sábado, 29 de diciembre de 2007

PERU PROTEGE AL DICTADOR MORALES BERMUDEZ DE LA JUSTICIA ITALIANA; ACUSADO POR EL SECUESTRO DE DOS MILITANTES Y DE UNA MADRE DE PLAZA DE MAYO

El mundo | Sábado, 29 de Diciembre de 2007

Perú protege al dictador Morales Bermúdez de la Justicia italiana

Acusado por el secuestro de dos militantes y de una Madre de Plaza de Mayo en el marco del Plan Cóndor, el dictador que derrocó a Velazco Alvarado recibió el apoyo del presidente Alan García.

Según la Justicia italiana, el general Morales Bermúdez quedó comprometido con el Plan Cóndor.

Por Carlos Noriega
desde Lima
El presidente peruano, Alan García, salió ayer en defensa del ex dictador Francisco Morales Bermúdez, cuya detención ha sido solicitada por la Justicia de Italia, que investiga la desaparición de veinticinco ciudadanos de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor. Junto con Morales Bermúdez también se ha pedido la captura del ex general Pedro Richter, quien fuera jefe de las Fuerzas Armadas y primer ministro durante la dictadura de Morales Bermúdez, y otros dos funcionarios de ese gobierno. Estas capturas han sido ordenadas por la jueza italiana Lussiana Figliola, junto con la de otros 136 funcionarios de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre ellos el ex dictador Rafael Videla.
Morales Bermúdez está acusado por el secuestro de tres ciudadanos argentinos, Noemí Esther Gianotti de Molfino, de origen italiano, y María Inés Raverta y Julio César Ramírez. Alan García le ha ofrecido al ex dictador la protección de su gobierno para evitar su extradición y juzgamiento en Italia. “Es una exageración judicial y le daremos (a Morales Bermúdez) toda la ayuda necesaria. El es una personalidad respetable y le debemos honra y honor”, señaló García al referirse al pedido de detención contra Morales Bermúdez. El actual presidente peruano también pidió respeto para lo que llamó “los valores democráticos” del ex dictador. “El Perú nunca formó parte de la Operación Cóndor”, se defendió Morales Bermúdez. Sin embargo, los secuestros de los tres ciudadanos argentinos, ocurridos en 1980, comprometen seriamente a la dictadura de Morales Bermúdez con la Operación Cóndor.
El ex general Morales Bermúdez, de 86 años, llegó al poder luego de derrocar en agosto de 1975 al general izquierdista Juan Velazco Alvarado y en 1980 convocó a elecciones, en medio de masivas protestas exigiendo el fin de la dictadura militar. En julio de ese año entregó el poder al electo Fernando Belaúnde, quien había sido derrocado por Velazco en 1968. En junio de 1980, cuando ya se habían realizado las elecciones y el gobierno militar se preparaba para transferir el poder a los civiles, se llevó a cabo el operativo militar para capturar a los tres ciudadanos argentinos, que fueron sacados del Perú por la frontera y entregados a Bolivia. En su libro Muerte en el Pentagonito (que es como se le llama al local donde funciona la comandancia general del ejército), publicado en 2004, el periodista Ricardo Uceda revela el testimonio del ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Arnaldo Alvarado, quien testimonia que la captura de los argentinos fue un operativo conjunto entre los militares peruanos. Las autoridades argentinas de entonces informaron al gobierno militar peruano que Montoneros preparaba un atentado contra Videla, que viajaría a Lima para la transmisión del mando presidencial del 28 de julio de 1980. El atentado, según los militares argentinos, sería dirigido por Roberto Perdía. Entrevistado por Uceda para su libro, Perdía negó que Montoneros preparaba un atentado contra Videla en Lima. Finalmente, Videla no viajó al Perú en julio de 1980.
El 12 junio de ese año, María Inés Raverta fue detenida frente a la Iglesia de Miraflores, un tradicional barrio limeño de clase media. El ex agente Alvarado dice que fue testigo de las torturas con picana eléctrica contra Raverta para que revele dónde estaban Ramírez y Gianotti de Molfino. Poco después, ambos fueron secuestrados, también en Miraflores. Noemí Gianotti de Molfino fue detenida en una vivienda de la calle Madrid y un mes después apareció muerta en un hotel de la ciudad de Madrid. Ella había llegado a Lima a inicios de 1980 acompañada por el menor de sus hijos, Gustavo, quien se salvó de ser secuestrado porque llegó a la vivienda donde estaba su madre apenas unos minutos después del secuestro. Al momento de su secuestro en Lima, Gianotti de Molfino tenía 55 años, un esposo asesinado por la dictadura, un hijo detenido, dos nietos desaparecidos y una hija exiliada en París.
En declaraciones para el libro de Ricardo Uceda, el ex dictador Morales Bermúdez negó su participación en el secuestro de los argentinos, pero dejó escapar una frase que suena a confesión: “No podíamos darnos el lujo de tener subversivos con las manos libres durante la transmisión del mando presidencial”. Raverta y Ramírez habrían sido llevados a la Argentina y siguen como desaparecidos, mientras Gianotti de Molfino fue llevada a España, donde apareció muerta en el cuarto de un hotel madrileño.
Brasil no extradita
Brasil no extraditará a los militares acusados de delitos de lesa humanidad. Dos jueces de la Corte Suprema adelantaron a la prensa que, según la visión del tribunal, los crímenes de la dictadura prescribieron.
“Ellos no pueden ser extraditados porque son brasileños. Tampoco pueden ser juzgados en el país porque los crímenes están prescritos”, aseguró el magistrado Marco Aurelio de Mello en una entrevista con el diario O Globo. Con esta declaración, queda descartado que el tribunal brasileño acepte el pedido de la Justicia italiana para extraditar a trece ex oficiales del ejército y la policía, acusados de haber participado en la desaparición de dos ciudadanos ítalo-argentinos, Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viña. Según Roma, los dos militantes de izquierda habrían sido capturados en Río de Janeiro y Río Grande do Sul en 1980, y entregados de forma clandestina a la dictadura argentina. Para el juez de la Corte Suprema brasileña Carlos Ayres Britto ni la Constitución ni el Código Penal de su país permiten que los brasileños sean sancionados en el exterior por este tipo de crímenes. El magistrado también recordó que la tortura recién se convirtió en un delito imprescriptible con la Constitución de 1888.

El país | Viernes, 28 de Diciembre de 2007

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strong>EN TUCUMAN, ELEVAN A JUICIO LA CAUSA VARGAS AIGNASSE
Sentencia para Bussi y Menéndez

El dictador Antonio Domingo Bussi será uno de los juzgados.
Los dos mayores símbolos del terrorismo de Estado del Norte argentino serán juzgados en 2008. Pese a que ostentan el record absoluto de imputaciones por secuestros, torturas y asesinatos, los generales retirados Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez afrontarán un juicio oral y público por un solo caso: la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. La elevación la dispuso ayer Daniel Bejas, juez federal subrogante de Tucumán.
Según la Comisión Bicameral Investigadora, formada en 1984 en Tucumán, el 68 por ciento de los 507 secuestros registrados durante la dictadura en la provincia se produjeron entre 1976 y 1977. En esos dos años, Bussi era comandante de la Brigada de Infantería V e interventor militar de Tucumán, concentración de poder única en el país. Menéndez era jefe del Cuerpo III de Ejército, del que dependía la brigada. De ese universo de casos, 387 personas permanecen desaparecidas, 96 fueron liberadas y de apenas 24 se recuperaron los cadáveres.
Vargas Aignasse fue secuestrado en su casa el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, apuntó el juez. En la Brigada de Investigaciones de la policía provincial fue “sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos”. Luego lo trasladaron al penal de Villa Urquiza. Su cautiverio concluyó con “una parodia de puesta en libertad”, a la que precedió “el secuestro y posterior desaparición forzosa de Vargas Aignasse”.
El juez Bejas imputó a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita. Compartió con el fiscal Emilio Ferrer el argumento según el cual “la modalidad de aniquilamiento sobre personas determinadas, provenientes del accionar del aparato estatal, configuran el delito internacional penal de genocidio”. Ambos represores tienen más de 70 años y gozan de arresto domiciliario, Bussi en un country de la recoleta Yerba Buena, en Tucumán, y Menéndez en Córdoba.

El país | Viernes, 28 de Diciembre de 2007

LOS REPRESORES DE LA ESMA PIDEN SALIR DE MARCOS PAZ
Un baño de realidad para Astiz
Los abogados de los marinos presentaron un escrito en el que dijeron que permanecer en una “cárcel civil” implica un “tratamiento indigno” y “degradante”. También pidieron que Defensa conteste si tiene espacio en unidades de la Armada.

El ex marino Alfredo Astiz ahora está en Marcos Paz.
Subnotas
• Se pobló el hospital
Treinta años después de haber convertido a la mayor unidad naval porteña en un gigantesco centro de tortura, los oficiales de la Armada imputados por crímenes en la ESMA están comenzando a comprender lo que significa ser un preso común en la Argentina. El viernes, a menos de 24 horas del traslado al penal de Marcos Paz, el abogado Alfredo Solari consideró que permanecer en una “cárcel civil” implica un “tratamiento indigno, degradante, persecutorio y carente de justificación histórica, humana, jurídica y constitucional”. Ayer, el ex partero de la ESMA, Carlos “Tomy” Capdevila, y el capitán Antonio Pernías fueron trasladados al Hospital Naval (ver aparte), en tanto el abogado Juan Martín Aberg Cobo (h) le solicitó al juez federal Sergio Torres que devuelva a sus pupilos a la prisión VIP de la base de Río Santiago.
Desde la reapertura de la causa en 2003 hasta julio pasado, Astiz, Acosta & Cía. permanecieron en sus alojamientos “naturales”: bases de la Armada. Pese a reclamos de querellantes, fiscales, a una resolución de la Cámara Federal porteña y reiteradas sugerencias del Poder Ejecutivo para separarlos de los camaradas activos, el juez Sergio Torres se mantuvo inflexible.
El 17 de julio, por sugerencia del Ministerio de Defensa, el magistrado aceptó trasladar a los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, donde comparten duchas con represores del Ejército. Desde entonces y hasta la semana próxima, cuando sean reemplazados por agentes del Servicio Penitenciario Federal, suboficiales del Ejército se encargan de la custodia interna y gendarmes, de la externa. Esa compañía tampoco los satisfizo. Sus abogados presentaron un hábeas corpus, recurso previsto para cuando corren riesgo la vida, libertad o integridad de una persona, para que les devolvieran sus celulares y el acceso a Internet.
El 10 de diciembre apareció el cadáver del prefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex de Prefectura. Al trascender sus privilegios –que ya habían sido denunciados ante el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el juez Torres conocía–, el magistrado dispuso trasladar a los marinos a una unidad custodiada por el SPF. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos eligió el penal de Marcos Paz.
No bien llegaron a la cárcel real, el abogado Solari –defensor de Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Carlos José Pazo y Alberto Eduardo González– reclamó que se “reponga en forma urgente (a sus asistidos) a un alojamiento en guarnición militar”. Su colega Aberg Cobo (h) –defensor de Pernías, Alfredo Astiz y Rogelio Martínez Pizarro– fue más preciso: pidió que se consulte a la Armada si tenía “alojamiento disponible y suficiente” en Río Santiago aunque, concedió, “bajo vigilancia y supervisión del SPF”. Como alternativa propuso habilitar el predio donde funcionó la Escuela Naval Militar, que “tiene mejores condiciones de seguridad que el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas”. Agregó que dispone de “dos perímetros de vigilancia exterior” y no uno como Campo de Mayo, además de “habitaciones de sobra para albergar a los procesados y a todo el personal de SPF que debe vigilarlos”.
Aberg Cobo (h) le recordó al juez que los represores están “procesados y no condenados”. También solicitó un certificado en donde conste su calidad de defensor para poder reunirse “de manera personal y privada, sin vidrios, puertas, paredes o mamparas que nos separen”, pues lo contrario “contraviene expresamente la Carta Magna”.

