miércoles, 18 de julio de 2007

JUCIOS A LOS GENOCIDAS INFORMACION FOTOS Y VIDEO

ULTIMAS NOVEDESAS DE LA CAUSA ESMA
Los jueces de la Cámara Federal porteña resolvieron que más de treinta represores responsables de secuestros y torturas de personas que fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) no deben recuperar su libertad porque “siguen contando con vínculos en círculos de poder que les permiten tener, aún hoy, medios concretos para perpetrar su impunidad, ya sea sustrayéndose del accionar de la Justicia o entorpeciendo la investigación”. De esta forma, los magistrados le contestaron a la Cámara de Casación Penal, que había señalado que no correspondía extender las prisiones preventivas de los acusados por crímenes de lesa humanidad sólo por la gravedad de los hechos que se les imputan.

Esta consideración fue realizada en un fallo de más de 300 páginas con el que se confirmaron los procesamientos de los represores presos en la causa ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Pernías, Raúl Scheller y Héctor Febres. Ellos y otros veinte miembros del grupo de tareas de la ESMA están acusados de imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos seguidos de muerte. Los hechos investigados en esta causa abarcan a más de 400 víctimas.

Los jueces de la Sala II de la Cámara señalaron que estos imputados brindaron la colaboración necesaria en el sometimiento a las torturas y que éstas se prolongaron en las condiciones inhumanas de alojamiento y en la constante sensación de temor que se les infligía a los secuestrados.

En la misma resolución, los camaristas ratificaron también los procesamientos de ocho marinos que tuvieron funciones jerárquicas en la Armada (Oscar Antonio Montes, Antonio Vañek y Julio Torti, entre otros), quienes –señalaron– fueron responsables de que “el Arma a la que representaban obtuviera su cometido”. En este sentido, consideraron que “uno de los objetivos de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder político el 24 de marzo de 1976 fue imponer el terror generalizado a través de la tortura masiva y la eliminación física o desaparición forzada de miles de personas que se opusieran a las doctrinas emanadas de la cúpula militar”.

Los jueces Eduardo Luraschi y Martín Irurzun –Horacio Cattani está excusado, ya que intervino en la investigación que se realizó por estos mismos hechos antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– dedicaron parte del escrito a fundamentar por qué los represores no debían salir en libertad. Esto se debe a que la Cámara de Casación estimó que no era suficiente fundamento para mantenerlos en prisión hasta el juicio oral el hecho de que habían cometidos crímenes de lesa humanidad.

Los magistrados, entonces, se explayaron en las circunstancias que hacen suponer que, una vez en la calle, los acusados buscarían paralizar el expediente. Y, de acuerdo con lo que se desprende del escrito, los represores buscan poner trabas a la Justicia aun desde los distintos lugares de detención en los que están alojados. Esta semana el Ministerio de Defensa ordenó el traslado de 17 imputados en este expediente que estaban en unidades de la Armada a una cárcel militar de Campo de Mayo.

“Las marchas y contramarchas que tuvo la causa son una consecuencia concreta y directa de distintas conductas que llevaron a cabo los imputados para entorpecer la posibilidad de ser enjuiciados”, señalaron los jueces. Esto comenzó –dijeron– en la concepción y ejecución de los hechos y continuó luego de la asunción de las autoridades constitucionales.

La destrucción de documentación, la ley de Autoamnistía, la parálisis del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, los alzamientos carapintadas, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la falta de colaboración en las causas por la Verdad, la condición de desaparecidas que mantienen hasta hoy la mayoría de las víctimas y la situación de clandestinidad en que se cometieron los crímenes son algunos de los ejemplos mencionados por Luraschi e Irurzun. “Este riesgo resulta actual, concreto e inminente”, dijeron. Y remarcaron que los acusados siguen contando con relaciones en “círculos de poder” que podrían perpetuar el sistema que previeron para garantizar su impunidad.

