viernes, 21 de diciembre de 2007

POR UNA VEZ, LA JUSTICIA LLEGO ANTES

El país | Viernes, 21 de Diciembre de 2007
Por una vez, la Justicia llegó antes
Murió ayer el represor Santiago Hoya, que había sido condenado el martes. El juez ordenó realizar una autopsia.

Santiago Hoya fue uno de los ocho represores condenados por el juez Ariel Lijo el martes.

Por Victoria Ginzberg
“Todos le tenían pánico, tanto los detenidos como su propia gente”. Así describió el juez federal Ariel Lijo al represor del Batallón de Inteligencia 601 Santiago Manuel Hoya. Lo hizo el martes al condenarlo a 25 años de prisión por el secuestro de seis personas en 1980. Dos días después de la sentencia murió. Fue ayer por la mañana en el Hospital Militar. “En principio no hay nada que nos haga pensar en algo extraño, pero se están tomando todos los recaudos y por eso ordenamos una autopsia”, explicaron desde el juzgado. Tenían presente que el día después de que el prefecto Héctor Febres fuera hallado sin vida en su habitación se hablaba de “muerte natural”. Luego, la pericia indicó que en su cuerpo había grandes cantidades de cianuro. Los médicos que revisaron el cadáver de Hoya descartaron la presencia de veneno, pero el resultado completo del análisis estará listo en veinte días.
Hoya tenía 83 años. Los últimos cinco estuvo preso. La semana pasada, Lijo ordenó que viniera desde Mar del Plata, donde cumplía su arresto domiciliario, para entrevistarlo antes de dar a conocer el fallo. Esta es una medida prevista en el viejo código de procedimiento, que regía el expediente en el que además de Hoya fueron condenados otros siete represores, entre ellos, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.
El militar dedicó un buen rato de la entrevista a hablar de sus achaques de salud. Su carrera militar fue otros de los temas centrales de la reunión. Mencionó con orgullo, por ejemplo, que se había negado a participar de un curso de entrenamiento en Israel. Hoya pudo escabullirse de la audiencia en el que el juez leyó su condena. Quedó alojado en el Hospital Militar y estuvo allí hasta ayer.
El nombre de Hoya no dice demasiado. Esto se debe, sobre todo, a las características del sitio desde dónde aportó a la maquinaria de la represión del terrorismo de Estado. El Batallón de Inteligencia 601 era por definición un lugar donde prevalecía el secreto. Sin embargo, algunos de sus misterios fueron descubiertos. De hecho, fueron integrantes de ese organismo los primeros miembros de las Fuerzas Armadas en ser condenados por delitos de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Podría pasar más de un año hasta que Alfredo Astiz –cuyas facciones son fácilmente reconocidas por varias generaciones de varios países– y sus compañeros de la ESMA vayan a juicio.
El relato de Silvia Tolchinsky, secuestrada en septiembre de 1980 y llevada a varias quintas cercanas a Campo de Mayo antes de ser liberada, permite un acercamiento a la figura de Hoya, conocido con los alias de “Pancho” o “Villegas”. Mayor retirado, se enroló en 1970 en el Batallón como “personal civil de inteligencia”. Allí se desempeñó como jefe, primero de sección y luego de grupo. En 1976 pasó a integrar las filas de la “central de reunión” bajo las órdenes del coronel Jorge Ezequiel Suárez Nelson, del teniente coronel Mario Alberto Gómez Arenas y del teniente coronel Luis Jorge Arias Duval.
Hoya fue el responsable del grupo de tareas que estuvo a cargo de los secuestros de los militantes de la agrupación Montoneros que volvieron al país en 1980 en el marco de la operación de Contraofensiva. También trabajó en Centroamérica en el apoyo a los “contras” que ofrecían los represores argentinos. Por eso, estaba de viaje cuando a Tolchinsky la llevaron a la primera “quinta”. “Cuando volvió me puso un bombón en la boca, me empujó y me retó como si yo fuera un caballo, diciéndome por qué era que yo militaba y que si quería que las cosas mejoren me tenía que portar muy bien. A partir de su llegada el régimen en las tres quintas fue terrible”, contó la mujer.
Durante su cautiverio, Tolchinsky no llegó a ver a Hoya. “Estuve todo el tiempo con vendas en los ojos, además de los grilletes y las esposas, pero lo escuché muchas veces, tenía una voz muy autoritaria. Puedo decir que tenía dos hijos, una hija en Mar del Plata y al otro hijo alguna vez lo trajo al “trabajo””. Todos los datos, además de su marcado acento cordobés, fueron ratificados durante la investigación.
El martes, Lijo lo condenó a veinticinco años, accesorias legales, costas e inhabilitación especial por ser integrante de una asociación ilícita, por los secuestros de Angel Carbajal, Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky y por reducción a servidumbre. Iba a salir en libertad en 2027. Era previsible que no llegara a cumplir con la sentencia. Pero, a diferecia de Febres, murió después de que la Justicia se expidiera. “No descartamos que eso le haya generado un disgusto”, se escuchó en un pasillo de los tribunales federales.

