martes, 18 de diciembre de 2007

AUDIENCIA DEL JUICIO POR LA VERDAD DIA 18 DE DICEMBRE LITO CORBALAN


Juicio por la Verdad. Audiencia martes 18 de diciembre del 2007.

diario el atlantico Belen Cano
fotografia Marcelo Nuñez

Carlos Alberto Corbalán estuvo siete años detenido. Desde 1975 y hasta un año antes de que finalice la última dictadura cívico militar, el militante de la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP) pasó por una comisaría de Tandil, las cárceles de Azul y Sierra Chica, y la Unidad 9 de La Plata. Su mujer y su padre también fueron secuestrados, y sus hijos permanecieron desaparecidos por 20 días en el hospital tandilense. Las torturas sufridas aún lo atormentan, pero la valentía de su testimonio, vertido en una nueva audiencia del Juicio por la Verdad convocada por la Comisión por los Juicios Verdad, Justicia y Memoria, fue en homenaje a "la lucha de muchos compañeros" que aún se encuentran desaparecidos.
LUCHA Y PERSECUSIÓN
Su militancia comenzó cuando tenía apenas 16 años en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. Bajo la conducción de Saravia habían conseguido un convenio, que luego el dirigente quiso modificar "cuando logró poder". Los enfrentamientos "con la burocracia sindical" se intensificaron a partir de la década del 70 cuando Corbalán ya era delegado en la fábrica Galeoti y militaba en la JTP. En 1975 se logró el convenio que aún hoy se intenta reinvindicar, pero junto con ese logro, se intensificó la persecución a los obreros en lucha que se había desatado con anterioridad.
A mediados de diciembre de 1974, una madrugada entre cuatro y cinco uniformados de la Policía Federal irrumpieron en la vivienda de los Corbalán, situada en avenida 39 4551, que ya había sido tiroteada "por el enfrentamiento sindical con el SOIP". El operativo estuvo a cargo de un Coronel. Si bien no pudo especificar el nombre, el trabajador recordó su voz ronca, y que su padre le había advertido su parecido al General Vignone. Esa misma noche también fueron secuestrados Cartas, quien era secretario de Minas y Canteras, Virteski, y el trabajador portuario Albornoz. Corbalán padre permaneció tres o cuatro días secuestrado. "Me dijo que hablaban de que se habían equivocado. Esa madrugada yo no estaba en casa", relató "Lito", como lo apodan. Los cuatro fueron abandonados en un descampado. Pero el padre de Corbalán sería nuevamente secuestrado días después.
El episodio impulsó a su papá a irse al sur, y él debió marcharse a Tandil. "Me buscaban", afirmó el militante de la JTP. Y ante la consulta del Tribunal, precisó: "Calculo que las tres A".
SU SECUESTRO
En agosto de 1975 cuando Carlos Corbalán había ido hasta la casa de una compañera en Tandil, donde estaba trabajando en una metalúrgica, para contarle a la madre que su hija había "caído" por una pintada, personal de la policía bonaerense allanó la vivienda y fue detenido.
Enseguida, el militante de la JTP fue trasladado a una comisaría situada en la calle España de esa localidad, y luego llevado a otra dependencia policial, cuyo comisario le dijo que él "ya no respondía por mi seguridad" y que "había gente que quería interrogarme".
La consecuencia fue inmediata. "Soy encapuchado y torturado con picana", relató Corbalán. Las preguntas y las torturas se extendieron hasta la madrugada. Fueron interrumpidas cuando apareció el Oficial Cruz, un "policía político de Mar del Plata", perteneciente a la comisaría tercera. El uniformado, al verlo, le dijo: "Vos sos Lito Corbalán". Y enseguida apareció el coronel de voz ronca, quien fue el encargado de interrogarlo y además le mencionó el secuestro de su padre.
La tortura continuó. "Hablá que tenemos a tu familia", lo amenazaron. Cuando Corbalán pidió una prueba, trajeron a su mujer y sus dos hijos de 2 y 3 años. Luego le preguntaron dónde estaban los explosivos y las armas, él les indicaba un lugar de la casa, iban, no las encontraban, y volvía a ser torturado. En Tandil le hicieron firmar una causa "por explosivos, robo de armas, ataques…".