El país | Viernes, 28 de Diciembre de 2007

Se pobló el hospital

Después de una semana en el penal de Marcos Paz, los represores de la ESMA recordaron sus “achaques”. Antonio Pernías y Carlos Capdevila lograron ser llevados al Hospital Naval. Según informaron allegados a los propios acusados, el primero “padece un cuadro respiratorio y hematológico”, mientras el segundo sufre “una enfermedad incurable”. Los represores fueron trasladados a la cárcel el 19 de diciembre, cuando el juez federal Sergio Torres revocó los regímenes especiales de arresto que beneficiaban a efectivos de la Armada detenidos en dependencias militares o de la Prefectura Naval. En Marcos Paz, los marinos comparten el penal con otros represores, como el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz y el ex capellán de la misma fuerza Christian Federico von Wernich, ambos condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad. En el Hospital Naval también está internado el capitán de corbeta Pablo Eduardo García Velasco, que hace tres semanas inició una huelga de hambre para protestar por las investigaciones judiciales a represores. Torres había procesado al ahora huelguista por el secuestro del desaparecido periodista y escritor Rodolfo Walsh y por la apropiación de bienes de desaparecidos.

Viernes, 28 de Diciembre de 2007

Militante, identificada

Cristina Carreño Araya, militante de las Juventudes Comunistas de Chile, secuestrada por la dictadura argentina en Buenos Aires en 1978, fue recordada ayer en un encuentro realizado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Cristina fue detenida mientras formaba parte de una misión internacionalista y solidaria de su organización. La llevaron al centro clandestino de detención El Olimpo, de donde la trasladaron junto a otros once compañeros que fueron asesinados y arrojados al mar. Sus cuerpos aparecieron en la playa de San Clemente del Tuyú y fueron enterrados como N.N. en diversos cementerios. Su caso figura entre los que encabezan la causa del Plan Cóndor, donde se investiga el accionar conjunto y articulado de las dictaduras latinoamericanas.

Jueves, 27 de Diciembre de 2007

Denuncian a los jueces por la muerte de Febres

Los querellantes en el juicio que se le seguía al represor, acompañados por organismos de derechos humanos, pidieron que se les hiciera juicio político a los magistrados por “mal desempeño”.

Denuncian a los jueces por la muerte del represor Héctor Febres.
Subnotas
• Arce, el nuevo prefecto
Organismos de derechos humanos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a cuatro jueces de la megacausa ESMA por la condiciones de detención y las circunstancias de la muerte del represor Héctor Febres. La denuncia “por mal desempeño de funciones” fue presentada contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal Cinco Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, que llevaron adelante el juicio por delitos de lesa humanidad contra Febres.
La Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Comité de Acción Jurídica, Liberpueblo y el Instituto de Relaciones Ecuménicas, entre otras organizaciones, hicieron este pedido de juicio político, que también fue firmado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle y los querellantes en el proceso que quedó sin efecto tras la muerte de Febres, quien falleció tras ser envenenado con cianuro, según las pericias judiciales. Los querellantes que firman son Carlos Lordkipanidse, Andrea Bello, Enrique Fukman, Osvaldo Barros, así como otros sobrevivientes de la ESMA, Adriana Calvo, Laura Villaflor y las abogadas Graciela Rosenblum y Diana Kordon. Madres de Plaza de MayoLínea Fundadora aclaró que no adhirió a la denuncia y que las madres que la firmaron, Cortiñas y Baravalle, “lo hicieron a título personal”.
El ex prefecto fue hallado muerto el 10 de diciembre en su celda de la delegación Delta de Prefectura, cuatro días antes de recibir sentencia por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. La denuncia subraya las “inexplicables e inadmisibles condiciones de detención” del represor que, aseguraron, “redundaron en el homicidio” de Febres. En tanto, consignaron que “los jueces no pueden dejar de responder por esa muerte” que, a su entender, “posibilitó la perpetuación de la impunidad reinante en nuestro país”.
Los denunciantes señalaron como un agravante el hecho de que el juez Torres haya recibido meses antes de la muerte de Febres “una denuncia formal acerca de las disparatadas e ilegales condiciones de alojamiento en las que éste se encontraba”. Y recordaron “las numerosas oportunidades en que solicitaron que se alojara a los genocidas en cárceles comunes, en particular en la causa ESMA y en la primera audiencia del juicio oral contra Febres”. Asimismo, acusaron a Torres y los camaristas “de desobedecer la orden de la Cámara de Apelaciones en lo Federal respecto de que (los represores) debían ser custodiados por personal del Servicio Penitenciario Federal”.
Por su parte, el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, dispuso una prórroga de 10 días en el secreto de sumario sobre la causa que investiga el presunto homicidio de Febres.
En esta causa se encuentran detenidos la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos Sonia Marcela y Héctor Ariel, investigados por homicidio; así como los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi. Fuentes judiciales indicaron que las indagatorias realizadas ayer a otros dos prefectos giraron en torno a “cuestiones administrativas conexas a la causa de homicidio”. Es decir, a las condiciones de detención de Febres, que recibía privilegios a pesar de estar enmarcado en el régimen ordinario de visitas. Si bien el secreto de sumario impidió dar más detalles, las fuentes aseguraron que “los únicos detenidos en esta causa” son Guevara, los hermanos Febres y los prefectos Iglesias y Volpi

