CUATRO PROYECTOS DEL GOBIERNO ORIGINADOS EN RESOLUCIONES DE LA CIDH
Un agenda de derechos humanos
Los debatirá Diputados el miércoles. Son el que habilita a los organismos a querellar en causas por delitos de lesa humanidad, el del Banco de Datos Genéticos, el que fija nuevos procedimientos para la extracción de ADN y el de eliminación de las calumnias e injurias.

Por Miguel Jorquera
La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados estará centrada en el debate de cuatro proyectos vinculados a resoluciones judiciales internacionales sobre derechos humanos que el Gobierno envió al Congreso. La lista incluye el pase a la órbita nacional del Banco de Datos Genéticos, las reformas al Código Penal que habilitarán a los organismos de derechos humanos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante la última dictadura; además de adecuar a los “estándares internacionales” el delito de calumnias e injurias para garantizar la libertad de expresión. Las iniciativas son parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino y refrendadas en una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los proyectos fueron anunciados por Cristina Fernández de Kirchner el 11 de septiembre, en un acto realizado en la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) para homenajear a los integrantes de la comisión de la CIDH que llegó a Buenos Aires en 1979 –en plena dictadura– para recabar información sobre violaciones a los derechos humanos, que luego fue utilizada en los juicios y condenas a las juntas militares. Ese mismo día, la Presidenta firmó “una solución amistosa” con la CIDH para resolver los reclamos planteados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y envió los proyectos al Congreso.
Después de su paso por las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal, los proyectos de ley llegarán al recinto de la Cámara baja este miércoles para buscar su media sanción.
Análisis de ADN: La iniciativa apunta, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema, a garantizar la obtención de muestras genéticas para establecer la verdadera identidad de una persona que podría haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura. La Corte señaló que, si la presunta víctima no estuviera dispuesta a someterse a una extracción de sangre, se dispondrá el secuestro de objetos que contengan restos de ADN. La reforma al Código Penal habilitará a los jueces a llevar adelante este procedimiento –que admite extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas– con una serie de recaudos puntuales para evitar la revictimización de la persona, cuya verdadera identidad se busca esclarecer.
Organismos como querellantes: Este proyecto apunta a que la mora de la Justicia no termine convalidando la caducidad de las causas, dado que a más de 30 años de cometidos los delitos muchos de los familiares directos de las víctimas, que impulsaron los procesos judiciales como particulares damnificados, ya no están en condiciones físicas de continuarlos. Por eso, la iniciativa establece que las asociaciones o fundaciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, registradas legalmente, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad.
Banco Nacional de Datos Genéticos: Actualmente, el Banco de Datos Genéticos –creado por ley en mayo del ’87 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo y que dio certeza científica al encuentro de 95 chicos secuestrados y apropiados durante la dictadura– funciona en el Hospital Durand, bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto le da al banco carácter nacional que pasará a funcionar como organismo descentralizado dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Su director y el resto de los profesionales que lo integren serán los peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas durante la dictadura. Por eso, los organismos de derechos humanos, que podrán ser querellantes en las causas judiciales, no conformarán su consejo consultivo.
Calumnias e injurias: El proyecto da respuesta al fallo de la Corte Interamericana –fijado un año y medio atrás– contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante la dictadura y volcado en su libro La masacre de San Patricio. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión.
La iniciativa modifica varios artículos del Código Penal “para adecuar la legislación a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión”. Las modificaciones establecen que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco configurará delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
Todos los proyectos tienen el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, salvo el relacionado con la obtención de ADN: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, calificó esa iniciativa, avalada por la CIDH y en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como “fascismo puro” y la relacionó con “una revancha personal” del Gobierno contra Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín que afronta una causa judicial por la identidad de su dos hijos adoptivos. Habrá que ver si el resto de los bloques opositores adhieren a su interpretación.
//Son los ejecutores de las pinchaduras al familiar de la AMIA Sergio Burstein y al empresario Carlos Avila. El magistrado buscará avanzar luego sobre los que ordenaron las escuchas y allí se verá comprometido el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “El Fino” Palacios.

Por Irina Hausery Raúl Kollmann
El juez federal Norberto Oyarbide decidirá mañana el procesamiento, con prisión preventiva, de Ciro Gerardo James, protagonista de las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, integrante de Familiares de las Víctimas de la AMIA, y al empresario televisivo Carlos Avila. Tres policías misioneros de alto rango, que participaron de la maniobra, también serán procesados, pero se dice que sin prisión preventiva. Los delitos tendrán que ver con la violación de la Ley de Inteligencia, falsedad ideológica –armar una causa falsa– e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos ellos fueron ejecutores de la operación de pinchado de teléfonos, pero hay dos terrenos en los que Oyarbide debe avanzar todavía. En primer lugar, en quiénes fueron los que ordenaron el espionaje ilegal, un terreno en el que las pruebas apuntan –por lo menos en un primer escalón– contra Jorge “El Fino” Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana. Y también estarán en la mira los dos jueces de Misiones que le ordenaron a la SIDE las pinchaduras. Los magistrados se negaron a entregar copias de las transcripciones y uno de ellos terminó el viernes huyendo por una ventana de su juzgado. Todo indica que no podrán justificar la maniobra de espionaje que pusieron en marcha.
Los delitos que se les imputarán a James y a los policías misioneros no tienen penas altas. Consisten esencialmente en realizar escuchas ilegales y fundamentar esas escuchas armando causas descabelladas. Como se sabe, a Burstein lo involucraron con un prófugo de una causa por homicidio en Misiones, siendo que no pisa esa provincia desde hace 20 años. Lo de Avila es aún más grotesco; cambiaron cinco veces de causa judicial y entonces ocurrió que primero le pincharon el teléfono por el robo a un banco, después por piratería del asfalto y luego por homicidio. La maniobra empezó en 2007 y continuó hasta hace diez días. El punto en común de toda esa actividad de espionaje ilegal es que las cintas con las escuchas fueron siempre retiradas de la SIDE por la misma persona: Ciro James.
En principio, Oyarbide tiene la intención de procesar a James con prisión preventiva, aplicándole el artículo 319 del Código Penal, especialmente en lo que se refiere al peligro de que un imputado –en libertad– pueda operar para alterar la investigación. El juez considera que James, si sale de la cárcel, va a borrar pruebas, o sea entorpecer la acción de la Justicia, como dice el artículo correspondiente. A los tres policías de Misiones –un alto jefe, Rubén Quintana, el jefe de Homicidios, Raúl Rojas, y un oficial de Inteligencia, Diego Guarda– se les otorgaría la excarcelación, pero seguirán imputados en la causa.
El juez tiene que sortear varios obstáculos para apuntar a quienes dieron la orden de realizar las escuchas ilegales. Por ejemplo, Ciro James dice que él no tuvo nada que ver con el espionaje, que sólo colaboraba con los policías misioneros, a los que conocía. Su único papel –afirma– fue retirar las cintas de la SIDE y lo hizo sólo a manera de gauchada para los misioneros. El juez, desde ya, no le cree. Los policías de Posadas, por su parte, sostienen que el que aportó los datos contra Burstein y Avila fue James y que ellos sólo les transmitieron esas pistas a los jueces José Luis Rey y Horacio Gallardo. Tampoco suena creíble: las pistas sobre homicidios y robos con alguna vinculación con Burstein y Avila son tan desopilantes, que nadie podía creerlas y menos pedir una escucha telefónica. Esta última lógica deja en situación sospechosa también a los magistrados de Posadas.
Para redondear el cuadro de sospecha contra los jueces, el viernes se produjeron dos hechos significativos. Es usual que un juez le pida a otro copia de partes de su expediente, aunque tiene que fundamentar por qué lo necesita. Es lo que hizo Oyarbide al solicitar copias de las escuchas telefónicas y de las causas judiciales que sirvieron de base para el espionaje. A los funcionarios que fueron de su parte a los juzgados de Misiones los hicieron esperar y esperar. Finalmente, a última hora del viernes, el magistrado José Luis Rey y su secretaria huyeron –según le informaron a Oyarbide– por una ventana. Dejaron un escrito el que se oponían a la entrega de las copias. Por su parte, Gallardo también se negó a entregar duplicados de las transcripciones de las escuchas. Estas dilaciones refuerzan una duda que sobrevuela ambos expedientes: a los jueces de Posadas no les importaba el contenido de los diálogos telefónicos de Burstein y Avila, porque ya sabían que no tienen vinculación con ningún delito. Y Ciro James retiraba las escuchas en Buenos Aires, del edificio de la SIDE ubicado en la Avenida de los Incas. De manera que es muy posible que nunca llegaran las transcripciones a Misiones. Eso hace que –tal vez– no estén en el expediente. En cualquier caso, todo demostrará lo burdo de la maniobra.
Palacios llamó ayer al diario La Nación para exculparse del escándalo. Su versión no tiene asidero. Insiste en que a Burstein lo escuchaban realmente por el caso del homicidio en Misiones y, en todo caso, sugiere que la maniobra proviene de la Policía Federal. El problema es que él mismo admite que recomendó a James para la Metropolitana (ver aparte). Al mismo tiempo, sucede que justito le pincharon el teléfono a Burstein cuando estaba en pleno conflicto con Palacios, ya que se oponía a que encabezase la policía porteña porque estaba involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Por otra parte, Palacios afirma que no se intercambiaron tantos llamados como se dice con James. “Fueron sólo clicks de Nextel, no llamados”, afirmó el ex jefe de Investigaciones de la Federal. En el juzgado afirman lo contrario: que se trató de 150 llamadas entre Palacios y James, cada una con ocho o diez clicks de Nextel.
Es seguro que todas estas explicaciones las tendrá que dar Palacios mismo ante el juez Oyarbide. Una vez procesados los protagonistas del espionaje –Ciro James y los policías misioneros–, el expediente irá hacia arriba. Y toda la impresión es que, en ese terreno, Palacios será llamado a indagatoria y tendrá que responder como acusado.
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DIRIGENTES DE DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES
“Ningún partido hizo lo que hacemos nosotros”
La referente de la Túpac Amaru, Milagro Sala, detalló el trabajo de ese movimiento. Advirtió que Gerardo Morales y todos los otros que la acusan deberán probar lo que dicen.


Por Laura Vales
“En la Túpac Amaru tenemos más de tres mil viviendas; tenemos cinco fábricas, fábricas metalúrgicas, textiles, de bloques; tenemos trece polideportivos con pileta de natación. Imaginá que acá, en Jujuy, había solamente dos piletas, y a esas dos podían entrar la clase media y clase alta, los pobres no. Nosotros hemos construido todo eso, y lo hicimos en menos de cinco años. Estamos dándoles de comer a 50 mil niños en toda la provincia, con centros comunitarios y copas de leche. En Jujuy la mayoría de los partidos políticos manejan sus ONG y fundaciones ‘para ayudar a los que menos tienen’. Ellos han recibido vagones de plata, ¿y qué hicieron con esa plata?... un montón de testaferros”, dice Milagro Sala. Lo dice sintiéndose todavía en el ojo de huracán. Esta semana, Gerardo Morales la acusó de comandar un grupo “financiado por el Gobierno, que usa armas y está vinculado con la droga.” El Senado aprobó un pedido de informes para determinar si los integrantes de su movimiento social “tienen permiso para portar armas”. Y encaramado a esa ola, hubo un diario que llegó a presentarla con el título “Fue adicta y ladrona”.
–¿Por qué cree que Morales la acusó de tener gente armada?
–Morales ha llegado a un lugar de histeria, no ha parado de inventar: que tenemos 500 armas, que estamos con el narcotráfico, que se nombraron 600 policías por recomendación mía..., ha convertido a Jujuy en un lugar peor que Colombia.
–¿Para qué?
–Porque lo ayuda a posicionarse, porque él se afianza como presidente de la Unión Cívica Radical, afianza su relación con (Elisa) Carrió y también se muestra como el único que les para la mano a los movimientos sociales. Para nosotros es una crisis, pero a él le viene bien, le sirve.
–No sólo Carrió, sino otros senadores y algunos editorialistas, como Joaquín Morales Solá, aseguraron que su organización tiene armas.
–Es que lamentablemente ellos arman un equipo, es como un equipo de fútbol, se juntan y dicen “a éste le toca”. Clarín y La Nación estuvieron conmigo el jueves casi todo el día. Visitaron las obras que estamos haciendo y ahora salen a decir que los compañeros que los acompañaron a conocerlas son mafiosos y guerrilleros. Los compañeros que los llevaron a conocer son presidentes de cooperativas, encargados de obra, encargados de las fábricas nuestras, que les mostraron cada lugar y les contaron cómo trabajamos... y ahora vemos la publicidad de las notas que nos muestran como mafiosos.
–¿Por qué accedieron a hacer las notas?
–Porque pensé que, si veían lo que estamos haciendo, iban a cambiar de opinión... y ahora estoy enojada conmigo misma. Ellos meten en la interna entre el Gobierno y la oposición a un perejil, porque la Túpac es un perejil para ellos, somos nadie. Pero van a tener que comprobar ante la Justicia que tenemos 500 armas y todo lo demás. Creen que pueden decir cualquier cosa: es Gerardo Morales, tiene fueros, no es negro, no es colla... Fue muy rápida, además, esta operación. El habla de que le tiraron huevos... yo no quiero justificar la violencia, pero él se olvida de que en el 2007 en la Legislatura, al actual intendente, él y su hermano lo llenaron de huevos. También hicieron escraches al juez Valdecantos.
–¿Tienen armas registradas en el Renar?
–Yo tengo una. Me la regaló Germán Abdala, la tengo guardada en una cajita con tapa de vidrio.
–¿Cuántos integrantes tiene la Túpac Amaru?
–Somos 70 mil afiliados.
–¿Y si suman a toda la red de organizaciones?
–No sé. Cuando movilizamos, somos entre 30 y 40 mil personas. Esta semana se hizo una marcha de más de 50 mil compañeros, no sólo de las organizaciones sociales sino de otra gente, compañeros que se sintieron tocados por lo que dijo Morales.
–¿Cómo pesa en lo político una organización de este tamaño?
–Nosotros dijimos muchas veces que lo que queremos es trabajar. En las elecciones no nos candidateamos a nada, aunque con la cantidad de compañeros que hay en la red de organizaciones sociales podríamos haberlo hecho, pero decidimos que no queríamos ser candidatos sino seguir trabajando.
–¿Por qué?
–Porque la política es sucia.
–La provincia tiene los peores índices sociales...
–Sí, faltan por ejemplo 100 mil viviendas, la pobreza está en el 35 por ciento, porque acá en Jujuy los jóvenes de 20 años ya tienen familia. Falta trabajo; nuestros compañeros no tienen dónde emplearse ni dónde estudiar.
–¿Cuántos trabajan ahora en las cooperativas?
–Tres mil ochocientos compañeros.
–¿Ellos cobran un sueldo o lo que reciben a cambio es un plan social?
–Tienen sueldos de entre mil y mil 300 pesos, con obra social y seguro de vida. Están en blanco y las cooperativas pagan a la AFIP. Además, recibimos los fondos para la construcción a medida que avanzan las obras, con un control de cada etapa.
–Junto con la acusación de tener armas, se añadió la de recibir dinero del Estado.
–Bueno, que nos acusen el día que recibamos la plata y no construyamos nada, cuando estemos flojos de papeles. Ayer, la gente de Cobos salió a decir que Morales no se puede candidatear porque está flojo de papeles. Nosotros, en cambio, podemos mostrar todo.
–Además de la oposición, a la Túpac Amaru la criticaron organizaciones sociales de la provincia. El Perro Santillán y el PO, por ejemplo, dijeron que usan patotas.
–El PO marcha con el Perro Santillán y él habla mal de todo el mundo. Con el tiempo de militancia que tiene el Perro, hoy cuando sale a la calle no salen más de cien personas. Y cuando nosotros salimos juntamos cuadras y cuadras, porque los compañeros trabajan en las cooperativas, porque tienen más salud, más educación. Nosotros hemos armado una red de 24 organizaciones sociales. Entonces, él hoy se prende con los que ha puteado toda la vida, con los radicales. Dice que somos violentos pero, ¿no se acuerda de que en la década del ’90 andábamos tirando piedras y quemando gomas? El Perro tiene una memoria blanda. Se olvida también de que hace dos meses fue a tirar piedras contra la casa de gobierno. Se han juntado todos nuestros enemigos, y han llegado a pagar gente para que hablara mal de la organización: que manejamos fierros, que manejamos patotas.
–Decía que no quisieron presentarse a elecciones. ¿Qué rol piensa que deben cumplir las organizaciones sociales?
–Acá el Perro Santillán armó un partido político. Fue cuando él estaba en la cresta de la ola y creía que podía ser gobernador, pero la gente no lo votó. Esa experiencia le sirvió a mucha gente. Nosotros no queremos saber nada de hacer esa política, estamos bien como estamos, trabajando.
–¿Por qué fracasa ese salto de lo social a lo político?
–Es que la gente piensa que los políticos son políticos y los dirigentes sociales tienen que ser dirigentes sociales, que no se tienen que mezclar.
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ABISMO CULTURAL Y NUEVAS RELACIONES DE PODER
De remate
La insólita denuncia del senador Morales contra Milagro Sala, de quien acaba de descubrir que es mafiosa y vinculada con la droga. Exasperación por el crecimiento de formas de organización popular que acaban con el clientelismo y la marginalidad, mientras se definen nuevas relaciones de poder, en el Congreso, en los partidos, en el mundo sindical, en su relación con las empresas y en los contextos regional y global.


