario Vera. Todo esto lo entregué en el juzgado y tampoco lo citaron.
-¿Cuál era la articulación entre el Ejército y el Personal Civil de Inteligencia?
-Nosotros estábamos a disposición de ellos como empleados, nosotros nos presentábamos a trabajar y ellos tenían diagramados todo lo que había que hacer, así que salíamos en los autos con ellos a detener a Fulano o a Mengano. Ellos sabían dónde los iban a detener porque los detenidos que tenían trabajando para el Ejército les daban los datos y hacían contacto. Quiere decir que los mismos compañeros los entregaban, entonces los hacían hablar por teléfono y arreglaban el encuentro. Así que los largaban pero en cada una de las esquinas estaba el Ejército, así que cuando se encontraban los chupaban a los dos.
-¿Por qué habría que creerle si usted declaró ante la justicia que en La Calamita había dos cuerpos enterrados y se excavó y no se encontró nada?
-Porque removieron la tierra y lo sacaron, eso no es culpa mía. Es lo mismo que lo que desmantelaron La Calamita y la desfiguraron completa, demolieron un montón de cosas que había. Pero además algo se encontró: hubo remoción de tierra en el lugar que yo había indicado, a un metro cincuenta se hallaron dos monedas del 77, algunos huesos que tiraron a propósito, pero lo que dice el antropólogo es que encontró una falange, que fue a análisis y no hay novedad de eso.
-¿Quiénes están enterrados en La Calamita?
-A mí, a Pagano, a Roscoe, a Bueno y a los dos Isachs nos obligan a que enterremos a Remo. Cuando vamos a hacerlo, yo no quería porque no le había tocado ni una uña a ese muchacho, a ese pobre pibe, que era un almita, chiquito, flaquito.
-¿Quién era Remo?
-Era un militante montonero que venía de San Juan. Lo llevamos para ver si deteníamos a otro, venía conversando con él y yo le decía que era devoto de la Difunta Correa. En la furgoneta venía atrás con él, y manejaba Bueno, al lado Pagano y atrás venía Rodolfo Isachs. Cuando llegamos a La Calamita lo bajan y le empiezan a dar como a un animal y lo matan. Lo mataron Porra, Armando Pelliza, Ariel López y Rodolfo Isachs.
-¿Están vivos los cuatro?
-Claro, están vivitos y coleando por la peatonal. ¿Sabe cuántas veces los habrá cruzado usted?
-¿Quién es Ariel Lopez?
-Alias Aldo, vive en barrio Rucci, le decían el Oreja, y supo ser mozo del Rilke. Después lo metieron de agente de inteligencia porque atendía a los milicos con las minas que estaban ahí.
-¿Quién es Porra?
-Es el Puma que vive en avenida del Rosario al 500 y estaba de pata de plomo en el boliche La Iguana (Roca al 700). Ahora está trabajando en la agencia de seguridad del "Petiso" Aguilar, otro que era agente de nosotros, era un servicio que caminaba con Pérez Blanco.
-¿Hay mucha gente libre con un pasado oscuro como el suyo Constanzo?
-Todos están libres, el único chivo expiatorio que está preso es Eduardo Constanzo.
-¿Qué pasó con los mellizos de Raquel Negro?
-A la chica embarazada, que era la mujer de Tulio Valenzuela, la internan en el Hospital de Paraná como sobrina de Galtieri, y la ubican en una habitación con dos camas, aislada, porque no querían que tomara contacto con nadie. Y pusieron a uno de nosotros de custodia las 24 horas. Así hasta que tuvo los mellizos, y me enteré que el nene había nacido muerto, y la nenita la entregaron Pagano y Amelong en un convento. Hay que averiguar en qué lugar fue por la fecha. Esto fue en el año 78, antes del Mundial. Y esa misma noche que mataba Isachs en La Intermedia, la trajeron a esa chica muerta desnuda en un auto Pujad 504.
-¿Qué pasó con la Operación México, que terminó con el funcionamiento de la Quinta de Funes?
-A la Quinta de Funes llevaron a la gente para levantar La Calamita porque ya estaba muy quemada. Pero en la Quinta de Funes fue una vida divina de todos los muchachos, la pasaron muy bien.
-Parece una tomada de pelo de su parte, porque era un centro clandestino de detención...
-No, lo dijo el Pelado Jaime Dri... Pero le cuento que la Operación México se dio cuando Tulio Valenzuela, el papá de los mellizos, tenía una reunión con Vaca Narvaja y Firmenich que bajaban de Italia. Así que Valenzuela los iba a entregar a los dos en México, a Fariña, a Amelong y al Barba Cabrera, que viajaron. También fue el montonero Nacho con ellos. Todos viajaron con pasaporte falso, y cuando llegaron los dejaron libre para que fuera a la reunión, pero se asusta y va al diario y dice que han venido militares a matar montoneros a México. Y se arma el gran revuelo, así que tiene que "pirar", pero a dos los meten presos: a Amelong y a Nacho, el montonero. Después los ponen a los cuatro en la frontera y los largan.
-¿Por qué niega Amelong haber participado de ese operativo?
-Lo niega porque es un cobarde, antes eran el lobo feroz, y ahora quieren aparecer como Caperucita Roja. Pero son además de cobardes, ladrones, delincuentes, porque no han dejado casa sin saquear.
-¿Quiénes se enriquecieron robándoles a los mismos que torturaban y mataban?
-Un día allanan dos armerías en Rosario. Uno de los armeros era Sánchez de apellido, y el otro murió. Y lo hicieron solo para saquearle la armería, le sacaron todo. Todavía no sé si uno de ellos tiene un aplique de cuernos de ciervos, que se había llevado de allí.
-Cualquiera que lo escuche piensa que usted por lo que dice nunca mató a nadie...
-Es verdad, nunca maté a nadie, y lo digo con la frente bien alta.
-¿Está seguro?
-Solo una vez en una pelea en Tucumán, pero fue una cuestión personal, porque me dieron cuatro tipos una paliza bárbara y me defendí. Esa no fue una cuestión del Ejército porque nadie me lo había ordenado. Esa fue una desgracia que he tenido en la vida y la pagué con cárcel.
-¿Y tampoco torturó a nadie?
-No, porque nunca me autorizaron, ni me dieron órdenes aunque yo no quise tampoco, jamás me dieron orden. Estaba la gente organizada para eso.
-¿Por qué tiene miedo que lo maten para que no declare? ¿No dijo ya todo lo que sabe?
-No, hay muchas cosas que no están. Hay cosas en los papeles. Incluso le digo más, estoy excarcelado por la Cámara de Casación. Pero cuando llegó ese fallo el juez Sutter Schneider, separó las causas, me dio la libertad por Fábrica de Armas y me la negó por la causa Guerrieri.
-¿Por qué no cuenta dónde están los cuerpos de los desaparecidos como lo están esperando sus familiares?.
-Los tiraron a la bahía de Sanborombón y se los comieron los tiburones. Los tiraban del avión, salvo a los 27 que llevaron a Monje y los mataron en el chalet de Ricardo Rodríguez Alex Patiño, que tenía una wiskería en la calle Maipú. A ellos los enterraron en la finca del coronel Rolón. Todo eso lo declaré ante el juez, al igual que la bomba que me mandó a poner Rubeo, que me trajo el trotyl, al diputado Perreta, que no sabía quién era, porque no le quería votar en la Asamblea Legislativa como senador a (Luis) Rubeo. Fue en el año 87. Fuimos con Pagano y le pusimos la bomba. De esto me arrepentí, tanto como ayudarle a otro a que le desarme un auto robado.



