miércoles, 19 de diciembre de 2007

A LOS MILITARES LES LLEGO LA HORA

El país | Miércoles, 19 de Diciembre de 2007
CONDENAN A SIETE MIEMBROS DEL EJERCITO Y UN AGENTE DE INTELIGENCIA

A los militares les llegó la hora
Ayer se conoció la primera sentencia que involucró a altos jefes militares después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los represores recibieron entre 20 y 25 años de prisión por el secuestro de seis personas y por haber formado parte de una asociación ilícita.

El juez federal Ariel Lijo condenó a ocho represores y ordenó profundizar la investigación.
Subnotas
• Cuando los secretos del Batallón de Inteligencia salieron a la luz
• Poner orden
Por Victoria Ginzberg
“Afianzar la Justicia”, dice la leyenda del vitral de la sala de audiencias del Palacio de Tribunales. Arriba está la cruz. Y, por encima, el escudo nacional. Con este marco de fondo, el juez federal Ariel Lijo condenó ayer por primera vez desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a altos oficiales del Ejército. El fallo involucró a siete militares y un ex policía federal y agente de inteligencia.
Waldo Carmen Roldán, Pascual Guerrieri, Carlos Gustavo Fontana, Jorge Luis Arias Duval y Julio Simón entraron a la sala, en fila, en ese orden, poco después de las cuatro de la tarde. Los cuatro primeros llevaban traje. Simón –el único que no es militar–, una camisa rosa. Se acomodaron de cara al juez. El público, compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo, sólo veía las nucas. Los otros tres acusados, Cristino Nicolaides, Juan Carlos Gualco y Santiago Manuel Hoya no estuvieron en la audiencia. Sus defensores adujeron razones de salud.
Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. “Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber”, dijo parado y micrófono en mano.
Luego, el juez leyó el fallo, que por sí mismo rebatió la proclama de Guerrieri: “Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.
En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros.
Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.
Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. “Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar a donde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror”, contó la mujer. Lijo recordó ayer esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.
El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores. Nicolaides, Arias Duval y Hoya recibieron 25 años. Gualco, Roldán y Simón, 23. Fontana, 21, y Guerrieri, 20.
Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: “En la cárcel se van a morir”. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Alvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a “oralizar” la etapa final.
“Es un paso importante”, señaló el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, antes de retirarse de la sala. “Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro”, dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: “Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás”.
En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas “ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina”.
________________________________________
Decisión de la Corte
La Corte Suprema de Justicia podría emitir antes de fin de año una resolución orientada a ordenar el curso de las investigaciones sobre los crímenes de la última dictadura. A fines de agosto, la Procuración General envió al máximo tribunal un informe elaborado por la Unidad de Seguimiento y Coordinación de las causas sobre el terrorismo de Estado en el que se alertaba, entre otras cosas, sobre que los jueces se tomaban tiempos que “excedían lo razonable”. En el documento se proponía que la Cámara de Casación tuviera un plazo para expedirse sobre los procesos y se hablaba de la posibilidad de que la Corte terciara cuando una investigación se queda sin juez al excusarse todos a los que les llega la causa. El máximo tribunal podría tomar una resolución sobre la forma de acumulación de los expedientes, lo que hace que actualmente la mayoría de estas causas, en Capital Federal, esté a cargo del Tribunal Oral Federal 5 y esto implica una demora en la realización de los procesos orales.

Cuando los secretos del Batallón de Inteligencia salieron a la luzQuiénes son los acusados y qué funciones tenían. Las tareas del Batallón que operaba en las sombras y cuyos miembros fueron los primeros dentro de las Fuerzas Armadas en ser juzgados. Los documentos del Departamento de Estado de EE.UU. que los señalan.