Por Horacio Verbitsky
Gerardo Morales dice Tupac Amarú, como pronunciaban los colonizadores españoles. Así lo aprendieron desde hace siglo y medio los niños porteños en las escuelas públicas del positivismo encargadas con el Ejército y su servicio obligatorio de homogeneizar a la inmigración europea. Milagro Sala y sus compañeros en la organización social autogestionaria más extensa y original del país dicen Túpac Amaru, como los aymaras y el mundo andino. La desavenencia lingüística proviene de un abismo cultural (Milagro Sala dice que antes que argentina es americana y reivindica la historia anterior a la llegada de Colón), con componentes sociales, económicos y políticos. Sus ecos se amplifican en este momento de transición de la escena nacional, cuando se definen nuevas relaciones de poder, en las cámaras del Congreso Nacional, en los partidos políticos, en el mundo sindical, en su relación con las empresas y en los contextos regional y global.
Cazador sin presa
La aprobación por amplia mayoría de varias leyes importantes, entre ellas la de comunicación audiovisual, ha exasperado a las fuerzas de oposición que no consiguen someter a una fuerza que luego del mediocre resultado en las elecciones de medio término no ha perdido la voluntad política ni la capacidad de concretarla. “Son como un cazador desconcertado porque no encuentra la presa herida allí donde la vio caer”, dice un dirigente sindical de relación ambivalente con el gobierno. Morales y su principal aliada, Elisa Carrió, están entre los más exaltados, por razones que además se vinculan con la interna del tronco radical y sus adherencias. La noche del 28 de junio, con el ingenio publicitario de la chaqueña, clamaron victoria, una hipótesis poco compartida. Esta semana la UCR elegirá a su nuevo presidente. Morales no está en condiciones estatutarias de ser reelecto, pero no ha perdido la esperanza de forzar una reforma para permitirlo. Carrió aún no puede ocultar la frustración por su tercer puesto porteño. Sonríe, guiña el ojo, ironiza que no puede hablar del 2011, que les pregunten a los que ganaron. Pero cree que, con su ayuda, Morales sería mejor candidato que el vicepresidente Julio Cobos, lo cual mide la devaluación de ese espacio. Su pulsión primordial es aniquilar a Kirchner, la secundaria, destruir a Cobos. Cuadrar ese círculo de fobias es tan difícil como sostener que la Túpac Amaru es una fuerza de choque kirchnerista y que Quebracho la apoya. Cuando Morales y María Eugenia Estenssoro hablaban en el Senado de grupos armados y Oscar Castillo comparaba la situación argentina con la de la Italia de preguerra, el rostro del presidente de la bancada radical, Ernesto Sanz, la alternativa de Cobos a la reelección de Morales era elocuente. La armonía no es mayor entre los miembros de Unión-Pro, donde tanto Francisco De Narváez como Maurizio Macri y Felipe Solá aspiran al mismo cetro. (De Narváez también apuesta al Uruguay, donde aportó recursos a la campaña del Menem oriental, Luis Lacalle, para las pegatinas Muji-K y las de las Brigadas Bolivarianas, la contratación como asesor del ecuatoriano Jaime Durán Barba y la movilización del partido blanco en Buenos Aires). Para terminar de complicarlos apareció el ex senador Eduardo Duhalde, con su eterno know-how del empujón y sus siempre bien dispuestos socios del Episcopado Católico, que anhelan recuperar la centralidad que Duhalde les dio en 2001 para el derrumbe del gobierno corrupto y violento de Fernando De la Rúa y la resignación ante la brutal transferencia de ingresos consumada en días. El dirigente patronal agropecuario Eduardo Buzzi, en ruta hacia Luján con una Virgen y un estandarte del Sagrado Corazón e invocando ante Clarín “un clima enrarecido, como el del segundo semestre del 2001, de salida de la convertibilidad”, señalan el sendero. La Túpac Amaru es un fantasma que todos ellos agitan, con múltiples propósitos: atacar al kirchnerismo que le ayudó a consolidarse como expresión territorial e ideológica, abortar el crecimiento de una forma de organización social sólida y viable, generar una imagen de inestabilidad y violencia al que pueda atribuírsele cualquier hecho desestabilizador y forzar al gobierno a renunciar a uno de los pilares de su política: la decisión de no reprimir a las organizaciones sociales que lo diferencia de Menem, Duhalde y De la Rúa.
Ni puentes ni rutas
El abismo cultural cifrado en la acentuación de dos palabras explica que la imprecisa denuncia de Morales haya encontrado inmediato eco en su colega justicialista de Guillermo Jenefes. No hay duda que Morales fue víctima de una alevosa agresión, como antes lo había sido el diputado kirchnerista Agustín Rossi: le arrojaron huevos y útiles de oficina en San Salvador. Pero nada tuvieron que ver la Túpac Amaru ni el gobierno nacional. Milagro Sala estaba a 35 kilómetros de distancia, de lo que ofreció quinientos testigos. El escrache fue obra de la Organización Libertad, que comparte con la Túpac Amaru una red de organización sociales, así como los industriales metalúrgicos se sientan en la UIA con los aceiteros y los fabricantes de neumáticos y todos reciben beneficios promocionales del Estado. La misma organización ya había escrachado en marzo a Morales, durante una visita a Purmamarca. Lo acusaban de favorecer la construcción de hoteles de lujo para el turismo internacional en tierras de las comunidades aborígenes. El pedido de informes de Morales que el Senado aprobó esta semana menciona con encomiable sinceridad que la Túpac Amaru tiene tal poder que instaló en la agenda pública provincial “la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. En una involuntaria alabanza, Morales se quejó porque ese poder “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos, en la práctica política” y “los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. Morales sostuvo que “la gente quiere cobrar su derecho pero no quiere cortar rutas o puentes”. Milagro Sala respondió que la Túpac Amaru respeta a quienes cortan rutas, pero no lo hace porque perju- dica a terceros. En cambio manifiesta frente a las sedes gubernativas.
Bipartidismo sui generis
Como el cordobés Roberto Urquía, Jenefes también ingresó a la política a partir de su poderío económico. Opuesta sería la situación de Morales, si se probaran las acusaciones que la Túpac Amaru le formuló esta semana en la conferencia de prensa frente al Congreso. Según el documento entregado por la organización, cuando comenzó su carrera política Morales sólo tenía una casita. Ahora poseería con testaferros el hotel Panorama, en Belgrano y Patricias Argentinas, de San Salvador, dos edificios en construcción en las calles Güemes e Independencia, varios departamentos y terrenos, en Jujuy y Córdoba, plantaciones de soja en Santiago del Estero, una financiera en Buenos Aires y una FM trucha que recibe un subsidio de 1,5 millones de pesos al año del gobierno provincial. También negocia “quedarse con parte de las tierras del ingenio azucarero en quiebra La Esperanza”, dijeron. Ante una publicación de esta columna Morales dijo que no producía soja, ni en forma directa ni a través de otra persona. Pero no negó que su hermano fuera titular de inversiones en esa actividad. Jenefes y Morales recorren el mismo camino en dirección opuesta, pero en cualquier caso la política y los negocios forman una trama de intereses, que se ponen incandescentes ante cualquier intento de transformación. La semana pasada, Morales dijo que también Jenefes había sido agredido por la diabólica organización, a la que llamó mafiosa, vinculada con la droga y temida por el gobernador Walter Barrionuevo. Agregó que muchos dirigentes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical “no estamos dispuestos a soportar lo que está pasando en Jujuy”. Jenefes asintió y dijo que había sido agredido cinco veces por la Túpac Amaru. Su íncubo es la radio de frecuencia experimental Túpac, autorizada por el COMFER, a la que siente como una amenaza para el multimedios familiar, que conforman el Canal 7 de televisión, la radio AM Visión en San Salvador y dos radios FM, en Perico y Libertador. Así se lo explicó a sus compañeros de bloque cuando se trataba la ley audiovisual. También es propietario del Hotel y Casino Howard Johnson Plaza y de una mansión de estilo feudal en Guerrero, que los pueblos originarios reclaman como propia. A comienzos de este año Milagro Sala denunció que Jenefes había desmontado más de mil hectáreas de bosques nativos en la finca Real de los Toros, en Palma Sola, con una autorización especial, que la Túpac Amaru objetó en la Legislatura jujeña. Su hermano Sergio fue designado ministro del Superior Tribunal de Justicia, como parte de un acuerdo con Morales, pese a que la CTA y los organismos defensores de los derechos humanos recordaron su actuación como subsecretario de Desarrollo Social durante la dictadura. Morales también dijo en el Senado que la Túpac Amaru “tiene empresa de transporte” y “se quiere meter en barrido y limpieza y ha comprado maquinarias”. Su colega Beatriz Fellner, hermana del ex gobernador jujeño, preguntó si estaba mal que los pobres se organizaran y quisieran “entrar en el negocio” de la recolección de basura y el transporte “o siempre tiene que quedar en determinadas manos y que los pobres solamente reciban un sueldo”. El problema de fondo es que los tupaqueros no lo ven como un negocio.
Rendición de cuentas
Otro capítulo de la diatriba de Morales fue que la Túpac Amaru no rendía cuentas de los fondos que recibía. Dijo que a su pedido la Auditoría General de la Nación envió dos auditores “y los sacaron corriendo”, igual que a los de la provincia y los del municipio. Cuando lo escracharon estaba con el Auditor General de la Nación, el también radical Leandro Despouy, un destacado defensor de los derechos humanos en el exilio durante la dictadura militar y hoy relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados. Consultado para esta nota, Despouy no confirmó la denuncia de Morales. “Al principio la organización no quería ser auditada, pero después accedieron, cuando les explicaron qué información buscaban. Aparentemente la información que se buscaba se obtuvo”, dijo. Explicó que la auditoría no comprendió sólo Jujuy o la Túpac Amaru sino que forma parte de un relevamiento en todas las provincias, cuyo resultado estaría listo en dos o tres meses. “No estamos contra los planes sociales”, aclaró. La Túpac Amaru envió a este diario copia de actas levantadas por los auditores de la AGN, Alberto Garré y Elvira Muñoz. Un acta dice que a pedido de los municipios de Santa Clara y El Piquete las obras fueron construidas por desocupados de la zona que no tenían planes sociales, con 32 operarios en lugar de 16, para dar trabajo “a mayor cantidad de gente”, constata que la factura corresponde al personal afectado a la obra, que todos han sido asegurados, adjunta las facturas de compra de materiales e informa que la obra está terminada, “no obstante quedar un saldo impago”. En su respuesta a Morales desde las puertas del Congreso, la Túpac Amaru explicó que construía mil viviendas sociales al año, dentro del programa federal de emergencia habitacional. El ministerio federal de Planificación gira los fondos al Instituto Provincial de Vivienda, que a su vez los remite al Municipio. Recién en esa instancia, la municipalidad paga a la cooperativa de desocupados, en seis cuotas, contra certificación del avance de la obra por el Instituto Provincial. De los 15 mil cooperativistas de Jujuy sólo un tercio integran la Túpac Amaru. El intendente de San Salvador, Raúl Jorge, del sector político de Morales, emplea el mismo programa con otras 13 cooperativas municipales. También tienen las suyas la Iglesia Católica y otras ONGs. La auditoría es ineludible para llegar al pago. “Es contradictorio que el jefe político del intendente nos acuse de manejo discrecional de fondos que nunca podríamos recibir sin la firma de Jorge”, dice la Túpac Amaru. Lo mismo responde a la acusación de Morales sobre la falta de escrituración de las casas, que usarían como elemento de extorsión: “La escritura corresponde al municipio”. Según Morales, los miembros de la Túpac Amaru registraron armas en el ente de control y Milagro Salas “ha recibido una licencia de instructora de tiro”. Dirigentes de la Túpac Amaru dijeron que su conductora sólo posee una pistola, regalo de Germán Abdala, y que su verdadera arma es el horno de barro.
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Causa La Cueva: piden que Castellanos se aparte por “falta de imparcialidad”, de Belén Cano