A 30 años de la desaparición física de Élida O. Goyeneche

Hoy nos encontramos aquí porque hace 30 años que me robaron a mi mamá. Hace 30 años estos cobardes, traidores de la Patria, que irrumpieron en el poder en marzo de 1976 secuestraron para luego desaparecer a mi madre. Yo tenía tan sólo 1 año de vida, junto a mi hermano, que en ese entonces tenía 3. Juntos crecimos bajo el cobijo y el amor de nuestros abuelos, pero con el profundo dolor y la incertidumbre de no saber qué pasó con mamá, con Élida. Mi papá, Pedro Miguel Sobko también fue desaparecido a manos de las fuerzas conjuntas de seguridad en la ciudad de Paraná. Mis padres y los 30.000 compañeros no hacían más que soñar con un mundo con justicia social y libertad. Eso era lo que deseaban, que todos tengan para comer, que todos tengan la posibilidad de acceder a un trabajo digno, que la distribución de la riqueza en este país sea justa y equitativa.
Crecer, vivir, comprender la desaparición de un ser querido no es natural. La desaparición física de Élida a manos de asesinos que se autodenominaban señores de la vida y de la muerte, que siguen en libertad caminando por las calles de Goya con total impunidad; nos convoca hoy nuevamente para seguir exigiendo justicia. Mientras, yo pase 30 años de mi vida volviendo a esta ciudad, intentando hallar las respuestas sobre el paradero de mi madre.
A estos cobardes que nos arrancaron las esperanza de un país más justo, más solidario, un país del pueblo y para el pueblo; a estos señores, asesinos, genocidas, torturadores, les queremos decir que la podrán haber desaparecido físicamente, pero para mí ella nunca se habrá ido. Tanto ella como mi papá están vivos en mi lucha, en mi amor hacia ellos. Por otra parte también a todos aquéllos que nos han dicho “algo habrán hecho” les decimos que sí! Que ellos algo hicieron, ellos pelearon por un proyecto de país y un proyecto de sociedad diferente al que tenemos hoy. Y Élida era una mujer que integraba esa juventud maravillosa que dejó su sangre en la pelea por los ideales.
Nos sobran las razones para estar aquí hoy, recordándola porque es nuestra forma de traerla a la vida, nuestro imperativo de no olvidar a pesar de tanta muerte, de todo el dolor, de tanta vida desgarrada.
Nos cuesta aceptar que la justicia es tan lenta. Que los responsables están en las calles gozando de toda la impunidad que le dio una sociedad civil que muchas veces decidió mirar para otro lado. Porque la justicia cuando es lenta, no es justicia. Porque cuando la justicia se maneja en los parámetros de la impunidad, no es justicia. Nos cuesta creer que las madres y las abuelas se nos están yendo sin conocer la verdad. Me duele hasta lo más profundo de mi ser pensar que mi abuela Pepita y mi abuelo Oscar se puedan ir sin saber qué pasó con Élida, quiénes son los responsables, sin poder llevar una flor a la tumba de su hija. Pero a pesar de todo seguimos apostando a la memoria, a la verdad, a la lucha que es posible para cambiar este estado de las cosas.
Hoy te puedo decir mamá que estoy orgullosa de vos, que si tendría la ínfima posibilidad de tenerte enfrente te contaría que sos abuela de dos bellezas, dos gordas preciosas, mi hija se llama Federica y la de Oscar se llama Ana Lucía. Te contaría que estoy militando como vos que busco todos los días incansablemente saber la verdad, la verdad de lo que pasó con vos mamá, y la verdad de lo que pasó con papá. A veces pienso que injusta que es la vida, nos quitaron la posibilidad de conocernos, de reir juntas, de llorar juntas… Yo mientras tanto sigo soñando con ese día en que nos encontraremos y nos daremos un abrazo de amor, ese que tanto esperé en las noches de mi infancia, y que tanto espero en los momentos importantes de mi vida. Te imagino viva, hoy, con nosotros acompañando cada bandera que levanto. Viendo crecer a tus nietas, con todos los mimos de abuela de los que hoy se ven privadas.
Por Élida, por los 30.000, por todos aquéllos que apuestan a luchar y a crecer, por todos los que no olvidamos, porque no nos han vencido. Porque sigo peleando por la sonrisa de mi hija y la de mi sobrina. Por las sonrisas de las generaciones que siguen. Por la verdad.

Goya, Ctes., 12 de enero de 2008.-


Clarisa Elida Sobko



viernes, 11 de enero de 2008

H.I.J.O.S REPUDIA EL SOSPECHOSO Y VIOLENTO ROBO A LA COMPAÑERA ELEONORA ALAIS

LA AGRUPACION H.I.J.O.S REGIONAL MAR DEL PLATA EN LA RED NACIONAL REPUDIA EL SOSPECHOSO Y VIOLENTO ROBO OCURRIDO EL JUEVES 10 DE ENERO EN HORAS DE LA MADRUGADA A LA COMPAÑERA ELEONORA ALAIS INTEGRANTE DE NUESTRA AGRUPACION EN SU DOMICILIO.