Terminó el traslado a Marcos Paz

Dos días después de recibir la orden del juez federal Sergio Torres, el Servicio Penitenciario Federal concluyó ayer el traslado de los ex miembros de la ESMA al penal de Marcos Paz. De este modo el ex jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 Jorge Acosta y los oficiales Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, compartirán alojamiento con condenados a perpetua como el ex policía Miguel Etchecolatz o el ex capellán Christian von Wernich. El traslado es un añejo reclamo de querellantes y fiscales de la causa ESMA y fue reiterado por última vez por abogados de Abuelas de Plaza de Mayo tras la muerte por envenenamiento del prefecto Héctor Febres.
La mayor parte de los oficiales de la Armada fueron detenidos en 2003, ni bien se reabrió la causa ESMA. Hasta mediados de año permanecieron dispersos en su hábitat natural: bases navales. Cuando por sugerencia del ministerio de Defensa fueron trasladados al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo, presentaron un hábeas corpus para que les permitieran seguir usando celulares y navegar por la web.
Tras la muerte de Febres el juez Torres admitió que se imponía “una nueva evaluación” y concretó el pedido que la sala II de la Cámara Federal le había formulado dos años antes: trasladar a los marinos a un lugar de detención custodiado por el SPF. La medida se terminó de concretar ayer.
Doce de las catorce plazas de Campo de Mayo liberadas por los marinos serán ocupadas en los próximos días por militares imputados en la masacre de Margarita Belén y en crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, detenidos en la actualidad en la Base de Apoyo Logístico del barrio La Liguria, en Resistencia, Chaco.
En el Instituto Penal de Campo de Mayo la custodia externa está a cargo de Gendarmería y la interna de camaras del Ejército. A partir del 1° de enero, por un convenio firmado entre los ministerios de Defensa e Interior hace tres semanas, los guardias que tendrán contacto directo con los detenidos serán agentes del SPF.

“La actividad se originó a partir de órdenes superiores de la Armada”
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de nueve marinos por el espionaje ilegal en Trelew y procesó a tres acusados, incluido el ex número tres de la Marina.

El ex director de Inteligencia de la Armada Pablo Rossi, que fue separado de su cargo por este caso.