Otra observación que hicieron los camaristas fue la necesidad de elevar a juicio los casos más avanzados en su investigación. Entre los más de 400 hechos analizados para confirmar el fallo del juez Sergio Torres se examinaron los secuestros de mujeres embarazadas, niños nacidos en cautiverio y las detenciones ilegales de Norma Arrostito, Inés Olleros, Graciela Daleo, Andrés Castillo, Jaime Dri, Elena Alfonsín de Cabadié, Miriam Lewin y Héctor Hidalgo Solá.






CAUSA FECED -ROSARIO
El militante Enzo Tossi, secuestrado durante la última dictadura militar, se presentó el viernes como querellante en la denominada “causa Feced” que investiga el accionar represivo por esos años en la ciudad de Rosario y sus alrededores

(Red Eco) Santa Fé- Tossi fue secuestrado el 13 de noviembre de 1976 por una patota comandada por el interventor en la Policía rosarina Agustín Feced. Estuvo cinco años en cautiverio y pasó por los centros clandestinos de detención El Pozo, Coronda, Caseros y La Plata.
“Yo soy militante del Partido Comunista y me decidí a ser querellante porque no es que haya un tiempo ideal o mejores condiciones; si esperamos el tiempo ideal van a morir de muerte natural los represores. Lo de Jorge Julio López indica que no hay tiempo ideal independientemente de las características de este gobierno”, señala quien fuera secretario general del Sindicato de Obreros Mosaístas.
A pocos meses del golpe de Estado, en marzo de 1976, Tossi fue detenido por una patota de civil junto a otros tres militantes de la misma organización política. A él lo llevaron en el baúl de un auto y a los compañeros en otro coche. Un quinto se alcanzó a escapar porque cuando lo fueron a buscar estaba en un velatorio y no pudieron encontrarlo.
“La patota, según datos que después recopilamos, era de la División Robos y Hurtos de la Policía. Estuve secuestrado un par de meses en El Pozo, acá en jefatura, en el Servicio de Informaciones, y después fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional y transité las cárceles de Coronda, Caseros y La Plata desde donde salí a fines del 81”, relata Tossi.
Leticia Faccendini, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, explica que la presentación del viernes en el Juzgado Nº 4 a cargo de Germán Sutter Schneider, inicia un proceso en el cual Tossi deberá presentarse a declarar y si el juzgado considerada que hay suficiente cantidad de elementos, se lo aceptará como querellante en la causa.
“Nosotros tomamos esto como un momento más de militancia. La lucha jurídica por el juicio y castigo si queda solamente en un tribunal va a tener una condena, pero queremos ir más allá, porque nos parece mejor que de esto se hable en las casas, en la calle, que se debata en las escuelas y que generemos o retomemos una conciencia social que hoy está olvidada en gran parte de la sociedad”, subraya Faccendini.
Por su parte Tossi afirmó que la dictadura que lo detuvo “fue abonada anteriormente por la Triple A, que hizo la experiencia y allanó el camino para que después viniera el golpe militar. En este baño de sangre el Partido Comunista sufrió un golpe muy duro. Los números nuestros indican que tenemos 500 compañeros secuestrados, más de 150 detenidos desaparecidos, casi 40 asesinados, 2.500 presos políticos y más de cinco mil militantes sindicales cesantes. La idea es poner un mojón y sumarnos para que todo esto no caiga en el olvido”,finalizó.
Fuente: Diario El Ciudadano, Rosario



REPRESORES PROFUGAS EN LA CAUSA DE LA “QUINTA DE FUNES”
HUGO CARDOZO

CARLOS ALBERTO TORRES

CARLOS ISAAC

HECTOR GERTRUDIS.



PROFUGOS EN FECED:



1) Carlos Ulpiano Altamirano “Caramelo o Lucho”

2) César Luis Peralta “Pirincha”

3) Nilda Folch

4) José Baravalle

5) Carlos Alberto Brunatto

6) Graciela Porta

7)Moore Bassini Carlos Norberto


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El Tribunal Supremo ha decidido hoy que la Audiencia Nacional es competente para juzgar al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, por lo que podrá ser juzgado en España por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina (1976-83).