EXIGIMOS SE ESCLAREZCA DE INMEDIATO.
Y NOS SOLIDARIZAMOS CON ELLA.

H.I.J.O.S REGIONAL MAR DEL PLATA EN LA RED NACIONAL


ASALTO A UNA INTEGRANTE DE H.I.J.O.S REGIONAL MAR DEL PLATA
Roban documentacion del Juicio por la Verdad
Asalto a un integrante de HIJOS
Documentación relacionada con el Juicio por la Verdad que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata fue robada a una integrante de la agrupación HIJOS durante un asalto ocurrido en su domicilio en esa ciudad, informaron miembros de la entidad de derechos humanos.



La víctima fue Eleonora Alais, de 32 años, hija Raúl Alais, uno los abogados desaparecidos en la denominada Noche de las Corbatas del 13 de julio de 1977.
Eleonora Alais denunció que ayer al regresar a su domicilio en barrio El Progreso encontró a dos encapuchados, uno de los cuales la redujo en el garage mientras el otro revisaba la vivienda.
Eleonora pudo liberarse y salió a la calle, donde alertó con gritos a los vecinos sobre lo que ocurría, lo que motivó la huida de los atacantes, quienes antes de retirarse le advirtieron: "quedáte tranquila porque si no te venimos a buscar".
Además de algunos objetos domésticos, Alais denunció el robo de la medalla de honor que le dio el Colegio de Abogados en recordación de su padre, copias de testimonios producidos durante el Juicio por la Verdad y un informe de inteligencia de su padre.
Voceros de la agrupación HIJOS dijeron que el Ministerio de Seguridad bonaerense y autoridades nacionales se interesaron por el hecho, que es investigado por el Juzgado Federal 2 de Mar del Plata.
Fuente: Télam


11.01.08
Eleonora Alais (32), activa dirigente de la agrupación Hijos en Mar del Plata, fue asaltada ayer a la madrugada por dos sujetos en su domicilio de Juana Manso al 1500.La mujer –que es hija del abogado Raúl Hugo Alais, secuestrado y desaparecido el 13 de julio de 1977 durante la "Noche de las Corbatas"– denunció que los individuos robaron, entre otros elementos, documentación relacionada con el Juicio por la Verdad y con su actividad política, fotos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar y una medalla recordatoria de su padre, la cual carece de valor comercial.En diálogo con LA CAPITAL, Eleonora Alais se mostró convencida de que no fue un robo común, interpretación que coincide con las primeras derivaciones judiciales del caso. De hecho, la causa no quedó en manos de la Justicia Provincial –como correspondería a un asalto a mano armada– sino de la Justicia Federal, que intentará determinar si el hecho está relacionado con la inevestigación de delitos de lesa humanidad ocurridos durante el último gobierno de facto. Eleonora Alais informó a LA CAPITAL que "llegué a mi casa alrededor de las 4, entré mi auto al garaje y me encontré con dos encapuchados. Me pedían plata o cosas de oro, hasta que uno de ellos me dijo que yo sabía porqué estaban acá".La mujer reveló que uno de los individuos la mantuvo reducida en el garaje de la casa mientras el restante permanecía en el interior de la casa. "El que se quedó conmigo me tapaba la boca y me apuntaba, pero yo empecé a gritar y a llorar. Estaba con un ataque de nervios. Luchamos y logré descubrirle el rostro; tenía una especie de pañuelo o cuellito. Era un chico joven, de unos 17 años. Me golpeaba la cabeza contra el portón del garaje", narró Alais. "El otro –prosiguió– le gritaba que me metiera para dentro y el que estaba conmigo empezó a empujarme. Forcejeamos porque quería llevarme desde el garaje al interior de la casa, pero zafé, abrí el portón y salí a la calle. El que estaba conmigo empezó a llamar al otro: "Rancho, Rancho". Yo salí corriendo y poco después salieron ellos con unas cosas en las manos. Me dijeron: no llamés porque te vamos a venir a buscar"."Llamé al 911 y entré a la casa junto a la policía. Estaba toda ordenada. Se habían llevado una cámara de fotos y una filmadora que empleo en mi trabajo y la medalla de honor que me dio el Colegio de Abogados en recordación de mi papá". Alais indicó que los individuos también robaron un portarretratos donde "yo tenía fotos carnet de los padres desaparecidos de mis compañeros", copias de testimonios producidos durante el Juicio por la Verdad "con anotaciones mías, correspondientes a mis investigaciones, el informe de inteligencia de mi papá y todas las películas de la dictadura que usamos para la facultad".Asimismo, señaló que "se llevaron un expediente donde yo tenía las fotos de todos los servicios de inteligencia que actuaron durante el conflicto en el puerto. Ese es un trabajo investigativo que estamos haciendo y que se presentó a la Justicia".Tras asegurar que "es imposible que hayan confundido esos elementos con otros, porque se trata en su mayoría de papeles", Alais puntualizó que "en la casa no había dinero, solamente un billete de 50 pesos que se llevaron junto a las llaves de mi auto y la totalidad de mi documentación".Fuentes de la investigación señalaron que el Ministerio de Seguridad bonaerense y diversas autoridades nacionales se interesaron por el hecho, que es investigado por el Juzgado Federal 2.Alais señaló que "el teléfono inalámbrico apareció en otra habitación, lo que me lleva a pensar que se comunicaron con alguien. La policía piensa que entraron por los techos de una vivienda vecina hasta el patio de mi casa, desde donde ingresaron por una ventana".

miércoles, 9 de enero de 2008

LOS REPRESORES TUVIERON FALLO ADVERSO EN EL CASO FEBRES Y HUBO MAS NOVEDADES JUDICIALES

OpiniónArgentina
Los represores tuvieron fallo adverso en el caso Febres y hubo más novedades judiciales
Por: Emilio Marín (LA ARENA)Fecha publicación: 08/01/2008