Por Werner Pertot
La causa por espionaje político ya no es un “hecho aislado” de la Base Almirante Zar de Trelew, como había sostenido en un principio el jefe de la Armada, Jorge Godoy. También estuvieron involucrados los mandos superiores de Puerto Belgrano, en lo que significó un sistema de espionaje ilegal a nivel nacional. Así lo entendió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que confirmó los procesamientos a nueve marinos y además procesó a otros tres que tenían falta de mérito, incluido el ex número tres de la Armada, vicealmirante Eduardo Luis Aviles. Sus Señorías agregaron dos palabritas que podrían llevar las investigaciones aun más arriba: dijeron que esas autoridades navales son responsables “entre otros”. Los camaristas advirtieron además que las fichas ilegales se hacían con el mismo criterio y terminología que “en épocas de facto”.
Los jueces Aldo Suárez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman confirmaron los procesamientos por “abuso de autoridad” –un delito que tiene una pena máxima de dos años– a los nueve marinos de la Base Almirante Zar y al ex director de Inteligencia Pablo Rossi, quien fue separado de su cargo junto con Aviles cuando se conoció el caso de espionaje. Además, revocaron la falta de mérito y procesaron a Aviles y a dos jefes de inteligencia de Puerto Belgrano, Cristian Vidal y Carlos Vázquez, y les trabaron un embargo simbólico (por mil pesos, el mismo que se les había dictado al resto de los oficiales).
Los jueces dieron por probado que “se ha obtenido y almacenado información sobre distintas personas por cuestiones relacionadas con la política interna y desde un punto de vista prioritariamente ideológico”.
La resolución de la Cámara es un avance importante dentro de la causa de espionaje, que comenzó en marzo de 2006, cuando el cabo Carlos Alegre hizo la denuncia ante el CELS. Alegre pertenecía al equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje político, por lo que sufrió maltratos y persecuciones por parte de sus superiores. En un reportaje a Página/12, Alegre señaló que incluso después de iniciada la causa el actual número dos de la Armada, Benito Rótolo, le dijo: “Por tu culpa, la Marina se está hundiendo”.
A partir de la presentación del CELS, la Justicia Federal de Rawson ordenó allanar la base Almirante Zar de Trelew, y luego la de Puerto Belgrano y otras seis bases navales. Los principales documentos los encontraron en Trelew: fichas de funcionarios del Ministerio de Defensa, políticos locales, dirigentes sociales e indigenistas, seguimientos por los actos de la masacre de Trelew, en la que los marinos fusilaron a 16 presos políticos en 1972 en la misma base Almirante Zar.
Posteriormente se presentó en la causa un ex marino, Luis Alberto Sánchez, quien había trabajado hasta enero de 2007 en inteligencia de Puerto Belgrano, bajo el mando de Aviles. Sánchez contó que allí también se hacía espionaje ilegal y advirtió que sufrió persecuciones por negarse a participar. También relató que los documentos comprometedores fueron retirados por “el capitán de navío Fernando Pendido”, una vez que se conoció la denuncia del CELS. “Se los ocultó o se los quemó”, agregó.
Los documentos encontrados en Trelew incluían carpetas divididas por “factores”, como el político, las minorías extranjeras y religiosas, las protestas piqueteras y huelgas. En las fichas se describía a algunos de los políticos locales como “militante de BDT”, una sigla que se utilizaba en la dictadura para referirse a las “bandas de delincuentes subversivos”. También en el caso de la ministra de Defensa, Nilda Garré, se especificaba su “relación con los derechos humanos y la subversión”.
Los jueces no se privaron de subrayar en el fallo –al que accedió Página/12– que “la clasificación de la información resultaba similar a la efectuada para el fichaje de personas y entidades en épocas de facto (...) resaltando como dato su eventual vinculación con los sectores de derechos humanos o de izquierda”.
Además de la remoción del director de Inteligencia Pablo Rossi y del titular del Comando de Operaciones Navales Eduardo Avilés, el escándalo por el espionaje ilegal tuvo consecuencias sobre la totalidad del sistema de inteligencia naval: Garré ordenó cerrar las dependencias de inteligencia de las bases navales y hacer un sumario interno de las actividades y documentos que allí se encontraban.
El proceso judicial, en tanto, pasó por las manos de tres jueces y estuvo paralizado más de un año por una presentación que hizo la Armada, por orden de Godoy, en la que aseguraron que entre las computadoras secuestradas en la base aeronaval había una que contenía un código de encriptamiento de secretos militares.
En julio de este año, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, procesó a nueve marinos y les dictó la falta de mérito a otros tres. Consideró que “el contenido de la información reunida nada tiene que ver con la inteligencia militar como ha sido concebida y sí se trata de información que les está absolutamente vedada” por las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que prohíben a las Fuerzas Armadas hacer espionaje interno. Los abogados defensores apelaron los procesamientos y el CELS y el fiscal Fernando Gelves hicieron lo propio con las faltas de mérito. La definición quedó en manos de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que le dio la razón a los querellantes.