La Sala de lo Penal del TS, en una sentencia notificada hoy, estima los recursos interpuestos por el fiscal y las acusaciones contra una decisión de la Audiencia Nacional de diciembre de 2006, en la que decía que no se podía juzgar a Cavallo conocido como Serpico, porque había que dar prioridad a la Justicia argentina, que le está investigando. Los abogados de Cavallo presentaron entonces un escrito de cesión de jurisdicción y la Audiencia resolvió dejar el caso en manos de la justicia argentina.
Sin embargo, la Fiscalía recurrió porque entiende que la Justicia argentina no está investigando a Cavallo por los mismos hechos y delitos por los que le procesó el juez Baltasar Garzón, además de considerar que la causa abierta al ex militar en Argentina está mucho menos avanzada que en España. Lo mismo hicieron las numerosas acusaciones personadas en la causa.
La sentencia del Supremo afirma que aquella decisión de la Audiencia "en realidad venía a disponer materialmente la extradición de un acusado cuyo enjuiciamiento se había acordado ya, con anterioridad, que correspondía a los tribunales españoles".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó a Cavallo por genocidio, terrorismo y torturas en un sumario contra los militares de la dictadura argentina, después de que fuera entregado a España por México en junio de 2003. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía para Cavallo entre 13.000 y 17.000 años de cárcel.

CELS
Causas
Este blog informa sobre las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas militares, de seguridad y civiles durante la última dictadura militar en todo el país. La selección de causas que presentamos remite a aquellas en las que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) es parte.

Según la información con la que cuenta el CELS, en el país tenemos registradas un total de 180 causas en movimiento. Actualmente, alrededor de 829 personas están imputadas en procesos penales vinculados al terrorismo de Estado. De ellas, están procesadas 320 y 41 prófugas, respecto de 46 se ha dictado la falta de mérito, 111 personas imputadas han fallecido, 5 han sido declarados incapaces para estar sometidos a juicio y 5 han sido condenados.

En el blog podrá leerse tanto información básica y documental respecto de los casos que lleguen a juicio, como la cobertura de las audiencias en aquellos en los que se esté realizando el debate.

Batallón 601
Centro clandestino ESMA
Primer Cuerpo
Plan Cóndor
Causas en el interior


En esta causa se investiga la desaparición de una veintena de militantes de la organización Montoneros, que reingresaron al país desde el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva" en 1980. La causa penal está principalmente dirigida a investigar la actuación de los órganos de inteligencia de las fuerzas armadas, en especial la actuación del Batallón de Inteligencia 601.

Fue en el marco de esta causa que el juez federal Claudio Bonadio declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y transformó en prisión preventiva la detención de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad.

Desde el 10 de julio se está llevando adelante el juicio por la desaparición de seis de los militantes Montoneros que ingresaron al país entre 1979 y 1980. Ellos son: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.
Causa Batallón 601


La megacausa conocida bajo el nombre de "ESMA" (nº 14.217/03) corresponde a los hechos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Como involucra a más de 5000 víctimas y por lo menos 100 represores, requeriría ser juzgada en un único juicio, pues la ESMA es uno de los centros clandestinos en los que se evidencia con mayor claridad el plan de exterminio y la perversidad con la que actuaron los responsables. Pese a ello, de todos los casos que se investigan en esta causa, hasta el momento sólo se han elevado a juicio cinco hechos que habrían sido cometidos por el prefecto Héctor Febres alias "Selva", y actualmente se espera la designación de la fecha para el inicio del debate que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N’ 5.

Actualmente existen 117 implicados en esta causa que está a cargo del juez federal Sergio Torres. De éstos, 40 se encuentran detenidos con prisión preventiva, la mayoría de ellos en establecimientos militares. En esta causa, el CELS es querellante y patrocina a las familias de Mónica Mignone, María Marta Vasquez Ocampo, Edith, Abraham, Betina y Sergio Tarnopolsky, Fernando Brodsky, Pablo Lepíscopo, Alcira Hidalgo, Ariel Ferrari, María Mercedes Bogliolo, Gustavo Alberto Grigera, Ernesto Berner y a las sobrevivientes Marta Alvarez y Graciela García.
Centro Clandestino ESMA
Robo de bienes
Rodolfo Walsh
Jeringa Barrionuevo


La megacausa conocida bajo el nombre de "Primer Cuerpo" (Nº 14.216/03) corresponde a los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de detención en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército que abarca la Capital Federal y provincias de La Pampa y de Buenos Aires, a excepción del circuito de la policía bonaerense.

