domingo, 30 de diciembre de 2007

INVESTIGACIONES SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO, JUICIOS DEL 2008

JUEVES 3 DE ENERO 2008
LA CAUSA POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE UN EX COMPAÑERO DE KIRCHNER,A JUICIO ORAL


El juez federal de Azul resolvió llevar a la instancia la investigación por lo ocurrido con Carlos Alberto Labolita, un colega de militancia del ex presidente cuando ambos estudiaban en La Plata. Fue capturado en 1976 y no se volvió a saber de él. Néstor Kirchner lo recordó en reiterados discursos durante su mandato.



El juez federal de Azul, Juan José Comparato, resolvió elevar a juicio oral la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición de Carlos Alberto Labolita, un ex compañero de militancia de Néstor Kirchner cuando ambos estudiaban en La Plata.

Así lo informó a través de un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, querellante en la causa, en la cual están procesados el general retirado del Ejército, Pedro Pablo Mansilla, y el actual coronel Alejandro Duret.

Las audiencias de este juicio, se realizarán este año en las salas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

Al momento de ser secuestrado, Carlos Alberto Labolita militaba en la Juventud Peronista. Tenía 23 años, estaba casado, trabajaba en una fábrica de Berazategui y pensaba recibirse de sociólogo.

El 24 de marzo de 1976 fue detenido su padre, Carlos Orlando, profesor de Filosofía con militancia gremial, en un operativo del Ejército en su casa de Las Flores, en el que buscaban a su hijo.

Ante esta situación, Carlos Alberto Labolita viajó de La Plata a Las Flores, decisión que le resultó fatal, ya que allí fue secuestrado por un grupo operativo integrado por policías y militares.

De acuerdo a lo relatado por diversos testigos, Labolita estuvo alojado en la comisaría de Las Flores hasta que se dispuso su traslado a Azul. La orden de llevarlo a Azul la habría dado el entonces teniente coronel Pedro Pablo Mansilla, quien era jefe del Grupo de Artillería Blindada 1.

Durante el tiempo en que permaneció detenido, Labolita fue torturado y sometido a diferentes vejámenes.

El 1 de mayo de 1976 fue llevado a la casa de sus padres, en dos autos sin identificación. Según relatos de sus familiares "lo entraron encapuchado y esposado, descalzo y con señas visibles de torturas".

En esa incursión se llevaron a su esposa y la abandonaron a las 5 de la mañana detrás de la estación de trenes de Azul.

A Labolita nadie lo volvió a ver. Testigos afirman que uno de los que ingresó en esa casa ese 1 de mayo fue Alejandro Guillermo Duret.

El ahora coronel Duret era entonces el segundo jefe del Regimiento de Azul, donde fue trasladado Labolita desde Las Flores, según quedó asentado en los libros de la comisaría de esa ciudad.

También existen testimonios de que habría sido alojado en instalaciones del hoy Jardín de Infantes Nro 914, que funciona en la ex estación del Ferrocarril Provincial.
Carlos Alberto Labolita fue compañero de militancia del ex presidente Néstor Kirchner cuando estudiaba en la ciudad de La Plata, y durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo Kirchner lo recordó en reiteradas ocasiones.











El país | Lunes, 31 de Diciembre de 2007

UN GENERAL ADMITIO LA PARTICIPACION EN EL PLAN REPRESIVO

La garra brasileña del Cóndor
Después de que la Justicia italiana reclamara la extradición de represores involucrados en el Plan Cóndor, un militar reconoció que las fuerzas de Brasil detenían y entregaban “subversivos”.

Augusto Pinochet y Jorge Videla, dictadores de Chile y Argentina, en una imagen de 1978.
Subnotas
“Una republiqueta bananera”
Sobre la memoria anarquista
“Nosotros no matábamos. Deteníamos y entregábamos”, reconoció ayer el general brasileño retirado Agnaldo del Nero Augusto. Con esas palabras, el ex jefe del Centro de Informaciones del ejército durante la dictadura militar que con mano de hierro dirigió los destinos del país entre 1964 y 1985 confirmó la participación de su gobierno en el Plan Cóndor. La declaración, conseguida por el diario O Estado de Sao Paulo, se produce justo cuando la Justicia italiana pretende avanzar en su propósito de juzgar a 140 militares y servicios de inteligencia sudamericanos por la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el Cono Sur, durante la represión estatal de la década del ’70.