Las órdenes de arriba

Al procesar a los tres marinos de Puerto Belgrano, los jueces sostuvieron que “la actividad de obtención de información de la base Almirante Zar fue sostenida en el tiempo y transmitida con continuidad a los organismos de los que resultaban ser las máximas autoridades”. “Toda la actividad desarrolladas en la base Almirante Zar se originó y luego continuó desarrollándose a partir de órdenes dictadas por los superiores jerárquicos de la Armada”, destacaron en el fallo.
Los superiores eran el vicealmirante Avilés y los jefes de inteligencia Vidal y Vázquez, quienes son los responsables “entre otros”. Sobre Aviles, los camaristas indican los partes de inteligencia eran remitidos a él y como ejemplo transcriben uno donde se le informa que en un hotel de Puerto Madryn había un grupo de cinco o seis iraquíes (ver aparte). Sus Señorías también destacaron que en uno de los cuadernos se encontró una anotación que decía “informar a Vidal tema Comodoro Rivadavia comisión interna”.
Los jueces también remarcaron que hay un documento en el que Vázquez pide que “a partir de la fecha mantener actualizada a esta central sobre eventos de todo tipo, referidas al próximo aniversario 24 MAR”. El capitán de Navío además reclamaba información política y sobre piqueteros de Puerto Madryn. También recordaron que el cabo Sánchez dijo en su testimonio que “Vázquez le ordenó vestirse de civil junto con otro grupo de personas que tenían asignadas tareas de calle”.
Además, los camaristas advirtieron que se podría haber destruido más documentación que los incriminaba, como sostuvo Sánchez. “No debe perderse de vista que las demás diligencias fueron realizadas entre dos y tres días más tarde”, estimaron. Pidieron al juez de Rawson que se extreme el cuidado de los documentos.
El abogado del CELS Rodrigo Borda destacó que el fallo “confirma nuestra hipótesis: no fue un hecho aislado. Era un sistema estructurado en base a órdenes y solo se puede entender lo que pasaba en Trelew en un sistema de inteligencia que se extendía a todas las bases de la Armada”. Borda recordó que “por ejemplo, hay una orden que estaba en Trelew pero venía de la base de Ushuaia”.

Barbudos en sospecha

Por Werner Pertot
De los numerosos documentos de la causa, en el fallo se cita un parte de inteligencia firmado por el capitán de Navío Gustavo Leopoldo Ottogalli, que hasta hace poco era el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada. Iba dirigido al vicealmirante Eduardo Aviles, en ese entonces número tres de la fuerza, y mostraba las preocupaciones que tenían por esa época los máximos referentes de los marinos. Informaba que en un hotel de Puerto Madryn “se encontrarían alojados cinco/seis ciudadanos de nacionalidad iraquí. De las observaciones que se pudieron realizar en el citado hospedaje, las actividades de estas personas durante horas diurnas se circunscriben a estar sentados a la mesa, de lo que sería una confitería del alojamiento, sin ninguna actividad específica”. “Las personas en cuestión tendrían los rasgos físicos de la raza árabe, con barba tupida y tez pálido, lo que denota ausencia de exposición al sol”, razonaba el parte, en un rapto de lucidez. “Se desconoce el origen, arribo, tiempo de permanencia y actividades específicas de los individuos en cuestión. En el presente se agregan dos fotografías digitales en JPG”, concluía.

Todos los procesados



En orden de jerarquía descendente, los marinos procesados son:
- El ex jefe del Comando de Operación Naval (CON) Eduardo Aviles. En su indagatoria dijo que no vio los documentos ilegales. “No emití ninguna orden ni resolución contraria a la Constitución, leyes o normativas vigentes”, sostuvo en su defensa.
- El ex director de Inteligencia Naval Pablo Rossi. Aseguró también que no conocía los partes de inteligencia que se descubrieron. “No soy un hombre de inteligencia, sino de barcos”, se excusó.
- Los jefes de Inteligencia del CON entre 2003 y 2005, en Puerto Belgrano, Cristian Andrés Vidal y Carlos Vázquez.
- Los tres comandantes de la zona aeronaval 3: los capitanes de Navío Jorge Alberto Janiot y Gustavo Leopoldo Ottogalli, quien eligió como defensor a un ex juez de la dictadura, Oscar Salvi, que fue abogado de Carlos Menem.
- Los comandantes de la Base Almirante Zar: el jefe era el capitán de Navío Félix Medici. Los capitanes de Corbeta Eduardo Omar Merlo y Gustavo Monzani estuvieron a cargo del área de inteligencia.
- Los espías de la Base: los suboficiales Alfredo Luis Andrade, Daniel Guantay y Vicente Claudio Rossi. En la división de tareas, Andrade se ocupaba de “logística”; Guantay, de “minorías extranjeras y religiosas” y Rossi, del “ámbito político, social y económico”. Rossi se mostró consecuente con sus actividades en el pasado: en 1998, fue procesado por fotografiar una movilización frente a la ESMA y luego fue sobreseído cuando los marinos destruyeron el rollo de fotos.