La jueza entendió que el represor fue asesinado y sospecha de Prefectura. Otras malas noticias para los colegas de causas del envenenado fueron los pedidos de captura por el 'Plan Cóndor' y más elevaciones a juicios.El prefecto Héctor Febres estaba en las vísperas de recibir una condena a 25 años por torturas en la tristemente célebre ESMA. Y eso que en esta mini-causa no se juzgaba el conjunto de su actuación sino cuatro casos de torturas. Esa partición de los juicios, en vez de su unificación por campo de exterminio, ha sido funcional a las demoras generadas por los represores y un suplicio a los sobrevivientes, que tienen que rememorar lo vivido una y otra vez para prestar testimonio.Pero, mientras se mantiene ese reclamo de unificación, los querellantes y letrados abrumaron con sus pruebas a Febres, que el 14 de diciembre último iba a decir su última palabra ante el tribunal. Luego se le comunicaría la condena. El tiempo potencial es porque el procesado no llegó a pronunciar su descargo ni se pudo dictar sentencia. Aquél apareció muerto en la base Delta de Prefectura.Los forenses indicaron que el occiso había fallecido por la ingesta de 93 miligramos de cianuro. Según la viuda y los dos hijos, aquél no tenía intención de suicidarse. La jueza Sandra Arroyo Salgado no detectó ninguna carta de despedida como la que se halla en estos casos. Esos familiares apuntaron al prefecto que vigilaba al preso, Angel Volpi, que quedó detenido igual que su jefe Rubén Iglesias.Lo primero que saltó a la vista -y tiene que ver lateralmente con la investigación del crimen- fueron las relajadas condiciones que gozaba Febres. Dos ambientes con vista al río, dos líneas de teléfono, computadora con Internet, TV con DVD, chofer y otras prebendas. Algunas de éstas dificultan ahora la investigación, como la inexistencia de un registro de visitas. No se puede saber quién y cuándo entró allí.La magistrada habría detectado que gente de Prefectura cambió la escenografía del crimen y que la computadora del envenenado fue sacada y devuelta con archivos borrados. La pesquisa habría encontrado ciertas pistas de que aquél manifestaba intención de hablar ante el Tribunal, aclarando su rol en la entrega de bebés nacidos en cautiverio. El prefecto sacaba y distribuía esas criaturas de la ESMA, de las cuales sólo se recuperaron a Juan Cabandié y Victoria Donda. La confesión podía ayudar a ubicar a otros jóvenes, revelar responsabilidades en ese tráfico y en la desaparición de las madres.Arroyo Salgado entendió que no hubo suicidio sino asesinato, y lo atribuyó a parte de la institución que había dado a Febres un lugar de lujo para 'contenerlo' y evitar su quiebre ante al justicia. La hipótesis es que cuando eso se puso en riesgo, se tomó la decisión de empastillarlo. El lugar VIP y la ulterior muerte han desprestigiado más al bando represor, que aún tiene oficiales en actividad en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El 5 de octubre de 2005 hubo varios oficiales del Ejército vistiendo uniforme en el acto de Plaza San Martín, donde se pidió la libertad de Jorge R. Videla y se justificó la represión ilegal.Acusaciones videlistasLa jueza dictó el procesamiento de Iglesias y Volpi por homicidio, y en cambio liberó a los familiares de Febres, si bien los acusó de encubrimiento agravado. En paralelo, perdió su cargo el entonces jefe de Prefectura, Carlos Fernández, quien podría ser citado a indagatoria. Fernández tuvo en contra no sólo este episodio sino también la responsabilidad de haber ordenado la represión contra los empleados del Casino.No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que la resolución judicial en el caso Febres es de gravedad inusitada. Está sosteniendo que en las fuerzas de seguridad puede haber grupos organizados para matar con tal de preservar los secretos del terrorismo de Estado.Debe ser por eso que los que defienden lo actuado durante la dictadura salieron a impugnar a la jueza. Entre otras, reapareció Cecilia Pando, la titular de Afyappa, el sello que clama por la libertad de Videla, los detenidos en la causa ESMA, el ya condenado Miguel Etchecolatz, etc.En una nota del 24 de diciembre último, la esposa del mayor retirado Rafael Mercado, afirmaba sobre el envenenamiento: 'No se trata de cerrar la cuestión, pero todo crimen necesita un motivo. Y el motivo debería ser indagado entre quienes han salido ganando con esta muerte. Las únicas que han sacado dividendos de esta situación, y en consecuencia las principales sospechosas del crimen, son las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos, que encontraron el motivo perfecto para exigir a la justicia el traslado de los detenidos a cárceles comunes'.Es increíble: Pando acusa a Abuelas de Plaza de Mayo de ser las responsables del crimen. A la justicia que habría 'comprado' la postura de organizaciones humanitarias la llama 'marioneta' y 'prostituta', 'por entregarse servilmente a los inconfesables intereses de estos grupos políticos alineados con el extremismo terrorista'.Lo que esta cara visible del videlismo no quiere entender es que la jueza también se guió por el criterio de indagar entre quienes salieron ganando con el envenenamiento. Y concluyó en que bien pudo ser una patota de Prefectura conectada con quienes quieren ocultar los delitos de lesa humanidad de la ESMA.Hablando de esos delitos, 'La Nación' (6/1) se lamentó que 'en una sentencia cuyos fundamentos sorprenden por su ligereza, la Sala I de la Cámara Federal porteña dictaminó que los crímenes cometidos por miembros de la agrupación terrorista Montoneros no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, por lo que se encuentran prescriptos'. Otro revés judicial para los represores.Otras malas noticiasAnte las laxas condiciones en la base Delta, que favorecieron la muerte de Febres, el juez federal Sergio Torres ordenó el traslado de quince represores a cárceles comunes. El lote recaló en Marcos Paz, excepto tres que fueron al Hospital Naval por reportarse enfermos. El resto, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge 'Tigre' Acosta, están en aquel establecimiento federal en territorio bonaerense.No hace falta abundar en los merecimientos de estos criminales para estar allí. Se sabe que la ESMA fue el mayor centro de aniquilamiento de los 500 que funcionaron durante la dictadura. Y que Astiz, además de secuestrador de las dos monjas francesas y otras personas en la Iglesia de la Santa Cruz, terminó rindiéndose ante los ingleses en las Georgias del Sur sin haber disparado un tiro.Pando también pide por la libertad de estos sujetos. Dice de ellos: 'y 15 oficiales de la marina, que en la década del 70 arriesgaron su vida para defender a la patria de la agresión terrorista, hoy están detenidos como presos comunes en la cárcel de Marcos Paz'. En rigor sus condiciones en ese lugar son mejores que las de los presos comunes, cosa que ya ocurría con Etchecolatz, Von Wernich y Cozzone (ver revista Viva, 16/12/2007).Los letrados del ex Grupo de Tareas han pedido que sus defendidos vuelvan a sedes de la Armada. Alfredo Solari y Juan Aberg Cobo dijeron que 'permanecer en una cárcel civil implica un tratamiento indigno, degradante y persecutorio'.Afortunadamente para la mayoría de la sociedad, esos represores van a seguir en Marcos Paz. Y sobre ellos hubo nuevos pedidos de elevación de causas a juicio, en el país e incluso en el extranjero.'Tigre' Acosta ya estaba procesado por el apoderamiento de valiosos terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza, y hacer desaparecer a sus legítimos dueños. Ahora será juzgado por el robo de un departamento, un auto y una biblioteca (¿leería este monstruo?). El 28 de diciembre último los generales Luciano B. Menéndez y Antonio D. Bussi fueron notificados de que se elevó a juicio la causa donde se los había procesado por las desapariciones en 1976 del ex senador justicialista de Tucumán, Claudio Vargas Aignasse y el militante de Vanguardia Comunista, Guillermo Pedro Rubio.Videla y el ex almirante Emilio E. Massera están entre los 61 militares requeridos por la justicia italiana a fines de diciembre. Desde Roma pidieron sus detenciones y extradición para juzgarlos por la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina, durante el llamado 'Plan Cóndor'. Lástima que Italia no se ponga firme también con EEUU, a quien debieran pedirle la prisión de Henry Kissinger, uno de los que dieron luz verde a ese operativo represivo en el Cono Sur.