Causa La Cueva: piden que Castellanos se aparte por “falta de imparcialidad”
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El Mié a las 22:16
Gloria León, abogada querellante, dijo que “no es una simple cuestión procesal” pedir constancia de fallecimiento de un desaparecido. Además, pidieron celeridad en los procesos. “Que empiecen de una bendita vez”, dijo una Madre de Plaza de Mayo.-“Le solicitamos se aparte de la causa dejando lugar a quienes realmente se comprometan con nuestro pueblo y escriban con sus sentencias la historia de nuestra Patria”. Eleonora Alais leyó el final de una nota enviada al juez federal Alejandro Castellanos, a quien cuestionaron por “falta de imparcialidad”. “No es una simple cuestión procesal, tiene que ver con la forma en que este magistrado lleva adelante los juicios”, señaló Gloria León, abogada querellante. Las Madres de Plaza de Mayo recordaron una reunión con el titular del Juzgado Nº1 donde les dijo que estaba en desacuerdo con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.El magistrado, a través de una notificación, les solicitó a los familiares de Hugo Alais, abogado laboralista desaparecido en la Noche de las Corbatas, una “constancia de ausencia con presunción de fallecimiento”.“La presunción de fallecimiento –le informaron- está por demás acreditada no sólo por los habeas corpus presentados en ese momento y las denuncias ante la Conadep, sino también por el certificado expedido por la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, que convierte la ausencia con presunción de fallecimiento en ausencia por desaparición forzada de persona, confirmando la responsabilidad del gobierno cívico militar en tales desapariciones, torturas, apropiación de niños, robo de bienes, vuelos de la muerte, quinientos campos de concentración en todo el país”.La nota fue leída por Susana, la mujer de Hugo Alais. A su término, la abogada explicó: “Desde el punto de vista jurídico, el pedido de Castellanos, como vino presentado en la notificación, parece una simple cuestión procesal o de recaudos formales. En realidad el problema es más profundo. Su criterio ya fue sentado en el auto de procesamiento de agosto del año pasado de una serie de militares, y de los civiles Cincotta y Ullúa. Él establece que su criterio es imputar esa desaparición forzada, tormentos agravados, pero no homicidios porque considera que no hay elementos suficientes para llegar a esa conclusión; de que por las víctimas que aún permanecen desaparecidas se debe imputar homicidio calificado”.Se imputa solamente homicidio calificado, reparó, en el caso del abogado Norberto Centeno –“porque su cuerpo apareció”-; en el caso de Jorge Candeloro –“porque hay una nota de Barda (jefe de la subzona 15) diciendo que había sido ajusticiado”-; y en el caso de que los familiares hayan hecho el trámite de desaparición.“Es una definición político – ideológica que tiene el magistrado”, sostuvo León. La postura, dijo, va en contra de lo que dicho “desde la Corte Suprema de la Nación para abajo”: “Quedó establecido qué son delitos de lesa humanidad y qué es lo que pasa con la desaparición forzada con el correr del tiempo”.La abogada querellante destacó, en este marco, la labor del Tribunal Oral Federal, que desde año 2000 viene trabajando con el Juicio por la Verdad, “en una verdadera arqueología jurídica en cuanto a desempolvar expedientes que aparentemente no decía nada”. Los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra elevaron en septiembre de 2004 al Juzgado Federal Nº1, ahora a cargo de Castellanos, todo lo relacionado con lo sucedido en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, y lo relacionado con la desaparición de los abogados en la denominada Noche de las Corbatas. “Ya deja asentado que la desaparición forzada es un eufemismo que esconde el homicidio agravado del que fueron víctimas este grupo de abogados. No es que se me ocurre a mí como abogada ni a Eleonora Alais como familiar u a organismos plantear la gravedad de este criterio que tiene el juez”, sostuvo León.La abogada dijo que se acompañaron las copias en el expediente de lo solicitado por el magistrado federal. Pero por fuera de lo estrictamente jurídico y procesal, reparó León, “está el derecho de las víctimas a manifestar su verdadero sentir. En ellas está representado el padecimiento de miles de personas”.La querellante sostuvo que el juez que tiene la responsabilidad de investigar y hacer justicia. Dijo que el criterio de Castellanos es no imputar homicidios “porque no hay elementos”. “Está poniendo la carga de eso en el familiar. El familiar tiene que declarar a su desaparecido, que la desaparición forzada es sinónimo de muerte”, cuestionó.Alais, de la Agrupación HIJOS, cuestionó que a los represores y asesinos de sus padres cumplan prisión domiciliaria o sean excarcelados, por el principio de “humanidad”. “Nos parece irónico, dado que fue inhumano el trato recibido por nuestros familiares”, indica el escrito presentado ante el juez federal. Además, anunció que una serie de escraches. “Si no hay Justicia, hay escrache”, mencionó.Por último, tomó la palabra María Juana Rivas, “Marucha”, en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La mujer relató que en una reunión con Castellanos, el magistrado les dijo que estaba en desacuerdo con la derogación de las leyes del perdón. También pidió por la celeridad de las causas de derechos humanos. “Que empiecen de una bendita vez”, exclamó. ProfesionalidadLa respuesta al pedido de una “constancia de ausencia con presunción de fallecimiento” de Hugo Alais fue contundente. En los últimos días, Eleonora y Susana de Alais, hija y mujer del abogado laboralista desaparecido en la Noche de las Corbatas, presentaron ante el Juzgado Nº1 una nota, donde señalaron: “La profesionalidad de un juez federal implica no desconocer la historia del sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”.Con pedido de juicio políticoOrganismos de Derechos Humanos, nucleados en la Comisión Verdad, Justicia y Memoria, presentaron hace seis meses el pedido de juicio político contra Alejandro Castellanos. El trámite sigue su curso.Lo habían acusado de “otorgar impunidad” a represores con resoluciones tomadas en la causa La Cueva y habían señalado como determinante la orden de captura que libró contra el civil Eduardo Salvador Ullúa y que retrotrajo meses después, a pesar del pedido de la Fiscalía y la querella que acelerar la detención.Por Belén Canobcano@diarioelatlantico.comhttp://www.diarioelatlantico.com/diario/2009/10/20/3119-causa-la-cueva-piden-que-castellanos-se-aparte-por-falta-de-imparcialidad.html


Liberan a procesado por crímenes de lesa humanidad
La Cámara Federal dejó en libertad al abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

foto:Eduardo Cincotta


El letrado fue excarcelado "por razones humanitarias" luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa.
Los jueces Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentaron en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales.
Según consigna el diario Página 12, Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa "La Cueva", el centro clandestino del GADA 601.
Cuestionaron "el trato privilegiado recibido por Cincotta" y calificaron de "capcioso" que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la "Noche de las Corbatas".
Sostuvieron que ambas actitudes "indican falta de imparcialidad" y consideraron que "se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado". "La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial", afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado "en la lucha contra la subversión", está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.

Fuente: Página 12
-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

CJVJM Comisión por los Juicios VERDAD JUSTICIA y MEMORIA - Mar del Pla

Excarcelaron a un ex CNU en Mar del Plata
Un abogado con amigos en la Justicia
El abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata durante la última dictadura, fue excarcelado “por razones humanitarias” luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa. La Cámara Federal local, integrada por Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentó en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales. Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa “La Cueva”, el centro clandestino del GADA 601. Cuestionaron “el trato privilegiado recibido por Cincotta” y calificaron de “capcioso” que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la “Noche de las Corbatas”. Sostuvieron que ambas actitudes “indican falta de imparcialidad” y consideraron que “se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado”. “La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”, afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado “en la lucha contra la subversión”, está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.

Envio d Guatraché L-P-

Gacetilla de prensa – Sábado 17 de octubre de 2009
Criticaron a la dirigente por su rechazo a que se esclarezcan los crímenes de la dictadura. “Obtener el ADN es imprescindible para recuperar la identidad”, señalaron los dirigentes.Sabbatella y Cañón apoyaron el proyecto de obtención de ADN y cuestionaron a Carrió“La ley que se impulsa en el Congreso para esclarecer la identidad de posibles hijos de desaparecidos es imprescindible y significará una bisagra en la tarea que viene realizando la Justicia y en el trabajo de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo”, señaló hoy Martín Sabbatella y cuestionó a la dirigente conservadora Elisa Carrió, quien había rechazado la iniciativa calificándola de “fascista”. “La Corte Suprema de Justicia, los organismos internacionales y los de derechos humanos promueven la obtención de ADN como forma imprescindible para determinar la identidad de alrededor de 400 víctimas de apropiación ilegal”, expresó el diputado electo y agregó: “Carrió asume la defensa política de los apropiadores y embarra la búsqueda de la Verdad y la Justicia”. “Es evidente, que cumple paso a paso con el manual de la derecha”, manifestó Sabbatella.”Esta ley es una herramienta que promueve el esclarecimiento de la identidad de personas que están apropiadas. Entorpecer eso es garantizar la impunidad de los apropiadores y negarle el derecho a las víctimas a que conozcan la Verdad”, opinó el dirigente de Nuevo Encuentro y señaló: “Lo que quiere Carrió es evitar que la Justicia determine si un niño fue parido en cautiverio, si sus padres fueron asesinados y si aquellos que lo criaron son responsables o cómplices de un crimen”.Quien también se refirió al proyecto fue el dirigente del Encuentro y titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, quien señaló: “Oponerse a esta ley es ser cómplice de quienes planificaron y ejecutaron el plan criminal de exterminio”. “Los familiares, particularmente las abuelas de los niños secuestrados y cuyas identidades se ocultaron, están demandando Justicia desde hace décadas; y esta ley es un paso más para desarticular todo el plan de ocultamiento y dar claridad a los hechos, facilitando la recuperación de identidad”, expresó el ex fiscal general de Bahía Blanca, quien dedicó más de dos décadas a investigar crímenes de lesa humanidad. El proyecto de ley que tratará diputados autoriza a los jueces que investigan la presunta apropiación de una persona a obtener muestras de ADN por “medios distintos a la inspección corporal”. Es decir que, si la posible víctima de ese delito se negara a la extracción de sangre, los magistrados podrían ordenar allanamientos y conseguir material genético en pelos, vestimenta, cepillos de dientes, etcétera. Esta medida ya fue puesta en práctica por diversos jueces y nueve víctimas recuperaron su identidad gracias al procedimiento. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia estableció que “la identificación de una persona no es violatoria de su autonomía ni de su voluntad cuando es realizada por medios no violentos regulados por ley”.

El grupo de Tareas del Jefe de Gobierno Macri ataca con total impunidad

DENUNCIAN QUE LA UCEP AGREDIO A UN CHICO DE 15 AñOS EN PARQUE LEZAMA
Ataques sin límites de edad
Operadores del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el coordinador de un parador denunciaron que el chico, en situación de calle, fue golpeado y amenazado por cuatro miembros del grupo de choque. Aún no fueron a la Justicia porque el chico está aterrorizado.