LA MUERTE DE FEBRES Y SU CARCEL DE PRIVILEGIO
Un preso con chofer personal
Por Adriana Meyer

En la investigación del envenenamiento del represor Héctor Febres conviven dos líneas: la que tiene que ver con las groseras irregularidades de sus condiciones de detención en la Prefectura y la del homicidio en sí mismo. Así lo definió ante Página/12 una alta fuente del caso, que no descartó la posibilidad de que sean acusados más miembros de la cúpula de esa fuerza de seguridad. Anteayer declaró un prefecto que tenía una tarea específica: era el chofer personal de Febres.
Carlos Bozzano usaba el automóvil Ford Escort gris propiedad del represor para ir a buscar a sus familiares, que lo visitaban sin restricciones. Ese vehículo estaba en la delegación Delta de la Prefectura Naval de Tigre la noche en que habrían matado a Febres, pero las autoridades omitieron mencionarlo cuando llegó la comitiva judicial. Los investigadores comprobaron que los prefectos lo sacaron y, finalmente, lo secuestraron en un garage en San Isidro. Algo similar ocurrió con la computadora que usaba el represor, que también fue sacada y apareció en San Martín. Por estas evidentes alteraciones de la escena de la muerte, y por el intento de reunión que organizaron los prefectos de alto rango con quien era jefe de la sede Delta, el ahora detenido Rubén Iglesias, es que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado estaría evaluando citar a indagatoria a varios de los miembros de la conducción de la Prefectura.
El chofer de Febres también lo transportaba cuando el represor iba y venía de los juzgados o a sus visitas médicas, pero los investigadores sospechan que entraba y salía cuando quería. Consultado al respecto, Bozzano lo negó. En otro tramo de su declaración aseguró que la esposa de Febres se quedaba a dormir los sábados en la sede Delta. La fuente consultada puso en duda tanto las afirmaciones como las desmentidas del testigo. Otro de los investigadores comentó que ya habían descubierto que el lugar de detención de Febres “parecía un hotel cinco estrellas”, pero la aparición de un chofer personal los “sorprendió”.
En medio del “desquicio” que era la supuesta cárcel del represor de la ESMA es muy difícil para los investigadores determinar cómo llegó el cianuro a su cuerpo. “Sigue siendo un misterio”, confesó uno de ellos, quien agregó que todo lo que surge de la escena de la muerte “hay que tomarlo con pinzas” porque la misma fue “totalmente alterada”. En tal sentido, hoy declararán como testigos los médicos de la Morgue Judicial que realizaron la autopsia para precisar el mecanismo de la ingesta del poderoso veneno. Incluso podrían aportar los resultados de los análisis de orina y sangre, ordenados para determinar si, además, aparecen rastros de algún tipo de sedante. Durante el diálogo que mantuvo con este diario, la fuente no mencionó en ningún momento la palabra suicidio.
En los últimos días la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal Alberto Gentili tomaron decenas de declaraciones, entre ellas a los abogados defensores que tuvo Febres. Relevados del secreto profesional, fueron interrogados sobre las condiciones de detención del represor. Y también declaró un sacerdote, que hacía de confesor y amigo. El miércoles desfilaron por el juzgado conocidos y parientes pedidos por la defensa de la familia de Febres, que permanece detenida, que habrían confirmado que la viuda dejó la sede Delta a las 18.45, mientras que los hijos lo hicieron entre las 15 y las 16. “No había ningún familiar cuando lo envenenaron”, dijo a Página/12 el abogado Martín Orozco, quien también descartó la hipótesis del suicidio.

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