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lunes, 7 de enero de 2008

TRIBUNAL RATIFICO IMPORTANCIA HISTORICA Y PROBATORIA DEL JUICIO POR LA VERDAD

Tribunal ratifico importancia historica y probatoria del Juicio por la Verdad
Confirman procesamiento de represores en Pozo de Arana

La Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de los policías Rubén Oscar Páez y Miguel Kearney, por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la última dictadura en la campo clandestino conocido como "Pozo de Arana".



Además, el tribunal ratificó la importancia no sólo histórica sino probatoria del Juicio por la Verdad, que impulsó hace diez años la APDH La Plata junto a un grupo de madres y familiares de desaparecidos y sirvió como camino para retomar las indagaciones cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final impedían castigar a los responsables.
La ratificación se debe a que las imputaciones contra estos policías surgieron de los testimonios oídos en el marco del Juicio por la Verdad que, luego, con la anulación de las leyes de impunidad, cobró un impulso penal al compás de la reapertura de las causas cerradas.
Páez fue el responsable de la Brigada de Investigaciones de La Plata desde el 30 de diciembre de 1976 hasta comienzos de diciembre de 1977.
Kearney, además de formar parte de la "patota" que detenía y trasladaba a las víctimas del terrorismo de estado hacia sitios ilegales de detención, fue jefe del centro clandestino que funcionaba en el Destacamento de Arana.
La Cámara Federal ratificó el fallo del juez de primera instancia, Arnoldo Corazza, quien había dado por probado la dependencia orgánica y funcional que la Brigada de Investigaciones de La Plata tenía en el centro clandestino de detención.
Páez, a cargo de la Brigada, "resulta responsable de los delitos cometidos en aquel lugar conocido como 'Pozo de Arana', por haber impartido órdenes y aportado medios materiales para la producción de tales hechos", había escrito el juez de primera instancia.
En tanto, Kearney deviene "responsable" de los crímenes ocurridos allí "por su ubicación en la cadena de mandos" y por haber "proporcionado los medios para concretar los hechos delictivos que se le imputan", había añadido el fallo.
La detención de estos dos policías fue solicitada originalmente por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata cuando la causa llegó a manos del juez penal federal, Manuel Humberto Blanco, quien luego se declaró incompetente.
Las defensas de Páez y Kearney habían presentado un recurso contra el procesamiento, en el que sostenían que los policías no eran responsables de los delitos que se les imputaban y cuestionaban la validez probatoria de los testimonios volcados en el llamado "Juicio por la Verdad".
Pero la Cámara Federal de La Plata rechazó este recurso al sostener que las constancias reunidas "conforman un frondoso cuadro probatorio".
Además, sobre al Juicio por la Verdad, los camaristas afirmaron que "cierto resulta que el proceso que se lleva y se ha llevado a cabo en el marco del referido Juicio ostenta una naturaleza distinta a este proceso penal, máxime cuando el mismo adolece de carácter punitivo, mas tal circunstancia no invalida que los testimonios y todo el conjunto de pruebas que en aquel se recabe, pueda ser utilizado como un medio probatorio idóneo a los fines de asignar responsabilidad penal en el marco de este proceso".
Fuente: DyN

domingo, 6 de enero de 2008

LA JUEZA ENCONTRO UNA MULTA DE TRANSITO DEL 2005 CON EL DNI DE FEBRES EN TOLEDO

El país Domingo, 06 de Enero de 2008

LA JUEZA ENCONTRO UNA MULTA DE TRANSITO DEL 2005 CON EL DNI DEL PREFECTO EN TOLEDO

Investigan además si Febres viajó a España
Durante el allanamiento a la celda del represor envenenado con cianuro apareció una multa de tránsito a su nombre. La jueza Sandra Arroyo investiga si entre sus privilegios pudo haber figurado ese viaje o si alguien uso su documento.