Durante tres meses caminó las calles porteñas. Con poco más de 15 años, dejó la escuela y empezó a hacer algunas changas. De noche, buscaba un lugar tranquilo donde poder dormir. La madrugada del viernes 16 eligió el anfiteatro del Parque Lezama. Pero mientras descansaba sobre las escalinatas, sufrió el ataque de personal de la Unidad de Control del Espacio Público. Fueron cuatro hombres vestidos de negro: “Dos le pegaron patadas y puñetazos, otro tenía un bidón con nafta y amenazó con prenderlo fuego si volvía a aparecer por el lugar y, el último, le puso una pistola en la cabeza para asegurarle que hablaban en serio”. Gerardo es coordinador de un parador contratado por el gobierno porteño para albergar a chicos en situación de calle. Actualmente tiene a su cuidado al pibe golpeado y amenazado por la patota de la UCEP. “Intentamos hacer la denuncia, pero el chico está muy asustado y no queremos presionarlo”, dijo a Página/12. Por el momento, tampoco el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes realizó presentación judicial alguna.
Contusiones en piernas y brazos, varias costillas lesionadas y el riesgo de perder la visión en el ojo izquierdo fueron las consecuencias del ataque del grupo de choque PRO contra el chico de 15 años. Desde la golpiza, el adolescente está siendo atendido por especialistas del hospital oftalmológico Santa Lucía. “El chico tiene mucho miedo”, relató Gerardo que, “por resguardo del pibe”, no quiso decir su apellido ni el nombre del hogar que coordina.
Pasada la medianoche del viernes 16, el chico fue despertado abruptamente. En las escalinatas del Parque Lezama se escucharon las palabras del grupo de choque del gobierno porteño. “Le gritaron: ‘Te tenés que ir de acá. Rajá’ –contó Gerardo–. Al toque lo empezaron a insultar: ‘Si te vas a morir que no sea acá’.” Después, sólo hubo golpes y amenazas. Los agresores del chico fueron cuatro. Todos vestidos de negro e integrantes de la UCEP. En un comunicado de prensa, el gremio de empleados de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó la identidad de los violentos funcionarios porteños: “Hubo un testigo que vio toda la situación y aseguró que los tipos eran personal de la unidad macrista”.
Un delegado gremial, trabajador del Departamento de Prevención y Fortalecimiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal –dependiente del Consejo– aseguró que “de manera contraria a lo dicho por (Mauricio) Macri, nosotros denunciamos que este tipo de hechos contra los jóvenes pobres está completamente relacionado con el escaso presupuesto que el gobierno les asigna a las áreas de adolescencia y niñez”. La ciudad tiene entre tres y cinco mil pibes en situación de indigencia y, “paradójicamente, mientras aumenta la exclusión social la única respuesta pública es la UCEP”, explicó el vocero gremial.
Según le contó el chico a Gerardo, “mientras dos de los tipos le pegaban, otro que tenía un bidón con nafta amenazó con prenderlo fuego”. También y para asegurase de que el chico no volviera a intentar dormir por la zona, “le apuntaron con un arma en la cabeza. Después se fueron y el pibe quedó tirado en las escalinatas del parque (Lezama)”, contó el coordinador. El hombre destacó además que “los cobardes nunca se identificaron, pero algunos vecinos dijeron que eran del Gobierno de la Ciudad porque ya los habían visto actuar en algunos desalojos”.
El chico golpeado “llegó, como pudo, hasta la guardia del Hospital Argerich y pidió llamar al 108 –dijo Gerardo–. Entonces, un comando de nuestro equipo de asistencia lo atendió y le sacó fotos para la posterior denuncia, después lo derivaron al hogar”. Sin embargo y como “sabemos que la UCEP está actuando con fuerza por el barrio, no queremos exponerlo y estamos esperando que el propio Consejo (de Niñas, Niños y Adolescentes) derive un informe a la Justicia”. El temor de Gerardo está relacionado con otra agresión de la patota macrista: “Hace unos días, en la plaza Martín Fierro, a otro chico también lo molió a golpes la fuerza parapolicial del gobierno”, denunció el coordinador.
Informe: Mariana Seghezzo.
EL PAIS › FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO
Más absueltos que condenados
El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.



Por Diego Martínez
Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.
Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.
Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.
Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.
Un paso atrás
La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.
“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.
“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.
“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.
“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

EL PAIS
Sin cámaras de televisión

El Tribunal Oral Federal 5 concluyó ayer su séptimo juicio sin cámaras de televisión en la sala. Sólo pudo ingresar un fotógrafo de la agencia Télam, concesión otorgada tras el papelón de la audiencia inicial, cuando dos secretarios le taparon la cámara con sus manos. El jueves once organizaciones de la sociedad civil le reclamaran a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de su acordada 29/08 sobre la publicidad de los procesos por crímenes durante la dictadura

“No recibí ni impartí órdenes lesivas”

Por Diego Martínez
“No recibí ni impartí órdenes que puedan considerarse lesivas a los derechos humanos”, afirmó por la mañana el general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado por la tarde por más de un centenar de secuestros y cuatro homicidios agravados. El ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, dueño de vidas y muertes de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, se explayó durante una hora con tono de profesor de historia sobre el proceso político previo al golpe de Estado, aunque advirtió que, “por haber sido un actor perseguido (sic), prefiero dejar de lado mi situación personal”.
Sólo dos de los cinco imputados aceptaron hacer uso de las últimas palabras previas a la sentencia. El coronel Humberto José Lobaiza agradeció a sus defensores y al tribunal, por “el respeto y el decoro” con que se los trató durante el proceso. Luego reiteró su argumento de defensa: el Regimiento de Patricios que comandaba tenía pocos efectivos, mayoría de conscriptos y “altísima exposición pública, inconveniente para las acciones encubiertas” que desarrollaban sus camaradas. Luego repudió el alegato del fiscal Félix Crous, no por los secuestros que le imputó sino por destacar que quienes “privaron a los deudos de los ritos funerarios” pertenecen a “una condición previa a la civilización”.
Olivera Róvere aseguró que la condena social que sufren las Fuerzas Armadas “es consecuencia de la acción psicológica del marxismo internacional, que mantiene plena vigencia”. Citó como ejemplo “la mendaz exageración sobre los 30 mil desaparecidos”, cuestionamiento que comparte con “un emblema de los derechos humanos”, en referencia a la ex dirigente Graciela Fernández Meijide.

PANORAMA POLITICO
Palabras violentas

Por Luis Bruschtein
Los movimientos sociales fueron surgiendo en los espacios que los partidos políticos no podían ocupar, a veces por su especificidad, a veces por incapacidad. Por una u otra razón, la llegada de los movimientos sociales al escenario de la política fue un aporte enriquecedor. Así fue con los organismos de derechos humanos, con las radios comunitarias o las fábricas recuperadas, con los movimientos de género o con los piqueteros.
Así como los movimientos de derechos humanos prendieron una luz civilizatoria donde la civilización había descendido al infierno, los movimientos piqueteros brillaron también con esa luz, pero en aquellos territorios donde las instituciones de la civilización se habían retirado. Ambos aportaron el pulso de la condición humana, el rechazo a deshumanizarse, incluso cuando la mayoría de la sociedad había decretado ese camino, el de “por algo habrá sido” o “somos derechos y humanos” de los ’70 o del éxito individual y el egoísmo de los ’90.
La legitimidad de esos movimientos ya está escrita en sus historias y orígenes y los diferencia de los sellos de montaje oportunista o de los grupúsculos de laboratorio. Son agrupaciones que se manejan en un tema específico con el que entretejen y generan políticas. Su llegada al campo de la política fue recibida con aplausos, que en realidad ocultaban sorpresa y desconcierto. En función de sus temas, los movimientos intervinieron necesariamente en política, no como partido político, pero sí en la disputa por espacios y reivindicaciones. Entonces los aplausos se parcializaron: sólo aplaudían los que estaban de acuerdo con ellos y el desconcierto se fue transformando en inquietud.
Con el proceso de polarización cada vez más acentuado, los movimientos sociales pasaron a convertirse en blanco fácil de un debate que discurre por los laterales y evita discutir lo central, porque el único tema que realmente importa es la división entre oficialismo y oposición. En la última semana, los movimientos sociales parecen haberse convertido en uno de esos blancos laterales. En pocos días hubo una denuncia por supuesto clientelismo en el comedor Los Pibes de La Boca, se produjo el incidente con el hijo de Emilio Pérsico y el escrache al senador Gerardo Morales.
Ninguna de las tres situaciones planteadas como fueron planteadas pueden ser defendibles. Tampoco puede defenderse el hecho de que sean planteadas así para deslegitimar un actor en la política que ha demostrado en los últimos años más legitimidad que quienes lo quieren deslegitimar. Es lo mismo que hablar contra la política y los políticos en general. Que son ladrones y vagos, que montan sus fortunas sobre las necesidades de la gente, el discurso demagógico y oportunista de la antipolítica.
A Milagro Sala, la dirigente de la organización Túpac Amaru, a quien Morales acusó por su escrache, se la ha presentado como “jefa mafiosa” y hasta como “drogadicta”. El enojo de Morales contra los piqueteros no fue el mismo que contra los ruralistas que sí golpearon y escracharon a Agustín Rossi en Santa Fe. En ese caso, se quiso y se pudo diferenciar a los participantes en ese ataque de sus dirigentes y hasta de sus organizaciones. El mismo Rossi tuvo ese gesto. La Mesa de Enlace –conformada por organizaciones de propietarios y patrones– nunca fue interpelada por esos hechos y siguió siendo una interlocutora legítima. Y visualizada desde ese lado como su antorcha civilizatoria frente a la barbarie oficial. Ningún medio habló de los discursos violentos de De Angelis ni de la violencia en los cortes de ruta.
Pero además, Morales involucró expresamente a Milagro Sala, aun cuando otra agrupación de campesinos jujeños, llamada Libertad, reivindicó el escrache. El detenido pertenece a esa agrupación de pueblos originarios que ya lo había escrachado en marzo en Purmamarca, según ellos porque Morales “está en contra de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades aborígenes”.
Pero los piqueteros no son ruralistas paquetes. Con ellos se aplica otra mirada, radicalmente distinta, clasista y discriminatoria. Los piqueteros son “esencialmente” corruptos porque están ordenados en función de un clientelismo indigno. Hubo una frase, un chiste durante la semana, por parte de Elisa Carrió, verdaderamente patética: “Si se aplica la asignación para la niñez que plantea el Gobierno, vamos a ver a chiquitos de tres años en las marchas por un choripán”. Carrió quizá no sea consciente del desprecio profundo que encierra esa frase. La gente pobre se vende por un choripán, está obligada a venderse porque es pobre y además se vende por poca cosa por la misma razón, hay que rescatarlos de esa indignidad y convertirlos en clase media. La misma clase media que al principio ocultó su sorpresa con aplausos ahora repite ese comentario. Pensar de otra manera implica ser cómplice de la “corrupción indigna” de los movimientos piqueteros. Es decir, no se puede pensar bien de los pobres o, en el mejor de los casos, hay que pensar que los pobres no pueden pensar. En la clase media no se puede respetar a la gente que se organiza para avanzar, a menos que sean patrones o propietarios, que en ese caso tienen derecho insultar y llevarse por delante a todo el mundo.
Esa es la mirada hacia los piqueteros por parte de un sector de la clase media. Como no son clase media, son diferentes, son indignos. ¿Quién los va a rescatar de esa indignidad? Las únicas herramientas que los piqueteros tuvieron para combatir el tráfico de droga en sus barrios, para organizarse para conseguir luz o alcantarillas, para hacer o arreglar escuelas, han sido esas organizaciones a las que ahora se pretende demonizar con la excusa de salvarlos para convertirlos en clase media. No importa en esa discusión si es mejor la asignación para los niños que propone Carrió o la que propone el Gobierno. Y para el caso de su legitimidad, tampoco hace diferencia si unas organizaciones son oficialistas u otras son opositoras. Lo que importa es que las asignaciones lleguen a los niños y que los piqueteros no necesitan que nadie les enseñe dignidad.
Hubo otra mención de Carrió sobre la ley que permitirá obtener el ADN de una persona, de la misma manera que se obtienen las huellas digitales. Carrió denunció al Gobierno por impulsar esa ley nada más que por su pelea contra Clarín y la señora Ernestina de Noble, que mantiene un diferendo con las Abuelas de Plaza de Mayo a raíz de sus dos hijos adoptados. “El único objetivo es la señora de Noble”, lanzó con un desprecio que le salió del alma, pero ocultó que esa ley es impulsada por las organizaciones de derechos humanos para lograr la restitución de la identidad a 400 chicos que fueron apropiados por la dictadura. Quizá no lo pensó así, pero si existe alguna intención detrás de estas declaraciones, tan frívolas y al mismo tiempo tan violentas, ésta sería la de deslegitimar a otro de los movimientos sociales, en este caso a los organismos de derechos humanos, en su guerra feroz contra el oficialismo.
El debate entre oficialismo y oposición no puede llegar a un nivel de canibalismo e irracionalidad que atropelle todo, caiga quien caiga, sin importar el esfuerzo, el dolor y los sacrificios que una comunidad puso en la construcción de estas organizaciones. Los movimientos sociales no son empresas ni tienen fines de lucro y surgieron representando los mejores pertrechos morales de una sociedad que la única respuesta que les daba era represión o exclusión. En su momento eran el buen camino por el que nadie quería caminar.
Los mismos dirigentes de la oposición han advertido, a partir del escrache a Morales, sobre la creación de un clima de violencia del que ellos no serían parte. No pueden medir el grado de violencia que han tenido sus expresiones en relación con estos movimientos sociales y contra las personas que los integran o los respetan. Los periodistas trabajamos con palabras, sabemos la violencia que pueden tener, igual que la injusticia o las mentiras. Y no hay en este momento una causa tan terrible que las justifique solamente por una discusión entre oposición y oficialismo.
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LOS MINISTROS MONTENEGRO Y NARODOWSKI FUERON A LA LEGISLATURA PORTEñA PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE EL CASO JAMES
Los interrogantes siguen sin respuesta
Los ministros de Justicia y de Educación siguieron defendiendo la tesis de que Ciro James era un infiltrado de la Policía Federal en el gobierno porteño. Los legisladores opositores concluyeron que no respondieron a sus preguntas.

Por Martín Piqué
Las explicaciones que se escucharon ayer en la Legislatura porteña motivaron todo tipo de chanzas, ironías y juegos de palabras. Acaso el humor haya sido una forma de hacer catarsis o de expresar la incredulidad con que la mayor parte de los bloques legislativos –salvo, por supuesto, el PRO– escuchó los descargos de los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Educación, Mariano Narodowski. Para explicar cómo pudo ser posible que el abogado Ciro James fuera descubierto por la Justicia pinchando teléfonos de particulares, los dos ministros no se ahorraron definiciones rimbombantes. Abogado que inició su carrera profesional en la contaduría del Ejército, con un paso por la seguridad privada en la consultora Lyons, luego ingresante en la Policía Federal, James tenía un contrato de locación de servicios en la cartera educativa porteña por 6500 pesos. El principal argumento que dieron Montenegro y Narodowski para explicar su ingreso al gobierno porteño fue que James era un infiltrado que la Policía Federal había sembrado en la administración de Macri para complicar la puesta en marcha de la Policía Metropolitana. “Yo pedí un abogado y me trajeron un policía federal”, se excusó Narodowski. “Me hace acordar de una frase del Bambino Veira: yo pedí un cuatro y me trajeron un pomelo”, ironizó ante Página/12 uno de los asistentes al plenario.
La visita de Montenegro y Narodowski fue organizada por las comisiones de Seguridad y Justicia de manera conjunta. Los dos visitantes se sentaron bajo un gran bajorrelieve de San Martín. Los flanqueaban los titulares de Seguridad, Justicia y Educación en la Legislatura, los legisladores Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), Martín Borrelli (PRO) y Enrique Olivera (Coalición Cívica). Un poco más lejos se hallaba Oscar Moscariello, jefe del bloque macrista. El plenario comenzó a las 16.45 y enseguida quedó claro cuál iba a ser el eje de las exposiciones de los dos ministros. Como ya habían hecho en la conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, Montenegro y Narodowski insistieron con la hipótesis de que James había sido infiltrado en la administración macrista por decisión del gobierno nacional. “James es un agente encubierto de la Policía Federal. No sabíamos que era agente de la Policía Federal”, repitió Montenegro a poco de empezar su exposición.
El informe de ambos ministros adjudicó a la Casa Rosada un supuesto plan para entorpecer la puesta en marcha de la Metropolitana. Según ese criterio, uno de los recursos habría sido la incorporación del abogado James –agente de la Federal– en el Ministerio de Educación. Narodowski insistió con que desconocía su condición de policía, a pesar de que James había trabajado en la División Robos y Hurtos, una estructura que dependía orgánicamente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del ex comisario Jorge “Fino” Palacios.
“James realizaba tareas de asesoramiento respecto de dictámenes jurídicos. Tenía acceso al edificio del ministerio y era persona conocida allí”, aseguró Narodowski. “Fuimos notando una constante oposición a cualquier iniciativa del gobierno de la ciudad para intentar compartir el problema de la seguridad”, se quejó Montenegro. Ex juez, Montenegro intentó mostrarse en control de la situación incluyendo ironías ante ciertas preguntas. Lo logró en parte, y salió más airoso que su par de Educación.
Lo mejor llegó cuando empezaron las preguntas. “Esta crisis institucional tiene una dimensión más grande que una jornada”, advirtió enseguida Sergio Abrevaya, legislador por la Coalición Cívica. Abrevaya planteó dos hipótesis: que la incorporación de James a la estructura del gobierno porteño hubiera sido producto de la “ingenuidad” o, por el contrario, que la intención hubiera sido “armar una central de inteligencia” desde el gobierno porteño. La sucesión de preguntas y respuestas fue haciendo más creíble esta segunda opción.
Montenegro contestó a esta acusación. “No hay ninguna área destinada a hacer inteligencia interna, sí a investigar junto con los fiscales”, dijo.
Entonces llegó el turno de la primera respuesta de Narodowski. Y su explicación de por qué había decidido contratar a James como abogado de la cartera educativa porteña hizo sonreír a algunos legisladores. “En el currículum de Ciro James consta de su participación en varias actividades académicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Es ayudante de cátedra de Derecho Penal”, dijo el ministro. Pero también le habían preguntado quién había recomendado a James para recibir un contrato de 6500 pesos. Como respuesta, eligió las vaguedades. “El currículum debe haber aparecido porque en el ministerio trabaja gente de la Universidad de La Matanza”, fue su respuesta. No precisó quiénes eran esas personas.
A juzgar por la reacción de sus adversarios, las preguntas más incómodas partieron de Aníbal Ibarra. El legislador de Diálogo por Buenos Aires aseguró que la hipótesis de que James era un infiltrado enviado por el gobierno nacional “chocaba con las pruebas judiciales, con la causa”. Entonces enumeró varios puntos que no fueron desmentidos.
Dijo que el gobierno macrista no había explicado qué funciones cumplió James en los dos años que lleva designado; contó que en el expediente de James no figuraba la documentación de la Anses porque en su historia laboral aparecería su vinculación con una empresa de seguridad privada vinculada con Palacios; relató que se habían detectado 167 llamados de James a Palacios, 50 llamados de Palacios a James, ocho llamados al nuevo jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y 49 con Roberto Ontiveros. Y todos esos llamados se habían producido en apenas tres meses.
La respuesta que intentó dar Montenegro fue determinar si esos llamados habían sido comunicaciones de celular o “clicks” de handies de tipo Nextel. En la misma línea que Ibarra, Gabriela Cerruti (Nueva Democracia) sostuvo que los ministros estaban “mintiendo” y que lo que estaban haciendo era montar todo un “operativo de encubrimiento para que la investigación no llegue adonde tiene que llegar”. Cerruti insistió con que Andrés Ibarra, actual subsecretario de Educación, era quien había pedido que James fuera contratado en el gobierno porteño. “Estamos ante un tema de gravedad institucional, porque se montó un aparato de inteligencia desde el gobierno de la ciudad”, advirtió Cerruti.

Repudio a ataques racistas

El gobierno de Evo Morales repudió los ataques “racistas y xenófobos” que sus ciudadanos sufren en Argentina, donde afirmó que existen más de cien asesinatos no resueltos de bolivianos. La condena fue expresada en un comunicado del Ministerio de Cultura de Bolivia, en relación con una denuncia de una chica de 16 años, hija de bolivianos, quien fue “brutalmente golpeada” por sus compañeros de clase, supuestamente “por su condición racial”, en la provincia de San Juan. La prensa boliviana publicó ayer que la chica denunció que, en la escuela, sus compañeros la agredían verbalmente por ser hija de bolivianos. La violencia constante que relató la adolescente, señaló Mónica Rey, directora general de la Lucha contra el Racismo, de Bolivia, “demuestra la permanente actitud xenofóbica” que sus compatriotas sufren en Argentina, por lo que, además de interesar en el caso al Inadi, anunció que coordinará acciones con el ministerio de Relaciones Exteriores argentino

MEDIA SANCION DEL SENADO BONAERENSE
Más prisión para menores de 18

El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que duplicaría los plazos en los que los menores de 18 años, detenidos por una presunta participación en un delito grave, pueden ser privados de su libertad, modificando la ley que ordena al Fuero Penal Juvenil en la provincia. Según el defensor del fuero Nº 16 Julián Axat, los plazos de ampliación pedidos por el proyecto son “inconstitucionales y no respetan la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la detención es una medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda”. Desde el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn) adelantaron que se trabajará para que el proyecto de ley “no progrese” en la Cámara baja.
El proyecto de ley aprobado por unanimidad fue presentado por la senadora del Frente para la Victoria Edda Acuña, que en los argumentos resaltó lo exiguo de los plazos para el trabajo de los fiscales. Una de las modificaciones propuestas es extender de 12 a 24 las horas en la que los chicos pueden estar privados de su libertad en una comisaría a la espera de que un juez de Garantías dicte la orden de detención. La otra consiste en prolongar de cinco a diez días el tiempo que el fiscal tiene para realizar el pedido de prisión preventiva, mientras el chico permanece en un instituto.
“De acuerdo con los pactos internacionales, los niños deben tener un mejor estándar procesal que los adultos y con este proyecto se los está igualando y dando a los fiscales un plazo más extenso que a los adultos para decidir sobre el pedido de prisión preventiva. Si la intetona contrarreformista se lleva adelante va a ser inconstitucional”, explicó Axat.
La directora ejecutiva de Casacidn, Nora Schulman, consideró que “es un retroceso volver a discutir cosas ya resueltas bajo un pretexto banal como la falta de tiempo para los fiscales. Se está mezclando nuevamente el tema de la inseguridad con la protección de derechos de los niños”.

NELSON JARAZZO TE ACORDAS DE ESTO????????

Jueves, 2 de Junio de 2005
EL HIJO DE MASSERA SE NEGO A DECLARAR POR EL ROBO ANTE LA JUSTICIA
Quedó con bienes pero sin palabras
Eduardo Massera calló en el caso de apoderamiento de bienes de desaparecidos. El robo sistemático empezó en la ESMA y remató en el armado de un aparato empresario completo con riquezas de origen ilegal.

Emilio Eduardo Massera se había lanzado a la caza de los 60 millones de dólares pagados por los hermanos Born a Montoneros.
Por Susana ViauEduardo Enrique Massera, hijo del “Almirante Cero”, se negó ayer a prestar declaración ante el juez federal Sergio Torres puesto que, adujo, ya ha sido juzgado y sobreseído en una antigua causa instruida por el ex juez de instrucción Rodolfo Ricotta Denby. Massera, detenido desde el martes, participó en las maniobras de desapoderamiento de los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma, propietarios de valiosos terrenos en la localidad mendocina de Chacras de Coria. En 1981, dichos terrenos pasaron a formar parte del patrimonio de Misa Chico, sociedad que integraban Eduardo Massera (h) y el capitán de corbeta Carlos Alberto Massera, hermano del almirante. No era casual: para esas fechas el “negro” Massera había dejado su cargo en la junta militar y preparaba su desembarco en la política a través del Partido por la Democracia Social (PDS). Se evalúa que el argumento esgrimido por el defensor oficial Gustavo Kollman será desestimado por Torres: considerará que nunca antes fue indagado por los hechos que se le imputan y acerca de ellos sólo prestó declaración informativa.Massera hijo es un abogado dedicado a las finanzas. Junto a su hermano fundó la financiera Xanexva y participó luego en puestos gerenciales del Banco Comafi. Pese al paso de los años, la oscura red formada por Xanexva, propiedades inmuebles, astilleros como Domecq García y Astilsur o el curioso Banco de Ultramar todavía no ha sido desanudada. Eran piezas que cimentaban las enormes aspiraciones políticas y de ascenso social del almirante y sus beneficios se derramaron en módicas cuotas sobre la soldadesca que lo secundó. Sin embargo, sería injusto afirmar que esas prácticas fueron patrimonio exclusivo de los marinos: altas jerarquías del Ejército también participaron del pillaje a gran escala, según puede deducirse, por ejemplo, de los expedientes que recuerdan lo ocurrido con las Bodegas Calise. Es que las Fuerzas Armadas y sobre todo Massera se habían lanzado a la caza del dinero producido por el secuestro de los hermanos Born, una fortuna de 60 millones de dólares que los Montoneros no tuvieron necesidad de negociar. “¿Cuánto vale mi vida? –preguntó Jorge Born a sus captores– ¿Sesenta millones de dólares?”. Sus interlocutores no podían creer lo que escuchaban: “Nosotros no pensábamos pedir más de diez”, relató hace tiempo un ex oficial montonero a este diario.La quimera del oroEsa obsesión guió los pasos de los miembros de los grupos de tareas que a primera hora de la mañana del 10 de enero de 1977 irrumpieron en los dos pisos que el abogado Conrado Gómez, ex abogado de presos políticos, colaborador de Montoneros, bon vivant y amante de los caballos de carrera había comprado sobre la calle Santa Fe. Los marinos tenían la certeza de que Cerro Largo, la sociedad integrada por el anciano empresario bodeguero Victorio Cerruti, padre de Juan Carlos Cerutti, ex subsecretario de gobierno de Martínez Baca y militante de la Tendencia, Gómez y el contador Horacio Palma, era una de las coberturas que legalizaba los dólares obtenidos por la organización guerrillera. En las oficinas de Gómez fueron detenidos, asimismo, dos militantes de la estructura de finanzas de la organización. Al día siguiente, otra patota naval llegó a la casa de Hurlingham en la que residía el contador Palma con su mujer y sus hijos; al amanecer del 12 de enero repitieron el procedimiento en Chacras de Coria, primero en la casa del anciano Cerruti y minutos después en la de su yerno, Omar Masera Pincolini. Las familias de Cerruti y Masera Pincolini, al igual que las de Gómez y Palma, no volverían a saber de ellos. Allí se inicia una historia sórdida, fraguada en los sótanos de la ESMA e instrumentada en los cuartuchos de “los Jorges” (el teniente –y contador– Jorge Radice, alias Ruger, y capitán Jorge Acosta, alias “el Tigre”). Con ellos trabajaron buena parte de los oficiales de la ESMA y una nube de contadores y escribanos ligados por profesión o por vocación a la Armada. Uno de ellos, Horacio Sosa Moliné, fallecido justo a tiempo para permitir que buena parte de las responsabilidades se descargaran sobre su nombre, fue el artífice de los protocolos que facilitaron los primeros tramos del despojo. Con él colaboraron el escribano de Prefectura Oscar Maglie, el contador –compañero de colegio de Rubén Chamorro– Horacio Cédola y la abogada Emilia Martha García, hermana de una polémica sobreviviente de la ESMA. La jueza García fue accionista y síndico de Wil-Ri, la sociedad fantasmal que reemplazó a Cerro Largo, luego de que sus verdaderos titulares fueran obligados a firmar la cesión de tierras valuadas entonces en 12 millones de dólares en los subsuelos de la ESMA. El pedido de juicio político a García fue fondeado por el Consejo de la Magistratura. Cuando en 1981 el ex almirante dejó la junta militar, creyó llegado el momento de disfrutar de sus bienes; Wil-Ri se transformó en Misa Chico, integrada por su hijo mayor Eduardo, su hermano Carlos y Pedro Añón, presidente del PDS. El domicilio de la sociedad era Cerrito 1136, el mismo que Massera (h) dio como localización de su estudio al Colegio de Abogados. En 1983, abortados los sueños políticos y ante la inminencia del Juicio a las Juntas, los Massera consideraron conveniente proteger los terrenos de Chacras de Coria de cualquier intento de restitución. Con la ayuda de Guardia de Hierro traspasaron los bienes a sociedades llamadas Huetel, Enori y A&B. Es verdad que, como afirma ahora Massera (h), la cuestión fue investigada por Ricotta Denby y revisada por el juez Nelson Jarazzo en una parodia de instrucción donde los peritos calígrafos certificaron que las firmas de Gómez, Cerutti y Palma “no habían sido obtenidas bajo presión”. “Ser el hijo del ex almirante Massera no implicó que yo haya estado vinculado a sus actividades”, dijo en su declaración Massera hijo. Y agregó: “Es un insulto a mi inteligencia pensar que he sido titular de bienes mal adquiridos (sic) por la Escuela de Mecánica de la Armada (...) tendría que ser un bobo para hacer esto”. Quizá sentirse omnipotente sea una bobada.

No tomamos apuntes de la realidad. Le apuntamos a ella

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Les enviamos el Reporte de las Madres, con las noticias actualizadas.

Noticias publicadas: Martes 07 de julio de 2009

HONDURAS: “ESTAMOS EN RESISTENCIA Y ESO ES ESTAR AMANDO EN LA VIDA”. Por Jessica Isla*. Casi siempre sé que escribir. Soy escritora, a eso me dedico, a juntar las palabras para que puedan entenderse, leerse, compartirse. Hoy sin embargo, las palabras se encuentran en algún lugar lejano entre mi cerebro y mi pecho. No quiero ni hablar. Estoy triste. Leer más.

EL GOLPE EN HONDURAS Y LA CONEXIÓN CON LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS. La crisis en Honduras comenzó cuando los militares se negaron a distribuir urnas de voto para el sondeo de opinión sobre una nueva Constitución. El presidente Zelaya despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, quien se negó a dimitir. Los jefes de todas las ramas de las fuerzas armadas hondureñas renunciaron en solidaridad con Vásquez. Vásquez, sin embargo, se negó a renunciar, fortalecido por el apoyo del Congreso y un dictamen de la Corte Suprema que lo reincorporó. Vásquez sigue controlando las fuerzas armadas. Leer más.

PERÚ: A UN MES DE LA MASACRE INDÍGENA, EL PAÍS ESTÁ MILITARIZADO. Una movilización se anunciaba en Perú, a un mes de la masacre indígena. El Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía llama a movilizar contra el modelo económico neoliberal. Un fuerte despliegue policial y militar en la capital peruana y paros y bloqueos de carreteras en el interior, caracterizan el inicio de la primera de tres jornadas de protestas sociales convocadas. Leer más.

DERECHO A NO MORIR. Por Sandra Chaher*. Mientras las mujeres se siguen muriendo por causas que se podría evitar, el país patrocinó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que por primera vez se relacionan las muertes con la vulneración de sus derechos humanos. ¿Se traducirá este apoyo en políticas de Estado que protejan los derechos de las mujeres? Leer más.

LA UNIVERSIDAD POPULAR EN VILLA 15 Y LA FÁBRICA DE PANELES. Por Inés Vázquez*. El pasado martes 30 de junio, realizamos la primera de una serie de visitas a los barrios de Buenos Aires donde las Madres están llevando adelante la Misión Sueños Compartidos desde hace ya tres años. Leer más.

FM Desate. EL SILENCIO NO ES SALUD. La radio FM Desate es un emprendimiento ocupacional-cultural- social, pensado tanto para las pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano, como también para aquellos miembros de la comunidad que deseen integrarse. Cuando llegó a nuestras manos la información sobre la actividad y la función que cumple FM Desate, no pudimos menos que intentar saber más al respecto. Leer más.

UNA NOTICIA QUE NO SALDRÁ EN TN. El Poder Judicial de la Nación resolvió la reincorporación del delegado de prensa de Canal 13 y TN Ricardo Junghanns, mediante una medida cautelar en la que se reconoce su militancia sindical y su condición de delegado. Junghanns había sido expulsado por el grupo Clarín en medio de una serie de medidas tendientes a desarticular la organización gremial de los trabajadores del medio. Leer más.

AIRE COMPRIMIDO. El sábado pasado fue el último programa de Raúl Portal en Radio Provincia de Buenos Aires. El rechazo de un grupo de trabajadores y trabajadoras de la emisora pública fue el inicio de una cadena de adhesiones que expresó el repudio a su presencia en la radio, por justificar el abuso a menores y subestimar la decisión de la Justicia que condenó al cura Julio César Grassi. Leer más.

MACRI SIN PLAN PARA LAS VÍCTIMAS DE TRATA. Por Lucas Schaerer. Una comitiva del Gobierno volvió a proponer en la justicia una asistencia a las víctimas de trata que ya fuera rechazada por no cumplir con la ley. El defensor oficial se hizo presente junto al matrimonio de costureros denunciantes. Leer más.



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Reporte de las Madres
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Hipólito Yrigoyen 1584 –C.A.B.A
Argentina

María Teresa Fontela. La ex primera dama de Brasil habló con LA REPUBLICA
Viuda de Goulart: "No quería creer que lo hubieran matado"
La viuda del derrocado presidente brasileño Joao Goulart hoy sospecha que su marido pudo haber sido asesinado y afirma que, ante la falta de voluntad política en Brasil, debería presentar el caso ante organismos internacionales y la Justicia de Argentina, donde Jango murió.
Roger Rodriguez rogerrodriguez@adinet.com.uy
Ayer, en Montevideo. "Yo siempre digo que Uruguay es para mí la segunda patria".
Elegante y firme en sus expresiones y gestos, María Teresa conserva el refinamiento que en los años sesenta la colocó, junto a Jaqueline Kennedy, como modelo de belleza internacional.
Aún hoy en Brasil se le considera como la "primera dama" más atractiva que hubo en la historia del país. Nacida un 23 de agosto de 1940, era una niña de 14 años cuando conoció a "Jango" durante su "baile de debutante" en la casa de una tía que era cuñada del líder Getulio Vargas. Sólo dos años después, cuando terminó sus estudios en Porto Alegre, se casó con el ya vicepresidente Goulart. Se convirtió en la "primera dama" de Brasil con 21 años, cuando en 1961 Jango asumió la primera magistratura ante la renuncia de Jaino Cuadros y tres años más tarde, con el golpe militar que derrocó la institucionalidad del país, pasó a ser la mujer del presidente exiliado en Uruguay. En 1976 pasó a ser su viuda. Esta semana, María Teresa volvió a Montevideo para participar del estreno del documental "Jango en Tres Actos", que se lanzó anoche en el Festival de Invierno de Cinemateca Uruguaya, y conversó con LA REPUBLICA sobre sus recuerdos y su convicción de que Goulart pudo ser asesinado. "Yo siempre digo que Uruguay es para mí la segunda patria, porque nosotros cuando llegamos aquí fuimos tratados con mucho cariño. Mi marido era muy querido y mis hijos crecieron aquí. Más allá de todo lo que pasó, tengo buenos recuerdos. Uruguay está siempre en mi corazón", dice al presentarse.

"Saber lo que pasó"
Ustedes vivieron en Uruguay hasta que Jango se ve obligado a renunciar a su asilo político y viajaron a Argentina donde poco después él muere de un supuesto ataque al corazón. Hoy se está descubriendo que no habría sido así y que Goulart pudo haber sido asesinado. ¿Cómo revé aquellos días en los que en Uruguay no los estaban protegiendo, sino vigilando y controlando?
-Sí, ahora me resulta muy difiícil entender todo aquello. Nunca me había pasado de tener una sospecha de que algo pudiera estar ocurriendo entonces, pero ahora tengo serias dudas sobre la situación y quiero investigar con mis hijos y nietos lo que realmente pasó, porque estamos encontrando y descubriendo cosas que nos hacen creer que lo del asesinato es verdad.
¿En aquellos años no sentían que eran vigilados? ¿Nunca ocurrió algo extraño durante el exilio en Uruguay?
-Algunas veces... Yo tuve problemas y fui detenida con mi coche y permanecí dos días incomunicada por un asunto banal. También mi hijo fue un poco perseguido en el colegio cuando estaba estudiando. Pero nunca sentimos que nos estaban siguiendo de esta manera. Algunas cosas se las adjudicábamos a los tiempos de dictadura que también acá se vivían, pero otras parecían algo más particulares y eso a mí me preocupaba en relación con mi marido. Pero luego lo desestimaba y pensaba que eran fantasías de mi cabeza.
Luego de la muerte del presidente Goulart en su villa de Mercedes, Entre Ríos en 1976, usted continúa viviendo en Uruguay hasta 1982, cuando se vuelve a Río de Janeiro con su hija Denise. ¿Cómo fueron esos últimos años en Uruguay?
-Para mí volver a Brasil fue muy difícil. Tardé un tiempo en acostumbrarme a vivir en Río. Quedé un poco enraizada en Uruguay. Hice aquí amistades que aún conservo y que mantuve durante todos estos años.

"No quise creer..."
A fines de los años 90, un amigo de Jango, Enrique Foch Díaz, publicó un libro titulado "Jango, el crimen perfecto" en el que afirma que Goulart fue asesinado. ¿Qué pensó entonces ante la hipótesis de un homicidio?
-Foch Díaz ya me había buscado enseguida que falleció mi marido, cuando estuve viviendo un tiempo en Porto Alegre, en el hotel Plaza. El vino, pidió para verme y dijo que no creía que hubiera sido una muerte natural. Me dijo que lo habían asesinado. Yo dije que no, no quise creer que lo hubieran matado. No puede ser, dije, eso no es verdad. Tengo todos los recortes de las noticias que salieron sobre su muerte y eso no se manejaba. Nunca quise leer el libro...
Pero hace unos años atrás, cuando aparece el ex agente uruguayo Mario Ronald Barreiro Neira en una cárcel de Porto Alegre y comienza a dar datos sobre el complot para asesinar a Jango, ¿las cosas cambiaron?
-Ahora yo tengo serias preocupaciones de que algo sucedió, porque son varias cosas que uno va juntando y se da cuenta de que algo pasó.
¿Y cómo cree que se puede llegar a la verdad?
-Yo he conversado con mis hijos de que para hacer averiguaciones en Brasil ninguna persona tomó providencias. Entonces yo creo que aquí, en Uruguay, o en Argentina sería más fácil conseguir que alguien nos ayudase en la investigación.
¿Incluso podrían presentarse en una causa ante la Justicia argentina y aun ante foros internacionales para que los gobiernos desarchiven documentos secretos y se indague a nivel de los Estados?
-Sí, yo tengo ganas de hacer eso y creo que mis hijos también.
Fuente: www.larepublica.com.uy
-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