Después de un paso por el calabozo, donde no pudo siquiera ingerir agua por el efecto de la picana, fue trasladado a la cárcel de Azul. Allí, el titular de la unidad penitenciaria, dijo que no podía dejarlo ingresar por su desmejorado estado a causa de las torturas, e hizo firmar una constancia. Corbalán tenía marcas de la picana en la zona de los genitales, en las axilas, en el ojo, y además un brazo quebrado.
En esta localidad bonaerense, junto a su mujer que también fue llevada a Azul, solicitaron una audiencia con el Juez Mesa para saber dónde estaban sus hijos. Después algunas semanas de averiguaciones, se supo que estaban en el Hospital Santa María de Tandil. "Estuvieron ahí 20 días desaparecidos", apuntó.
Su mujer, después de 6 meses, fue sobreseída y sin embargo, no fue liberada. De Azul fue trasladada a la cárcel de Devoto, donde permaneció cerca de 5 años. Corbalán debió defenderse de las cinco causas en su contra sin ningún abogado. Su itinerario por las cárceles de la dictadura continuó en Sierra Chica (Olavarría) –después de ser llevado dos días a otro sitio en Azul que no pudo precisar- y finalizó en la Unidad 9 de La Plata. Tras dos años de estar detenido, a fines del 77, Corbalán también fue sobreseído y puesto a disposición del Poder Ejecutivo, pero le fue negado el derecho de opción y permaneció detenido hasta el 82.
"SANCIONES INTELECTUALES"
El régimen carcelario en Sierra Chica era "terrible" y "tenía mando hasta el barrendero", relató Corbalán. Era también el "más rígido"- recordó- tanto en el trato como en la comida, y lo graficó con un ejemplo: "Si pedías un turno al dentista para el arreglo de una caries, te sacaban directamente dos dientes".
Al llegar a la Unidad 9, el militante señaló que iban a visitarlo militares y autoridades penitenciarias de la denominada Comisión Investigadora, a cargo de Sánchez Toranzo "para ver en qué estado ideológico estabas". Los uniformados, dispuestos en una mesa en "U", pretendían hacerle firmar un escrito que decía "que yo no era terrorista, y mi compañero de celda sí". De esa manera, les decían, mejoraría el régimen o saldrían antes. Corbalán aseguró que eran pocos los que firmaban. Él se negó por "orgullo personal", y los "castigos" vendrían enseguida. El obrero recordó también que había "sanciones intelectuales".
En 1982 salió de la cárcel con libertad vigilada. De regreso en Mar del Plata, debía acudir cada tres días a la Unidad Regional, situada en Entre Ríos y Gascón, y presentarse ante Fuster e Impari. En una oportunidad, relató Corbalán, éste último le preguntó: "¿Usted es el delincuente terrorista Carlos Alberto Corbalán?". El hombre que hoy integra la Comisión Memoria Portuaria, le dijo que era "el ciudadano Carlos Alberto Corbalán". Después de un par de entredichos, ambos terminaron tomando mate en la cocina de la dependencia policial. Allí Impari "me dijo que nunca más iba a participar con militares" y que "se había equivocado".
"ESA ERA MI CASA"
Años después quedar en libertad, charlando con una compañera, en una local partidario, Lito Corbalán, supo que la mujer vivía en el chalet de la avenida 39 donde él habitaba con su familia. Después de que ella le diera la dirección, él respondió: "Esa era mi casa".
Antes de irse de la ciudad, su padre se había puesto en contacto con una inmobiliaria con la intención de vender la vivienda. Corbalán dijo que fue "una venta condicionada, aprovechada por la situación". Y que después de firmar los papeles, recibió una suma de dinero con la cual "no pudo comprar ni una moto".
El hombre que se hizo cargo de ella hacía traslados para la policía, es actualmente el titular de la propiedad. El papeleo de la transacción está fechado en 1976.
Después de declarar por cerca de una hora, decidió añadir una última cuestión. "Este espacio es gracias a la lucha…". No pudo terminar la oración y rompió en llanto. Después de secar sus ojos y beber un poco de agua, finalizó –señalando el listado donde figuran los hombres y mujeres desaparecidos del puerto-: "… es gracias a la lucha de muchos compañeros".


El país | Martes, 18 de Diciembre de 2007
Primera condena a jefes militares tras anularse las leyes de impunidad
Hoy se conocerá la sentencia del juez Ariel Lijo en el juicio a ocho represores, entre ellos Cristino Nicolaides y la plana mayor del Batallón 601, acusados de secuestros, torturas y desapariciones.
El general retirado Cristino Nicolaides, uno de los jerarcas que serán condenados.
Subnotas
• Llegó la hora
• Nichos NN en Salta
• Gallones, a Devoto
Por Victoria Ginzberg
Por primera vez desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, jefes militares serán condenados por la Justicia argentina. Hoy a las 15, en la misma sala del Palacio de Tribunales en que se realizó el Juicio a las Juntas, el juez federal Ariel Lijo leerá la sentencia del juicio que involucra a ocho represores, entre ellos el general Cristino Nicolaides y la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601.
Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri, Santiago Manuel Hoya, Waldo Carmen Roldán y Julio Héctor Simón están siendo juzgados por haber participado en el secuestro, las torturas y la reducción a la servidumbre de seis personas. Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli y Ricardo Marcos Zucker eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país en 1980, en el marco de la llamada operación de Contraofensiva, organizada por la agrupación Montoneros. Silvia Tolchinsky fue secuestrada en Mendoza, cuando intentaba salir del país e ingresar a Chile, y es la única de las víctimas de esta causa que sobrevivió.
Este expediente se rige por el viejo código de procedimiento, lo que implica que se realiza por escrito. Pero a pedido del CELS, Lijo accedió a “oralizar” el tramo final del proceso. Por eso la sentencia se escuchará hoy en una audiencia que será abierta al público y a la prensa. Antes de leer su resolución, el magistrado dará a los represores la posibilidad de que digan las “últimas palabras”. Ayer, el juez terminó de realizar las entrevistas con los acusados, un requisito previsto en el viejo código.
Desde la anulación de las leyes de impunidad fueron condenados el ex jefe de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Osvaldo Etchecolatz, el policía federal y agente de inteligencia Julio Héctor Simón (también involucrado en este expediente) y el capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires Christian Federico Von Wernich. El jueves pasado debía ser condenado el prefecto Héctor Antonio Febres, integrante del grupo de tareas de la ESMA, pero el cianuro que tomó o le hicieron tomar mientras estaba preso en condiciones privilegiadas en un edificio de la Prefectura impidió que terminara el juicio. El proceso que sí concluirá hoy involucra a un ex jefe del Ejército (Nicolaides) y a altos mandos del Batallón de Inteligencia 601 (Bellene fue segundo jefe; Arias Duval, jefe de la central de reunión, y Guerrieri, jefe de la central de operaciones).
La semana pasada, durante los alegatos, el fiscal Jorge Alvarez Berlanda fundamentó su pedido de 25 años de prisión para los ocho represores que, además de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y reducción a la servidumbre, están imputados de haber formado parte de una asociación ilícita. Los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky y Santiago Felgueras reclamaron la pena máxima y destacaron que se trata de un juicio que es “representativo” de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Así, hicieron un llamamiento a que los futuros procesos contra responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura sigan este camino, es decir, que los expedientes no se desarmen en infinitas piezas.

ELEVAN A JUICIO LA CAUSA WALSH
Llegó la hora

El escritor Rodolfo Walsh.
La Justicia federal confirmó ayer la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, en marzo de 1977. La respuesta del juez Sergio Torres a la serie de recursos y planteos de nulidad presentados por la defensa de los represores fue contundente: “Son acciones legales que tienden a la paralización de la investigación y la desvinculación de los imputados”. Según fuentes judiciales, “en los primeros meses del año próximo” podrían empezar las audiencias en las que están imputados, entre otros, Jorge “el Tigre” Acosta y Alfredo Astiz.
Si bien la causa ya había sido elevada a juicio oral a mediados de año, en noviembre los abogados defensores de los procesados presentaron un escrito objetando la decisión del juez Torres, quien ayer rechazó el planteo “in limine” por carecer de fundamentos. Será entonces el Tribunal Oral Federal número cinco el encargado de llevar adelante el juicio, en el que también están imputados los represores Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolon, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber y Carlos Orlando Generoso. En esta lista figuraba Héctor Febres, excluido de la acción penal a raíz de su muerte por envenenamiento, ocurrida la semana pasada.
Walsh fue herido el 25 de marzo de 1977 en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, de esta Capital, un día después de que difundiera la “Carta abierta” a la Junta Militar que por entonces aterrorizaba al país. Sus verdugos, el grupo de tareas 3.3.1, lo habían estado siguiendo varias horas, mientras el escritor acudía a una cita que nunca se concretó, básicamente porque era parte de la trampa para secuestrarlo. Luego de resistir a los tiros, Walsh fue herido y varios testigos aseguran que fue llevado a la ESMA, donde desapareció.
“La intención era capturarlo a los efectos de someterlo a torturas para obtener información”, sostuvo el juez Torres al describir los hechos. Los marinos imputados deberán afrontar cargos por “privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida con abuso de sus funciones y con las agravantes correspondientes por haber sido perpetrada con violencia y amenazas” y “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.
Nichos NN en Salta
Con la presencia de familiares de víctimas de la última dictadura militar y por decisión del juez federal Abel Cornejo, se abrieron ayer dieciséis nichos NN en el salteño Cementerio de la Santa Cruz. En cada uno apareció un cajón de madera, marcado con números de cal. Sin embargo, todavía no se pudo avanzar en la investigación, ya que el Equipo Argentino de Antropología de La Plata tenía previsto visitar el área recién el 9 de enero. Ahora, el objetivo prioritario será adelantar la visita. Según Alejandro Ahuerma, autor junto a Agustín Poma de la denuncia, el secretario del juzgado, Martín Bomba Royo, se mostró sorprendido por el descubrimiento y planeaba llamar a declarar al dueño de los nichos, Luis Outef. El allanamiento, sin embargo, se adelantó porque el mismo Outef reconoció la propiedad del terreno y la construcción, pero no de lo que estuviera adentro. Una vez abiertos los nichos, Cornejo ordenó su cierre y reforzó la seguridad del lugar. Ocurre que además de este caso, existiría en el cementerio una fosa común de unos treinta metros y un Panteón Militar, todos sospechados de esconder cuerpos de desaparecidos.
Gallones, a Devoto
El ex comisario de la Policía Federal Carlos Gallone, preso por violaciones a los derechos humanos, fue trasladado desde una dependencia de esa fuerza, donde estaba detenido, a la cárcel de Villa Devoto. La decisión de enviar al ex policía a una cárcel común fue tomada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que prepara su juicio por la “masacre de Fátima”, donde está procesado por 16 homicidios y 14 desapariciones. El TOF 5 tomó esa decisión porque en esa cárcel se terminó de acondicionar un pabellón especial para detenidos por delitos cometidos en la dictadura. Ese tribunal es el mismo que tenía a su cargo el juicio al represor Héctor Febres, que murió envenenado con cianuro cuatro días antes del veredicto.


El país | Martes, 18 de Diciembre de 2007
CITARIAN A DECLARAR AL EX JEFE DE PREFECTURA POR EL CASO FEBRES
La cadena de irresponsabilidades
Los investigadores se inclinan por la hipótesis de homicidio del represor que apareció envenenado con cianuro en su celda cuatro días antes de la condena. Detalles de los privilegios de los que gozaba.

El Edificio Delta de la Prefectura Naval en el que estaba alojado Héctor Febres.
Subnotas
• La manipulación de la escena del crimen
• Cuidadosos con demora
Por Adriana Meyer
“¡Desocúpenme el casino de oficiales que voy a ir con mi familia!”, era una de las habituales órdenes que impartía el represor Héctor Febres mientras estuvo detenido en la sede Delta de la Prefectura Naval Argentina. Y volvió a hacerlo dos semanas antes de su muerte, para festejar allí el bautismo de una de sus nietas, tal como describió Página/12 la semana pasada. Durante el allanamiento a la casa del hijo de Febres la Justicia encontró pruebas del acontecimiento familiar celebrado en un edificio público que debía servir como cárcel para este prefecto, enjuiciado por delitos de lesa humanidad. Los investigadores del caso afirmaron que en su vida vieron condiciones de detención “tan irregulares”, y uno de ellos consideró que el prefecto que murió envenenado con cianuro “entraba y salía” de su prisión vip. Esta situación, que calificaron de “escandalosa”, podría motivar en breve la citación a prestar declaración indagatoria del recién destituido jefe de la Prefectura Carlos Fernández. En la causa hay dos de sus ex subordinados detenidos. Los dos investigadores, de alta jerarquía, consultados por este diario coincidieron en inclinarse por la hipótesis del homicidio.
La colaboración que intentó prestar el ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández, durante las primeras horas del caso no le sirvió para quedar al margen del curso de la investigación. La sospecha es que hubo hechos de corrupción por parte de quienes dirigían la sede Delta que hicieron posibles las relajadas condiciones de detención de Febres. “Parecía que no vivía ahí, había pelusa en el piso”, fue el comentario de un experimentado integrante del equipo que allanó la celda vip de dos ambientes, con balcón y vista al río, que tenía el represor. Además de contar con un teléfono celular, televisor con DVD y de gozar de visitas sin límite que podían ingresar alimentos u objetos varios sin ser revisados, Febres usaba una pileta y una cancha de tenis. El prefecto que lo custodiaba, de apellido Volpi y que está detenido, era quien iba a buscar a su esposa cuando quería visitarlo. “Daba órdenes a gente que tenía menos grado que él, que lo trataban con un temor reverencial y no como alguien acusado de delitos de lesa humanidad”, comentó a Página/12 uno de los investigadores.
El último domingo de noviembre acudieron a la sede Delta de la Prefectura Naval, en Lavalle 13, cincuenta invitados que participaron del bautismo de una de las nietas de Febres. El festejo pudo haber sido bien regado con bebidas alcohólicas, cuyo ingreso no parece haber estado prohibido. De hecho, en las habitaciones de Febres fueron halladas botellas de aperitivos. Ninguno de estos movimientos quedaba registrado en los libros de guardia. Los investigadores encontraron que los correspondientes a 1993 estaban en mejores condiciones que el de octubre de este año. “Todo muy burdo, todo altamente irregular”, resumió uno de ellos.
Es posible que el prefecto general Fernández, jefe de la Prefectura hasta el sábado, cuando lo relevó el Gobierno, tenga que responder sobre algunas de estas cuestiones, como ya lo han hecho el ex jefe de la sede Delta, Rubén Iglesias, y el custodio Volpi. Y que su sucesor, el subprefecto nacional Ricardo Rodríguez, tenga que prestar su “máxima colaboración” con la Justicia.
Los sobrevivientes del centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada solicitaron en 2004 la cárcel común para Febres. El juez federal Sergio Torres pidió informes y comprobó que el prefecto disfrutaba de un living, dormitorio y baño privado, entre otros beneficios. Pero se negó a mandarlo a la cárcel de Marcos Paz aduciendo el “riesgo” que corría. Ni la oposición de los fiscales Eduardo Taiano y Félix Crous ni una resolución de la Cámara Federal modificaron la situación. Así, Febres siguió gozando de un encierro con generosas libertades. Los investigadores no dudan en vincular esos privilegios con su propia muerte. Y sugirieron al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que revea su apreciación de los hechos. El funcionario había declarado que “esta persona estaba detenida con todas las custodias que tienen los detenidos”.
Cuidadosos con demora
La Cámara de Casación avaló una decisión por la cual ex miembros de la ESMA con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad deberán ser custodiados por miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El máximo tribunal penal confirmó una decisión tomada en el 2005 por la Cámara Federal referida a que los represores sigan detenidos en dependencias militares, pero con custodia del SPF. De todos modos, esta medida no se hará efectiva por el momento, ya que se descuenta que será apelada por defensores de detenidos, y comprende a Jorge “Tigre” Acosta, Raúl Scheller, Carlos Capdevilla, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Manuel Tallada, Oscar Montes, Alfredo Astiz y Juan Azic.
LA DESaPARICION DE ELEMENTOS DE PRUEBA EN EL CRIMEN DEL PREFECTO
La manipulación de la escena del crimen
Por Adriana Meyer y Raúl Kollmann
“Esa hipótesis es muy firme y la familia no es ajena a esos mismos intereses”, respondió una alta fuente del caso cuando Página/12 quiso saber si creía posible que al represor Héctor Febres lo mataron para silenciarlo antes de sus últimas palabras en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en su paso por la ESMA. La duda consistía en si la detención de la viuda y los hijos de Febres constituía una línea de investigación sin relación alguna con la posible revelación de información sensible sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino por parte del represor. Si bien la jueza federal Sandra Arroyo Salgado no descarta ninguna de las posibilidades abiertas, en su entorno aseguran que “a esta altura ya casi ni se habla de suicidio”. Según pudo saber Página/12, en el juzgado consideran clave el contenido de la computadora de Febres y se quejan porque la escena del presunto homicidio fue “totalmente modificada”.
Para esclarecer el caso, la magistrada afronta una dificultad casi insalvable: considera que le alteraron el escenario de la muerte. Los hombres de la Prefectura le dijeron que encontraron el cuerpo a la mañana, porque Febres “no bajó a desayunar”, como si se tratara de un hotel. Los forenses calculan que la muerte se produjo entre las diez y las doce de la noche del domingo y a la jueza recién la notificaron cerca de las diez de la mañana del lunes. De inmediato, Arroyo se trasladó al destacamento Delta de la Prefectura, pero en el lugar ya estaban los familiares. “Desde el primer día las cosas no cerraron”, comentó la fuente. Según explicó, la familia estaba al tanto de que faltaba la computadora que usaba Febres y lo ocultó. Los investigadores tuvieron que allanar la casa de un experto en informática que trabaja para la Prefectura, en San Martín, para encontrarla. Mientras analizan cartas y notas secuestradas en los procedimientos, esperan realizar un peritaje sobre el contenido de las computadoras con especialistas y la presencia de los peritos de las partes.
También llamó la atención de la jueza la insistencia con que los familiares querían mostrar que había muerto por causas naturales. “Era diabético y no se cuidaba”, habrían dicho en el lugar de los hechos cuando la jueza fue a levantar el cadáver. Además, insistían en cremarlo enseguida. “¿Ustedes qué hacen acá?”, habría preguntado Sonia Febres, la hija del represor, ante la comitiva judicial. Los investigadores comprobarían más adelante que la familia recibía variados beneficios por parte de la Prefectura. Y recordaron que, en esos minutos iniciales del caso, los familiares evidenciaron su preocupación por los aspectos económicos que podían perjudicarlos. Sin embargo, el móvil vinculado al dinero no excluiría la motivación política.
Los peritos refuerzan las dudas. El cianuro, sobre todo en las cantidades encontradas en el cuerpo de Febres, tarda entre cinco y diez segundos en producir la muerte. Si el represor tomó las cápsulas con el veneno, se habría encontrado un vaso con agua al lado de su cama, ya que Febres fue hallado muerto acostado en el lecho ubicado en el camarote, que es como los prefectos llaman a la habitación. Sin embargo, no había vaso de agua al lado de él, sino en la mesa del living del departamento que ocupaba en la unidad. Además, Febres estaba en su cama, abrazado a la almohada, y con el rostro plácido. Eso hace pensar a los peritos forenses que tal vez no consumió el cianuro en cápsulas sino que lo fueron envenenando de a poco, tal vez mezclándole la sustancia en algunas de sus comidas. En ese caso deberían haber aparecido rastros de cianuro en algunos de los elementos usados durante la cena. El problema es que todo eso ya no estaba allí cuando la jueza llegó. “La convicción es que lo mataron y que no fue una sola persona. La familia le quiere echar toda la culpa al prefecto Volpi, pero se percibe una amplia participación tanto en la muerte como en la modificación de la escena de esa muerte”, le dijo a Página/12 una fuente del caso.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

DE TODAS MANERAS, EL PUEBLO ARGENTINO, ES CULPABLE DE PERMITIR QUE SE LLEVEN A CABO DILACIONES DE TIEMPO QUE HACE QUE LOS GENOCIDAS DE AYER, SE MUERAN SIN PAGAR NADA DE LO QUE HICIERON, SE HAGAN PASAR POR LOCOS, O SIMPLEMENTE, LES SEA PROPIACIADA UNA FORMA DE ESCAPAR A LA JUSTICIA.
SE VAN MIERONDO DE A UNO, PERO FALTA MUCHA GENTE QUE NO ESTA EN DISTINTAS CAUSAS,COMO EL MAYOE CARLOS ESPAÑADERO, RESPONSABLE DEL SECUESTRO, INTERROGATORIO Y POSTERIOR DESAPARICIÓN DEL MATRIMONIO iRENE cLAUDIA kRICHMAR Y mIGUEL BOTRON LLEVADO A CABO EN UN OPERATIVO COPNJUNTO POR LA TRIPLE A EN TALCAHUANO 830 DE LA CAPITAL FEDERAL.

Anónimo dijo...

YO SE MUY BIEN DE LO QUE HABLO, SOY UN EX-OFICIAL DE INTELIGENCIA DEL PLAN CONDOR, AL QUE NO PUDIERON TRANSFORMAR EN UN CRIMINAL Y TUVO QUE PAGAR POR ELLO. LOS CONOZCO A TODOS Y SE LO QUE HICIERON POR ESO EN 1979, FUI DETENIDO POR UNA CAUSA FALSA, TORTURADO(TODAVIA TENGO MARCAS) Y ENCARCELADO. LUEGO ABSUELTO Y EXPULSADO DE LA FUERZA, PORQUE LA CONSIGNA ERA ECHAR A UN TRAIDOR QUE HABIOA DESERTADO DE LA COMUNIDAD E INTELIGENCIA. LOS CONOCZCO A TODOS.
FALTA APRESAR, AL "SOSPECHOSO DECLARANTE DESVIADOR DE INVESTIGACIONES DE LA AMIA" ROBERTO ANGEL SALGUERO, POR LA TORTURA Y LA DESAPARICIÓN DE MARIO SIROTTI Y RAFAEL RODRIGUEZ EN LA COMISARIA SAN ISIDRO SEGUNDA(MARTINEZ).
LO SE PORQUE TUVE QUE PRESENCIAR EL INTERROGATORIO(SI NO SEGURO ME MATABAN), YO ANALICE LA DOCUMENTACION SECUESTRADA Y NADA TENIA QUE VER CON ACTOS GUERRILLERO, ERAN DOS POBRES TIPOS DE LA JTP DE MORON, QUE TRABAJABAN EN COSAS DE ARTESANIAS Y HACIAN PUSLERAS CON UN CIERRE ESPECIAL EN MATERIUAL BRONCE. MUCHO MATERIAL SE LO ROBÓ UN AGENTE DE INTELIGENCIA SAN MARTIN DE APELLIDO SPECIA. PARTICIPARON DE LOS SECUESTROS EL OFICIAL INSPECTOR URES, GARCIA BARBER, CLERICI, DOMINGO LATORRE, DANIEL RIOS(YO TUVE QUE CALLARME PORQUE YA DESCONFIABAN DE MI), DESPUES DE PERDIR EL TRASLADO A CABALLERIA LA PLATA, ME MANDARON DETENER POR PERSONAL DE LA POLICIA FEDERAL DE LAS FILAS DE LA TRIPLE A, YA QUE ME ENTERÉ POR BOCA DEL HOY DESAPARECIDO, COMISARIO INSPECTOR DARIO CESAR CARBALLO(FALLECIDO) Y SU BUCHON JORGE LUIS KIFFER(QUE SE HACE PASAR POR JUDIO PARA QUE NO SE SEPA SU PASADO NAZI FASCISTA). POR TODO ESTO ES QUE EL PUEBLO TIENDE A MEJORAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL DAÑO DICTATORIAL SE REPITA Y NO ELIGE A SUS OFICIALES JEFES PARA DEFENDER LOS GOBIERNOS DEMOCRATICOS ELEGIDOS POR LOS CIUDADANOS. QUIEN OLVIDA SUS HERRORES DEL PASADO, TIENDE A REPETIRLOS.

Anónimo dijo...

¿Y MIGUEL ANGEL TRIMARCHI, QUE EJECUTO A LOS URUGUAYOS, MICHELLINI, GUTIERREZ RUIZ, WHITELAW Y BARREDO, EL 20 DE MAYO DE 1976, EN EL ESTACIONAMIENTO DEL OLIMPO? AHORA ZAFÓ DE LA CAUSA DE FÁTIMA CON CARLOS GALLONE. YO LOS CONOZCO A TODOS, YO TRABAJABA EN LA ELITE DE LA SECCION ENLACE SECRETA Y CLANDESTINA, CO EL PRIMER CUERPO DE EJERCITO, SEGURIDAD FEDERAL, BATALLON DE INTELIGENCIA 601, TRIPLE A, CCD Y GRUPOS DE TAREAS EN GENERAL DONDE OPERABAN COLABORANDO PERSONAL DE OFICIALES DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
¿AVENA Y HIRCHFELDT, NO LES SUENA?
ENTONCES ESTAMOS EN EL HORNO.
COMO DICE ZULMA LOBATO, NO LES VOY A PERMITIR A LOS CIVILES QUE NOS HAGAN COMER OTRRO GARRON DE GOLPE DE ESTADO MANGA DE HIJOS DE......

La Purga dijo...

íHe notado que al finalizar la página, tenemos un espacio para votar si el blog es bueno o no, srá bueno cuando alguien, utilice la información volcada por los que sabemos mucho de esto y metan a la cárcel a los que todavía andan por ahí en las sombras a salvo de todos y de todo. Sería bueno comunicarle a la señora María(chicha)Isabel Chorobik de Mariani, que no tuvo el mas mínimo reparo en contestar lo que ella se rasgaba las vestiduras pidiendo información sobre su nieta, creo que no quiere que aparezca porque la aleja de la indemnización. A la Sra. Mariani, la conocen hasta en Uruguay, "la famosa Chicha"

Anónimo dijo...

¿TODAVÍA NO SABEN QUIENES SECUESTRARON A LA HIJA DEL MATRIMONIO MUERTO EN UN ENFRENTAMIENTO EN LA CALLE 30 DE LA CIUDAD DE LA PLATA? EL MATRIMONIO MARIANI TERUGGI, TENÍA UNA HIJITA DE MAS O MENOS OCHO MESES Y NO TIENEN LA MAS M`´INIMA CONSIDERACIÓN DE LOS DATOS QUE UNO AORTA PARA SU APARICIÓN.