Actualmente existen casi 70 implicados en la causa, que está a cargo del juez Daniel Rafecas. En esta causa ya han sido elevados a juicio algunos casos. En primer término aquellos por los que se acusa a los represores Héctor Gamen, Pedro Alberto Duran Saenz, Alberto Pedro Barda, Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes por algunos hechos. Por su parte, también se elevaron a juicio aquellos casos por los que se responsabiliza a Jorge Olivera Rovere quien se desempeñó como Segundo Comandante del Primer Cuerpo del Ejército y, como consecuencia de ello, como Jefe de la Subzona Capital Federal, desde el 6 de febrero de 1976 hasta el 30 de diciembre del mismo año. Ambas causas están a la espera de designación de fecha para el debate que estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5.

Entre los imputados en esta megacausa, casi 40 se encuentran procesados, más del 50% cumpliendo además prisión preventiva en su mayoría en cárceles comunes.

El CELS, que actúa como querellante en la causa, también patrocina a las familias de Alejandra y Carmen Lapacó, Graciela Mellibovsky, Alicia Raquel D'Ambra, Lucía Cullen, Roberto Cristina, Abel H. Mateu Gallardo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, María Teresa Trotta y Roberto Castelli, Irene I.Bellocchio y Rolando V. Pisoni, Ricardo Alejandro Aragón Tobar, Laura Feldman, Norberto Berner, Marío A. Lemos, Tomás Quinteros, Juan Patricio Maroni, Roberto Carri y Ana María Carusso, Virginia Isabel Cazalas, Carlos Alberto Giglio y Eduardo J. Cazalas.
Masacre de Fátima
Centro Clandestino Automotores Orletti
Mercedes Benz
Poblete Hlaczik
Ramírez


Es la causa en la que se investiga el llamado Plan Cóndor (nº 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El 3 de septiembre de 2004 el juez Jorge Urso procesó a 18 ex militares, entre ellos Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Héctor Flores, Carlos Tragant y Eduardo De Lío. En esta misma causa ya se encontraba procesado Jorge Rafael Videla. La causa estaría próxima a ser elevada a juicio.

El CELS patrocina a los familiares de Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia,Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.
Plan Cóndor


El CELS participa en algunas causas por hechos ocurridos en otras provincias. Así, el CELS apoyó y acompañó la presentación de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad efectuada por la representante del SERPAJ Córdoba. En esta causa se investiga lo ocurrido bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército. La investigación está a cargo de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano.

Asimismo, interviene como querellante en la causa en la que se investiga la Masacre de Margarita Belén. Este hecho consistió en el fusilamiento de un grupo de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, Chaco, por personal que respondía operativamente a la VII Brigada de Infantería, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución fueron brutalmente torturados. Actualmente se encuentran procesados con prisión preventiva 10 personas y otra se encuentra prófuga. Los militares detenidos integran un listado de más de 30 personas denunciadas por el CELS "entre civiles e integrantes de las fuerzas militares y de seguridad" como responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y desaparición forzada de personas; homicidio y torturas. La causa tramita en el juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Rubén Skidelsky. El CELS interviene en esta causa como querellante.

Por otra parte, desde el 2005, el CELS patrocina a las familias de Humberto Toschi, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela Lesgart y Miguel Ángel Pólit; víctimas de la masacre de Trelew. Este hecho ocurrió en la ciudad de Trelew el 22 de agosto de 1972. Ese día las autoridades políticas del gobierno de facto ordenaron la ejecución de los prisioneros y asesinaron a 16 de ellos. La causa tramita en el juzgado Federal de la ciudad de Rawson a cargo del Juez Federal Hugo Sastre.
Masacre de Trelew
Masacre de Margarita Belén
Tercer cuerpo de Córdoba
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