Identifican el cuerpo de un desaparecido durante la dictadura en Mar del Plata

La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Equipo del Programa de Investigación y Memoria de esa secretaría anunciaron este miércoles la identificación de otro cuerpo N. N. que fuera inhumado de manera clandestina durante la última dictadura militar.

Este el tercer caso de identificación de restos óseos de personas desaparecidas logrado por el trabajo de investigación que vienen llevando a cabo en conjunto la Secretaría de Derechos Humanos provincial y el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco del Juicio por la Verdad desarrollado en la ciudad de Mar del Plata.

Se trata de los restos de Saturnino Vicente Ianni, militante del Partido Comunista Marxista Leninista, que fue secuestrado y desaparecido por las fuerzas represivas de la última dictadura militar en la ciudad de Mar del Plata, consignó la Oficina de Prensa de esa secretaría.

Ianni, nacido en la ciudad de Necochea, era delegado gremial en la Empresa Swift de la ciudad de Berisso. A partir de 1976, en momentos de intensificación de la represión a los trabajadores, se radicó en la ciudad de Mar del Plata, donde fue secuestrado en septiembre de 1977.

El 17 de noviembre de ese año, luego de permanecer como detenido-desaparecido en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Base Naval de Mar del Plata, su cuerpo apareció en un 'enfrentamiento' fraguado junto con Eduardo Caballero y José Adhemar Changazzo, recientemente identificados.

Al día siguinete, los tres militantes fueron enterrados en el Cementerio Parque de esa ciudad como N. N.

A partir de un trabajo de investigación realizado por el Programa de Investigación y Memoria que coordina la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Sara Derotier de Cobacho, el Tribunal Federal de Mar del Plata ordenó la exhumación en el marco del incidente 890/10 “Medida de reserva das unc. 890/10 cementerio parque local s/ averiguación identificación cadáveres N. N.”, del que la Secretaría Provincial es parte querellante.

3 comentarios:

Ruben dijo...

Me llamo Daniel y cuando fue el golpe tenia 13 años. Me gusta escribir como aficionado, escribo cuentos. Tengo uno que habla de esa epoca, medio veridico y medio ficcion, se llam Quien Lo iba a decir, lo puden leer en www.cuentosdelcorazon.galeon.com
Desde el 24 de marzo pasado estoy recopilando datos sobre el papel de los civiles y el golpe en la ciudad de Mar del Plata. Cualquier dato sera bienvenido. Y adelante porque los civiles entregadores todavia caminan como grandes señores por la ciudad.
Gracias
Daniel Balinotti
balinottidaniel@hotmail.com

Ruben dijo...

Me llamo Daniel y cuando fue el golpe tenia 13 años. Me gusta escribir como aficionado, escribo cuentos. Tengo uno que habla de esa epoca, medio veridico y medio ficcion, se llam Quien Lo iba a decir, lo puden leer en www.cuentosdelcorazon.galeon.com
Desde el 24 de marzo pasado estoy recopilando datos sobre el papel de los civiles y el golpe en la ciudad de Mar del Plata. Cualquier dato sera bienvenido. Y adelante porque los civiles entregadores todavia caminan como grandes señores por la ciudad.
Gracias
Daniel Balinotti
balinottidaniel@hotmail.com

Anónimo dijo...

Soy del Peru y la verdad es indignante pero no sorprendente que Alan Garcia proteja a genocidas como Morales Bermudez, no solo sus delitos son imprescriptibles, sino que sus juzgamientos deben de servir como una reinvidicacion de los derechos humanos que son inherentes a cada persona.