lunes, 24 de diciembre de 2007

JURY CONTRA DOS FISCALES FEDERALES POR SU ACTUACION EN LA DICTADURA MILITAR

El país | Lunes, 24 de Diciembre de 2007
JURY CONTRA DOS FISCALES FEDERALES POR SU ACTUACION EN LA DICTADURA MILITAR
El turno de la conexión judicial
Los fiscales federales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes serán sometidos a un jury de enjuiciamiento por orden del procurador Esteban Righi. Están acusados de participar en interrogatorios ilegales, de amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad.

Reclamo de justicia en los tribunales de Resistencia por la Masacre de Margarita Belén.Por Victoria Ginzberg
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dio un paso decisivo para apartar de sus funciones a dos fiscales cuestionados por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Se trata del fiscal federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni y el fiscal federal de primera instancia de la misma ciudad Carlos Flores Leyes. Righi resolvió que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento y –una medida poco usual– que ese organismo los suspenda en sus funciones.
“Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta, preguntaba con precisión y parecía inteligente, interrogaba con un cuestionario predeterminado, diferente a como interrogaba la policía, que me había interrogado antes. El contraste entre él, que era tan grandote, y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi mas tarde en Gendarmería.”
José Luis Valenzuela no se refería en este testimonio a un represor ordinario, al menos, no a un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. El interrogatorio al que hizo referencia se realizó en la Brigada de Investigaciones del Chaco, donde los detenidos eran torturados y vejados. El que hacía las preguntas era Flores Leyes, en ese entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia y hoy todavía fiscal. El episodio que narró se produjo el primero o segundo día de su estancia en la Brigada. Lo habían llevado a una sala, desnudado, vendado, lo habían sentaron en una silla, atado de pies y manos, lo habían golpeado y lo habían picaneado. Por debajo de su venda llegó a ver a Flores Leyes, que luego comenzó a dirigir el interrogatorio. Vestía traje. “No tengan trato especial con él”, les dijo el secretario judicial a los policías antes de irse.
Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde diciembre de 1974 hasta 1992. En ese año, pasó a ser fiscal federal, cargo que mantiene hasta hoy.
El otro funcionario acusado, Mazzoni, fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto que todavía conserva, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.
“Mazzoni abrió el paquete y sacó un arma mediana, como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome.”
El relato es de María Gregoria Pérez, a quien Mazzoni trató de “convencer” de que no esperara a su abogado para hablar. Quien le había entregado el presente con la pistola al entonces secretario del juzgado era uno de los torturadores de la Brigada (la mujer lo reconoció). El regalo venía de parte de Carlos Alcides Tomas, jefe de la Brigada.
Por los casos de Valenzuela y Pérez, entre otros, Flores Leyes y Mazzoni fueron acusados de haber sido autores directos en actos de torturas físicas y psicológicas.
La lista de acusaciones de los fiscales no se agota en esos hechos. Entre otros reproches, el fiscal Félix Crous, que estuvo a cargo del sumario, mencionó: la omisión de denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén; no haber denunciado actos de tortura, sino encubrirlos; no haber dado auxilio médico a los detenidos que dijeron que habían sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. “Resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional, institucional y social que quienes presuntamente han incumplido con los deberes indicados y presumiblemente han participado de violaciones a los derechos humanos ejerzan la magistratura en el poder del Estado al que se le ha encargado expresamente la defensa de la legalidad”, señaló Righi en el escrito con el que resolvió, el 18 de diciembre pasado, la apertura del jury, que será finalmente la instancia que decidirá si los destituye o no.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 Carlos Sala fue sacado de la Unidad Penitenciaria de Resistencia con el pretexto de que iba a ser trasladado a una cárcel de Formosa junto con otros 20 presos políticos. Todos fueron ejecutados en el trayecto, en la localidad de Margarita Belén. Sala, que había sido detenido en 1975, estaba a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, pero ni el juez Luis Angel Córdoba ni el secretario Flores Leyes ni el fiscal Mazzoni se interesaron por su suerte. Aceptaron la versión oficial que decía que los fusilados en la masacre de Margarita Belén habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaban escapar.
No era difícil dudar de la información que dieron los militares. Mirta Clara, esposa de Sala, que también estaba detenida, pidió una entrevista con Flores Leyes y Mazzoni y les señaló distintos indicios que permitían reconstruir lo que había pasado y desacreditar el parte oficial. La mujer les dijo que “en todo Chaco se sabía que esa matanza se produjo por responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial”. Ellos no se inmutaron. Tampoco lo negaron.
Diez días después de los fusilamientos, el juez Córdoba y Flores Leyes firmaron un documento que ordenaba: “Atento la renuncia al cargo de defensor del imputado, intímese a Carlos Sala para que dentro del tercer día posterior a su notificación designe nuevo abogado defensor, bajo apercibimiento de designar el defensor Oficial del Tribunal”.
Los funcionarios judiciales a cargo de Sala tal vez no habrían podido evitar su asesinato pero tampoco se preocuparon en aclararlo. No les llamó la atención que el traslado no hubiera sido informado al juzgado, ni que se hubiera realizado un domingo, ni que el alegado motivo hubiera sido llevarlos a una cárcel de Formosa que no se encontraba preparada para alojar a presos políticos. No certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.
Interrogar a los otros presos habría bastado para saber casi con certeza lo que había pasado. Cuatro años después, cuando fueron escuchados, contaron que Sala sabía que el traslado equivalía a su muerte, que les habló a los que se quedaban para darles fuerza y que dijo que iba a salir para evitar que el Ejército entrara y se produjeran males mayores. “Incluso los propios guardiacárceles decían que los habían matado a todos”, señaló uno de los testigos.
Crous destacó en el sumario que si bien resultaba “altamente probable que una investigación sobre lo ocurrido en Margarita Belén en plena dictadura militar hubiera encontrado diversos inconvenientes y escollos, al menos el intento por parte de los funcionarios hubiera demostrado su preocupación y responsabilidad por salvaguardar la vida de los detenidos a su disposición, dando cumplimiento al imperativo legal y ético que la sociedad deposita en la función judicial”.
La lectura de los numerosos testimonios que forman parte del pedido de Righi de iniciar el jury contra estos dos fiscales demuestra que no se trataba de dos funcionarios sobrepasados por el terrorismo de Estado, ni siquiera de dos personas indiferentes. Eran dos colaboradores. Su presencia en interrogatorios bajo torturas, las amenazas y sus propias palabras dan cuenta de ello.
“Sentía una situación de impotencia dada la identificación total del Poder Judicial con la policía del Chaco, la sensación de que la tortura había sido transformada en un método habitual de interrogación. Actuaban como si fuera un método legal. Durante mis siete años de prisión y frente a la cantidad de causas que tenía abiertas tuve oportunidad de charlar en innumerables oportunidades con Flores Leyes, Mazzoni y Córdoba. Lo que surgía de estas charlas es que en el Poder Judicial del Chaco existía una compenetración ideológica con el poder policial militar, una compenetración con el proceso, con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, con la tortura... especialmente por parte de Flores Leyes y Mazzoni”, aseguró el ex detenido Aníbal Ponti.
María Graciela de la Rosa les reprochó a los funcionarios judiciales por la forma en que tomaban las declaraciones: de noche, con amenazas y la clásica luz sobre la cara que no permitía ver nada. Les dijo que parecían interrogatorios de tipo militar. “Trabajamos en equipo”, fue la respuesta. “Flores Leyes siempre intervenía como una especie de represor más, no como funcionario del Poder Judicial”, afirmó Eugenio Domingo Silva. Jorge Héctor Castro contó que, en una oportunidad, cuando les dijo a Flores Leyes y Mazzoni que estaban haciendo preguntas que no correspondían a su función, Mazzoni lo increpó: “Esto es una guerra entre Argentina y Cuba. Yo estoy del lado de Argentina. Agradecé que estás vivo”.
Además de los cargos que lo vinculan directamente con participar o encubrir crímenes de lesa humanidad, Mazzoni también fue acusado por no haberse excusado, una vez en democracia, en las causas en las que él mismo estaba implicado.
Righi ya había tomado una medida relacionada con un funcionario del ministerio público del Chaco por favorecer a represores. La secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, fue exonerada por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los imputados en la masacre de Margarita Belén. La mujer fue la subordinada de Mazzoni durante once años. No se apartó del caso que involucraba a su jefe y permitió que los acusados recuperaran su libertad mediante un recurso de hábeas corpus. La remoción de Torres no tuvo necesidad de un jury porque no se trataba de una fiscal sino de una empleada del Ministerio Público. Ahora, Flores Leyes y Mazzoni enfrentarán sus acusaciones, promovidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). No será la primera oportunidad para que el Poder Judicial revise la actuación de sus miembros durante la última dictadura. El juez federal Víctor Hermes Brusa enfrentó un juicio político por haber estado en sesiones de tortura en centros clandestinos de Rosario. Sin embargo no terminó destituido por eso, sino por haber atropellado a una persona con su lancha y huir. Su conducta durante el terrorismo de Estado sirvió para que los miembros del Consejo de la Magistratura se hicieran un perfil del personaje.
Mazzoni y Flores Leyes, cuyas responsabilidades penales ordenó investigar la Cámara de Apelaciones de Resistencia, todavía siguen ejerciendo como fiscales. Pero no será así por mucho tiempo. “Es evidente –señaló Righi– que la suspensión resulta imprescindible para garantizar la normal prestación del servicio de justicia”. Para el procurador, “la afectación del servicio de justicia originada en el descrédito de los magistrados investigados y del Ministerio Público como órgano, existirá hasta tanto se aclaren las circunstancias en las que aparecen menoscabados derechos fundamentales en sucesos presuntamente vinculados a acciones represivas por parte del Estado”.


El país | Lunes, 24 de Diciembre de 2007
OPINION
Partícipes necesarios

El fiscal federal de primera instancia de la ciudad de Resistencia, Carlos Flores Leyes.
Por Mario Wainfeld
Los fiscales federales, integrantes del Ministerio Público, gozan de estabilidad en sus funciones mientras dure su buen desempeño. No ejercen sus cargos por tiempo determinado, no están supeditados a elección popular. Esa regla, similar a la que regula la actividad de los jueces, procura preservar la independencia del Poder Judicial y, en el caso concreto de los fiscales, su “autonomía funcional”.
Ningún derecho o garantía es absoluto, tampoco éste. Los fiscales Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Eduardo Flores Leyes pueden perder sus cargos, si así lo decide un jurado de enjuiciamiento al que serán sometidos. Así lo resolvió el 18 de diciembre pasado el procurador general, Esteban Righi, en un dictamen al que Página/12 tuvo acceso.
Los dos fiscales actúan en la provincia del Chaco, en cuyo poder judicial revistan desde hace más de treinta años. La decisión de Righi los suspende en sus cargos.
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Cifras. El dictamen tiene más de 250 páginas y es un inventario de conductas espeluznantes. Recopila declaraciones de decenas de testigos de cargo, casi todos ellos sobrevivientes de la masacre de Margarita Belén.
Es el fin de un sumario que insumió más de dos años, lapso impuesto por la recolección de la prueba y también por los numerosos planteos de la defensa, que recorrieron desde la pertinencia de la vía elegida para sancionarlos hasta la caducidad de la acusación por el excesivo tiempo que duró el sumario. También hubo nulidades surtidas. Los planteos fueron rechazados y ahora los dos fiscales tendrán su día ante el Tribunal.
Los actos que configuran su “mal desempeño”, en la mayoría de los casos, pueden llegar a constituir delitos graves. Su nómina se detalla en la nota principal (ver aparte). Baste decir a los efectos de esta columna que no son idénticos para los dos acusados pero sí muy similares. Y que incluyen, entre otros: omisión de denunciar delitos gravísimos (homicidios y torturas), omitir prevenir y encubrir actos de tortura, participación directa en actos de tortura y apremios ilegales, no brindar auxilio médico a detenidas embarazadas que fueron torturadas, omitir los recaudos para inscribir nacimiento de niños dados a luz en cautiverio, propinar trato indigno a parientes de detenidos.
El procurador subraya la “inusitada gravedad, cantidad, similitud y trascendencia de los sucesos reprochados a los magistrados” y añade, por si quedaran dudas, que “no se trata de meras irregularidades cometidas en el ejercicio de la función, sino, en la mejor de las interpretaciones, a la luz de los relatos coincidentes de las víctimas y el número considerable de episodios de indudable entidad, de una preocupante metodología que afecta al Ministerio Público como encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en desmedro de su credibilidad frente a la sociedad”.
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Los malos de la película. A muchas personas del común les cuesta comprender o digerir el modo de funcionamiento de la Justicia, en especial el rol de abogados o fiscales. El proceso se estructura en base a la bilateralidad, dos partes que iluminan sus posiciones enfrentadas y que cuentan con asesoramiento letrado para preservar su igualdad. La misión del abogado o el fiscal es iluminar una posición, sustentar un interés. Lo suyo no es la imparcialidad sino el aporte a que una de los dos campanas suene mejor. Pueden (y en buena medida deben) dar lecturas interesadas de los hechos, recortar el relato, elegir las pruebas que más se avienen a su versión. La contraparte debe hacer lo mismo y de ese equilibrio nace la materia prima para la decisión del juez, que es el único que debe ser imparcial y contemplar todos los hechos.
La misión de los fiscales es acusar, lo que los torna especialmente odiosos, por lo general. Aun en Hollywood fueron los malos de la película durante más de medio siglo, dejando a los defensores el rango de héroes que fue encarnado con donaire por Spencer Tracy, Paul Newman, Tom Cruise, John Travolta, entre muchísimos más. Recién en el siglo XXI, en la era Bush, los fiscales prepotentes y topadores se transformaron en “muchachitos” de varias sitcom de moda.
Más allá de imaginarios populares o mediáticos, la función de las partes es consustancial a la Justicia, que necesita de contradicción y sentencia. El fiscal debe ser tenaz, encarnizado y hasta poco atento a los argumentos de los acusados. Claro que acá llega otro punto de difícil digestión para legos: el fiscal debe llevar agua para su molino pero ese cometido tiene límites establecidos por la regla del debido proceso. La ética profesional conjuga el arduo equilibrio de mejorar la posición de la parte que se representa pero limitándose en la elección de los medios. Flores Leyes (cuyos apellidos, parece, se corresponden muy mal con sus desempeños) y Mazzoni están sospechados de haber superado toda regla, incluso los parámetros morales más básicos.
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Tiempo pasado, tiempo presente. A diferencia de la mayoría de los acusados de haber participado en el terrorismo de Estado, los fiscales Mazzoni y Flores Leyes continúan en funciones. Revistan en el Estado desde entonces, una continuidad atípica que impresiona.
El transcurso del tiempo es un argumento socorrido de la derecha argentina, que aduce que es disfuncional “seguir mirando al pasado”, sin percatarse de que ésa es, en sustancia, la función del Poder Judicial. Las defensas de los acusados en este caso (ya se dijo) invocaron el paso de los años para intentar eximirlos de condena: articularon caducidades y prescripciones.
Esos argumentos son contrarios al derecho internacional vigente, inmorales y poco serios en todas las situaciones. Desplegados por quienes siguen ocupando cargos públicos el despropósito se potencia, si tal cosa fuera posible.
Righi lo analiza y fulmina con propiedad, escribiendo textualmente: “el tiempo transcurrido desde que se verificaron los hechos y omisiones reprochados, lejos de atenuar la situación, la agrava, pues precisamente la finalidad del Ministerio Público es la promoción de la justicia y nada hay más opuesto al cumplimiento de ese cometido que la impunidad”. Dicho de otra manera: la perpetuación de la impunidad en crímenes de lesa humanidad no genera derechos.
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Los que van al banquillo. Las sentencias dictadas hasta ahora y el tema que nos ocupa muestran una cierta desproporción en el número de supuestos represores que van al banquillo de los acusados. Los militares de carrera son, relativamente, pocos. Hay también ex policías, un sacerdote católico, médicos, ahora fiscales. La asimetría tal vez se vaya modificando con el avance de los procesos judiciales. Para eso es imprescindible que los tres poderes del Estado se pongan las pilas y estatuyan reglas procesales y normas para acelerar los trámites, preservando las garantías a los acusados, tanto como la protección a víctimas y testigos.
De cualquier modo, la presencia de civiles, funcionarios o sacerdotes refleja la realidad de una dictadura cívico-militar cuyo plan sistemático de exterminio no podía prosperar sin actores que revistaran fuera de los cuarteles.
Que se acuse a hombres de derecho de haber sido partícipes no es novedad pero espanta. Que esas personas –pesando sobre ellos el desprecio de las víctimas y haciéndose los sordos frente a una multitud de testimonios que los sindican como autores de conductas aberrantes– hayan seguido trabajando sin haber dado un paso al costado por remordimiento, por recato o por lo que fuera, es todo un detalle.

AZUCENA
La alcaldía de París estaba llena de argentinos y franceses, muchos de ellos autoridades municipales de la capital francesa, mientras el embajador argentino ante la Unesco, el pianista Miguel Angel Estrella ofrecía un recital. También se presentó un espectáculo de tango y se exhibió el documental El Pozo, sobre un centro clandestino de detención de la dictadura en la provincia de Santa Fe. Muchos de los presentes no podían ocultar su emoción. La ciudad de París rendía así homenaje a Azucena Villaflor, nieta de anarquistas y fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

El país | Sábado, 22 de Diciembre de 2007
LA JUSTICIA REITERA SU POSTURA SOBRE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
“Deben ser cometidos por el Estado”
La Cámara Federal ordenó cerrar un expediente en el que se pedía investigar a la agrupación Montoneros. Señaló que las organizaciones armadas no cometieron delitos de guerra ni de lesa humanidad.

La Justicia volvió a definir lo que significa la figura de crimen de lesa humanidad.
La Justicia ratificó que los crímenes cometidos por organizaciones armadas en la década del ‘70 no son delitos de lesa humanidad y como consecuencia se encuentran prescriptos. La sala I de la Cámara Federal porteña reiteró el criterio sostenido por el procurador Esteban Righi, al pronunciarse sobre una apelación que pretendía reabrir la causa sobre el ataque de Montoneros al comedor de Superintendencia de Seguridad Federal, el 2 de julio de 1976.
Los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah explicaron que la pretensión de incluir acciones armadas de organizaciones político-militares en la categoría de crímenes contra la humanidad implica “confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política –violenta o no–, con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada”.
El ataque al cuartel no fue “un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional” ni tampoco un crimen de lesa humanidad, dijeron. Los crímenes contra la humanidad “son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político” y por ello no puede aquí considerarse el accionar violento de las organizaciones revolucionarias durante los años ’70.
Según figura en el fallo, la figura de lesa humanidad implica que esos delitos sean “cometidos por un agente estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal”.
La reapertura de la causa había sido solicitada por Hugo Biazzo, herido en ese operativo, por medio del abogado y ex juez Norberto Angel Giletta. Ya la habían rechazado tanto el fiscal Jorge Alvarez Berlanda como la jueza federal María Servini de Cubría. Giletta apeló ante la Cámara Federal pero los jueces de la Sala I volvieron a cerrar el caso.
La Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la extradición de un miembro de la ETA española, también había remarcado que sólo pueden considerarse delitos de lesa humanidad los planes sistemáticos desarrollados por un Estado.
La Cámara remarcó que ya en el juicio a las Juntas Militares se estableció que ya en 1975 “las bandas subversivas fueron derrotadas en todas las acciones de envergadura emprendidas y su capacidad operativa había sido drásticamente diskinuida”

El país | Domingo, 23 de Diciembre de 2007
UN PREFECTO SERIA IMPUTADO POR EL HOMICIDIO DEL REPRESOR DE LA ESMA
La jueza cree que a Febres lo asesinaron
Angel Mario Volpi, el prefecto que “custodiaba” al represor envenenado, es el más comprometido en el caso. Los forenses y toxicólogos concluyeron que Febres ingirió el cianuro después de la cena y que muy posiblemente lo engañaron: le dieron una pastilla diciéndole que era un medicamento para alguna de sus enfermedades.

Subnotas
• Más que una cárcel VIP
Por Raúl Kollmann
La jueza Sandra Arroyo decidirá esta semana a quién procesa por la muerte del represor Héctor Febres. Todo indica que para la magistrada el delito es homicidio, o sea que a Febres lo asesinaron envenenándolo con cianuro. Es muy probable que el prefecto Angel Mario Volpi, la última persona que estuvo con Febres y quien, además, tenía llaves de su departamento, sea imputado por el homicidio. Después de las declaraciones de forenses y toxicólogos del viernes pasado, está claro que Febres ingirió el cianuro después de la cena y muy posiblemente lo engañaron: le dieron una pastilla diciéndole que era un medicamento para alguna de sus enfermedades y le suministraron el cianuro por esa vía. Para la jueza Arroyo, el caso es un laberinto, porque eran tan grandes –e increíbles– las irregularidades en el lugar de detención de Febres, que resulta casi imposible saber quién entraba y quién salía del Destacamento Delta de la Prefectura y del “camarote”, como llamaban al departamento de Febres.

Suicidio no“La hipótesis del suicidio está superada. No va”, analizan los investigadores judiciales del caso. Hay varios indicios que llevan a esa conclusión:
- Febres no dejó ninguna carta de despedida ni explicativa. Todos los familiares y los médicos y sacerdotes que tenían relación con él afirman que lo hubiera hecho. Esa habría sido la forma de desincriminar a todos los que lo rodeaban. Pero, además, si quería denunciar a sus superiores durante la dictadura, si quería mantener el silencio por considerarse un supuesto hombre de honor, si consideraba que era víctima de una injusticia, lo habría dejado asentado.
- El miércoles próximo, con presencia de todas las partes, empezará el peritaje informático sobre los archivos de su computadora. El aparato ya encierra un escándalo en sí mismo, porque fue sacado del camarote después de la muerte de Febres. La jueza Arroyo detectó la maniobra y logró secuestrarlo. Habrá que ver si en la computadora, por ejemplo, aparece documentación relativa a la muerte.
- En cartas de Febres de 2003, el prefecto habla de que quiere ponerle un final a su situación, pero al mismo tiempo menciona que no tiene agallas –“no tengo valor”– para el suicidio. Al mismo tiempo, en esas cartas hasta dice que si algo le pasa debe quedar claro que no es un suicidio. El sacerdote que declaró en la causa también descartó la hipótesis del suicidio: mencionó que tenía fuertes convicciones religiosas y no hubiera tomado la decisión de quitarse la vida.

AsesinatoEn la tarde del viernes se hizo circular la versión de que Febres murió de un paro cardíaco y que el cianuro fue puesto después. Esa información fue atribuida a supuestas conclusiones de los peritos.
La realidad es que los forenses y toxicólogos que declararon el viernes dijeron todo lo contrario: está probado que el cianuro fue la causa de la muerte.
- Se encontró cianuro en el estómago y en la sangre. En las paredes del estómago se verificaron lesiones producidas por el cianuro que fueron las que llevaron a Febres a la muerte. Estos estudios se hicieron en presencia de los peritos de parte, incluyendo los designados por la familia Febres a través de su abogado, Martín Orosco.
- En el estómago se encontró tomate y cítricos en un estado de digestión avanzado. No hubiera sido así si el cianuro se consumía al mismo tiempo que la cena. Eso significa que el veneno se ingirió después de la cena.
- Quien lo acompañó esa noche en la última comida y aún después fue el prefecto Angel Volpi, una especie de insólito edecán de Febres, al punto que traía y llevaba a su esposa a la casa y le servía de asistente personal.
- Para la causa judicial, el acceso al “camarote” de Febres es un elemento clave. El represor tenía la llave de su departamento, entraba y salía cuando quería, pero Volpi era el otro que tenía acceso irrestricto. La familia, especialmente su hija Sonia, lo acusa en forma directa de la muerte.
- La idea de forenses y toxicólogos es que el cianuro fue suministrado a Febres o bien diluido en agua o bien con una pastilla que le dijeron que era un medicamento. Al lado de su cama no se encontró un vaso de agua, sino en el living del departamento-celda. Los profesionales afirmaron que el cianuro, ingerido por vía oral, no produce la muerte instantánea. Es posible que haya tomado el vaso de agua, luego ingresó a su “camarote”, se acostó y el cianuro lo mató después de dormirse. Febres solía levantarse a la noche para ir al baño y tomar agua. Tal vez el cianuro estaba diluido en el agua del vaso, pero es imposible saberlo porque la escena fue totalmente alterada. A la jueza le avisaron por teléfono una hora y media después de encontrado el cuerpo, pidió que se fajara el lugar hasta que ella llegara a la escena del crimen y cuando arribó estaba toda la familia, amigos y allegados dentro del departamento-celda.
Lo que ocurrió fue una verdadera provocación. En el libro de visitas (ver aparte) se dejó asentado que ingresó la jueza, su secretaria, el fiscal Alberto Gentili, y una secretaria, pero no figuran la esposa ni los hijos ni varios primos, amigos y camaradas de armas que entraron al Destacamento Delta y al “camarote” de Febres.
La jueza Arroyo tiene hasta el 3 de enero para resolver si mantiene detenidos a Estela Maris Guevara, esposa de Febres, los hijos, Sonia y Ariel, al prefecto mayor Rubén Iglesias, jefe del Destacamento, y al prefecto Volpi, el más directamente relacionado con la custodia de Febres. La magistrada les prometió a las partes que haría el esfuerzo de resolver antes de fin de año, por lo cual ayer estaba trabajando en el juzgado. Según coinciden todos los investigadores, el más comprometido es Volpi. Y el delito, homicidio. La jueza tendrá que evaluar, también sobre la base de las diligencias que se harán esta semana, incluyendo el peritaje de la computadora, si tiene los elementos suficientes como para hacer la imputación y dictar la prisión preventiva.

. El país | Domingo, 23 de Diciembre de 2007

Más que una cárcel VIP
Por Raúl Kollmann
Tres prefectos fueron indagados por la jueza Sandra Arroyo, sospechados de participar de las insólitas irregularidades que se produjeron en el Destacamento Delta de la Prefectura en relación con la detención VIP de Héctor Febres.
- Todo indica que el libro de guardia fue armado en forma fraudulenta para entregarle a la jueza. Tiene registros desde los años 90 y luce nuevo, comprado hace muy pocas semanas.
- Hay testimonios categóricos de que la esposa de Febres se quedaba a dormir todos los sábados a la noche. Nada de eso figura en los registros.
- Hay evidencias contundentes de que habitualmente, una vez por semana, parejas de amigos de los Febres se quedaban hasta las tres o cuatro de la mañana jugando a las cartas. Tampoco está registrado.
- Febres no sólo tenía chofer sino que en la causa se acredita que también contaba con un mozo.
- Como ya se sabe, está probado que tenía dos líneas de teléfono, usaba celular, plasma, DVD y otros privilegios con los que no cuenta ningún preso en la Argentina.
- Como se sabe, el detalle más elocuente es que la muerte de Febres se descubrió once horas y media después de producida porque, según declararon los prefectos en la causa, “no bajó a desayunar”, una frase más propia de un hotel que de una cárcel.
- El descontrol total se extendía también al ingreso de comidas, por lo que a Febres cualquiera le podía suministrar lo que fuera, sin que existiera la menor revisión.
Los prefectos indagados el viernes no están detenidos, pero sí sospechados de participar de las irregularidades. Tuvieron que responder a las preguntas de la jueza Arroyo y del fiscal Alberto Gentili sobre las responsabilidades que cada uno tenía en el registro de entradas y visitas.

El país | Domingo, 23 de Diciembre de 2007

EL INCREIBLE CASO DE MONSEÑOR LAISE, OBISPO DE SAN LUIS, EN LA DICTADURA
El obispo que pidió desaparecer a un cura
En 1976, Laise le pidió al máximo responsable militar de la provincia que se secuestrara a un sacerdote que había dejado los hábitos. Como el coronel se negó, el obispo prohibió a los curas locales que le casaran a la hija. Una historia impune que se mezcla con los casos que se van a juzgar en la provincia.

El obispo Laise, cuando estaba en actividad, y el militar Carlos Plá, cuando estaba prófugo.
Subnotas
• No se reciben familiares de subversivos
Por Diego Martínez
El obispo emérito de San Luis monseñor Juan Rodolfo Laise le encargó en 1976 al máximo responsable militar de la provincia “que hiciera desaparecer a un sacerdote, porque había dejado los hábitos y se iba a casar con una mujer”. Lo declaró ante la Justicia el destinatario del recado, el coronel (R) Miguel Angel Fernández Gez, entonces jefe del Comando de Artillería 141 y del área militar 333. No fue el único que encendió el ventilador. El capitán (R) Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti, contó que en realidad la mataron cuatro miembros de la plana mayor del comando enfrentados con Fernández Gez. Dio sus nombres y admitió que se reunió con ellos en un bar porteño mientras estaba prófugo de la Justicia. Fernández Gez lo ratificó y agregó que los acusados fueron a apretarlo a su casa. La Justicia aún no ordenó sus detenciones. Ambos militares serán juzgados en 2008 junto con tres policías puntanos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
El coronel Fernández Gez, de 81 años, goza de arresto domiciliario. No aceptó ser entrevistado pero a pedido de Página/12 recordó ante su abogado Carlos Daniel Mercado el diálogo con Laise:
–¿Pero qué me pide, padre? ¿Se volvió loco? –reaccionó ante el recado de “hacer desaparecer” al cura descarriado.
–Entonces no tenemos más nada que hablar –concluyó Laise.
“Me negué rotundamente porque no soy un genocida. Ni siquiera permití que me dijera el nombre del sacerdote”, declaró ante la Justicia.
Como represalia por la negativa, Laise prohibió a los curas de la diócesis casar a la hija del militar. La ceremonia se realizó en la iglesia de Santo Domingo, frente a la gobernación, pero con un cura que viajó especialmente desde Río Cuarto a pedido de la esposa del coronel.
Laise fue obispo de San Luis durante 30 años, hasta 2001. Si el juez federal Juan Esteban Maqueda decide citarlo debe dirigirse al santuario Nuestra Señora de las Gracias, en Viale Padre Pío 71013, San Gionvanni Rodondo, en Foggia, Italia. Pese a sus 81 años cumplidos, el obispo no se deja amedrentar por la tecnología: su correo electrónico es juanrodolfo@ya hoo.com.ar, aunque nunca respondió la consulta de este cronista.

Hablar o no hablar
Graciela Fiochetti fue secuestrada junto con Víctor Fernández en la madrugada del 21 de septiembre de 1976. Después de las torturas, Fernández fue liberado. Cuando la familia Fiochetti se presentó ante el capitán Plá e invocó saber que la joven estaba en su poder, el entonces subjefe de policía de San Luis ordenó volver a detener al Gringo Fernández. Lo torturaron durante 28 días.
Diez años después, el ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente Velázquez volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto con otro secuestrado a un descampado en Salinas del Bebedero. Plá los obligó a arrodillarse. “¿Van a hablar o no van a hablar?”, gritó. Ante el silencio, disparó a la nuca de Graciela. “No miré más”, confesó Velázquez.
Plá fue detenido en San Isidro el 26 de septiembre, después de dos años prófugo. Cercado por las pruebas y aunque nadie le apuntaba a la nuca, no dudó en hablar. Dijo que el asesinato fue ordenado por el teniente coronel Juan Carlos Moreno, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA) 141, y ejecutado por el teniente primero de inteligencia Horacio Angel Dana. Agregó que cuando la Justicia lo citó en 1985, el propio Dana, durante un acto militar, lamentó “el garrón que se está comiendo” y le confesó que matar a Fiochetti había sido una decisión de la plana mayor del GADA para comprometer a Fernández Gez, con quien estaban enfrentados. Incluyó entre los asesinos a los entonces tenientes coroneles Guillermo Daract, subcomandante y subjefe de área, Jerácimo Dante Quiroga, jefe de operaciones, y Raúl Benjamín López, jefe de inteligencia.
Mientras duró la impunidad, el capitán Plá olvidó el caso Fiochetti. Cuando la causa se reabrió –siempre según su relato– fue a visitar a Moreno, presidente de la Mutual de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas. Días después, ya prófugo, se reunieron en un bar de Barrio Norte con Daract y Quiroga. Volvieron a verse en el estudio del abogado Mercado.
–Ustedes saben que no tengo nada que ver, busquen la forma de desvincularme –dice Plá que les solicitó.
–Chico (sic), quédate tranquilo, vamos a enfrentar las responsabilidades –asegura que respondió Moreno.
El diálogo fue en 2006. Plá aún espera, ahora entre rejas.