Por Raúl Kollmann
La investigación del caso Febres seguirá hacia arriba, hacia los más altos mandos de la Prefectura. Es que los increíbles privilegios de los que gozaba el represor no podrían emanar de una orden de un subalterno, sino de las jerarquías más altas. La jueza Sandra Arroyo, al dictar los procesamientos por homicidio, menciona una circunstancia que superaría todos los límites conocidos. La magistrada deja asentado en su escrito que está investigando si Febres, aún detenido, viajó al exterior, más precisamente a España. Es que cuando allanó el lugar de detención del represor encontró una multa por infracción de tránsito realizada el 21 de septiembre de 2005 por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para esa fecha, Febres llevaba ya varios años de detención. La multa figura a nombre de Alfredo Febres Méndez, pero lo curioso es que el número de documento es el que corresponde a Héctor Febres, 8.674.928, y el domicilio al que llegó la notificación es el de Angel Carranza 1551, Capital Federal, el domicilio en el que vivían Febres y su esposa. O alguien usurpó el documento y la identidad del represor o éste salió del país por alguna vía.
“Un punto que plantea otro interrogante –dice la jueza– resulta ser la multa expedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, España, que se secuestrara del propio camarote que ocupara Héctor Febres en Zona Delta. La misma sanciona a Alfredo Febres Méndez, con domicilio en la calle Angel Carranza 1551 de Buenos Aires, Argentina, una infracción a normas de tráfico y seguridad vial cometida en la ciudad de Toledo, España”. Se infiere que el auto estaba matriculado en Canarias y fue usado en Toledo.
El propio Febres pidió a su defensor oficial que averiguara por Internet sobre la multa, pero la jueza dejó asentado lo siguiente en su escrito: “En verdad, podría resultar impensable que Febres, detenido, pueda haber viajado a dicha ciudad cuando no obran constancias de haber sido trasladado a España sin previa autorización de las judicaturas a cuya disposición se encontraba. Sin embargo, el estado embrionario de la pesquisa impone que dicha cuestión quede, al menos por el momento, en estado de incógnita”.
Arroyo libró exhorto a España para conseguir más precisiones y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se le informe si existen registros de salida del país de Héctor Febres. Este diario pudo averiguar que sólo el hijo de Febres, Héctor Ariel, registra salidas del país. Ninguna en 2005; una en 2003 hacia Bogotá y otras tres hacia países limítrofes.
Por el escrito de Arroyo, se ve que la magistrada no descarta nada. Es que si Febres tenía chofer, mozo, dos líneas telefónicas fijas, un celular, su esposa se quedaba a dormir, sus amigos jugaban con él a las cartas hasta la madrugada sin que quedara registrado su ingreso al Destacamento; si tenía las llaves de su propio lugar de detención, si lo llevaron tres veces de vacaciones a una base naval de Azul, no puede dejar de investigar una prueba que evidenciaría una salida clandestina de la Argentina.
Peor aun en caso de que alguien hubiera usurpado el documento del represor, queda flotando en el ambiente que ese alguien podría ser del área de Inteligencia de Prefectura o la Armada, lo que también corroboraría que las más altas jerarquías movieron los hilos en todo momento.
Los interrogantes que deben afrontar en los próximos tiempos la jueza Arroyo y el fiscal Gentili son los siguientes:
1
¿Quién envenenó a Febres con cianuro?
La jueza dice que, por los privilegios y el descontrol total en el que vivía Febres, le resulta imposible determinar quién le dio el veneno. Arroyo y también la familia de Febres están convencidos de que fue asesinado, porque no hay un solo mensaje de despedida ni una explicación de un eventual suicidio. En su escrito, y sobre la base de los informes de forenses y toxicólogos, Arroyo determina que el cianuro fue ingerido entre las doce de la noche y las dos de la mañana. A esa hora el prefecto Angel Volpi estaba en el Destacamento y era el único que tenía la llave del camarote de Febres. El Gordo, como le dicen a Volpi, aparece en la mira como el más probable envenenador, pero la jueza no lo puede probar. Al menos por ahora.
2
¿Cuál era la relación de Volpi con Febres?
Los distintos testigos dicen que tenían una relación muy estrecha, que Volpi estaba casi siempre con Febres. Es más, había prefectos que se mofaban del Gordo por ser “solterón” y escuchas en las que se habla de que “se ponían en pedo juntos” y que “tal vez el Gordo le puso el cianuro”. Además, como se sabe, está pendiente un análisis de ADN de muestras de semen encontradas en el recto de Febres. Lo único concreto es que la relación era, como mínimo, extraña. Y la clave es saber para quién jugaba Volpi. Algunos sugieren que fue puesto por los altos mandos de la Prefectura, pero no faltan quienes mencionan que podría estar relacionado con la Armada. O sea que la relación, si no era personal, era de control y espionaje sobre todo para vigilar si Febres iba a contar o no los datos que conocía de la ESMA.
3
¿Quién abrió el Messenger?
El cianuro fue suministrado entre las doce y las dos de la mañana, en la noche que fue del nueve al diez de diciembre. Algo después de la una, desde la computadora de Febres se abrió el Messenger con la identificación de patofe, la usada por el represor. No queda claro si el propio Febres abrió el Messenger o si estaba con alguien, el homicida.
4
¿Qué papel jugaron los altos mandos?
Parece seguro que Arroyo llamará a declarar a quien fuera la más alta autoridad de la Prefectura, el prefecto nacional Carlos Fernández, ya desplazado por el caso Febres. Es que tamaña cantidad de privilegios no podía emanar de las órdenes de un cuadro medio de la Prefectura. El ejemplo más palmario, citado por Página/12 en su edición de ayer, es que en la cena del 197º aniversario de la Prefectura, en la mesa principal, la número uno, se sentaron el jefe del Destacamento Delta, Rubén Iglesias, junto a su señora, y Febres, con su esposa. “Tamaño privilegio sólo puede venir de instrucciones de arriba”, sugiere un prefecto en su testimonio. Pero en paralelo con los privilegios y hasta el eventual viaje a España, había una operación de espionaje para saber si Febres iba a hablar o no. Y lo que la jueza sugiere en su resolución es que alguien de jerarquía, al menos en la parte de Inteligencia de Prefectura o Marina, pudo concluir que el represor estaba a punto de contar “nombres y circunstancias”, como él mismo anotó. A partir de ese punto –da a entender la magistrada–, se puso en marcha la operación cianuro.