EL PAIS › ELEVARON EL PEDIDO CONTRA EL PROFESOR DE LA UBA Y DEFENSOR DE REPRESORES ALFREDO SOLARI
Un penalista rumbo al juicio académico
Un alumno lo denunció por su “reivindicación inobjetable” de la dictadura. El docente se amparó en la “libertad de cátedra” y cuestionó “la universidad de 1973”. Atilio Alterini, decano de la Facultad de Derecho, elevó ahora el pedido de juicio académico.
Por Gustavo Veiga
Un pedido de juicio académico contra el profesor de la Facultad de Derecho y abogado de represores Alfredo Solari acaba de ser elevado al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. El docente había sido denunciado por el alumno Martín Gerónimo Gianella por “su reivindicación inobjetable de la última dictadura militar”. En esos términos describió la conducta en el aula del titular de la cátedra de Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. Este caso actualizó otro parecido, el de la profesora adjunta de la materia Derechos Humanos, Marta María Pastor, contra quien el 6 de mayo de 2005 se había solicitado el mismo procedimiento porque justificó el terrorismo de Estado (ver aparte). En aquel momento la denuncia del estudiante Damián Odetti terminó archivada. Gianella dice ahora que solicitará su reapertura.
Atilio Alterini, decano de Derecho, elevó el 16 de junio el pedido de juicio académico contra Solari que se había tratado sobre tablas en el Consejo Directivo de la Facultad a principios del mismo mes. A esa instancia se llegó luego de que el alumno ratificara y ampliara las pruebas aportadas en una carta presentada el 13 de marzo –que Página/12 reprodujo tres días después– y de que el profesor respondiera la vista de la Facultad con un texto en el que, básicamente, se aferró a la “libertad de cátedra”, cuestionó a la Universidad del ’73 y confesó que jamás interfirieron en sus enseñanzas las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla.
De los escritos de Gianella y Solari se desprende una polémica que continuó con la designación de veedores en las clases del profesor que es abogado del represor Ricardo Miguel Cavallo y escribe en la revista Cabildo. El estudiante sostiene en su denuncia que “la acusación concisa, clara y categórica que se le realiza al doctor Alfredo Solari, consiste en su violación de la ética universitaria que mantiene los valores democráticos y republicanos, a través de su reivindicación inobjetable de la última dictadura militar, y del papel –positivo– que, según el mismo, tuvieron las Fuerzas Armadas en la vida política y jurídica de nuestro país durante los años más oscuros de nuestra historia”.
En su descargo de 34 carillas que redactó el 22 de abril, Solari reseña que lleva 37 años dando clases en la Facultad de Derecho, donde comenzó como ayudante alumno en la cátedra de Derecho Constitucional Argentino y Comparado 1 que tenía a su cargo Jorge Aja Espil, embajador argentino en Estados Unidos durante la dictadura, entre 1976 y 1981. Además explica que “es absolutamente cierto, y públicamente notorio, que el que suscribe es crítico permanente de la llamada ‘política de derechos humanos’ de las administraciones Kirchner y Fernández de Kirchner, por reputar a la misma como una lisa y llana persecución política que nuestra Constitución no tolera. Dicha persecución está fundada en un notorio falseamiento de la Constitución y de la Historia”.
Gianella le reprocha al profesor que en su clase dijera: “El gobierno de facto de 1976 salvó al partido peronista, impotente absolutamente para responder al fenómeno terrorista”. Sobre este comentario, el estudiante se interroga en la denuncia si “¿no es ésta acaso, una afirmación de contenido apologético en relación al Terrorismo de Estado implementado entre los años 19761983?”. Solari admite aquella caracterización de la dictadura y se apoya –entre otros argumentos– en que “tengo asimismo testimonios vertidos directamente al suscripto por protagonistas civiles y militares de la época, que corroboran plenamente lo anterior, y la colaboración oculta del peronismo en el poder para lisa y llanamente entregar el gobierno a las FF.AA.”.
El punto más álgido del contrapunto entre el estudiante y el profesor lo describe el primero en su denuncia: “Señala el Dr. Solari que jamás le he preguntado acerca de si le parecía correcto que los militares hayan desaparecido a 30.000 personas en nuestro país. Dicho hecho quedará acreditado con la declaración testimonial de los testigos ofrecidos. De todos modos, el Dr. Solari afirma a fojas 26 que de lo contrario me hubiera respondido ‘que no es ese el número que surge del informe de la Conadep’. Pues bien, si esa hubiera sido su contestación, aún así seguiría sin dar respuesta a mi pregunta, que evadió en primer término en la clase y vuelve a evadirla ahora en su descargo. No le he preguntado el número de desaparecidos ni me interesa hacerlo, le he preguntado si le parece correcto con que a esas personas las hayan desaparecido. Posiblemente no se atreva a dar una respuesta en forma expresa”.
Solari niega haber sido consultado sobre el tema. Como niega conocer a los editores de la revista Cabildo y compartir su ideario. “Soy agnóstico”, sostiene y aclara que “si algún artículo público del suscripto la revista ha difundido, corre por su cuenta, pero no ha sido una colaboración del que suscribe”. En la línea siguiente se contradice: “Y en todo caso, si así hubiera sido, también viene protegida por las recordadas libertades”.
El columnista del pasquín de ultraderecha dedica un extenso tramo de su descargo a denostar los dos primeros gobiernos peronistas del 45 al 55, a cuestionar lo que sucedió en la Facultad de Derecho en 1973 y a sostener que ejerció la docencia durante las dictaduras de Onganía y Videla “sin que ninguno de esos gobiernos (muchos de cuyos agentes de inteligencia concurrían a clase para controlar, siendo fácilmente detectables) jamás hubiera interferido en las enseñanzas que el suscripto impartía o las opiniones que vertía”. Y eso que, como él mismo comenta en su descargo, explicaba en la bolilla 19 de una materia temas conflictivos para la época: materialismo histórico, materialismo dialéctico y leninismo.
Con el pedido de juicio académico ya elevado al Consejo Superior de la UBA, se abre la última instancia de un proceso en el que Solari vio desestimadas sus aspiraciones: que no se considerara la denuncia de su ex alumno (Gianella abandonó su materia a la tercera clase) y que se dejara sin efecto la veeduría. Sucedió todo lo contrario por la movilización de un grupo de alumnos de Derecho. Su remoción como profesor de Garantías Constitucionales en el Proceso Penal podría definirse dentro de dos meses.
EL PAIS › LA DENUNCIA CONTRA PASTOR, DOCENTE DE DERECHOS HUMANOS
Un caso archivado que se reactivó
Por Gustavo Veiga
A la profesora Marta María Pastor la une con Alfredo Solari su visión de la última dictadura. Con la diferencia de que la actual docente de Derechos Humanos y Garantías ha ido más lejos en sus afirmaciones. En marzo de 2005, el alumno Damián Odetti pidió su juicio académico por manifestaciones vertidas en clase del tipo “no es necesaria la celebración del final de la dictadura, es vergonzoso” o “los militares no merecen la cárcel, ya es suficiente con haber tenido en sus manos el país y ahora ser simples ciudadanos”.
La solicitud del estudiante, que insistió con su pedido de sanción para Pastor por apología del régimen militar en tres oportunidades, quedó archivada, pese a que había sido acompañada con las firmas de dos alumnos más de la materia. Esta es la denuncia que Martín Gianella, el alumno que acusó a Solari, pretende reactivar.
Cuando Odetti presentó la suya contra Pastor hace más de cuatro años –Alterini, como ahora, era el decano de Derecho–, transcribió en ella algunas de estas frases que le atribuyó a la profesora: “Yo en la época de la dictadura trabajaba al igual que mi esposo en una fuerza de seguridad”, “ustedes no vivieron la época pero yo sí, es por eso que estoy de acuerdo con la represión”, “los subversivos eran terroristas y había que fusilarlos”, “el error de los militares fue haber omitido un juicio previo al menos de un minuto y luego fusilar en la plaza pública con un pelotón”.
Odetti escribió en la primera de sus notas que “estando en una universidad del estado que actualmente se encuentra bajo un régimen democrático no es propio que, más aún en una cátedra que enseña los lineamientos de los Derechos Humanos, se esté de acuerdo con la violación de dichos derechos...”. Pastor ejerce de hecho la titularidad de la cátedra de Derechos Humanos y Garantías, aunque es interina. Cuando la denunció Odetti por sus sermones a favor de la dictadura ocupaba el cargo de adjunta, la titular era Susana Albanese.
Fuente: Pagina 12
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OPINION
En honor a tantas víctimas Por Frente Gremial y Movimiento de Abogados *
El día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado fue instituido por la federación Argentina de Colegios de abogados (FACA), tomando como paradigma y referencia histórica la denominada "Noche de las corbatas", que aconteciera en la ciudad de Mar del Plata durante los días 6, 7 y 8 de julio de 1977. Aquella denominación provino de los propios secuestradores y torturadores, generando la desaparición de varios abogados que, comprometidos con la sociedad y su profesión, abogaban por trabajadores y defendían a detenidos políticos.
Más allá de aquel hecho paradigmático, recordamos a todos los abogados y abogadas que fueron víctimas por ejercer su profesión en el amplio espectro de la defensa de los Derechos Humanos y por la vigencia del Estado de Derecho. A todos los colegas que fueron amenazados, perseguidos, discriminados, despedidos, detenidos, torturados, enfermados, escarnecidos, exiliados internos y externos, secuestrados, asesinados, desaparecidos por el Terrorismo de Estado.
No es casual que haya tantos abogados víctimas del terrorismo de Estado. Supo muy bien el represor que para lograr el control social, para lograr atemorizar o dejar inerme al pueblo, tenía que dejarlo sin abogados. El abogado es un blanco predilecto de quienes están en contra de las instituciones de la democracia.
A todos ellos les rendimos un merecido homenaje el día 6 de Julio de 2009.
Recordando también que este es el año en que comienzan los juicios en Rosario. El mes de septiembre nos encontrará ventilando en una audiencia oral y pública los crímenes cometidos por la dictadura y enjuiciando a algunos de los responsables de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Nacional. Ese también es un logro de muchos colegas víctimas del estado terrorista. Es un logro de todos.
*Roxana Solina, Ricardo Dagotto, Ernesto Luezas (por Frente gremial) y Gabriela Durruty, Norberto Ferrari y Vildor Garavelli (por Movimiento de Abogados).
Fuente: Rosario 12

@@@@@@@@@@@-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

El ex Jefe de Policía durante la dictadura fue vinculado a las desapariciones durante los años de plomo
Rauzzino, acusado de secuestro
Fue imputado por las desapariciones de Griselda Ponce y Julio Burgos. Quedó en libertad bajo caución de 50 mil pesos. Eludió un escrache en la calle.



Volver. Juan Daniel Rauzzino, ex hombre fuerte de la dictadura, ayer en la Policía Federal.

El ex militar Juan Daniel Rauzzino fue imputado e indagado ayer por las desapariciones forzosas de Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos, el 15 de diciembre de 1976, cuando el ahora acusado ocupaba el cargo de jefe de Policía de la provincia, en plena dictadura militar. Luego de treinta años de ausencia, Rauzzino volvió a la provincia y quedó imputado del delito de "privación ilegítima de la libertad agravada". Y aunque se le concedió la libertad bajo caución real de 50 mil pesos, seguirá vinculado a la causa por su presunta participación en la comisión de delitos de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptibles para la ley penal. Rauzzino, actualmente de 74 años, llegó a Catamarca para ser acusado de cuatro desapariciones. Además de las mencionadas, la Justicia Federal iba a imputarle los secuestros de Francisco Ponce, el 6 de abril de 1976, y de Nelly Yolanda Borda, en enero de 1977. Sin embargo, el militar acreditó mediante documentación que cuando se produjo el primer hecho todavía no era jefe de Policía -asumió en mayo de 1976- y que se encontraba de licencia cuando un grupo armado paramilitar secuestró a Nelly Yolanda Borda en su casa paterna de Belén. Durante la indagatoria Rauzzino fue defendido por el abogado Lucio Montero. Según trascendió, aseguró no tener conocimiento de los hechos que se le imputaban, aunque en la causa existen constancias y declaraciones que indican que desde su función no movió un dedo para ubicar a los jóvenes secuestrados, luego de que sus familiares radicaran la denuncia penal.
Mano duraEl ex militar, que intervino en la guerra de Malvinas y forma parte de la Asociación de Veteranos de esa contienda bélica, asumió en el cargo de jefe de la Policía de Catamarca en mayo de 1976, cuando tenía el rango de mayor. Es recordado porque manejaba la fuerza de seguridad con mano dura y, frecuentemente, ordenaba detenciones de ciudadanos que ni siquiera tenía vinculación con alguna organización política. Hay quienes lo consideran un ícono de la represión ilegal en Catamarca durante los años de plomo.Aunque no fue indagado en esta oportunidad por esta causa, su nombre aparece vinculado también a la desaparición del comerciante Duilio López Rodríguez (51), el 2 de septiembre de 1977.Su desaparición siempre fue vinculada a diferencias personales que mantenía con Rauzzino.Luego de ser indagado, el ex militar fue trasladado a la Policía Federal para ser fichado y prontuariado, tramo en el que evitó tener contacto con representantes de organismos de Derechos Humanos y ex presos políticos que habían organizado un escrache en la puerta de los tribunales federales.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/



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DESAPARECIÓ AL MENOS CUATRO PERSONAS
Catamarca: procesan a ex policía y represor
Es por el presunto secuestro y desaparición, en 1976, de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, Julio Burgos y Nelly Yolanda Borda.
El represor Juan Daniel Rauzzino, que se desempeñó como jefe policial de Catamarca durante la dictadura militar, fue imputado del delito "desaparición forzosa de personas", luego de ser indagado este martes por la justicia federal local.Rauzzino también pagó la suma de 50 mil pesos en concepto de caución real, y así logró obtener la libertad, diligencia que se cumplió en sede judicial de ésta ciudad.El ex jefe policial declaró por espacio de 3 horas ante el juez federal de Catamarca, Ricardo Antonio Moreno, por el presunto secuestro y desaparición forzosa de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, Julio Burgos y Nelly Yolanda Borda, hechos ocurridos entre abril y diciembre de 1976, durante la última dictadura militar.La indagatoria la llevó a cabo el juez federal Ricardo Moreno, a cargo de las causas, con la presencia del abogado defensor Lucio Montero y del fiscal Santos Reynoso.La justicia federal únicamente involucró al ex jefe policial, en la desaparición de Yolanda Borda, una estudiante universitaria catamarqueña en Tucumán, quién fue secuestrada el 27 de enero de 1977 en horas de la madrugada, en la cabecera departamental de Belén, a unos 300 kilómetros de la capital.Se fundamentó que "ese día existió una liberación de zona por parte de la Policía, lo que permitió que la joven estudiante catamarqueña sea secuestrada por un grupo militar de tareas, en su propia casa de la cabecera departamental".El abogado defensor de Juan Daniel Rauzzino, Lucio Montero, dijo a Télam que "mi defendido fue imputado de un solo hecho por el presunto delito desaparición forzosa de personas, aunque en libertad" para lo que se abonó la caución real de 50 mil pesos, diligencia que se concretó este mediodía en sede judicial.Finalmente manifestantes de la Comisión de Derechos Humanos de Catamarca, mediante carteles, y afiches, calificaron al ex militar Juan Daniel Rauzzino, de "asesino", y reivindicaron el constante reclamo de justicia.

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Lo que no dicen las crónicas de los diarios

Hola cumpas, hoy el juez Moreno permitio que no lo trasladara la federal sino su abogado por lo tanto salio por otro lugar pero lo mas groso es que cuando fuimos a la federal y esperamos mas de una hora vemos salir un auto particular, la federal cortando el transito y que ese auto partiera a contramano,, dejandonos con las ganas de escracharlo.
Fuimos a hablar con el jefe de la cana y nos dice que el juez solicito resguardo a la persona imputada, pero que lo de sacarlo a contramano es idea de alli
Se imaginas la bronca, el trato preferencial, de cuidadano de primera que le dieron.


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Masacre Capilla del RosarioUn ex jefe militar fue procesado en Catamarca
Carlos Carrizo Salvadores está acusado de ser partícipe secundario de 16 muertes.


represor procesado

El ex jefe militar y de la Policía provincial y actual letrado del foro local, Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, fue procesado en la mañana de ayer por la Justicia Federal de Catamarca, quien lo encontró como "partícipe secundario" de 16 crímenes ocurridos en agosto de 1974 en esa provincia, en un hecho conocido como “Masacre de la Capilla del Rosario”.
Militantes de distintas agrupaciones catamarqueñas de Derechos Humanos, quienes esperaban fuera de ese Tribunal Federal, “escracharon” y le arrojaron huevos al móvil de la Policía Federal en el que, altamente custodiado, se retiró el ahora letrado.
El querellante adhesivo de este sonado caso, Guillermo Díaz Martínez, expresó a este matutino: "si bien no era la calificación que esperábamos, es importante que Carrizo Salvadores haya sido procesado por delitos de lesa humanidad".
De ahí que luego de ser indagado, Salvadores fue procesado por ese Juzgado Federal, a cargo del juez Ricardo Antonio Moreno, por ser "participe secundario" en torno al supuesto delito de "homicidio simple".
Cabe señalar que previo a su indagatoria, la situación de Carrizo Salvadores parecía más comprometida, debido a ciertas sospechas que el entonces militar había sido uno de los autores del fusilamiento de los 16 integrantes del Ejército Revolucionario Pueblo (ERP).
Cabe señalar que los ex militares Mario Nakagama y Carlos Carrizo Salvadores, quien por ese momento era jefe del desaparecido Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, son, hasta el momento, los únicos acusados por los 16 crímenes ocurridos el 12 de agosto del 1974.
Ambos fueron sindicados por varios testigos como los oficiales que tuvieron a su cargo a las tropas del ejército que, en un primer momento, rodearon a los guerrilleros y luego, una vez que éstos se rindieron, los habrían ejecutado.
El grupo rebelde formaba parte de un comando de la "Compañía del Monte" del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), que había viajado a Catamarca, el 11 de agosto de 1974, para ingresar al Regimiento de Infantería 17, con el fin de sustraer armas y otros pertrechos.
El comando fue sorprendido fortuitamente por dos ciclistas que pasaron por la zona de Agua Colorada, donde se encontraban, y a los pocos minutos se produjo un primer enfrentamiento con la policía catamarqueña.
El letrado Mario Marca, uno de los testigos de este hecho, dijo en su testimonio que la orden de fusilamiento fue emanada por el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.