La visita
Fernández Gez declaró en San Luis el 3 de octubre de 2006. No bien volvió a su prisión domiciliaria en la calle Agüero recibió una visita atípica: los coroneles Moreno, Daract y Quiroga. Recién un año después, cuando Plá cayó en desgracia –ambos imputados son patrocinados por Mercado–, el coronel aportó a la causa un acta de lo conversado aquella tarde, incluidos detalles del fusilamiento.
A Salinas del Bebedero fueron sus tres visitantes más el teniente primero Horacio Dana y “otros oficiales del GADA”. Fue de madrugada, en vehículos no identificables. Cavaron fosas para enterrar a Fiochetti y a un varón, que sería Sandro Santana Alcaraz. “Moreno dirigió el fusilamiento, en el que todos dispararon sus armas. Daract y Quiroga erraron sus disparos, pero Moreno rozó el rostro de Fiochetti y fue Dana quien le dio el tiro de gracia”, escribió.
Según Fernández Gez la visita no terminó bien. “Me exigieron que asumiera mi responsabilidad por haber sido el comandante”, dijo. Les respondió que fueron hechos ilícitos que él no conocía, de los que no participó, que no autorizó ni consintió. Poco después Daract volvió a insistirle, pero el coronel se mantuvo firme.
La semana pasada el juez federal Juan Esteban Maqueda clausuró la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio oral y público. Además de Plá y Fernández Gez serán juzgados los ex comisarios Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco, jefe, subjefe y encargado respectivamente de la división investigaciones de la policía provincial. Excepto Fernández Gez, los otros están presos en la cárcel de San Luis. Deberán rendir cuentas por cuatro secuestros y torturas, las desapariciones forzadas de Pedro Valentín Ledesma, Sandro Santana Alcaraz, y el homicidio de Fiochetti. Moreno, Daract, Quiroga, López y Dana aún no fueron citados a declarar. Tampoco monseñor Laise.

No se reciben familiares de subversivos
Por Diego Martínez
Cuando los familiares de detenidos-desaparecidos de San Luis comenzaron a golpear puertas, el obispo Juan Rodolfo Laise colgó un cartel en la suya: “No se reciben familiares de subversivos”. Uno de los pocos que logró traspasarla logró ver detrás de una cortina un voluminoso archivo con informes sobre presos políticos. “El obispado recibía las cartas de los presos y evaluaba si podían llegar o no a la familia. Ante el más mínimo contenido político las guardaba y ordenaba a los carceleros llamar al orden al preso”, recuerda la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, Lilian Videla. Para entonces ya eran habituales sus visitas al comandante del Cuerpo III, general Luciano Benjamín Menéndez, dueño de la vida y de la muerte del norte argentino.
El capuchino Laise fue nombrado obispo de San Luis en 1971 en reemplazo de Carlos María Caferatta, quien había moldeado la diócesis inspirado en el Concilio Vaticano II. Apegado a la tradición integrista, Laise imprimió un brusco cambio de rumbo, se deshizo de los sacerdotes cercanos al obispo saliente y militarizó varios edificios de la Iglesia.
También se lo recuerda en la Universidad Nacional de San Luis, tanto por sus clases de adoctrinamiento, de las que excluía a ateos o creyentes no católicos, como por exigirle al interventor militar ampliar la lista negra de expulsados, según investigó el periodista puntano Gustavo Heredia.
En 1980 Laise exigió públicamente censurar dos programas de entretenimientos en televisión porque desprestigiaban “la figura del sacerdote y de las religiosas”. Los consideraba viles medios de “difamación y calumnia abiertamente subversivos” que “no contribuyen al Proceso de Reorganización Nacional”, publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro Doble Juego.
Aún después del desastre de Malvinas, cuando la dictadura se desintegraba y renacía la posibilidad de volver a votar, el obispo machacaba desde el pasquín Cabildo que “la autoridad y los derechos del poder vienen de Dios y no del pueblo o consenso de las mayorías”.
Con el retorno de la democracia no tardó en amoldarse a los hábitos de los Rodríguez Saá. En 1993 indultó “al Adolfo” por su infidelidad con la “Turca” Sesín, pero tuvo que hacerlo en una parroquia periférica porque las señoras de Acción Católica le prohibieron dar la misa del perdón en la Catedral. Los contribuyentes puntanos pagaron caro aquel servicio. Su última aparición trascendente, documentó Heredia, fue en 2004, cuando dos fotos del ex obispo se publicaron en el sitio web de una agrupación neonazi española.

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