miércoles, 26 de diciembre de 2007

JUSTICIA ITALIANA PIDIO CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

El país | Miércoles, 26 de Diciembre de 2007

LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

Casi un “dream team” de la represión
Videla, Massera, el uruguayo Bordaberry y el chileno Contreras son algunos de los 140 represores a los que la Justicia italiana pidió su captura y extradición por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco del Plan Cóndor. En Argentina, esa causa se elevó a juicio oral y público hace menos de un mes.

Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dos de los 61 argentinos requeridos por la Justicia italiana.
Subnotas
Sospechas en San Luis
A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el lunes la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del ’70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.

“Es la primera vez que se hace un pedido tan masivo de represores de tantos países, que da una idea acabada de la coordinación represiva y de la investigación que se realizó”, celebró desde España el abogado Carlos Slepoy. El titular de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid consideró que la medida tendrá “un efecto de repetición y contagio” y contribuirá a “acelerar los juicios” en nuestro país.

Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.

El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado. El mismo lunes fue trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.

El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.

En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres –que subrogó en esa causa al ex juez federal Guillermo Montenegro, actual secretario de seguridad del jefe de gobierno Mauricio Macri– consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.

“La cantidad de personas implicadas en los distintos países va a tener un efecto de repetición y contagio en los países afectados por las dictaduras”, advirtió Slepoy. “Las medidas adoptadas por juzgados de distintos países como Italia, España y Francia dan una idea fehaciente de que este tipo de criminales debe ser perseguido por todos los tribunales y no podrán andar sueltos en ninguna parte del mundo”, concluyó.

No es la primera buena noticia de 2007 surgida en Italia. En marzo la Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia a cadena perpetua a los marinos Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vildoza (prófugo de la Justicia desde 1987), Antonio Vañek y al prefecto Héctor Febres (quien murió envenenado el 10 de diciembre en su prisión VIP de Prefectura) por delitos de lesa humanidad contra italianos que fueron vistos por última vez en la ESMA. Siete años antes, en 2000, la Justicia italiana ya había condenado a cadena perpetua a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros.


Sospechas en San Luis

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidió a la fiscalía federal de San Luis que se investiguen las causas del incendio que sufrió el predio conocido como Granja Amalia, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar. El abogado de la APDH, Enrique Ponce, aseguró que “aparentemente habría sido intencional” y manifestó su preocupación porque se produjo cuando se supo recientemente la citación “de ex policías y militares” acusados de secuestros realizados en septiembre de 1976. Ponce desconfió de que haya sido casual, porque también “se están haciendo todas las gestiones administrativas para la instalación del Museo de la Memoria en San Luis”.

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