Un fallo “bien fundado”

La abogada querellante en la causa ESMA, Mónica González Vivero, consideró ayer “bastante bien fundado” el fallo que señala que el prefecto Hector Febres fue asesinado y adelantó que solicitará “ampliar las responsabilidades” para conocer quiénes fueron los autores del crimen mientras estaba detenido –en condiciones VIP– en una delegación de la Prefectura Naval.
Según la resolución de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el represor fue envenenado con cianuro para impedir que diera información sobre el robo de bebés en la ESMA durante la dictadura militar. Por el crimen, la magistrada imputó como partícipes necesarios de homicidio triplemente agravado –cómplices– a los prefectos Angel Volpi y Rubén Iglesias.
“El fallo reafirma lo que suponíamos, que fue asesinado y las condiciones increíbles en las que vivía mientras estaba detenido”, dijo la abogada al referirse a los privilegios con que contaba el represor en la Delegación Delta de Prefectura Naval.

LA HISTORIA DE LA DECLARACION QUE NO SE HIZO

La falsa alarma de Volpi
Por Raúl Kollmann
El jueves por la tarde hubo conmoción en el juzgado que investiga la muerte de Héctor Febres. Al atardecer, cuando la jueza Sandra Arroyo estaba a punto de dictar los procesamientos, se presentó el abogado del prefecto más comprometido en el homicidio, Angel Volpi, y le dijo a la magistrada que su defendido quería declarar en forma urgente. Es más, pidió un cardiólogo y una ambulancia, para el momento en que Volpi hablaría ante la jueza. Arroyo, apremiada por el vencimiento de los plazos judiciales, resolvió dictar primero los procesamientos y después, tal vez a mediados de mes, le tomaría declaración a Volpi. Sin embargo la magistrada revió su decisión porque consideró que de la misma manera que mataron a Febres podrían hacerlo también con Volpi. Por ello, el viernes suspendió las vacaciones correspondientes a la feria judicial, hizo traer al prefecto al juzgado, y convocó a un médico y una ambulancia. Fue un fiasco: Volpi se volvió a negar a declarar.
El Gordo Volpi, como le dicen, era la persona más cercana a Febres y el único que la noche del 9 de diciembre, entre las doce y las dos de la mañana, momento en que se produjo el envenenamiento, tenía llaves del camarote del represor. Además fue quien compartió con Febres la última cena y, según se transcribe de escuchas telefónicas realizadas a otros prefectos, “los dos se ponían en pedo juntos”. La declaración de Volpi, según consideraban la jueza Arroyo y el fiscal Alberto Gentili, podía producir un vuelco decisivo en la causa.
La novedad tenía un agregado: “El Gordo” había cambiado de abogados y, por lo tanto, también de estrategia. En el caso Febres hay muchas desconfianzas, empezando por la del propio represor. Febres, por ejemplo, consideraba que sus primeros abogados estuvieron relacionados con el Servicio de Inteligencia de la Marina y sabotearon su defensa, es decir lo dejaron solo, preservando a los hombres de esa fuerza. En el expediente consta que así se lo transmitió a algunos de sus allegados.
Como la magistrada necesitaba tiempo para terminar los procesamientos y el plazo le vencía el jueves a la noche, decidió seguir adelante con su resolución y aplazar la indagatoria de Volpi para mediados de mes. Arroyo estaba dispuesta a interrumpir sus vacaciones para tomarle declaración a quien se considera el hombre clave del caso. Sin embargo, alguien se acercó a la magistrada y le advirtió del peligro: “Así como mataron a Febres, podrían matar a Volpi si se pensaba que iba a hablar”. Lo que terminó de redondear las sospechas es que Arroyo se enteró de que Volpi, por una cuestión de salud, iba a ser trasladado el jueves próximo al Hospital Naval, algo que ella había prohibido taxativamente.
Lo cierto es que la jueza decidió llamar a declarar a Volpi de inmediato para no correr ningún riesgo. El viernes por la tarde fue llevado al tribunal y hasta allí llegaron también un médico y una ambulancia, pedidos por sus defensores. Volpi es joven, apenas pasa los 50 años, pero se alega que tiene diabetes y problemas de hipertensión. Sus abogados dijeron el viernes que El Gordo no podía declarar de apuro, algo que él mismo había pedido un día antes. Por lo tanto se negó. Todo quedó postergado para mediados de mes, cuando la jueza interrumpa sus vacaciones. Eso sí, antes de irse, Arroyo le reiteró al jefe del penal de Marcos Paz que queda prohibido cualquier movimiento o traslado de Volpi sin su consentimiento expreso.

viernes, 4 de enero de 2008

PROCESARON A DOS PREFECTOS Y A LA FAMILIA DEL REPRESOR FEBRES

El país Viernes, 04 de Enero de 2008


“Homicidio triplemente agravado”

La jueza consideró que el represor fue silenciado. Hay apuntes que indicarían que iba a hacer revelaciones. Arroyo no pudo establecer quién lo habría matado, pero imputó a los prefectos Angel Volpi y Rubén Iglesias de ser cómplices del crimen. Los familiares de Febres fueron procesados por “encubrimiento”, pero recuperaron la libertad.

Por Raúl Kollmann
La jueza Sandra Arroyo procesó ayer, con prisión preventiva, a dos prefectos como partícipes necesarios en el homicidio triplemente agravado del ex represor Héctor Febres. El homicidio es agravado, en primer lugar, por el uso de veneno; en segundo lugar, por haber actuado dos o más personas y, en tercer lugar, porque el asesinato se concretó para tapar otro delito, es decir para silenciar a Febres. Los procesados como cómplices del homicidio son los prefectos Angel Volpi, una especie de ladero permanente de Febres; y Ruben Iglesias, el jefe del Destacamento Delta en el que el represor estaba detenido. Respecto de la familia de Febres, la jueza Arroyo dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de encubrimiento. Anoche, la esposa y los dos hijos de Febres recuperaban la libertad. Los procesamientos y las calificaciones fueron adelantadas, en exclusiva, por Página/12 en su edición de ayer.

El escrito de la jueza fue notificado a las partes a última hora de ayer. Por la tarde, el prefecto Volpi, uno de los ahora procesados pidió hablar con la magistrada y eso demoró aún más la medida (ver aparte).