El represor Julio Simón, conocido como El Turco Julián, fue agente de Inteligencia.
Por Diego Martínez
A la mayor parte de los militares condenados ayer por el juez federal Ariel Lijo no se les conocía el rostro. En algunos casos aún se ignoran sus alias y se desconoce si participaban o no de sesiones de tortura. Se sabe con certeza, en cambio, que sin el aporte de esos anónimos oficiales que en las sombras del Batallón de Inteligencia 601 procesaban testimonios obtenidos a fuerza de picana, redactaban informes para destacamentos de todo el país y señalaban “blancos” que los grupos de tareas debían secuestrar, el mundo no hablaría hoy del genocidio argentino.
En el extremo superior de la cadena de mandos entre los condenados se ubica el general Cristino Nicolaides, jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo al momento de los hechos. El sargento Nelson González contó hace diez años que fue Nicolaides quien ordenó fusilar a Ricardo Zuker y demás secuestrados en el polígono de tiro de ese centro de exterminio, el mayor del país. Ya en 1981 el entonces jefe del Cuerpo III relató orgulloso ante 600 personas la captura de “dos células guerrilleras” provenientes del exterior y agregó que “tuve oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes”. Confesión de parte.
En el extremo inferior se ubica Julio Simón, el único policía condenado, único preso en Marcos Paz, único que no vistió traje para las cámaras y que no escuchó inmutable el fallo. Después de sobrepasar todo límite de crueldad y sadismo en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, al Turco Julián le tocó custodiar –a su manera– a Silvia Tolchinsky, que sobrevivió para contarlo.
El coronel Jorge Luis Arias Duval, jefe de la central de reunión del 601 de la que dependían los grupos de tareas, se hacía llamar Ratón o Arizmendi. Tolchisnky lo padeció más de una vez. La primera le propuso dar una conferencia de prensa para desmentir la existencia de desaparecidos. La segunda le preguntó si le convenía comprar dólares y no ocultó su prejuicio antisemita. “Sos judía, tenés intuición económica”, dijo. Junto con el coronel Alberto Roque Tepedino, jefe del 601 aún impune, autorizaron a uno de sus hombres –que usaba el nombre falso Jorge Contreras– a brindar detalles de sus tareas mundanas al oficial regional de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, James Blystone.
El personal civil de inteligencia Santiago Manuel Hoya se hacía llamar Pancho o Villegas. Tenía a su cargo grupos operativos y era jefe de quienes custodiaban a los cautivos. “Le tenían un temor reverencial”, recuerda Tolchisnky.
Sobre el jefe de operaciones Pascual Oscar Guerrieri, el jefe de la división Inteligencia General Subversiva, Juan Carlos Gualco, y los miembros de la central de reunión Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, las constancias más contundentes de su pertenencia a la asociación ilícita que derivó en sus condenas son sus propios legajos. Más que a cualquier otro, a ellos les cabe el anonimato del primer párrafo.
En agosto el Ejército respondió al juez que el Batallón de Inteligencia 601 era “una formación” encargada del “proceso intelectivo” que consiste en “el análisis de dos o más informaciones”.
Bastante más útil para comprender qué fue en los hechos el Batallón 601 hasta su clausura a fines de 1985 y por qué ocho de sus ex miembros no podrán salir más a la calle son sus propios documentos, que detallan los secuestros pero no el destino final de sus víctimas, y sobre todo los desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, inobjetables aún para los propios imputados.
En abril de 1980 los oficiales de la Embajada de Estados Unidos tomaron nota sobre caídas de militantes, apuntaron que “la operación había sido desplegada por el Batallón de Inteligencia 601” y que los cautivos estaban en la “prisión secreta de Campo de Mayo”. Dos meses después el oficial Blyston deja constancia de que nuevos cautivos “serán interrogados y –he aquí la palabra clave– desaparecidos permanentemente”. En agosto los norteamericanos llegaron a considerar que la junta era “prisionera” de las decisiones del 601, que el gobierno “ha sido avergonzado e importunado” por su trabajo sucio y, precisaron, “la desaparición es trabajo del 601”.

Poner orden
Por Horacio Verbitsky

El coronel Pascual Guerrieri dijo que él y sus colegas de la inteligencia del Ejército no eran represores y que habían cumplido con su deber durante una guerra revolucionaria que se libró sin tambores, clarines, frente ni retaguardia, para poner orden en la sociedad. Agotó así el pobre repertorio de justificaciones para lo que los tribunales nacionales e internacionales consideran crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina.
El resto de los procesados se abstuvo de declarar y algunos acusaron problemas de salud para no presentarse ante la Justicia. El último comandante en jefe del Ejército durante la dictadura, teniente general Cristino Nicolaides, ingirió suficiente sal como para producirle un cuadro de hipertensión. Siguió así el modelo del dictador chileno Augusto Pinochet cuando simuló demencia en Londres para escapar al pedido de extradición de España y volver en buena salud a Chile.
Quien ayer puso algo de orden fue el juez federal Ariel Lijo al pronunciar, en la misma sala en la que hace dos décadas fueron condenados Videla, Massera & Cía, el primer fallo contra militares después de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Esta vez no se juzgó a un solo represor, sino a un grupo significativo, encabezado por Nicolaides e integrado por media docena de coroneles del Batallón 601 de Inteligencia. Según el fallo, esa unidad operativa fue un núcleo central de la represión, que con sus distintos grupos de tareas se desplegó en todo el país. Hasta ahora el día del juicio sólo había llegado para dos policías y un cura católico.
Guerrieri también dijo que no tenían cara de asesinos sino de soldados. Pero no fueron juzgados por portación de cara sino por crímenes bien probados pese a la clandestinidad de las operaciones criminales con que se buscó impedir su esclarecimiento y encubrir a sus autores.
Documentos de las propias Fuerzas Armadas describieron la estructura de la represión en zonas, subzonas y áreas. Informes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos corroboraron la desaparición de los militantes secuestrados al regresar al país en 1980. Su desclasificación y envío a la Argentina hace cinco años a solicitud de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y del CELS mostró hasta qué punto los jefes de la dictadura habían quedado solos.
Un policía afectado a un control de rutas narró el momento de la detención de uno de los desaparecidos. Una mujer contó que su esposo, sargento del Ejército, trajo de Campo de Mayo el collar de la adolescente Verónica María Cabilla y el documento de Ricardo Marcos Zuker, asesinados en ese campo de concentración que dirigía Nicolaides. La hija de la mujer vio a su madre llorando mientras lavaba la camisa del sargento, manchada con sangre.
El fallo leído ayer obra como una respuesta oportuna a quienes intentan impedir el avance de la justicia, con episodios como la desaparición de un testigo en La Plata y la muerte por envenenamiento de un prefecto procesado en el Tigre. Ayer se vio que la impunidad no es una maldición ineludible. Pero las cosas no ocurren tampoco por generación espontánea.
Ordenar los juicios por campo de concentración, para que se perciba el carácter sistemático y masivo de los crímenes y evitar a los testigos la traumática repetición de sus padecimientos en un proceso tras otro; desconcentrarlos, para que diversos tribunales puedan realizar sus audiencias al mismo tiempo; proveer los cargos en los juzgados vacantes o a cargo de suplentes provisorios; dotarlos de los recursos materiales y humanos para que las causas progresen a buen ritmo; alojar a los procesados en verdaderas cárceles es la tarea que los cuatro poderes del Estado tienen por delante para que, de una vez por todas, el horror quede atrás.

No hay comentarios: