domingo, 30 de diciembre de 2007

INVESTIGACIONES SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO, JUICIOS DEL 2008

JUEVES 3 DE ENERO 2008
LA CAUSA POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE UN EX COMPAÑERO DE KIRCHNER,A JUICIO ORAL


El juez federal de Azul resolvió llevar a la instancia la investigación por lo ocurrido con Carlos Alberto Labolita, un colega de militancia del ex presidente cuando ambos estudiaban en La Plata. Fue capturado en 1976 y no se volvió a saber de él. Néstor Kirchner lo recordó en reiterados discursos durante su mandato.



El juez federal de Azul, Juan José Comparato, resolvió elevar a juicio oral la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición de Carlos Alberto Labolita, un ex compañero de militancia de Néstor Kirchner cuando ambos estudiaban en La Plata.

Así lo informó a través de un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, querellante en la causa, en la cual están procesados el general retirado del Ejército, Pedro Pablo Mansilla, y el actual coronel Alejandro Duret.

Las audiencias de este juicio, se realizarán este año en las salas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

Al momento de ser secuestrado, Carlos Alberto Labolita militaba en la Juventud Peronista. Tenía 23 años, estaba casado, trabajaba en una fábrica de Berazategui y pensaba recibirse de sociólogo.

El 24 de marzo de 1976 fue detenido su padre, Carlos Orlando, profesor de Filosofía con militancia gremial, en un operativo del Ejército en su casa de Las Flores, en el que buscaban a su hijo.

Ante esta situación, Carlos Alberto Labolita viajó de La Plata a Las Flores, decisión que le resultó fatal, ya que allí fue secuestrado por un grupo operativo integrado por policías y militares.

De acuerdo a lo relatado por diversos testigos, Labolita estuvo alojado en la comisaría de Las Flores hasta que se dispuso su traslado a Azul. La orden de llevarlo a Azul la habría dado el entonces teniente coronel Pedro Pablo Mansilla, quien era jefe del Grupo de Artillería Blindada 1.

Durante el tiempo en que permaneció detenido, Labolita fue torturado y sometido a diferentes vejámenes.

El 1 de mayo de 1976 fue llevado a la casa de sus padres, en dos autos sin identificación. Según relatos de sus familiares "lo entraron encapuchado y esposado, descalzo y con señas visibles de torturas".

En esa incursión se llevaron a su esposa y la abandonaron a las 5 de la mañana detrás de la estación de trenes de Azul.

A Labolita nadie lo volvió a ver. Testigos afirman que uno de los que ingresó en esa casa ese 1 de mayo fue Alejandro Guillermo Duret.

El ahora coronel Duret era entonces el segundo jefe del Regimiento de Azul, donde fue trasladado Labolita desde Las Flores, según quedó asentado en los libros de la comisaría de esa ciudad.

También existen testimonios de que habría sido alojado en instalaciones del hoy Jardín de Infantes Nro 914, que funciona en la ex estación del Ferrocarril Provincial.
Carlos Alberto Labolita fue compañero de militancia del ex presidente Néstor Kirchner cuando estudiaba en la ciudad de La Plata, y durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo Kirchner lo recordó en reiteradas ocasiones.











El país | Lunes, 31 de Diciembre de 2007

UN GENERAL ADMITIO LA PARTICIPACION EN EL PLAN REPRESIVO

La garra brasileña del Cóndor
Después de que la Justicia italiana reclamara la extradición de represores involucrados en el Plan Cóndor, un militar reconoció que las fuerzas de Brasil detenían y entregaban “subversivos”.

Augusto Pinochet y Jorge Videla, dictadores de Chile y Argentina, en una imagen de 1978.
Subnotas
“Una republiqueta bananera”
Sobre la memoria anarquista
“Nosotros no matábamos. Deteníamos y entregábamos”, reconoció ayer el general brasileño retirado Agnaldo del Nero Augusto. Con esas palabras, el ex jefe del Centro de Informaciones del ejército durante la dictadura militar que con mano de hierro dirigió los destinos del país entre 1964 y 1985 confirmó la participación de su gobierno en el Plan Cóndor. La declaración, conseguida por el diario O Estado de Sao Paulo, se produce justo cuando la Justicia italiana pretende avanzar en su propósito de juzgar a 140 militares y servicios de inteligencia sudamericanos por la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el Cono Sur, durante la represión estatal de la década del ’70.

Según el general de división de la reserva del ejército, en el marco del Plan Cóndor Brasil, “se limitó a colaborar con informaciones, a entrenar a agentes extranjeros y a vigilar a subversivos”. Y eso fue, siempre siguiendo a Augusto, exactamente lo que ocurrió con los ciudadanos ítalo–argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viñas, capturados en Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, respectivamente. Ambos integrantes de Montoneros fueron detenidos allí y enviados clandestinamente a la Argentina, donde desaparecieron en 1980. “¿Qué crimen hay en haberlos detenido?”, se sigue preguntando el general.

La semana pasada, la jueza Luisanna Figliola había solicitado la captura y extradición a Italia de trece brasileños –entre los que se encuentra el último presidente de la junta militar, el ya fallecido general Joao Baptista de Figueiredo– involucrados en las desapariciones de Campiglia y Viñas.

Hasta el momento, el gobierno brasileño ha asegurado no haber recibido ninguna notificación formal por parte de la Justicia italiana. Sin embargo, desde el Ejecutivo se encargaron de dejar claras sus posturas respecto del caso. Por un lado, el ministro de Justicia, Tarso Genro, recordó que en Brasil rige una ley de amnistía desde 1979, sancionada por el gobierno de Figueiredo. Pero, en el mismo momento, insinuó que desde la presidencia se podría iniciar un proceso a los acusados, ya que muchos de los casos ocurrieron con posterioridad a esa fecha. Eso sí, nadie en Brasilia está pensando en aceptar el pedido de extradición.

El tema explotó la semana pasada, con la detención en Salerno, al sur de Italia, del ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna) Néstor Jorge Fernández Tróccoli. A partir de ese momento, cobró vigor el pedido de la Justicia italiana, que incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, de los cuales seis están muertos. Entre ellos se encuentran los principales jerarcas de cada una de las dictaduras del Cono Sur, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, el peruano Francisco Morales Bermúdez, el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras y el fallecido Augusto Pinochet, entre otros.

En la Argentina, sin embargo, la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de pesquisa, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres dio por clausurada la etapa de instrucción y resolvió su elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor. Entre ellos se encuentran el mismo Videla y otros 16 ex jefes militares, como los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Be-ssone y Antonio Domingo Bussi.






El país | Domingo, 30 de Diciembre de 2007

LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL TERRORISMO DE ESTADO
Los juicios del 2008
Tres debates orales y públicos ya tienen fecha de inicio. Querellantes y fiscales esperan que haya una cantidad significativa de condenas a represores y que se logre ordenar las causas.

El represor Carlos Gallone abraza a una Madre de Plaza de Mayo.
Por Diego Martínez
Luego de cuatro condenas esporádicas y otra frustrada por un envenenamiento imprevisto, 2008 será el primer año con una cantidad significativa de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Si bien sólo tres causas tienen fecha confirmada, querellantes y fiscales coinciden en que sus esfuerzos se traducirán en los próximos meses en debates orales y públicos en todo el país. La mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5. De no surgir una directiva de la Corte Suprema de Justicia que reasigne una de las dos megacausas que tiene asignadas –ESMA o Cuerpo I de Ejército– el comienzo de varios juicios se postergará de manera inevitable hasta 2010, con el riesgo evidente de que más imputados queden en el camino.

Desde la reapertura generalizada de investigaciones en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de impunidad, hubo cinco juicios. En 2006 fueron condenados dos policías emblemáticos del Estado terrorista: Miguel Etchecolatz y Julio Simón. En 2007 el panorama se diversificó, incluyó por primera vez a un sacerdote de la Iglesia Católica, el capellán Cristian von Wernich (segunda condena en La Plata) y a un grupo de coroneles del Batallón de Inteligencia 601. La muerte por envenenamiento en su prisión VIP salvó al prefecto Héctor Febres de escuchar una condena inexorable.

Si bien la Justicia instruyó y elevó más de veinte causas, sólo tres tienen fecha confirmada:

- El 5 de febrero el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar a los responsables del Regimiento de Infantería 9 por quince secuestros y desapariciones forzadas. Será el primer juicio oral del interior del país, con más de 40 testigos. Rendirán cuentas el ex comandante de la Brigada de Infantería VII general Cristino Nicolaides, su jefe de inteligencia capitán Juan Carlos Demarchi (próspero ganadero, miembro de la Sociedad Rural), los coroneles Horacio Losito (agregado militar en Italia hasta su detención) y Rafael Manuel Barreiro, el suboficial Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Salvo Nicolaides, con domiciliaria, y Reynoso, en Marcos Paz, el resto aguardará en el Instituto Penal de Campo de Mayo.

- El 19 de febrero el TOF5 comenzará a juzgar al capitán Enrique José Berthier y al matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por la sustracción de la menor María Eugenia Sampallo, primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que querella a sus apropiadores. Berthier también espera en Campo de Mayo.

- El 29 de abril otra vez el TOF5 juzgará a los oficiales de la Policía Federal Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Angel Timarchi por la masacre de Fátima, un desprendimiento de “Cuerpo I”. El 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres fueron trasladados hasta un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima, donde los vendaron y fusilaron. Luego apilaron y dinamitaron sus cuerpos. La mayor parte de los 16 identificados estuvieron secuestrados en Coordinación Federal, donde prestaban servicio los imputados. Durante la instrucción murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote. Continúa prófugo Luis Alberto Martínez.

El embudo

Sinónimo de iconos del genocidio como Alfredo Astiz o el Tigre Acosta, la ESMA es el centro clandestino con mayor cantidad de represores identificados: más de setenta. Durante los cuatro años transcurridos desde septiembre de 2003, cuando la Cámara Federal resolvió su reapertura, el juez federal Sergio Torres dividió la investigación por años y elevó causas de imputados puntuales como Febres, Adolfo Donda o Juan “Jeringa” Barrionuevo, o bien por hechos específicos como la muerte del escritor Rodolfo Walsh, la desaparición de las monjas francesas y las Madres secuestradas en la iglesia Santa Cruz, o el robo de bienes a los cautivos.

“El juez avanza por año, va por 1977 y eleva causas menores. Es improbable que alguna llegue a juicio en 2008 sin una decisión superior que reorganice el expediente y redistribuya las causas del TOF5”, lamenta Mirna Goransky, fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación asignada a la megacausa ESMA. “Antes del comienzo del juicio a Febres presentamos una propuesta ante la Corte Suprema para que en uso de sus facultades de superintendencia unifique causas y las distribuya de otra manera. No tuvimos respuesta. Ahora, junto con las querellas, estamos pensando cómo reeditar el reclamo”, advierte. “No creo que sea posible un solo juicio por ESMA pero sí se podría unificar varias investigaciones elevadas con ‘Testimonios A’ (nombre de la causa cerrada en 1987), que tiene diez imputados por más de 70 hechos”, concluye.

En principio los primeros delitos cometidos en la ESMA en llegar a juicio serían los robos de bebés nacidos en cautiverio. De las 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad que integran la causa “Plan Sistemático”, doce se produjeron en la ESMA. Por sorteo le corresponde intervenir al TOF 6. Los imputados son Cristino Nicolaides, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.

La instrucción de la megacausa “Cuerpo I”, a cargo del juez Daniel Rafecas, se organizó por centros clandestinos y por hechos significativos como la masacre de Fátima. En octubre de 2005 Rafecas elevó por separado las acusaciones contra un grupo de represores procesados en los ’80 e impunes por las leyes alfonsinistas: César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani, Pedro Durán Sáenz, Héctor Rubén Gamen y Pedro Alberto Barda. Aún esperan su turno en el abarrotado TOF5.

Por la relación jerárquica entre los imputados y la comunidad de casos y pruebas, es probable que se unifique el juicio al comandante de la subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, con los jefes de área que ejecutaban sus órdenes: Teófilo Saa, Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez. Lo improbable es que el dueño de vidas y muertes porteñas cumpla una larga condena. Tiene 84 años.

En el TOF que condenó al “Turco Julián” y fracasó con Febres también esperan la causa conocida como “masacre de calle Belén”, contra los jefes del Batallón de Inteligencia 601 (Carlos Alberto Tepedino, Mario Gómez Arenas y Jorge Suárez Nelson), el gendarme apropiador Víctor Enrique Rei y una docena de represores de la provincia de La Pampa.

Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que en agosto difundió el primer diagnóstico estatal preciso sobre los motivos que explican la lentitud de los procesos, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti coinciden en destacar como preocupación central la acumulación en el TOF5.

“Aspiramos a que las causas parciales ya elevadas se junten, porque tienen testigos y acusados comunes. Sabemos que un juicio único es imposible, que el conocimiento de los hechos es gradual, pero trabajamos para lograr juicios representativos de lo que fue la estructura represiva. Entendemos que primero debe juzgarse lo que ya está elevado, pero tratamos de fijar pautas para ordenar los procesos de modo de llegar a juicios con la mayor cantidad de imputados y hechos posibles”, explican Parenti y Auat.

“Queremos juicios significativos, con un número elevado de imputados y de víctimas, para que sobrevivientes y testigos no tengan que seguir declarando el resto de sus días”, coincide la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La aceleración de los procesos es imprescindible y compete a los tres poderes del Estado”, advierte.

Tierra adentro

Entre las causas del interior del país con más chances de seguir los pasos correntinos se destaca la que investiga a los jefes de La Escuelita, el centro clandestino del Batallón 181 de Neuquén. Los querellantes estiman para marzo el juicio al general Enrique Olea, al teniente coronel Oscar Reinhold y al mayor Luis Farías Barrera.

San Luis también pinta rápida. Tres meses después de la detención del capitán Carlos Esteban Plá, la Justicia ya elevó la causa por el asesinato de Graciela Fiochetti, los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de Pedro Ledesma y Sandro Santana Alcaraz. Los otros imputados son el coronel Miguel Angel Fernández Gez (quien denunció al obispo emérito Juan Rodolfo Laise porque le pidió hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía casarse) y los policías puntanos Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco. Sus abogados no apelaron los procesamientos.

En Tucumán serán juzgados los dos mayores símbolos del genocidio del Norte argentino. Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez rendirián cuentas por el secuestro, las torturas y la desaparición forzada del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Los generales gozan de buen pasar, viven con los suyos, pero no parece razonable prolongar la espera: ya pasaron los 80 abriles.

En Rosario acaba de elevarse a juicio la causa Quinta de Funes. Los primeros militares en rendir cuentas serán el flamante condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano, apresado mientras escuchaba misa por el hijo del Tucu Constanzo.

Córdoba no tiene elevaciones pero las querellas confían que tendrán juicios el próximo semestre. El primero sería al general Menéndez y siete subordinados de La Perla, por los secuestros, torturas y homicidios agravados de cuatro personas –incluido Humberto Brandalisi, que da nombre a la causa– a las que asesinaron después de simular su liberación. Para mediados de año los organismos de Chaco prevén sentar ante un tribunal a los fusiladores de Margarita Belén, trasladados días pasados desde la cómoda base de La Ligura a la cárcel de Campo de Mayo. Pese a su buena cosecha de enemigos continúa prófugo el mayor Norberto Raúl Tozzo. Entre los departamentos judiciales que en los ’80 hicieron un trabajo ejemplar y hoy se resisten a juzgar a sus mayores criminales se destaca la inconmovible Bahía Blanca.

Se fue antes de que lo echen


Renunció uno de los fiscales chaqueños acusados de consentir violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Mazzoni fue señalado por consentir la masacre de Margarita Belén.
Por Victoria Ginzberg
El fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, presentó su renuncia. El funcionario decidió dejar su cargo dos días después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, dispusiera que se realice un jurado de enjuiciamiento –y que se lo suspenda– por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

“Hubiésemos deseado que concluyera el procedimiento. Pero el dictamen de Righi sobre la apertura del jury fue muy contundente y la renuncia de Mazzoni es en algún sentido una forma de asumir su responsabilidad. El paso siguiente es que se lo llame a indagatoria por los hechos que surgen del informe de la Procuración, que además ya habían sido denunciados ante la Justicia en el Chaco”, aseguró a Página/12 Mario Bosch, abogado de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) del Chaco e impulsor de la investigación contra Mazzoni junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Mazzoni fue denunciado junto al fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Carlos Flores Leyes. Mazzoni fue secretario del juzgado federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto de fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones. Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde el diciembre de 1974 hasta 1992. En ese año, pasó a ser fiscal federal de Resistencia, cargo que mantiene hasta hoy.

Tal como publicó este diario el lunes, Righi ordenó la apertura del jurado de enjuiciamiento después de recibir un informe elaborado por el fiscal Félix Crous con testimonios que involucraban a los dos funcionarios con el terrorismo de Estado. La lista de acusaciones incluye la omisión de denunciar torturas sufridas por presos que estaban a su cargo, la omisión de investigar el asesinato de uno de los fusilados en la masacre de Margarita Belén, no haber dado auxilio médico a los detenidos que denunciaron haber sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. Pero además entre las imputaciones también figura la de haber sido autores directos en la imposición de torturas físicas o psicológicas.

La ex detenida María Gregoria Pérez relató cómo Mazzoni trató de “convencerla” de que no esperara a su abogado para declarar. Mientras ella estaba en el juzgado –contó– una persona que reconoció como torturador de la Brigada de Investigaciones del Chaco tocó la puerta y le entregó al secretario del juzgado un regalo. El paquete, que llegaba de parte de Carlos Alcides Tomas, jefe de la Brigada, contenía una pistola.

“Mazzoni abrió el paquete y sacó un arma mediana como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, a lo que Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome”, narró Pérez.

El mecanismo de destitución de los fiscales es diferente al de los jueces, que se realiza a través del Consejo de la Magistratura, órgano conformado por legisladores, abogados, magistrados y un representante del Poder Ejecutivo. Los fiscales también deben atravesar por un jury de enjuiciamiento, pero el proceso se realiza internamente en la procuración. A partir de las denuncias del CELS e Hijos contra los funcionarios chaqueños, Righi abrió un sumario –que incluyó el descargo de los acusados– y determinó que correspondía iniciar el trámite que podría terminar con la destitución de Mazzoni y Flores Leyes.

La renuncia de Mazzoni convierte en abstracto el trámite, en lo que a él respecta. Righi señaló en un escrito que firmó el miércoles que decidió aceptar la dimisión porque “se alcanza el mismo objetivo que motivara la acusación”. Por el momento, el jurado se iniciará para Flores Leyes, quien fue señalado por ex presos por haber participado personalmente en interrogatorios bajo torturas. “El contraste entre él, que era tan grandote y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería”, aseguró un testigo.

Los misterios del caso Febres
Cómo ingirió el veneno. Qué hacía el vaso de agua en la celda. El semen. La computadora que falta.

Por Raúl Kollmann
Quedan por resolver muchos misterios. El del vaso de agua que no aparece en una filmación hecha por la Prefectura y en cambio estaba sobre una mesa cuando llegó la magistrada. La forma en que se le suministró el cianuro al ex represor Héctor Febres: tal vez en una torta de almendras que se detectó en su estómago, tal vez en una pastilla que le dijeron que era para otra cosa o en un líquido como café, no en agua. Hay que encontrar a la persona que refinó y preparó el cianuro. Falta completar el análisis de la computadora personal de Febres, que se le ocultó a la Justicia pero que finalmente se encontró. Habrá que ver si, como se supone, el semen que se encontró en el recto del ex represor era propio o de otro hombre. Los misterios son numerosos, pero lo cierto es que la jueza Sandra Arroyo resolverá entre miércoles y jueves a quién procesa por el homicidio del ex represor Héctor Febres. Lo más probable es que el procesado con prisión preventiva sea el prefecto Angel Mario Volpi, el hombre con quien Febres compartió la última cena y una especie de mano derecha del torturador de la ESMA. En Tribunales dicen que lo único descartado por la jueza hasta ahora es que se haya tratado de un suicidio.

Misterio uno: el vaso de agua. Una de las mayores incógnitas es cómo le suministraron el cianuro a Febres. Todo indica que la escena de la muerte fue totalmente alterada. Cuando le informaron del deceso a Arroyo, ella, por teléfono, dio instrucciones de que nadie entrara en la habitación. Sin embargo, cuando llegó al lugar, pocos minutos más tarde, se encontró allí con familiares y amigos. Hay datos muy obvios de que la escena fue alterada. Por ejemplo, los efectivos del Destacamento Delta de la Prefectura filmaron la habitación antes de la llegada de la magistrada. Allí se ve que en una mesa había sólo papeles. En cambio en las fotos tomadas por los funcionarios judiciales que concurrieron con Arroyo se ve un vaso de agua en la misma mesa. Como si alguien hubiera preparado la escena para demostrar que el hombre se tomó el cianuro bajándolo con agua. Por supuesto que el vaso no tenía huellas digitales.

Misterio dos: la torta de almendras. El cianuro es muy amargo y se percibe de inmediato si se le da a una persona, por ejemplo, disuelto en un vaso de agua. Es famoso el relato histórico de que a Rasputín, el monje maldito ruso, quisieron envenenarlo con cianuro en golosinas, pero él se dio cuenta. En el estómago de Febres se encontraron, en proceso de digestión, tomates, frutas y, posiblemente, una porción de torta de almendras. Sería la forma perfecta de suministro ya que, como se sabe, el cianuro tiene gusto a almendras amargas. Lo que no encaja en esta versión es cómo Febres consumió la torta, el cianuro no lo mató de inmediato, y alcanzó a acostarse en la cama antes de morir. La alternativa es que le hayan dado el cianuro diciéndole que era un remedio para alguno de sus males.

Misterio tres: la escena del crimen. Según los prefectos, el cuerpo de Febres fue encontrado once horas después de su muerte. Sin embargo, el dato del vaso de agua, la forma en que sacaron de la habitación la computadora y otras maniobras, hacen pensar que toda la escena fue alterada. Es más, pudo haber ocurrido que Febres haya muerto sentado en una mesa y minutos después metieran su cuerpo en la cama. Los criminalistas que trabajan en el caso afirman que algún superior dio la orden de “acomodar las cosas” y realizar todos los intentos para convencer de entrada a la jueza de que Febres se murió de muerte natural.

Misterio cuatro: suicidio, no. En Tribunales no hablan de otra cosa que de homicidio. “Todas las personas que declararon, el sacerdote, los familiares, quienes lo conocían, sostienen que Febres hubiera dejado una nota limpiando su pasado, justificando lo que hizo, denunciando y defendiéndose. Hubiera dejado mensajes de despedida. No hay nada de eso. Además, la increíble alteración de la escena de la muerte demuestra que se estaban tapando cosas”, analizan quienes tienen acceso al expediente.

Misterio cinco: el semen. En la autopsia se detectó semen en el recto de Febres. El jueves empezaron las pruebas para determinar el ADN de ese líquido y es posible –no seguro– que se trate de semen del propio Febres. Las alternativas son tres. Una muerte convulsiva como la del cianuro puede producir un desprendimiento de semen que se desliza hacia el recto. Por otra parte, Febres podría haber sido operado de próstata, en cuyo caso el semen que siguen produciendo los testículos puede quedar en una especie de lecho, pasando de la vejiga al recto. Por último, los forenses no pueden descartar una relación homosexual, algo que no se percibe si no es a través del ADN porque no existe diagnóstico de homosexualidad a primera vista. Una persona puede tener un ano dilatado y ser heterosexual u homosexual. Las pruebas de ADN se están haciendo.

Misterio seis: la computadora. Febres tenía una computadora personal que usaba en su propio camarote, como los prefectos le decían a su habitación. Cuando la jueza llegó al lugar, había desaparecido. Según cuentan, se detectó el aparato a raíz de una escucha telefónica. Expertos de primer nivel están ahora analizando el contenido. Es un elemento clave, porque allí puede haber elementos que revelen el trasfondo de lo ocurrido.

Misterio siete: la jueza decide. Sandra Arroyo quería resolver antes de fin de año la situación de los detenidos: la esposa, los dos hijos de Febres y dos prefectos (el jefe del Destacamento, Rubén Iglesias, y el más comprometido, Angel Volpi, el prefecto que acompañaba todo el tiempo a Febres y que cenó con él antes de la muerte del ex represor). La jueza, sin embargo, no pudo resolver porque representantes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que lidera Julio Piumato, se presentaron en el juzgado y le exigieron que ni ella ni sus dos secretarios ni sus dos prosecretarios jefes trabajaran sábados, domingos y feriados como lo venían haciendo, ni fuera del horario de 7.30 a 13.30. Incluso presentaron notas señalándole que sería sancionada. Esto postergó las decisiones para el miércoles o jueves próximos. Lo que va a resolver la magistrada es un misterio, entre otras cosas porque hay secreto de sumario. Pero es seguro que una persona o más serán procesados con prisión preventiva por homicidio.

sábado, 29 de diciembre de 2007

PERU PROTEGE AL DICTADOR MORALES BERMUDEZ DE LA JUSTICIA ITALIANA; ACUSADO POR EL SECUESTRO DE DOS MILITANTES Y DE UNA MADRE DE PLAZA DE MAYO

El mundo | Sábado, 29 de Diciembre de 2007

Perú protege al dictador Morales Bermúdez de la Justicia italiana

Acusado por el secuestro de dos militantes y de una Madre de Plaza de Mayo en el marco del Plan Cóndor, el dictador que derrocó a Velazco Alvarado recibió el apoyo del presidente Alan García.

Según la Justicia italiana, el general Morales Bermúdez quedó comprometido con el Plan Cóndor.

Por Carlos Noriega
desde Lima
El presidente peruano, Alan García, salió ayer en defensa del ex dictador Francisco Morales Bermúdez, cuya detención ha sido solicitada por la Justicia de Italia, que investiga la desaparición de veinticinco ciudadanos de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor. Junto con Morales Bermúdez también se ha pedido la captura del ex general Pedro Richter, quien fuera jefe de las Fuerzas Armadas y primer ministro durante la dictadura de Morales Bermúdez, y otros dos funcionarios de ese gobierno. Estas capturas han sido ordenadas por la jueza italiana Lussiana Figliola, junto con la de otros 136 funcionarios de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre ellos el ex dictador Rafael Videla.
Morales Bermúdez está acusado por el secuestro de tres ciudadanos argentinos, Noemí Esther Gianotti de Molfino, de origen italiano, y María Inés Raverta y Julio César Ramírez. Alan García le ha ofrecido al ex dictador la protección de su gobierno para evitar su extradición y juzgamiento en Italia. “Es una exageración judicial y le daremos (a Morales Bermúdez) toda la ayuda necesaria. El es una personalidad respetable y le debemos honra y honor”, señaló García al referirse al pedido de detención contra Morales Bermúdez. El actual presidente peruano también pidió respeto para lo que llamó “los valores democráticos” del ex dictador. “El Perú nunca formó parte de la Operación Cóndor”, se defendió Morales Bermúdez. Sin embargo, los secuestros de los tres ciudadanos argentinos, ocurridos en 1980, comprometen seriamente a la dictadura de Morales Bermúdez con la Operación Cóndor.
El ex general Morales Bermúdez, de 86 años, llegó al poder luego de derrocar en agosto de 1975 al general izquierdista Juan Velazco Alvarado y en 1980 convocó a elecciones, en medio de masivas protestas exigiendo el fin de la dictadura militar. En julio de ese año entregó el poder al electo Fernando Belaúnde, quien había sido derrocado por Velazco en 1968. En junio de 1980, cuando ya se habían realizado las elecciones y el gobierno militar se preparaba para transferir el poder a los civiles, se llevó a cabo el operativo militar para capturar a los tres ciudadanos argentinos, que fueron sacados del Perú por la frontera y entregados a Bolivia. En su libro Muerte en el Pentagonito (que es como se le llama al local donde funciona la comandancia general del ejército), publicado en 2004, el periodista Ricardo Uceda revela el testimonio del ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Arnaldo Alvarado, quien testimonia que la captura de los argentinos fue un operativo conjunto entre los militares peruanos. Las autoridades argentinas de entonces informaron al gobierno militar peruano que Montoneros preparaba un atentado contra Videla, que viajaría a Lima para la transmisión del mando presidencial del 28 de julio de 1980. El atentado, según los militares argentinos, sería dirigido por Roberto Perdía. Entrevistado por Uceda para su libro, Perdía negó que Montoneros preparaba un atentado contra Videla en Lima. Finalmente, Videla no viajó al Perú en julio de 1980.
El 12 junio de ese año, María Inés Raverta fue detenida frente a la Iglesia de Miraflores, un tradicional barrio limeño de clase media. El ex agente Alvarado dice que fue testigo de las torturas con picana eléctrica contra Raverta para que revele dónde estaban Ramírez y Gianotti de Molfino. Poco después, ambos fueron secuestrados, también en Miraflores. Noemí Gianotti de Molfino fue detenida en una vivienda de la calle Madrid y un mes después apareció muerta en un hotel de la ciudad de Madrid. Ella había llegado a Lima a inicios de 1980 acompañada por el menor de sus hijos, Gustavo, quien se salvó de ser secuestrado porque llegó a la vivienda donde estaba su madre apenas unos minutos después del secuestro. Al momento de su secuestro en Lima, Gianotti de Molfino tenía 55 años, un esposo asesinado por la dictadura, un hijo detenido, dos nietos desaparecidos y una hija exiliada en París.
En declaraciones para el libro de Ricardo Uceda, el ex dictador Morales Bermúdez negó su participación en el secuestro de los argentinos, pero dejó escapar una frase que suena a confesión: “No podíamos darnos el lujo de tener subversivos con las manos libres durante la transmisión del mando presidencial”. Raverta y Ramírez habrían sido llevados a la Argentina y siguen como desaparecidos, mientras Gianotti de Molfino fue llevada a España, donde apareció muerta en el cuarto de un hotel madrileño.
Brasil no extradita
Brasil no extraditará a los militares acusados de delitos de lesa humanidad. Dos jueces de la Corte Suprema adelantaron a la prensa que, según la visión del tribunal, los crímenes de la dictadura prescribieron.
“Ellos no pueden ser extraditados porque son brasileños. Tampoco pueden ser juzgados en el país porque los crímenes están prescritos”, aseguró el magistrado Marco Aurelio de Mello en una entrevista con el diario O Globo. Con esta declaración, queda descartado que el tribunal brasileño acepte el pedido de la Justicia italiana para extraditar a trece ex oficiales del ejército y la policía, acusados de haber participado en la desaparición de dos ciudadanos ítalo-argentinos, Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viña. Según Roma, los dos militantes de izquierda habrían sido capturados en Río de Janeiro y Río Grande do Sul en 1980, y entregados de forma clandestina a la dictadura argentina. Para el juez de la Corte Suprema brasileña Carlos Ayres Britto ni la Constitución ni el Código Penal de su país permiten que los brasileños sean sancionados en el exterior por este tipo de crímenes. El magistrado también recordó que la tortura recién se convirtió en un delito imprescriptible con la Constitución de 1888.

El país | Viernes, 28 de Diciembre de 2007

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strong>EN TUCUMAN, ELEVAN A JUICIO LA CAUSA VARGAS AIGNASSE
Sentencia para Bussi y Menéndez

El dictador Antonio Domingo Bussi será uno de los juzgados.
Los dos mayores símbolos del terrorismo de Estado del Norte argentino serán juzgados en 2008. Pese a que ostentan el record absoluto de imputaciones por secuestros, torturas y asesinatos, los generales retirados Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez afrontarán un juicio oral y público por un solo caso: la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. La elevación la dispuso ayer Daniel Bejas, juez federal subrogante de Tucumán.
Según la Comisión Bicameral Investigadora, formada en 1984 en Tucumán, el 68 por ciento de los 507 secuestros registrados durante la dictadura en la provincia se produjeron entre 1976 y 1977. En esos dos años, Bussi era comandante de la Brigada de Infantería V e interventor militar de Tucumán, concentración de poder única en el país. Menéndez era jefe del Cuerpo III de Ejército, del que dependía la brigada. De ese universo de casos, 387 personas permanecen desaparecidas, 96 fueron liberadas y de apenas 24 se recuperaron los cadáveres.
Vargas Aignasse fue secuestrado en su casa el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, apuntó el juez. En la Brigada de Investigaciones de la policía provincial fue “sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos”. Luego lo trasladaron al penal de Villa Urquiza. Su cautiverio concluyó con “una parodia de puesta en libertad”, a la que precedió “el secuestro y posterior desaparición forzosa de Vargas Aignasse”.
El juez Bejas imputó a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita. Compartió con el fiscal Emilio Ferrer el argumento según el cual “la modalidad de aniquilamiento sobre personas determinadas, provenientes del accionar del aparato estatal, configuran el delito internacional penal de genocidio”. Ambos represores tienen más de 70 años y gozan de arresto domiciliario, Bussi en un country de la recoleta Yerba Buena, en Tucumán, y Menéndez en Córdoba.

El país | Viernes, 28 de Diciembre de 2007

LOS REPRESORES DE LA ESMA PIDEN SALIR DE MARCOS PAZ
Un baño de realidad para Astiz
Los abogados de los marinos presentaron un escrito en el que dijeron que permanecer en una “cárcel civil” implica un “tratamiento indigno” y “degradante”. También pidieron que Defensa conteste si tiene espacio en unidades de la Armada.

El ex marino Alfredo Astiz ahora está en Marcos Paz.
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• Se pobló el hospital
Treinta años después de haber convertido a la mayor unidad naval porteña en un gigantesco centro de tortura, los oficiales de la Armada imputados por crímenes en la ESMA están comenzando a comprender lo que significa ser un preso común en la Argentina. El viernes, a menos de 24 horas del traslado al penal de Marcos Paz, el abogado Alfredo Solari consideró que permanecer en una “cárcel civil” implica un “tratamiento indigno, degradante, persecutorio y carente de justificación histórica, humana, jurídica y constitucional”. Ayer, el ex partero de la ESMA, Carlos “Tomy” Capdevila, y el capitán Antonio Pernías fueron trasladados al Hospital Naval (ver aparte), en tanto el abogado Juan Martín Aberg Cobo (h) le solicitó al juez federal Sergio Torres que devuelva a sus pupilos a la prisión VIP de la base de Río Santiago.
Desde la reapertura de la causa en 2003 hasta julio pasado, Astiz, Acosta & Cía. permanecieron en sus alojamientos “naturales”: bases de la Armada. Pese a reclamos de querellantes, fiscales, a una resolución de la Cámara Federal porteña y reiteradas sugerencias del Poder Ejecutivo para separarlos de los camaradas activos, el juez Sergio Torres se mantuvo inflexible.
El 17 de julio, por sugerencia del Ministerio de Defensa, el magistrado aceptó trasladar a los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, donde comparten duchas con represores del Ejército. Desde entonces y hasta la semana próxima, cuando sean reemplazados por agentes del Servicio Penitenciario Federal, suboficiales del Ejército se encargan de la custodia interna y gendarmes, de la externa. Esa compañía tampoco los satisfizo. Sus abogados presentaron un hábeas corpus, recurso previsto para cuando corren riesgo la vida, libertad o integridad de una persona, para que les devolvieran sus celulares y el acceso a Internet.
El 10 de diciembre apareció el cadáver del prefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex de Prefectura. Al trascender sus privilegios –que ya habían sido denunciados ante el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el juez Torres conocía–, el magistrado dispuso trasladar a los marinos a una unidad custodiada por el SPF. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos eligió el penal de Marcos Paz.
No bien llegaron a la cárcel real, el abogado Solari –defensor de Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Carlos José Pazo y Alberto Eduardo González– reclamó que se “reponga en forma urgente (a sus asistidos) a un alojamiento en guarnición militar”. Su colega Aberg Cobo (h) –defensor de Pernías, Alfredo Astiz y Rogelio Martínez Pizarro– fue más preciso: pidió que se consulte a la Armada si tenía “alojamiento disponible y suficiente” en Río Santiago aunque, concedió, “bajo vigilancia y supervisión del SPF”. Como alternativa propuso habilitar el predio donde funcionó la Escuela Naval Militar, que “tiene mejores condiciones de seguridad que el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas”. Agregó que dispone de “dos perímetros de vigilancia exterior” y no uno como Campo de Mayo, además de “habitaciones de sobra para albergar a los procesados y a todo el personal de SPF que debe vigilarlos”.
Aberg Cobo (h) le recordó al juez que los represores están “procesados y no condenados”. También solicitó un certificado en donde conste su calidad de defensor para poder reunirse “de manera personal y privada, sin vidrios, puertas, paredes o mamparas que nos separen”, pues lo contrario “contraviene expresamente la Carta Magna”.

El país | Viernes, 28 de Diciembre de 2007

Se pobló el hospital

Después de una semana en el penal de Marcos Paz, los represores de la ESMA recordaron sus “achaques”. Antonio Pernías y Carlos Capdevila lograron ser llevados al Hospital Naval. Según informaron allegados a los propios acusados, el primero “padece un cuadro respiratorio y hematológico”, mientras el segundo sufre “una enfermedad incurable”. Los represores fueron trasladados a la cárcel el 19 de diciembre, cuando el juez federal Sergio Torres revocó los regímenes especiales de arresto que beneficiaban a efectivos de la Armada detenidos en dependencias militares o de la Prefectura Naval. En Marcos Paz, los marinos comparten el penal con otros represores, como el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz y el ex capellán de la misma fuerza Christian Federico von Wernich, ambos condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad. En el Hospital Naval también está internado el capitán de corbeta Pablo Eduardo García Velasco, que hace tres semanas inició una huelga de hambre para protestar por las investigaciones judiciales a represores. Torres había procesado al ahora huelguista por el secuestro del desaparecido periodista y escritor Rodolfo Walsh y por la apropiación de bienes de desaparecidos.

Viernes, 28 de Diciembre de 2007

Militante, identificada

Cristina Carreño Araya, militante de las Juventudes Comunistas de Chile, secuestrada por la dictadura argentina en Buenos Aires en 1978, fue recordada ayer en un encuentro realizado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Cristina fue detenida mientras formaba parte de una misión internacionalista y solidaria de su organización. La llevaron al centro clandestino de detención El Olimpo, de donde la trasladaron junto a otros once compañeros que fueron asesinados y arrojados al mar. Sus cuerpos aparecieron en la playa de San Clemente del Tuyú y fueron enterrados como N.N. en diversos cementerios. Su caso figura entre los que encabezan la causa del Plan Cóndor, donde se investiga el accionar conjunto y articulado de las dictaduras latinoamericanas.

Jueves, 27 de Diciembre de 2007

Denuncian a los jueces por la muerte de Febres

Los querellantes en el juicio que se le seguía al represor, acompañados por organismos de derechos humanos, pidieron que se les hiciera juicio político a los magistrados por “mal desempeño”.

Denuncian a los jueces por la muerte del represor Héctor Febres.
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• Arce, el nuevo prefecto
Organismos de derechos humanos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a cuatro jueces de la megacausa ESMA por la condiciones de detención y las circunstancias de la muerte del represor Héctor Febres. La denuncia “por mal desempeño de funciones” fue presentada contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal Cinco Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, que llevaron adelante el juicio por delitos de lesa humanidad contra Febres.
La Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Comité de Acción Jurídica, Liberpueblo y el Instituto de Relaciones Ecuménicas, entre otras organizaciones, hicieron este pedido de juicio político, que también fue firmado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle y los querellantes en el proceso que quedó sin efecto tras la muerte de Febres, quien falleció tras ser envenenado con cianuro, según las pericias judiciales. Los querellantes que firman son Carlos Lordkipanidse, Andrea Bello, Enrique Fukman, Osvaldo Barros, así como otros sobrevivientes de la ESMA, Adriana Calvo, Laura Villaflor y las abogadas Graciela Rosenblum y Diana Kordon. Madres de Plaza de MayoLínea Fundadora aclaró que no adhirió a la denuncia y que las madres que la firmaron, Cortiñas y Baravalle, “lo hicieron a título personal”.
El ex prefecto fue hallado muerto el 10 de diciembre en su celda de la delegación Delta de Prefectura, cuatro días antes de recibir sentencia por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. La denuncia subraya las “inexplicables e inadmisibles condiciones de detención” del represor que, aseguraron, “redundaron en el homicidio” de Febres. En tanto, consignaron que “los jueces no pueden dejar de responder por esa muerte” que, a su entender, “posibilitó la perpetuación de la impunidad reinante en nuestro país”.
Los denunciantes señalaron como un agravante el hecho de que el juez Torres haya recibido meses antes de la muerte de Febres “una denuncia formal acerca de las disparatadas e ilegales condiciones de alojamiento en las que éste se encontraba”. Y recordaron “las numerosas oportunidades en que solicitaron que se alojara a los genocidas en cárceles comunes, en particular en la causa ESMA y en la primera audiencia del juicio oral contra Febres”. Asimismo, acusaron a Torres y los camaristas “de desobedecer la orden de la Cámara de Apelaciones en lo Federal respecto de que (los represores) debían ser custodiados por personal del Servicio Penitenciario Federal”.
Por su parte, el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, dispuso una prórroga de 10 días en el secreto de sumario sobre la causa que investiga el presunto homicidio de Febres.
En esta causa se encuentran detenidos la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos Sonia Marcela y Héctor Ariel, investigados por homicidio; así como los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi. Fuentes judiciales indicaron que las indagatorias realizadas ayer a otros dos prefectos giraron en torno a “cuestiones administrativas conexas a la causa de homicidio”. Es decir, a las condiciones de detención de Febres, que recibía privilegios a pesar de estar enmarcado en el régimen ordinario de visitas. Si bien el secreto de sumario impidió dar más detalles, las fuentes aseguraron que “los únicos detenidos en esta causa” son Guevara, los hermanos Febres y los prefectos Iglesias y Volpi

Identifican el cuerpo de un desaparecido durante la dictadura en Mar del Plata

La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Equipo del Programa de Investigación y Memoria de esa secretaría anunciaron este miércoles la identificación de otro cuerpo N. N. que fuera inhumado de manera clandestina durante la última dictadura militar.

Este el tercer caso de identificación de restos óseos de personas desaparecidas logrado por el trabajo de investigación que vienen llevando a cabo en conjunto la Secretaría de Derechos Humanos provincial y el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco del Juicio por la Verdad desarrollado en la ciudad de Mar del Plata.

Se trata de los restos de Saturnino Vicente Ianni, militante del Partido Comunista Marxista Leninista, que fue secuestrado y desaparecido por las fuerzas represivas de la última dictadura militar en la ciudad de Mar del Plata, consignó la Oficina de Prensa de esa secretaría.

Ianni, nacido en la ciudad de Necochea, era delegado gremial en la Empresa Swift de la ciudad de Berisso. A partir de 1976, en momentos de intensificación de la represión a los trabajadores, se radicó en la ciudad de Mar del Plata, donde fue secuestrado en septiembre de 1977.

El 17 de noviembre de ese año, luego de permanecer como detenido-desaparecido en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Base Naval de Mar del Plata, su cuerpo apareció en un 'enfrentamiento' fraguado junto con Eduardo Caballero y José Adhemar Changazzo, recientemente identificados.

Al día siguinete, los tres militantes fueron enterrados en el Cementerio Parque de esa ciudad como N. N.

A partir de un trabajo de investigación realizado por el Programa de Investigación y Memoria que coordina la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Sara Derotier de Cobacho, el Tribunal Federal de Mar del Plata ordenó la exhumación en el marco del incidente 890/10 “Medida de reserva das unc. 890/10 cementerio parque local s/ averiguación identificación cadáveres N. N.”, del que la Secretaría Provincial es parte querellante.

miércoles, 26 de diciembre de 2007

JUSTICIA ITALIANA PIDIO CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

El país | Miércoles, 26 de Diciembre de 2007

LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

Casi un “dream team” de la represión
Videla, Massera, el uruguayo Bordaberry y el chileno Contreras son algunos de los 140 represores a los que la Justicia italiana pidió su captura y extradición por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco del Plan Cóndor. En Argentina, esa causa se elevó a juicio oral y público hace menos de un mes.

Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dos de los 61 argentinos requeridos por la Justicia italiana.
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Sospechas en San Luis
A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el lunes la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del ’70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.

“Es la primera vez que se hace un pedido tan masivo de represores de tantos países, que da una idea acabada de la coordinación represiva y de la investigación que se realizó”, celebró desde España el abogado Carlos Slepoy. El titular de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid consideró que la medida tendrá “un efecto de repetición y contagio” y contribuirá a “acelerar los juicios” en nuestro país.

Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.

El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado. El mismo lunes fue trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.

El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.

En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres –que subrogó en esa causa al ex juez federal Guillermo Montenegro, actual secretario de seguridad del jefe de gobierno Mauricio Macri– consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.

“La cantidad de personas implicadas en los distintos países va a tener un efecto de repetición y contagio en los países afectados por las dictaduras”, advirtió Slepoy. “Las medidas adoptadas por juzgados de distintos países como Italia, España y Francia dan una idea fehaciente de que este tipo de criminales debe ser perseguido por todos los tribunales y no podrán andar sueltos en ninguna parte del mundo”, concluyó.

No es la primera buena noticia de 2007 surgida en Italia. En marzo la Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia a cadena perpetua a los marinos Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vildoza (prófugo de la Justicia desde 1987), Antonio Vañek y al prefecto Héctor Febres (quien murió envenenado el 10 de diciembre en su prisión VIP de Prefectura) por delitos de lesa humanidad contra italianos que fueron vistos por última vez en la ESMA. Siete años antes, en 2000, la Justicia italiana ya había condenado a cadena perpetua a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros.


Sospechas en San Luis

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidió a la fiscalía federal de San Luis que se investiguen las causas del incendio que sufrió el predio conocido como Granja Amalia, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar. El abogado de la APDH, Enrique Ponce, aseguró que “aparentemente habría sido intencional” y manifestó su preocupación porque se produjo cuando se supo recientemente la citación “de ex policías y militares” acusados de secuestros realizados en septiembre de 1976. Ponce desconfió de que haya sido casual, porque también “se están haciendo todas las gestiones administrativas para la instalación del Museo de la Memoria en San Luis”.

lunes, 24 de diciembre de 2007

JURY CONTRA DOS FISCALES FEDERALES POR SU ACTUACION EN LA DICTADURA MILITAR

El país | Lunes, 24 de Diciembre de 2007
JURY CONTRA DOS FISCALES FEDERALES POR SU ACTUACION EN LA DICTADURA MILITAR
El turno de la conexión judicial
Los fiscales federales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes serán sometidos a un jury de enjuiciamiento por orden del procurador Esteban Righi. Están acusados de participar en interrogatorios ilegales, de amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad.

Reclamo de justicia en los tribunales de Resistencia por la Masacre de Margarita Belén.Por Victoria Ginzberg
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dio un paso decisivo para apartar de sus funciones a dos fiscales cuestionados por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Se trata del fiscal federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni y el fiscal federal de primera instancia de la misma ciudad Carlos Flores Leyes. Righi resolvió que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento y –una medida poco usual– que ese organismo los suspenda en sus funciones.
“Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta, preguntaba con precisión y parecía inteligente, interrogaba con un cuestionario predeterminado, diferente a como interrogaba la policía, que me había interrogado antes. El contraste entre él, que era tan grandote, y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi mas tarde en Gendarmería.”
José Luis Valenzuela no se refería en este testimonio a un represor ordinario, al menos, no a un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. El interrogatorio al que hizo referencia se realizó en la Brigada de Investigaciones del Chaco, donde los detenidos eran torturados y vejados. El que hacía las preguntas era Flores Leyes, en ese entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia y hoy todavía fiscal. El episodio que narró se produjo el primero o segundo día de su estancia en la Brigada. Lo habían llevado a una sala, desnudado, vendado, lo habían sentaron en una silla, atado de pies y manos, lo habían golpeado y lo habían picaneado. Por debajo de su venda llegó a ver a Flores Leyes, que luego comenzó a dirigir el interrogatorio. Vestía traje. “No tengan trato especial con él”, les dijo el secretario judicial a los policías antes de irse.
Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde diciembre de 1974 hasta 1992. En ese año, pasó a ser fiscal federal, cargo que mantiene hasta hoy.
El otro funcionario acusado, Mazzoni, fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal. En 1992 pasó a ocupar el puesto que todavía conserva, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.
“Mazzoni abrió el paquete y sacó un arma mediana, como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome.”
El relato es de María Gregoria Pérez, a quien Mazzoni trató de “convencer” de que no esperara a su abogado para hablar. Quien le había entregado el presente con la pistola al entonces secretario del juzgado era uno de los torturadores de la Brigada (la mujer lo reconoció). El regalo venía de parte de Carlos Alcides Tomas, jefe de la Brigada.
Por los casos de Valenzuela y Pérez, entre otros, Flores Leyes y Mazzoni fueron acusados de haber sido autores directos en actos de torturas físicas y psicológicas.
La lista de acusaciones de los fiscales no se agota en esos hechos. Entre otros reproches, el fiscal Félix Crous, que estuvo a cargo del sumario, mencionó: la omisión de denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén; no haber denunciado actos de tortura, sino encubrirlos; no haber dado auxilio médico a los detenidos que dijeron que habían sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. “Resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional, institucional y social que quienes presuntamente han incumplido con los deberes indicados y presumiblemente han participado de violaciones a los derechos humanos ejerzan la magistratura en el poder del Estado al que se le ha encargado expresamente la defensa de la legalidad”, señaló Righi en el escrito con el que resolvió, el 18 de diciembre pasado, la apertura del jury, que será finalmente la instancia que decidirá si los destituye o no.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 Carlos Sala fue sacado de la Unidad Penitenciaria de Resistencia con el pretexto de que iba a ser trasladado a una cárcel de Formosa junto con otros 20 presos políticos. Todos fueron ejecutados en el trayecto, en la localidad de Margarita Belén. Sala, que había sido detenido en 1975, estaba a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, pero ni el juez Luis Angel Córdoba ni el secretario Flores Leyes ni el fiscal Mazzoni se interesaron por su suerte. Aceptaron la versión oficial que decía que los fusilados en la masacre de Margarita Belén habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaban escapar.
No era difícil dudar de la información que dieron los militares. Mirta Clara, esposa de Sala, que también estaba detenida, pidió una entrevista con Flores Leyes y Mazzoni y les señaló distintos indicios que permitían reconstruir lo que había pasado y desacreditar el parte oficial. La mujer les dijo que “en todo Chaco se sabía que esa matanza se produjo por responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial”. Ellos no se inmutaron. Tampoco lo negaron.
Diez días después de los fusilamientos, el juez Córdoba y Flores Leyes firmaron un documento que ordenaba: “Atento la renuncia al cargo de defensor del imputado, intímese a Carlos Sala para que dentro del tercer día posterior a su notificación designe nuevo abogado defensor, bajo apercibimiento de designar el defensor Oficial del Tribunal”.
Los funcionarios judiciales a cargo de Sala tal vez no habrían podido evitar su asesinato pero tampoco se preocuparon en aclararlo. No les llamó la atención que el traslado no hubiera sido informado al juzgado, ni que se hubiera realizado un domingo, ni que el alegado motivo hubiera sido llevarlos a una cárcel de Formosa que no se encontraba preparada para alojar a presos políticos. No certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.
Interrogar a los otros presos habría bastado para saber casi con certeza lo que había pasado. Cuatro años después, cuando fueron escuchados, contaron que Sala sabía que el traslado equivalía a su muerte, que les habló a los que se quedaban para darles fuerza y que dijo que iba a salir para evitar que el Ejército entrara y se produjeran males mayores. “Incluso los propios guardiacárceles decían que los habían matado a todos”, señaló uno de los testigos.
Crous destacó en el sumario que si bien resultaba “altamente probable que una investigación sobre lo ocurrido en Margarita Belén en plena dictadura militar hubiera encontrado diversos inconvenientes y escollos, al menos el intento por parte de los funcionarios hubiera demostrado su preocupación y responsabilidad por salvaguardar la vida de los detenidos a su disposición, dando cumplimiento al imperativo legal y ético que la sociedad deposita en la función judicial”.
La lectura de los numerosos testimonios que forman parte del pedido de Righi de iniciar el jury contra estos dos fiscales demuestra que no se trataba de dos funcionarios sobrepasados por el terrorismo de Estado, ni siquiera de dos personas indiferentes. Eran dos colaboradores. Su presencia en interrogatorios bajo torturas, las amenazas y sus propias palabras dan cuenta de ello.
“Sentía una situación de impotencia dada la identificación total del Poder Judicial con la policía del Chaco, la sensación de que la tortura había sido transformada en un método habitual de interrogación. Actuaban como si fuera un método legal. Durante mis siete años de prisión y frente a la cantidad de causas que tenía abiertas tuve oportunidad de charlar en innumerables oportunidades con Flores Leyes, Mazzoni y Córdoba. Lo que surgía de estas charlas es que en el Poder Judicial del Chaco existía una compenetración ideológica con el poder policial militar, una compenetración con el proceso, con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, con la tortura... especialmente por parte de Flores Leyes y Mazzoni”, aseguró el ex detenido Aníbal Ponti.
María Graciela de la Rosa les reprochó a los funcionarios judiciales por la forma en que tomaban las declaraciones: de noche, con amenazas y la clásica luz sobre la cara que no permitía ver nada. Les dijo que parecían interrogatorios de tipo militar. “Trabajamos en equipo”, fue la respuesta. “Flores Leyes siempre intervenía como una especie de represor más, no como funcionario del Poder Judicial”, afirmó Eugenio Domingo Silva. Jorge Héctor Castro contó que, en una oportunidad, cuando les dijo a Flores Leyes y Mazzoni que estaban haciendo preguntas que no correspondían a su función, Mazzoni lo increpó: “Esto es una guerra entre Argentina y Cuba. Yo estoy del lado de Argentina. Agradecé que estás vivo”.
Además de los cargos que lo vinculan directamente con participar o encubrir crímenes de lesa humanidad, Mazzoni también fue acusado por no haberse excusado, una vez en democracia, en las causas en las que él mismo estaba implicado.
Righi ya había tomado una medida relacionada con un funcionario del ministerio público del Chaco por favorecer a represores. La secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, fue exonerada por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los imputados en la masacre de Margarita Belén. La mujer fue la subordinada de Mazzoni durante once años. No se apartó del caso que involucraba a su jefe y permitió que los acusados recuperaran su libertad mediante un recurso de hábeas corpus. La remoción de Torres no tuvo necesidad de un jury porque no se trataba de una fiscal sino de una empleada del Ministerio Público. Ahora, Flores Leyes y Mazzoni enfrentarán sus acusaciones, promovidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). No será la primera oportunidad para que el Poder Judicial revise la actuación de sus miembros durante la última dictadura. El juez federal Víctor Hermes Brusa enfrentó un juicio político por haber estado en sesiones de tortura en centros clandestinos de Rosario. Sin embargo no terminó destituido por eso, sino por haber atropellado a una persona con su lancha y huir. Su conducta durante el terrorismo de Estado sirvió para que los miembros del Consejo de la Magistratura se hicieran un perfil del personaje.
Mazzoni y Flores Leyes, cuyas responsabilidades penales ordenó investigar la Cámara de Apelaciones de Resistencia, todavía siguen ejerciendo como fiscales. Pero no será así por mucho tiempo. “Es evidente –señaló Righi– que la suspensión resulta imprescindible para garantizar la normal prestación del servicio de justicia”. Para el procurador, “la afectación del servicio de justicia originada en el descrédito de los magistrados investigados y del Ministerio Público como órgano, existirá hasta tanto se aclaren las circunstancias en las que aparecen menoscabados derechos fundamentales en sucesos presuntamente vinculados a acciones represivas por parte del Estado”.


El país | Lunes, 24 de Diciembre de 2007
OPINION
Partícipes necesarios

El fiscal federal de primera instancia de la ciudad de Resistencia, Carlos Flores Leyes.
Por Mario Wainfeld
Los fiscales federales, integrantes del Ministerio Público, gozan de estabilidad en sus funciones mientras dure su buen desempeño. No ejercen sus cargos por tiempo determinado, no están supeditados a elección popular. Esa regla, similar a la que regula la actividad de los jueces, procura preservar la independencia del Poder Judicial y, en el caso concreto de los fiscales, su “autonomía funcional”.
Ningún derecho o garantía es absoluto, tampoco éste. Los fiscales Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Eduardo Flores Leyes pueden perder sus cargos, si así lo decide un jurado de enjuiciamiento al que serán sometidos. Así lo resolvió el 18 de diciembre pasado el procurador general, Esteban Righi, en un dictamen al que Página/12 tuvo acceso.
Los dos fiscales actúan en la provincia del Chaco, en cuyo poder judicial revistan desde hace más de treinta años. La decisión de Righi los suspende en sus cargos.
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Cifras. El dictamen tiene más de 250 páginas y es un inventario de conductas espeluznantes. Recopila declaraciones de decenas de testigos de cargo, casi todos ellos sobrevivientes de la masacre de Margarita Belén.
Es el fin de un sumario que insumió más de dos años, lapso impuesto por la recolección de la prueba y también por los numerosos planteos de la defensa, que recorrieron desde la pertinencia de la vía elegida para sancionarlos hasta la caducidad de la acusación por el excesivo tiempo que duró el sumario. También hubo nulidades surtidas. Los planteos fueron rechazados y ahora los dos fiscales tendrán su día ante el Tribunal.
Los actos que configuran su “mal desempeño”, en la mayoría de los casos, pueden llegar a constituir delitos graves. Su nómina se detalla en la nota principal (ver aparte). Baste decir a los efectos de esta columna que no son idénticos para los dos acusados pero sí muy similares. Y que incluyen, entre otros: omisión de denunciar delitos gravísimos (homicidios y torturas), omitir prevenir y encubrir actos de tortura, participación directa en actos de tortura y apremios ilegales, no brindar auxilio médico a detenidas embarazadas que fueron torturadas, omitir los recaudos para inscribir nacimiento de niños dados a luz en cautiverio, propinar trato indigno a parientes de detenidos.
El procurador subraya la “inusitada gravedad, cantidad, similitud y trascendencia de los sucesos reprochados a los magistrados” y añade, por si quedaran dudas, que “no se trata de meras irregularidades cometidas en el ejercicio de la función, sino, en la mejor de las interpretaciones, a la luz de los relatos coincidentes de las víctimas y el número considerable de episodios de indudable entidad, de una preocupante metodología que afecta al Ministerio Público como encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en desmedro de su credibilidad frente a la sociedad”.
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Los malos de la película. A muchas personas del común les cuesta comprender o digerir el modo de funcionamiento de la Justicia, en especial el rol de abogados o fiscales. El proceso se estructura en base a la bilateralidad, dos partes que iluminan sus posiciones enfrentadas y que cuentan con asesoramiento letrado para preservar su igualdad. La misión del abogado o el fiscal es iluminar una posición, sustentar un interés. Lo suyo no es la imparcialidad sino el aporte a que una de los dos campanas suene mejor. Pueden (y en buena medida deben) dar lecturas interesadas de los hechos, recortar el relato, elegir las pruebas que más se avienen a su versión. La contraparte debe hacer lo mismo y de ese equilibrio nace la materia prima para la decisión del juez, que es el único que debe ser imparcial y contemplar todos los hechos.
La misión de los fiscales es acusar, lo que los torna especialmente odiosos, por lo general. Aun en Hollywood fueron los malos de la película durante más de medio siglo, dejando a los defensores el rango de héroes que fue encarnado con donaire por Spencer Tracy, Paul Newman, Tom Cruise, John Travolta, entre muchísimos más. Recién en el siglo XXI, en la era Bush, los fiscales prepotentes y topadores se transformaron en “muchachitos” de varias sitcom de moda.
Más allá de imaginarios populares o mediáticos, la función de las partes es consustancial a la Justicia, que necesita de contradicción y sentencia. El fiscal debe ser tenaz, encarnizado y hasta poco atento a los argumentos de los acusados. Claro que acá llega otro punto de difícil digestión para legos: el fiscal debe llevar agua para su molino pero ese cometido tiene límites establecidos por la regla del debido proceso. La ética profesional conjuga el arduo equilibrio de mejorar la posición de la parte que se representa pero limitándose en la elección de los medios. Flores Leyes (cuyos apellidos, parece, se corresponden muy mal con sus desempeños) y Mazzoni están sospechados de haber superado toda regla, incluso los parámetros morales más básicos.
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Tiempo pasado, tiempo presente. A diferencia de la mayoría de los acusados de haber participado en el terrorismo de Estado, los fiscales Mazzoni y Flores Leyes continúan en funciones. Revistan en el Estado desde entonces, una continuidad atípica que impresiona.
El transcurso del tiempo es un argumento socorrido de la derecha argentina, que aduce que es disfuncional “seguir mirando al pasado”, sin percatarse de que ésa es, en sustancia, la función del Poder Judicial. Las defensas de los acusados en este caso (ya se dijo) invocaron el paso de los años para intentar eximirlos de condena: articularon caducidades y prescripciones.
Esos argumentos son contrarios al derecho internacional vigente, inmorales y poco serios en todas las situaciones. Desplegados por quienes siguen ocupando cargos públicos el despropósito se potencia, si tal cosa fuera posible.
Righi lo analiza y fulmina con propiedad, escribiendo textualmente: “el tiempo transcurrido desde que se verificaron los hechos y omisiones reprochados, lejos de atenuar la situación, la agrava, pues precisamente la finalidad del Ministerio Público es la promoción de la justicia y nada hay más opuesto al cumplimiento de ese cometido que la impunidad”. Dicho de otra manera: la perpetuación de la impunidad en crímenes de lesa humanidad no genera derechos.
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Los que van al banquillo. Las sentencias dictadas hasta ahora y el tema que nos ocupa muestran una cierta desproporción en el número de supuestos represores que van al banquillo de los acusados. Los militares de carrera son, relativamente, pocos. Hay también ex policías, un sacerdote católico, médicos, ahora fiscales. La asimetría tal vez se vaya modificando con el avance de los procesos judiciales. Para eso es imprescindible que los tres poderes del Estado se pongan las pilas y estatuyan reglas procesales y normas para acelerar los trámites, preservando las garantías a los acusados, tanto como la protección a víctimas y testigos.
De cualquier modo, la presencia de civiles, funcionarios o sacerdotes refleja la realidad de una dictadura cívico-militar cuyo plan sistemático de exterminio no podía prosperar sin actores que revistaran fuera de los cuarteles.
Que se acuse a hombres de derecho de haber sido partícipes no es novedad pero espanta. Que esas personas –pesando sobre ellos el desprecio de las víctimas y haciéndose los sordos frente a una multitud de testimonios que los sindican como autores de conductas aberrantes– hayan seguido trabajando sin haber dado un paso al costado por remordimiento, por recato o por lo que fuera, es todo un detalle.

AZUCENA
La alcaldía de París estaba llena de argentinos y franceses, muchos de ellos autoridades municipales de la capital francesa, mientras el embajador argentino ante la Unesco, el pianista Miguel Angel Estrella ofrecía un recital. También se presentó un espectáculo de tango y se exhibió el documental El Pozo, sobre un centro clandestino de detención de la dictadura en la provincia de Santa Fe. Muchos de los presentes no podían ocultar su emoción. La ciudad de París rendía así homenaje a Azucena Villaflor, nieta de anarquistas y fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

El país | Sábado, 22 de Diciembre de 2007
LA JUSTICIA REITERA SU POSTURA SOBRE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
“Deben ser cometidos por el Estado”
La Cámara Federal ordenó cerrar un expediente en el que se pedía investigar a la agrupación Montoneros. Señaló que las organizaciones armadas no cometieron delitos de guerra ni de lesa humanidad.

La Justicia volvió a definir lo que significa la figura de crimen de lesa humanidad.
La Justicia ratificó que los crímenes cometidos por organizaciones armadas en la década del ‘70 no son delitos de lesa humanidad y como consecuencia se encuentran prescriptos. La sala I de la Cámara Federal porteña reiteró el criterio sostenido por el procurador Esteban Righi, al pronunciarse sobre una apelación que pretendía reabrir la causa sobre el ataque de Montoneros al comedor de Superintendencia de Seguridad Federal, el 2 de julio de 1976.
Los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah explicaron que la pretensión de incluir acciones armadas de organizaciones político-militares en la categoría de crímenes contra la humanidad implica “confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política –violenta o no–, con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada”.
El ataque al cuartel no fue “un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional” ni tampoco un crimen de lesa humanidad, dijeron. Los crímenes contra la humanidad “son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político” y por ello no puede aquí considerarse el accionar violento de las organizaciones revolucionarias durante los años ’70.
Según figura en el fallo, la figura de lesa humanidad implica que esos delitos sean “cometidos por un agente estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal”.
La reapertura de la causa había sido solicitada por Hugo Biazzo, herido en ese operativo, por medio del abogado y ex juez Norberto Angel Giletta. Ya la habían rechazado tanto el fiscal Jorge Alvarez Berlanda como la jueza federal María Servini de Cubría. Giletta apeló ante la Cámara Federal pero los jueces de la Sala I volvieron a cerrar el caso.
La Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la extradición de un miembro de la ETA española, también había remarcado que sólo pueden considerarse delitos de lesa humanidad los planes sistemáticos desarrollados por un Estado.
La Cámara remarcó que ya en el juicio a las Juntas Militares se estableció que ya en 1975 “las bandas subversivas fueron derrotadas en todas las acciones de envergadura emprendidas y su capacidad operativa había sido drásticamente diskinuida”

El país | Domingo, 23 de Diciembre de 2007
UN PREFECTO SERIA IMPUTADO POR EL HOMICIDIO DEL REPRESOR DE LA ESMA
La jueza cree que a Febres lo asesinaron
Angel Mario Volpi, el prefecto que “custodiaba” al represor envenenado, es el más comprometido en el caso. Los forenses y toxicólogos concluyeron que Febres ingirió el cianuro después de la cena y que muy posiblemente lo engañaron: le dieron una pastilla diciéndole que era un medicamento para alguna de sus enfermedades.

Subnotas
• Más que una cárcel VIP
Por Raúl Kollmann
La jueza Sandra Arroyo decidirá esta semana a quién procesa por la muerte del represor Héctor Febres. Todo indica que para la magistrada el delito es homicidio, o sea que a Febres lo asesinaron envenenándolo con cianuro. Es muy probable que el prefecto Angel Mario Volpi, la última persona que estuvo con Febres y quien, además, tenía llaves de su departamento, sea imputado por el homicidio. Después de las declaraciones de forenses y toxicólogos del viernes pasado, está claro que Febres ingirió el cianuro después de la cena y muy posiblemente lo engañaron: le dieron una pastilla diciéndole que era un medicamento para alguna de sus enfermedades y le suministraron el cianuro por esa vía. Para la jueza Arroyo, el caso es un laberinto, porque eran tan grandes –e increíbles– las irregularidades en el lugar de detención de Febres, que resulta casi imposible saber quién entraba y quién salía del Destacamento Delta de la Prefectura y del “camarote”, como llamaban al departamento de Febres.

Suicidio no“La hipótesis del suicidio está superada. No va”, analizan los investigadores judiciales del caso. Hay varios indicios que llevan a esa conclusión:
- Febres no dejó ninguna carta de despedida ni explicativa. Todos los familiares y los médicos y sacerdotes que tenían relación con él afirman que lo hubiera hecho. Esa habría sido la forma de desincriminar a todos los que lo rodeaban. Pero, además, si quería denunciar a sus superiores durante la dictadura, si quería mantener el silencio por considerarse un supuesto hombre de honor, si consideraba que era víctima de una injusticia, lo habría dejado asentado.
- El miércoles próximo, con presencia de todas las partes, empezará el peritaje informático sobre los archivos de su computadora. El aparato ya encierra un escándalo en sí mismo, porque fue sacado del camarote después de la muerte de Febres. La jueza Arroyo detectó la maniobra y logró secuestrarlo. Habrá que ver si en la computadora, por ejemplo, aparece documentación relativa a la muerte.
- En cartas de Febres de 2003, el prefecto habla de que quiere ponerle un final a su situación, pero al mismo tiempo menciona que no tiene agallas –“no tengo valor”– para el suicidio. Al mismo tiempo, en esas cartas hasta dice que si algo le pasa debe quedar claro que no es un suicidio. El sacerdote que declaró en la causa también descartó la hipótesis del suicidio: mencionó que tenía fuertes convicciones religiosas y no hubiera tomado la decisión de quitarse la vida.

AsesinatoEn la tarde del viernes se hizo circular la versión de que Febres murió de un paro cardíaco y que el cianuro fue puesto después. Esa información fue atribuida a supuestas conclusiones de los peritos.
La realidad es que los forenses y toxicólogos que declararon el viernes dijeron todo lo contrario: está probado que el cianuro fue la causa de la muerte.
- Se encontró cianuro en el estómago y en la sangre. En las paredes del estómago se verificaron lesiones producidas por el cianuro que fueron las que llevaron a Febres a la muerte. Estos estudios se hicieron en presencia de los peritos de parte, incluyendo los designados por la familia Febres a través de su abogado, Martín Orosco.
- En el estómago se encontró tomate y cítricos en un estado de digestión avanzado. No hubiera sido así si el cianuro se consumía al mismo tiempo que la cena. Eso significa que el veneno se ingirió después de la cena.
- Quien lo acompañó esa noche en la última comida y aún después fue el prefecto Angel Volpi, una especie de insólito edecán de Febres, al punto que traía y llevaba a su esposa a la casa y le servía de asistente personal.
- Para la causa judicial, el acceso al “camarote” de Febres es un elemento clave. El represor tenía la llave de su departamento, entraba y salía cuando quería, pero Volpi era el otro que tenía acceso irrestricto. La familia, especialmente su hija Sonia, lo acusa en forma directa de la muerte.
- La idea de forenses y toxicólogos es que el cianuro fue suministrado a Febres o bien diluido en agua o bien con una pastilla que le dijeron que era un medicamento. Al lado de su cama no se encontró un vaso de agua, sino en el living del departamento-celda. Los profesionales afirmaron que el cianuro, ingerido por vía oral, no produce la muerte instantánea. Es posible que haya tomado el vaso de agua, luego ingresó a su “camarote”, se acostó y el cianuro lo mató después de dormirse. Febres solía levantarse a la noche para ir al baño y tomar agua. Tal vez el cianuro estaba diluido en el agua del vaso, pero es imposible saberlo porque la escena fue totalmente alterada. A la jueza le avisaron por teléfono una hora y media después de encontrado el cuerpo, pidió que se fajara el lugar hasta que ella llegara a la escena del crimen y cuando arribó estaba toda la familia, amigos y allegados dentro del departamento-celda.
Lo que ocurrió fue una verdadera provocación. En el libro de visitas (ver aparte) se dejó asentado que ingresó la jueza, su secretaria, el fiscal Alberto Gentili, y una secretaria, pero no figuran la esposa ni los hijos ni varios primos, amigos y camaradas de armas que entraron al Destacamento Delta y al “camarote” de Febres.
La jueza Arroyo tiene hasta el 3 de enero para resolver si mantiene detenidos a Estela Maris Guevara, esposa de Febres, los hijos, Sonia y Ariel, al prefecto mayor Rubén Iglesias, jefe del Destacamento, y al prefecto Volpi, el más directamente relacionado con la custodia de Febres. La magistrada les prometió a las partes que haría el esfuerzo de resolver antes de fin de año, por lo cual ayer estaba trabajando en el juzgado. Según coinciden todos los investigadores, el más comprometido es Volpi. Y el delito, homicidio. La jueza tendrá que evaluar, también sobre la base de las diligencias que se harán esta semana, incluyendo el peritaje de la computadora, si tiene los elementos suficientes como para hacer la imputación y dictar la prisión preventiva.

. El país | Domingo, 23 de Diciembre de 2007

Más que una cárcel VIP
Por Raúl Kollmann
Tres prefectos fueron indagados por la jueza Sandra Arroyo, sospechados de participar de las insólitas irregularidades que se produjeron en el Destacamento Delta de la Prefectura en relación con la detención VIP de Héctor Febres.
- Todo indica que el libro de guardia fue armado en forma fraudulenta para entregarle a la jueza. Tiene registros desde los años 90 y luce nuevo, comprado hace muy pocas semanas.
- Hay testimonios categóricos de que la esposa de Febres se quedaba a dormir todos los sábados a la noche. Nada de eso figura en los registros.
- Hay evidencias contundentes de que habitualmente, una vez por semana, parejas de amigos de los Febres se quedaban hasta las tres o cuatro de la mañana jugando a las cartas. Tampoco está registrado.
- Febres no sólo tenía chofer sino que en la causa se acredita que también contaba con un mozo.
- Como ya se sabe, está probado que tenía dos líneas de teléfono, usaba celular, plasma, DVD y otros privilegios con los que no cuenta ningún preso en la Argentina.
- Como se sabe, el detalle más elocuente es que la muerte de Febres se descubrió once horas y media después de producida porque, según declararon los prefectos en la causa, “no bajó a desayunar”, una frase más propia de un hotel que de una cárcel.
- El descontrol total se extendía también al ingreso de comidas, por lo que a Febres cualquiera le podía suministrar lo que fuera, sin que existiera la menor revisión.
Los prefectos indagados el viernes no están detenidos, pero sí sospechados de participar de las irregularidades. Tuvieron que responder a las preguntas de la jueza Arroyo y del fiscal Alberto Gentili sobre las responsabilidades que cada uno tenía en el registro de entradas y visitas.

El país | Domingo, 23 de Diciembre de 2007

EL INCREIBLE CASO DE MONSEÑOR LAISE, OBISPO DE SAN LUIS, EN LA DICTADURA
El obispo que pidió desaparecer a un cura
En 1976, Laise le pidió al máximo responsable militar de la provincia que se secuestrara a un sacerdote que había dejado los hábitos. Como el coronel se negó, el obispo prohibió a los curas locales que le casaran a la hija. Una historia impune que se mezcla con los casos que se van a juzgar en la provincia.

El obispo Laise, cuando estaba en actividad, y el militar Carlos Plá, cuando estaba prófugo.
Subnotas
• No se reciben familiares de subversivos
Por Diego Martínez
El obispo emérito de San Luis monseñor Juan Rodolfo Laise le encargó en 1976 al máximo responsable militar de la provincia “que hiciera desaparecer a un sacerdote, porque había dejado los hábitos y se iba a casar con una mujer”. Lo declaró ante la Justicia el destinatario del recado, el coronel (R) Miguel Angel Fernández Gez, entonces jefe del Comando de Artillería 141 y del área militar 333. No fue el único que encendió el ventilador. El capitán (R) Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti, contó que en realidad la mataron cuatro miembros de la plana mayor del comando enfrentados con Fernández Gez. Dio sus nombres y admitió que se reunió con ellos en un bar porteño mientras estaba prófugo de la Justicia. Fernández Gez lo ratificó y agregó que los acusados fueron a apretarlo a su casa. La Justicia aún no ordenó sus detenciones. Ambos militares serán juzgados en 2008 junto con tres policías puntanos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
El coronel Fernández Gez, de 81 años, goza de arresto domiciliario. No aceptó ser entrevistado pero a pedido de Página/12 recordó ante su abogado Carlos Daniel Mercado el diálogo con Laise:
–¿Pero qué me pide, padre? ¿Se volvió loco? –reaccionó ante el recado de “hacer desaparecer” al cura descarriado.
–Entonces no tenemos más nada que hablar –concluyó Laise.
“Me negué rotundamente porque no soy un genocida. Ni siquiera permití que me dijera el nombre del sacerdote”, declaró ante la Justicia.
Como represalia por la negativa, Laise prohibió a los curas de la diócesis casar a la hija del militar. La ceremonia se realizó en la iglesia de Santo Domingo, frente a la gobernación, pero con un cura que viajó especialmente desde Río Cuarto a pedido de la esposa del coronel.
Laise fue obispo de San Luis durante 30 años, hasta 2001. Si el juez federal Juan Esteban Maqueda decide citarlo debe dirigirse al santuario Nuestra Señora de las Gracias, en Viale Padre Pío 71013, San Gionvanni Rodondo, en Foggia, Italia. Pese a sus 81 años cumplidos, el obispo no se deja amedrentar por la tecnología: su correo electrónico es juanrodolfo@ya hoo.com.ar, aunque nunca respondió la consulta de este cronista.

Hablar o no hablar
Graciela Fiochetti fue secuestrada junto con Víctor Fernández en la madrugada del 21 de septiembre de 1976. Después de las torturas, Fernández fue liberado. Cuando la familia Fiochetti se presentó ante el capitán Plá e invocó saber que la joven estaba en su poder, el entonces subjefe de policía de San Luis ordenó volver a detener al Gringo Fernández. Lo torturaron durante 28 días.
Diez años después, el ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente Velázquez volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto con otro secuestrado a un descampado en Salinas del Bebedero. Plá los obligó a arrodillarse. “¿Van a hablar o no van a hablar?”, gritó. Ante el silencio, disparó a la nuca de Graciela. “No miré más”, confesó Velázquez.
Plá fue detenido en San Isidro el 26 de septiembre, después de dos años prófugo. Cercado por las pruebas y aunque nadie le apuntaba a la nuca, no dudó en hablar. Dijo que el asesinato fue ordenado por el teniente coronel Juan Carlos Moreno, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA) 141, y ejecutado por el teniente primero de inteligencia Horacio Angel Dana. Agregó que cuando la Justicia lo citó en 1985, el propio Dana, durante un acto militar, lamentó “el garrón que se está comiendo” y le confesó que matar a Fiochetti había sido una decisión de la plana mayor del GADA para comprometer a Fernández Gez, con quien estaban enfrentados. Incluyó entre los asesinos a los entonces tenientes coroneles Guillermo Daract, subcomandante y subjefe de área, Jerácimo Dante Quiroga, jefe de operaciones, y Raúl Benjamín López, jefe de inteligencia.
Mientras duró la impunidad, el capitán Plá olvidó el caso Fiochetti. Cuando la causa se reabrió –siempre según su relato– fue a visitar a Moreno, presidente de la Mutual de Socorros Mutuos de las Fuerzas Armadas. Días después, ya prófugo, se reunieron en un bar de Barrio Norte con Daract y Quiroga. Volvieron a verse en el estudio del abogado Mercado.
–Ustedes saben que no tengo nada que ver, busquen la forma de desvincularme –dice Plá que les solicitó.
–Chico (sic), quédate tranquilo, vamos a enfrentar las responsabilidades –asegura que respondió Moreno.
El diálogo fue en 2006. Plá aún espera, ahora entre rejas.

La visita
Fernández Gez declaró en San Luis el 3 de octubre de 2006. No bien volvió a su prisión domiciliaria en la calle Agüero recibió una visita atípica: los coroneles Moreno, Daract y Quiroga. Recién un año después, cuando Plá cayó en desgracia –ambos imputados son patrocinados por Mercado–, el coronel aportó a la causa un acta de lo conversado aquella tarde, incluidos detalles del fusilamiento.
A Salinas del Bebedero fueron sus tres visitantes más el teniente primero Horacio Dana y “otros oficiales del GADA”. Fue de madrugada, en vehículos no identificables. Cavaron fosas para enterrar a Fiochetti y a un varón, que sería Sandro Santana Alcaraz. “Moreno dirigió el fusilamiento, en el que todos dispararon sus armas. Daract y Quiroga erraron sus disparos, pero Moreno rozó el rostro de Fiochetti y fue Dana quien le dio el tiro de gracia”, escribió.
Según Fernández Gez la visita no terminó bien. “Me exigieron que asumiera mi responsabilidad por haber sido el comandante”, dijo. Les respondió que fueron hechos ilícitos que él no conocía, de los que no participó, que no autorizó ni consintió. Poco después Daract volvió a insistirle, pero el coronel se mantuvo firme.
La semana pasada el juez federal Juan Esteban Maqueda clausuró la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio oral y público. Además de Plá y Fernández Gez serán juzgados los ex comisarios Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco, jefe, subjefe y encargado respectivamente de la división investigaciones de la policía provincial. Excepto Fernández Gez, los otros están presos en la cárcel de San Luis. Deberán rendir cuentas por cuatro secuestros y torturas, las desapariciones forzadas de Pedro Valentín Ledesma, Sandro Santana Alcaraz, y el homicidio de Fiochetti. Moreno, Daract, Quiroga, López y Dana aún no fueron citados a declarar. Tampoco monseñor Laise.

No se reciben familiares de subversivos
Por Diego Martínez
Cuando los familiares de detenidos-desaparecidos de San Luis comenzaron a golpear puertas, el obispo Juan Rodolfo Laise colgó un cartel en la suya: “No se reciben familiares de subversivos”. Uno de los pocos que logró traspasarla logró ver detrás de una cortina un voluminoso archivo con informes sobre presos políticos. “El obispado recibía las cartas de los presos y evaluaba si podían llegar o no a la familia. Ante el más mínimo contenido político las guardaba y ordenaba a los carceleros llamar al orden al preso”, recuerda la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, Lilian Videla. Para entonces ya eran habituales sus visitas al comandante del Cuerpo III, general Luciano Benjamín Menéndez, dueño de la vida y de la muerte del norte argentino.
El capuchino Laise fue nombrado obispo de San Luis en 1971 en reemplazo de Carlos María Caferatta, quien había moldeado la diócesis inspirado en el Concilio Vaticano II. Apegado a la tradición integrista, Laise imprimió un brusco cambio de rumbo, se deshizo de los sacerdotes cercanos al obispo saliente y militarizó varios edificios de la Iglesia.
También se lo recuerda en la Universidad Nacional de San Luis, tanto por sus clases de adoctrinamiento, de las que excluía a ateos o creyentes no católicos, como por exigirle al interventor militar ampliar la lista negra de expulsados, según investigó el periodista puntano Gustavo Heredia.
En 1980 Laise exigió públicamente censurar dos programas de entretenimientos en televisión porque desprestigiaban “la figura del sacerdote y de las religiosas”. Los consideraba viles medios de “difamación y calumnia abiertamente subversivos” que “no contribuyen al Proceso de Reorganización Nacional”, publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro Doble Juego.
Aún después del desastre de Malvinas, cuando la dictadura se desintegraba y renacía la posibilidad de volver a votar, el obispo machacaba desde el pasquín Cabildo que “la autoridad y los derechos del poder vienen de Dios y no del pueblo o consenso de las mayorías”.
Con el retorno de la democracia no tardó en amoldarse a los hábitos de los Rodríguez Saá. En 1993 indultó “al Adolfo” por su infidelidad con la “Turca” Sesín, pero tuvo que hacerlo en una parroquia periférica porque las señoras de Acción Católica le prohibieron dar la misa del perdón en la Catedral. Los contribuyentes puntanos pagaron caro aquel servicio. Su última aparición trascendente, documentó Heredia, fue en 2004, cuando dos fotos del ex obispo se publicaron en el sitio web de una agrupación neonazi española.