Según se desprende del fallo, las increíbles condiciones en las que vivía Febres, en un departamento del que entraba y salía cuando quería y sobre el que no existía control alguno, hicieron imposible que Arroyo pudiera determinar quién le suministró el cianuro al detenido. Es como una muerte en la cárcel, que técnicamente se llama “muerte en custodia”, pero con la particularidad de que se trataba de una cárcel asombrosa, en las que se producían “irregularidades incomensurables”, según señala la magistrada. La conclusión de la jueza es que el crimen no se pudo cometer sin la complicidad de los responsables de la custodia, Volpi e Iglesias.

Arroyo se apoya en varios testimonios que indican que Febres estaba cerca de hablar y de contar “nombres y situaciones”. El represor –según dicen sus allegados en el expediente– planteaba que era injusto que sólo él fuera juzgado, que durante la dictadura fue personal subalterno y ahora estaba preso, mientras que disfrutaban de la libertad los oficiales y jefes de la Marina que dieron las ordenes, que si lo pasaban a una cárcel común no soportaría ser visitado por su familia en ese lugar y que estaba dispuesto a hablar. Es más, la magistrada considera elementos fundamentales los apuntes encontrados en el departamento de Febres: indicarían que se preparaba para hacer revelaciones. “Lo dejaron solo y estaba furioso”, declaró el sacerdote que lo asistía. Hay un texto en el que figuran dos apellidos, Lavairi y Marti, y al lado de éste último apellido, una anotación, que sería de puño y letra de Febres, que dice: “chicos, contar todo”. (El represor era en la ESMA el encargado de las embarazadas y los niños que fueron apropiados.)

En el procesamiento de los prefectos por complicidad con el asesinato, la jueza evalúa que al ser informada de la muerte de Febres concurrió de inmediato al Destacamento Delta y se encontró con una escena totalmente alterada, donde ya se encontraban familiares y amigos, y en la que todo se dispuso para convencerla de que Febres murió de muerte natural. En otras palabras, que hubo un intento de tapar el homicidio, lo que profundiza las sospechas sobre la participación de los prefectos en lo ocurrido.

La magistrada sostuvo que, dentro del Destacamento Delta, Febres era menos un detenido y más un superior jerárquico. Pero, al mismo tiempo, hubo una especie de monitoreo sobre lo que iba a hacer o decir en el juicio. O sea que le daban libertades increíbles para un detenido, mientras lo evaluaban y medían si iba a hablar o no. La base del procesamiento de Volpi e Iglesias es que “existe la sospecha de que quienes lo custodiaban, fueron quienes intervinieron en la ejecución final del homicidio, para silenciar a Febres”.

Los privilegios que aparecen en el expediente baten records. No sólo tenía un chofer que llevaba a la esposa al destacamento, sino también a hacer trámites o ir de compras. Además, durante los años 2003, 2004 y 2005 fue trasladado durante enero y febrero a la localidad de Azul, o sea de vacaciones. Se armaron en el destacamento varias fiestas de grandes dimensiones: el bautismo de los nietos y el cumpleaños de 60 años de la esposa de Febres. Eso sí, nunca se registraba quién entraba y quién salía del supuesto lugar de detención.

En ese marco, Volpi, que tenía las llaves del departamento y acompañó en la última noche a Febres, es sindicado como cómplice del homicidio porque, siendo que el represor estaba en custodia, los que debían cuidarlo dieron las facilidades para envenenamiento. La responsabilidad engobla a Iglesias porque era quien tenía el poder de decisión.

En el Código Penal, para la figura del partícipe necesario o cómplice, es decir la persona sin la cual el crimen no pudo cometerse, se prevé la misma pena que para el autor. En este caso, por ser homicidio triplemente agravado la condena podría ser a reclusión perpetua.

Respecto de la familia, la jueza dice que colaboró en tapar las cosas. Por ejemplo, supieron desde el primer momento que faltaba la computadora personal de Febres y, sin embargo, lo ocultaron. Además se les endilga haber participado de la alteración de la escena del homicidio. Para la jueza, esa conducta –-entre otras– evidencia una acción destinada a tapar el crimen. El delito de encubrimiento es excarcelable y, por lo tanto, la esposa y los hijos de Febres se disponían anoche a recuperar la libertad.

Volpi pidió declarar

Por Raúl Kollmann
El prefecto Angel Volpi, el hombre más comprometido en el caso Febres, se despachó ayer con una sorpresa: minutos antes de que se diera a conocer la resolución de la jueza Sandra Arroyo, pidió prestar declaración indagatoria. Para hacerlo, sus defensores pusieron como condición que se haga presente un emergentólogo, con la asistencia de una ambulancia con unidad de terapia intensiva. En verdad, Volpi es un hombre joven que tiene diabetes, algún problema coronario e hipertensión. Aunque las condiciones planteadas parecieron excesivas, cerca de la medianoche la jueza Arroyo estaba buscando un emergentólogo y una ambulancia para tomarle declaración sin perder más tiempo. “No hay disponibilidad”, le contestaron en varios centros de salud. Como es obvio, la declaración de Volpi podría aportar importantes novedades al expediente, por cuanto el prefecto era casi un edecán de Febres y compartió con el represor la última cena. Tampoco se descarta que la declaración no aporte datos decisivos. Sucede que Volpi cambió de defensores y mientras los originales le aconsejaron que no declare, su nuevo abogado propuso que hable ante Arroyo. Si Volpi aportara un elemento decisivo, algo que diera un vuelco a la causa, la magistrada siempre está en condiciones de revocar procesamientos, cambiar los delitos que imputó anoche o dictar nuevos procesamientos contra otras personas.



El represor Jorge "el Tigre" Acosta deberá enfrentar otro
juicio

10:09 El juez federal Sergio Torres dispuso que, junto a otros ex militares, tendrá que responder por la supuesta apropiación de bienes de víctimas de la dictadura militar. El represor Jorge "el Tigre" Acosta deberá afrontar un nuevo juicio oral por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. En esta oportunidad deberá responder por la supuesta apropiación de bienes de víctimas de la represión.

Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres al declarar clausurada la instrucción por los hechos que tuvieron como damnificados a Jorge Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky y Mercedes Inés Carazo, a quienes les habría expropiado un departamento.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a la agencia Télam que el magistrado imputa a Acosta y a los represores Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice de haberse apoderado ilegalmente de un departamento ubicado en la avenida Belgrano al 1.600.

(Fuente: Télam)