Según el general de división de la reserva del ejército, en el marco del Plan Cóndor Brasil, “se limitó a colaborar con informaciones, a entrenar a agentes extranjeros y a vigilar a subversivos”. Y eso fue, siempre siguiendo a Augusto, exactamente lo que ocurrió con los ciudadanos ítalo–argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viñas, capturados en Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, respectivamente. Ambos integrantes de Montoneros fueron detenidos allí y enviados clandestinamente a la Argentina, donde desaparecieron en 1980. “¿Qué crimen hay en haberlos detenido?”, se sigue preguntando el general.

La semana pasada, la jueza Luisanna Figliola había solicitado la captura y extradición a Italia de trece brasileños –entre los que se encuentra el último presidente de la junta militar, el ya fallecido general Joao Baptista de Figueiredo– involucrados en las desapariciones de Campiglia y Viñas.

Hasta el momento, el gobierno brasileño ha asegurado no haber recibido ninguna notificación formal por parte de la Justicia italiana. Sin embargo, desde el Ejecutivo se encargaron de dejar claras sus posturas respecto del caso. Por un lado, el ministro de Justicia, Tarso Genro, recordó que en Brasil rige una ley de amnistía desde 1979, sancionada por el gobierno de Figueiredo. Pero, en el mismo momento, insinuó que desde la presidencia se podría iniciar un proceso a los acusados, ya que muchos de los casos ocurrieron con posterioridad a esa fecha. Eso sí, nadie en Brasilia está pensando en aceptar el pedido de extradición.

El tema explotó la semana pasada, con la detención en Salerno, al sur de Italia, del ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna) Néstor Jorge Fernández Tróccoli. A partir de ese momento, cobró vigor el pedido de la Justicia italiana, que incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, de los cuales seis están muertos. Entre ellos se encuentran los principales jerarcas de cada una de las dictaduras del Cono Sur, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, el peruano Francisco Morales Bermúdez, el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras y el fallecido Augusto Pinochet, entre otros.

En la Argentina, sin embargo, la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de pesquisa, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres dio por clausurada la etapa de instrucción y resolvió su elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor. Entre ellos se encuentran el mismo Videla y otros 16 ex jefes militares, como los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Be-ssone y Antonio Domingo Bussi.






El país | Domingo, 30 de Diciembre de 2007

LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO
Los juicios del 2008
Tres debates orales y públicos ya tienen fecha de inicio. Querellantes y fiscales esperan que haya una cantidad significativa de condenas a represores y que se logre ordenar las causas.

El represor Carlos Gallone abraza a una Madre de Plaza de Mayo.
Por Diego Martínez
Luego de cuatro condenas esporádicas y otra frustrada por un envenenamiento imprevisto, 2008 será el primer año con una cantidad significativa de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Si bien sólo tres causas tienen fecha confirmada, querellantes y fiscales coinciden en que sus esfuerzos se traducirán en los próximos meses en debates orales y públicos en todo el país. La mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5. De no surgir una directiva de la Corte Suprema de Justicia que reasigne una de las dos megacausas que tiene asignadas –ESMA o Cuerpo I de Ejército– el comienzo de varios juicios se postergará de manera inevitable hasta 2010, con el riesgo evidente de que más imputados queden en el camino.

Desde la reapertura generalizada de investigaciones en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de impunidad, hubo cinco juicios. En 2006 fueron condenados dos policías emblemáticos del Estado terrorista: Miguel Etchecolatz y Julio Simón. En 2007 el panorama se diversificó, incluyó por primera vez a un sacerdote de la Iglesia Católica, el capellán Cristian von Wernich (segunda condena en La Plata) y a un grupo de coroneles del Batallón de Inteligencia 601. La muerte por envenenamiento en su prisión VIP salvó al prefecto Héctor Febres de escuchar una condena inexorable.

Si bien la Justicia instruyó y elevó más de veinte causas, sólo tres tienen fecha confirmada:

- El 5 de febrero el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar a los responsables del Regimiento de Infantería 9 por quince secuestros y desapariciones forzadas. Será el primer juicio oral del interior del país, con más de 40 testigos. Rendirán cuentas el ex comandante de la Brigada de Infantería VII general Cristino Nicolaides, su jefe de inteligencia capitán Juan Carlos Demarchi (próspero ganadero, miembro de la Sociedad Rural), los coroneles Horacio Losito (agregado militar en Italia hasta su detención) y Rafael Manuel Barreiro, el suboficial Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Salvo Nicolaides, con domiciliaria, y Reynoso, en Marcos Paz, el resto aguardará en el Instituto Penal de Campo de Mayo.

- El 19 de febrero el TOF5 comenzará a juzgar al capitán Enrique José Berthier y al matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por la sustracción de la menor María Eugenia Sampallo, primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que querella a sus apropiadores. Berthier también espera en Campo de Mayo.

- El 29 de abril otra vez el TOF5 juzgará a los oficiales de la Policía Federal Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Angel Timarchi por la masacre de Fátima, un desprendimiento de “Cuerpo I”. El 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres fueron trasladados hasta un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima, donde los vendaron y fusilaron. Luego apilaron y dinamitaron sus cuerpos. La mayor parte de los 16 identificados estuvieron secuestrados en Coordinación Federal, donde prestaban servicio los imputados. Durante la instrucción murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote. Continúa prófugo Luis Alberto Martínez.

El embudo

Sinónimo de iconos del genocidio como Alfredo Astiz o el Tigre Acosta, la ESMA es el centro clandestino con mayor cantidad de represores identificados: más de setenta. Durante los cuatro años transcurridos desde septiembre de 2003, cuando la Cámara Federal resolvió su reapertura, el juez federal Sergio Torres dividió la investigación por años y elevó causas de imputados puntuales como Febres, Adolfo Donda o Juan “Jeringa” Barrionuevo, o bien por hechos específicos como la muerte del escritor Rodolfo Walsh, la desaparición de las monjas francesas y las Madres secuestradas en la iglesia Santa Cruz, o el robo de bienes a los cautivos.

“El juez avanza por año, va por 1977 y eleva causas menores. Es improbable que alguna llegue a juicio en 2008 sin una decisión superior que reorganice el expediente y redistribuya las causas del TOF5”, lamenta Mirna Goransky, fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación asignada a la megacausa ESMA. “Antes del comienzo del juicio a Febres presentamos una propuesta ante la Corte Suprema para que en uso de sus facultades de superintendencia unifique causas y las distribuya de otra manera. No tuvimos respuesta. Ahora, junto con las querellas, estamos pensando cómo reeditar el reclamo”, advierte. “No creo que sea posible un solo juicio por ESMA pero sí se podría unificar varias investigaciones elevadas con ‘Testimonios A’ (nombre de la causa cerrada en 1987), que tiene diez imputados por más de 70 hechos”, concluye.

En principio los primeros delitos cometidos en la ESMA en llegar a juicio serían los robos de bebés nacidos en cautiverio. De las 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad que integran la causa “Plan Sistemático”, doce se produjeron en la ESMA. Por sorteo le corresponde intervenir al TOF 6. Los imputados son Cristino Nicolaides, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.

La instrucción de la megacausa “Cuerpo I”, a cargo del juez Daniel Rafecas, se organizó por centros clandestinos y por hechos significativos como la masacre de Fátima. En octubre de 2005 Rafecas elevó por separado las acusaciones contra un grupo de represores procesados en los ’80 e impunes por las leyes alfonsinistas: César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani, Pedro Durán Sáenz, Héctor Rubén Gamen y Pedro Alberto Barda. Aún esperan su turno en el abarrotado TOF5.

Por la relación jerárquica entre los imputados y la comunidad de casos y pruebas, es probable que se unifique el juicio al comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, con los jefes de área que ejecutaban sus órdenes: Teófilo Saa, Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez. Lo improbable es que el dueño de vidas y muertes porteñas cumpla una larga condena. Tiene 84 años.

En el TOF que condenó al “Turco Julián” y fracasó con Febres también esperan la causa conocida como “masacre de calle Belén”, contra los jefes del Batallón de Inteligencia 601 (Carlos Alberto Tepedino, Mario Gómez Arenas y Jorge Suárez Nelson), el gendarme apropiador Víctor Enrique Rei y una docena de represores de la provincia de La Pampa.

Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que en agosto difundió el primer diagnóstico estatal preciso sobre los motivos que explican la lentitud de los procesos, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti coinciden en destacar como preocupación central la acumulación en el TOF5.

“Aspiramos a que las causas parciales ya elevadas se junten, porque tienen testigos y acusados comunes. Sabemos que un juicio único es imposible, que el conocimiento de los hechos es gradual, pero trabajamos para lograr juicios representativos de lo que fue la estructura represiva. Entendemos que primero debe juzgarse lo que ya está elevado, pero tratamos de fijar pautas para ordenar los procesos de modo de llegar a juicios con la mayor cantidad de imputados y hechos posibles”, explican Parenti y Auat.

“Queremos juicios significativos, con un número elevado de imputados y de víctimas, para que sobrevivientes y testigos no tengan que seguir declarando el resto de sus días”, coincide la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La aceleración de los procesos es imprescindible y compete a los tres poderes del Estado”, advierte.

Tierra adentro

Entre las causas del interior del país con más chances de seguir los pasos correntinos se destaca la que investiga a los jefes de La Escuelita, el centro clandestino del Batallón 181 de Neuquén. Los querellantes estiman para marzo el juicio al general Enrique Olea, al teniente coronel Oscar Reinhold y al mayor Luis Farías Barrera.

San Luis también pinta rápida. Tres meses después de la detención del capitán Carlos Esteban Plá, la Justicia ya elevó la causa por el asesinato de Graciela Fiochetti, los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de Pedro Ledesma y Sandro Santana Alcaraz. Los otros imputados son el coronel Miguel Angel Fernández Gez (quien denunció al obispo emérito Juan Rodolfo Laise porque le pidió hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía casarse) y los policías puntanos Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco. Sus abogados no apelaron los procesamientos.

En Tucumán serán juzgados los dos mayores símbolos del genocidio del Norte argentino. Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez rendirián cuentas por el secuestro, las torturas y la desaparición forzada del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Los generales gozan de buen pasar, viven con los suyos, pero no parece razonable prolongar la espera: ya pasaron los 80 abriles.

En Rosario acaba de elevarse a juicio la causa Quinta de Funes. Los primeros militares en rendir cuentas serán el flamante condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano, apresado mientras escuchaba misa por el hijo del Tucu Constanzo.

Córdoba no tiene elevaciones pero las querellas confían que tendrán juicios el próximo semestre. El primero sería al general Menéndez y siete subordinados de La Perla, por los secuestros, torturas y homicidios agravados de cuatro personas –incluido Humberto Brandalisi, que da nombre a la causa– a las que asesinaron después de simular su liberación. Para mediados de año los organismos de Chaco prevén sentar ante un tribunal a los fusiladores de Margarita Belén, trasladados días pasados desde la cómoda base de La Ligura a la cárcel de Campo de Mayo. Pese a su buena cosecha de enemigos continúa prófugo el mayor Norberto Raúl Tozzo. Entre los departamentos judiciales que en los ’80 hicieron un trabajo ejemplar y hoy se resisten a juzgar a sus mayores criminales se destaca la inconmovible Bahía Blanca.

Se fue antes de que lo echen


Renunció uno de los fiscales chaqueños acusados de consentir violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Mazzoni fue señalado por consentir la masacre de Margarita Belén.
Por Victoria Ginzberg
El fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, presentó su renuncia. El funcionario decidió dejar su cargo dos días después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, dispusiera que se realice un jurado de enjuiciamiento –y que se lo suspenda– por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

“Hubiésemos deseado que concluyera el procedimiento. Pero el dictamen de Righi sobre la apertura del jury fue muy contundente y la renuncia de Mazzoni es en algún sentido una forma de asumir su responsabilidad. El paso siguiente es que se lo llame a indagatoria por los hechos que surgen del informe de la Procuración, que además ya habían sido denunciados ante la Justicia en el Chaco”, aseguró a Página/12 Mario Bosch, abogado de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) del Chaco e impulsor de la investigación contra Mazzoni junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Mazzoni fue denunciado junto al fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Carlos Flores Leyes. Mazzoni fue secretario del juzgado federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto de fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones. Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde el diciembre de 1974 hasta 1992. En ese año, pasó a ser fiscal federal de Resistencia, cargo que mantiene hasta hoy.

Tal como publicó este diario el lunes, Righi ordenó la apertura del jurado de enjuiciamiento después de recibir un informe elaborado por el fiscal Félix Crous con testimonios que involucraban a los dos funcionarios con el terrorismo de Estado. La lista de acusaciones incluye la omisión de denunciar torturas sufridas por presos que estaban a su cargo, la omisión de investigar el asesinato de uno de los fusilados en la masacre de Margarita Belén, no haber dado auxilio médico a los detenidos que denunciaron haber sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. Pero además entre las imputaciones también figura la de haber sido autores directos en la imposición de torturas físicas o psicológicas.

La ex detenida María Gregoria Pérez relató cómo Mazzoni trató de “convencerla” de que no esperara a su abogado para declarar. Mientras ella estaba en el juzgado –contó– una persona que reconoció como torturador de la Brigada de Investigaciones del Chaco tocó la puerta y le entregó al secretario del juzgado un regalo. El paquete, que llegaba de parte de Carlos Alcides Tomas, jefe de la Brigada, contenía una pistola.

“Mazzoni abrió el paquete y sacó un arma mediana como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, a lo que Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome”, narró Pérez.

El mecanismo de destitución de los fiscales es diferente al de los jueces, que se realiza a través del Consejo de la Magistratura, órgano conformado por legisladores, abogados, magistrados y un representante del Poder Ejecutivo. Los fiscales también deben atravesar por un jury de enjuiciamiento, pero el proceso se realiza internamente en la procuración. A partir de las denuncias del CELS e Hijos contra los funcionarios chaqueños, Righi abrió un sumario –que incluyó el descargo de los acusados– y determinó que correspondía iniciar el trámite que podría terminar con la destitución de Mazzoni y Flores Leyes.

La renuncia de Mazzoni convierte en abstracto el trámite, en lo que a él respecta. Righi señaló en un escrito que firmó el miércoles que decidió aceptar la dimisión porque “se alcanza el mismo objetivo que motivara la acusación”. Por el momento, el jurado se iniciará para Flores Leyes, quien fue señalado por ex presos por haber participado personalmente en interrogatorios bajo torturas. “El contraste entre él, que era tan grandote y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería”, aseguró un testigo.

Los misterios del caso Febres
Cómo ingirió el veneno. Qué hacía el vaso de agua en la celda. El semen. La computadora que falta.

Por Raúl Kollmann
Quedan por resolver muchos misterios. El del vaso de agua que no aparece en una filmación hecha por la Prefectura y en cambio estaba sobre una mesa cuando llegó la magistrada. La forma en que se le suministró el cianuro al ex represor Héctor Febres: tal vez en una torta de almendras que se detectó en su estómago, tal vez en una pastilla que le dijeron que era para otra cosa o en un líquido como café, no en agua. Hay que encontrar a la persona que refinó y preparó el cianuro. Falta completar el análisis de la computadora personal de Febres, que se le ocultó a la Justicia pero que finalmente se encontró. Habrá que ver si, como se supone, el semen que se encontró en el recto del ex represor era propio o de otro hombre. Los misterios son numerosos, pero lo cierto es que la jueza Sandra Arroyo resolverá entre miércoles y jueves a quién procesa por el homicidio del ex represor Héctor Febres. Lo más probable es que el procesado con prisión preventiva sea el prefecto Angel Mario Volpi, el hombre con quien Febres compartió la última cena y una especie de mano derecha del torturador de la ESMA. En Tribunales dicen que lo único descartado por la jueza hasta ahora es que se haya tratado de un suicidio.

Misterio uno: el vaso de agua. Una de las mayores incógnitas es cómo le suministraron el cianuro a Febres. Todo indica que la escena de la muerte fue totalmente alterada. Cuando le informaron del deceso a Arroyo, ella, por teléfono, dio instrucciones de que nadie entrara en la habitación. Sin embargo, cuando llegó al lugar, pocos minutos más tarde, se encontró allí con familiares y amigos. Hay datos muy obvios de que la escena fue alterada. Por ejemplo, los efectivos del Destacamento Delta de la Prefectura filmaron la habitación antes de la llegada de la magistrada. Allí se ve que en una mesa había sólo papeles. En cambio en las fotos tomadas por los funcionarios judiciales que concurrieron con Arroyo se ve un vaso de agua en la misma mesa. Como si alguien hubiera preparado la escena para demostrar que el hombre se tomó el cianuro bajándolo con agua. Por supuesto que el vaso no tenía huellas digitales.

Misterio dos: la torta de almendras. El cianuro es muy amargo y se percibe de inmediato si se le da a una persona, por ejemplo, disuelto en un vaso de agua. Es famoso el relato histórico de que a Rasputín, el monje maldito ruso, quisieron envenenarlo con cianuro en golosinas, pero él se dio cuenta. En el estómago de Febres se encontraron, en proceso de digestión, tomates, frutas y, posiblemente, una porción de torta de almendras. Sería la forma perfecta de suministro ya que, como se sabe, el cianuro tiene gusto a almendras amargas. Lo que no encaja en esta versión es cómo Febres consumió la torta, el cianuro no lo mató de inmediato, y alcanzó a acostarse en la cama antes de morir. La alternativa es que le hayan dado el cianuro diciéndole que era un remedio para alguno de sus males.

Misterio tres: la escena del crimen. Según los prefectos, el cuerpo de Febres fue encontrado once horas después de su muerte. Sin embargo, el dato del vaso de agua, la forma en que sacaron de la habitación la computadora y otras maniobras, hacen pensar que toda la escena fue alterada. Es más, pudo haber ocurrido que Febres haya muerto sentado en una mesa y minutos después metieran su cuerpo en la cama. Los criminalistas que trabajan en el caso afirman que algún superior dio la orden de “acomodar las cosas” y realizar todos los intentos para convencer de entrada a la jueza de que Febres se murió de muerte natural.

Misterio cuatro: suicidio, no. En Tribunales no hablan de otra cosa que de homicidio. “Todas las personas que declararon, el sacerdote, los familiares, quienes lo conocían, sostienen que Febres hubiera dejado una nota limpiando su pasado, justificando lo que hizo, denunciando y defendiéndose. Hubiera dejado mensajes de despedida. No hay nada de eso. Además, la increíble alteración de la escena de la muerte demuestra que se estaban tapando cosas”, analizan quienes tienen acceso al expediente.

Misterio cinco: el semen. En la autopsia se detectó semen en el recto de Febres. El jueves empezaron las pruebas para determinar el ADN de ese líquido y es posible –no seguro– que se trate de semen del propio Febres. Las alternativas son tres. Una muerte convulsiva como la del cianuro puede producir un desprendimiento de semen que se desliza hacia el recto. Por otra parte, Febres podría haber sido operado de próstata, en cuyo caso el semen que siguen produciendo los testículos puede quedar en una especie de lecho, pasando de la vejiga al recto. Por último, los forenses no pueden descartar una relación homosexual, algo que no se percibe si no es a través del ADN porque no existe diagnóstico de homosexualidad a primera vista. Una persona puede tener un ano dilatado y ser heterosexual u homosexual. Las pruebas de ADN se están haciendo.

Misterio seis: la computadora. Febres tenía una computadora personal que usaba en su propio camarote, como los prefectos le decían a su habitación. Cuando la jueza llegó al lugar, había desaparecido. Según cuentan, se detectó el aparato a raíz de una escucha telefónica. Expertos de primer nivel están ahora analizando el contenido. Es un elemento clave, porque allí puede haber elementos que revelen el trasfondo de lo ocurrido.

Misterio siete: la jueza decide. Sandra Arroyo quería resolver antes de fin de año la situación de los detenidos: la esposa, los dos hijos de Febres y dos prefectos (el jefe del Destacamento, Rubén Iglesias, y el más comprometido, Angel Volpi, el prefecto que acompañaba todo el tiempo a Febres y que cenó con él antes de la muerte del ex represor). La jueza, sin embargo, no pudo resolver porque representantes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que lidera Julio Piumato, se presentaron en el juzgado y le exigieron que ni ella ni sus dos secretarios ni sus dos prosecretarios jefes trabajaran sábados, domingos y feriados como lo venían haciendo, ni fuera del horario de 7.30 a 13.30. Incluso presentaron notas señalándole que sería sancionada. Esto postergó las decisiones para el miércoles o jueves próximos. Lo que va a resolver la magistrada es un misterio, entre otras cosas porque hay secreto de sumario. Pero es seguro que una persona o más serán procesados con prisión preventiva por homicidio.

1 comentario:

Bruno Bimbi dijo...

"Por último, los forenses no pueden descartar una relación homosexual, algo que no se percibe si no es a través del ADN porque no existe diagnóstico de homosexualidad a primera vista." (!!!)
Chicos: ¿qué es eso de "diagnóstico de homosexualidad"? La orientación sexual no se "diagnostica".
Me extraña leer una cosa así en una página de HIJOS...