Fuente: El Tribuno, Jujuy

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Los organismos de derechos humanos, movimientos sociales e integrantes del Colegio de Abogados de Jujuy van a pedir su inmediata cancelación como integrante del mismo en su condicion de represor imputado por la Masacre de Capilla del Rosario.
POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

DOCUMENTALES PARA NO OLVIDAR Con la presentación y los prólogos de Estela de Carlotto Este viernes a las 23 de julio a las 23 hs. la señal de Encuentro comienza a emitir el ciclo "Documentales de la Memoria" El ciclo se emitirá todos los viernes de julio a las 23 hs y está integrado por cuatro películas documentales, surgidas de investigaciones realizadas desde 1999 por alumnos, docentes y graduados de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La serie DOCUMENTALES DE LA MEMORIA avanza en una propuesta de síntesis de los últimos diez años de producción audiovisual en la universidad platense y cada capítulo está presentado por la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto en su doble rol de Abuela de Plaza de Mayo y Doctora Honoris Causa de la UNLP. El Ciclo "Documentales de la memoria" es el primer ciclo producido por la universidad de La Plata para el Canal Encuentro, señal para la televisión del portal educ.ar del Ministerio de Educacíón de la Nacíón, creada por el Gobierno Nacional en marzo de 2007. La iniciativa nació como una propuesta federal para la difusión de contenidos educativos, científicos y culturales desde el estado. Dirigida por el cineasta Tristán Bauer en su etapa inicial, la señal planteó una ruptura en la programación de la televisión argentina. La producción y realización del ciclo está a cargo del Centro de Producción Audiovisual (CPA) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata; dirigido desde 1998 por el Lic. Pablo Torello el CPA cierra con este proyecto, una década de investigación, desarrollo y producción de contenidos audiovisuales con un planteo realizativo que incluye sistemáticamente a los alumnos en la producción de materiales de calidad profesional desde la Universidad Pública. El Centro de Producción Audiovisual se ha caracterizado también por proponer en sus realizaciones, recortes históricos que aportan a la construcción de relatos contrahegemónicos sobre partes de la historia silenciada de nuestro país. Subyace finalmente en este ciclo el reconocimiento al protagonismo asumido por la Universidad Nacional de La Plata en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia plena. "Documentales de la memoria" los viernes a las 23 hs por Encuentro. "El Crimen Impune del Gobernador Ragone" narra la historia del único gobernador desaparecido en Latinoamérica. Viernes 03 de julio "Historias de Aparecidos"; un recorrido sobre el destino final de las víctimas de "los vuelos de la muerte" Viernes 10 de julio "Dónde está Miguel"; un documental definitivo sobre el caso de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Miguel Bru, estudiante de periodismo, en agosto de 1993. Viernes 17 de Julio "A Cielo Abierto"; una crónica sobre el bombardeo a Plaza de Mayo, en junio de 1955, un suceso luctuoso para historia argentina. Donde miles de víctimas y familiares aún reclaman memoria y justicia. Viernes 24 de julio.

Caso Labolita. Breve Crónica del fallo en Mar del PlataAlicia Ruszkowski

Lamento tanto por los padres, esposa y hermana de Labolita, estaban desconsolados por la sentencia del represor Duret, no es para menos, absuelto y con libertad inmediata.A pesar de que Mansilla fue condenado a prisión perpetua, no lo mandaron a cárcel común y vuelve a su casa, esta resolución tambien cayó como un balde de agua fría a todos los que escuchábamos el fallo.Es un gran desconsuelo, yo tenía un vacío enorme en el alma yJorge lloraba como un chico.Duret parecía un patrón de estancia, le faltaba el látigo o la picanaen la mano, es de la aristocracia de Salta, bien plantado y firme y elpresidente del Tribunal Oral Esmoris un dubitativo, les marcó la cancha e hizo y declaró lo que quiso. La cara de Duret lo decía todo, como su apellido lo sugiere duro como el mármol, sin ninguna gota de piedad en su cara.Creo que sigue teniendo causas pendientes por la desaparición de tres conscriptos, era amo y señor de Las Flores, con 24 años en 1976 y jefe de inteligencia, un cuadro de las Fuerzas Armadas.San Emeterio, su abogado es un conocido personaje, fue chofer de Otto Paladino a cargo del Campo de Concentración del Vesubio, sonreía contentoy cuando se terminó de leer el veredicto se abrazaron con Duret mientras la esposa del desaparecido compañero Labolita sufría un desmayo por la angustia que vivía en ese duro momento.Uno quisiera rebatir con argumentos pero ellos están tan orgullosos de lo que hicieron y pienso que lo volverian a hacer mil veces más si se les presenta la oportunidad.Duret muy inteligente y cuando declaró marcó los tiempos y el discurso muy preparado, dió cátedra de contrainsurgencia y se metió en el bolsillo a los dos jueces, por poco le pedían perdón por juzgarlo con su actitud sumisa y poco convincente.Sinceramente pensé que le iban a dar pocos años pero nunca que iba a salir absuelto. Un fallo incongruente y a todas luces aberrante.El único digno fue el Juez Rozansky que votó en disidencia y pudo salir por la puerta grande aplaudido por los compañeros que estaban apoyando afuera.Los otros dos jueces tuvieron que permanecer varias horas más adentro del tribunal y salieron custodiados por la Policia Federal e introducidos en un auto que salió raudamente y en contramano por la Avenida Luro.Una verguenza el papel de estos jueces que dejan asesinos sueltos.Es mucho tiempo el que pasó y ellos juegan con eso y con la memoria de los testigos que tienen que hacer un esfuerzo increible para reconstruir la historia y los padecimientos que sufrieron.Como parte de su grupo de apoyo apareció la provocadora Cecilia Pando con otra mujer y varios matones que la custodiaban.Pedí a los periodistas que la ignoraran y no le dieran prensa que es lo que busca habitualmente pero ella vociferando trataba de desplegar un afiche de apoyo a los represores.Intenté arrancárselo y lamento no haberle roto en la cara el cartel que traía solo se lo arranqué pero ella lo levantó, la verdad que hubiera querido saltarle a la yugular y retorcerle el pescuezo porque es mucha la bronca que había en todos los que estábamos en el lugar.Eso pasó a la mañana y todavía no se había escuchado el veredicto que realmente fue de terror. Todo muy duro y triste.Cuando veo esos personajes cerca, me sale toda la bronca de adentro y siento que ha pasado tanto tiempo y es tan duro y díficil el camino para poder hacer justicia.De todas maneras no está dada la última palabra y este represorresponsable del secuestro y muerte de Labolita que hoy fue absuelto tiene causas pendientes y tal vez se logre que vuelva a la cárcel.Realmente a veces me sigo todavía asombrando de estos pichones de nazis que creo siguen encaramados en las FFAA y como no es su momento, se guardan pero siguen al acecho.Estemos muy atentos viendo lo que pasa en Honduras porque la derecha vuelve a tomar fuerza y puede ser un globo de ensayo para la vuelta de los oscuros años que transitamos en América Latina.

Sentencia ajustada a DERECHA‏
miércoles, 08 de julio de 2009 15:08:40

El pasado martes 30 de junio, se produjo la 2da. Jornada del Juicio por "Gatillo Fácil" contra el policía bonaerense retirado Roque Benítez. Prestó declaración testimonial su concubina, quien trajo al debate situaciones nunca antes conocidas. Planteó que dos personas, luego de levantar la persiana de su habitación, se mantuvieron allí durante unos 10 o 15 minutos. Mientras tanto, Benítez fue a la cocina desde donde efectuó, según su descarada defensa, "un disparo al aire para asustar a los cacos". La ventana de la habitación se encuentra a la izquierda del venti-luz de la cocina desde donde Benítez disparó hacia la derecha.
La realidad es que Benítez dio muerte a Carlos Alejandro Suárez, con su arma calibre 38 de un certero tiro por la espalda. Hirió su aorta y según los peritos murió a los 15 o 20 segundos. El perito criminológico dejó en claro que el disparo se produjo en paralelo a la tierra (¿Benítez no había disparado al aire? ¿…o disparó al horizonte?). El dato más esclarecedor obtenido en la audiencia es que dio este perito al demostrar que Carlos, al recibir el impacto mortal, se encontraba en movimiento en sentido contrario a la vivienda: al momento de ser fusilado no estaba generando peligro alguno para la persona ni los bienes del ex bonaerense. Nunca se intentó constatar que las huellas en la persiana fueran del pibe.
Ante este cuadro, la defensa (Mariano Ayesa, abogado de cuanto policía rinda cuentas por fusilar un pibe) solicitó la absolución. La fiscalía, corriéndose de lo que dijo al pedir la elevación a juicio y al formular acusación en el debate, negó que hubiera un “Homicidio ( 8 a 25 años)” y pidió 3 años por “exceso en la legítima defensa”.
Cuando decimos que si no basta con la complicidad de los camaradas de arma, la justicia aparece inmediatamente para salvar y proteger al asesino miembro de las fuerzas represivas del estado, este es el caso que lo grafica: lo exiguo de la pena requerida por la fiscalía tiene el beneficio de no cumplirla en prisión, pagando con “trabajo social“. Desde el Frente Antirrepresivo sostuvimos que el fusilamiento de Carlos debe provocar que el ex policía Roque Benítez pague con cárcel efectiva por 12 años.
El día lunes 6 de julio a las 12:30hs comenzamos a concentrar a la espera del fallo junto compañeros de varias organizaciones, quienes no estábamos dispuestos a que se pierda en la indiferencia otro caso de Gatillo Fácil. Finalmente, a las 13:00hs se dictó la indignante sentencia:

“(la conducta) la estimo como un estado de hecho, de necesidad y no buscado por quien se defiende contra una acción de peligro actual, todo ello tendiente a evitar el agravio y no sancionarlo por lo que la misma resulta preventiva.
También debo decir que el mismo (la conducta homicida de Benítez) esta destinado a suplir en cierto modo a la actividad defensiva del Estado que por lo tardía haría al agravio irreparable”
“Por todo ello, citas legales y doctrinarias, este tribunal oral en lo criminal, por unanimidad, resuelve:
1) Absolver libremente a Roque Benítez (...) policía jubilado (…) respecto del delito de homicidio hecho este cometido en esta ciudad día 3 de septiembre de 2007en perjuicio de Carlos Alejandro Suárez, por haber actuado el mismo en legitima defensa de su persona y de terceros. (…)
4) Restituir al imputado el revolver calibre 38 (…) y las correspondientes credenciales las que se encuentran secuestradas en la fiscalía. (…)
Con la misma, el Tribunal conformado por los jueces Carnevale, Martinelli y Sueyro en unanimidad, cristaliza el permiso de matar preventivamente ante la duda, y, si por casualidad existe el estorbo de personas que reclamen por los derechos humanos de las victimas, prontos a auxiliarlos estarán los guardianes de la “justicia”, absolviendo al homicida y devolviéndole su arma reglamentaria, por si la necesita para volver a asesinar a sangre fría.
Comisión de Prensa
Frente Antirrepresivo MdP

Cel: 156-169846
E-mail: antirrepresivomdp@yahoo.com.ar
Blog: www.antirrepresivomdp.blogspot.com

El país / Edición Impresa
Pirillo declaró en la causa Herrera de Noble
“Magnetto me dijo que hubo gestión de Videla”
En un escrito ante el juez Conrado Bergesio, el ex dueño del quebrado diario La Razón mencionó al CEO de Clarín en el trámite de adopción de los hijos de la viuda de Noble. Abuelas pide un careo entre Pirillo y Magnetto.
Secciones

Martina Noailles
06.07.2009

Inicio. La demanda para determinar la identidad de los hijos de Herrera de Noble es de 2002 e incorporó el escrito de Pirillo.
El ex dueño del diario La Razón, José Pirillo, declaró ante la Justicia que en 1985 el actual CEO de Clarín, Héctor Magnetto, le dijo que fue quien “hizo la gestión para que (Jorge) Videla le consiguiera los chicos” a Ernestina Herrera de Noble. El testimonio se sumó el viernes a la causa que desde hace siete años duerme sin definir si los hijos adoptivos de la dueña del multimedio son hijos de desaparecidos. Ante la presentación, Abuelas de Plaza de Mayo pidió al juez federal Conrado Bergesio que cite a declarar a Pirillo. El testigo que podría sacudir el expediente es un viejo empresario, acusado de quebrar el diario La Razón y de defraudar a la administración pública desde el Banco Cabildo. Su versión aparece en momentos en que las querellas intentan evitar que los análisis para develar la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera se realicen en el Cuerpo Médico Forense y no en el Banco de Datos Genéticos como lo establece la ley. Hace tres meses, Pirillo llamó a uno de los abogados querellantes de la causa y le relató su versión. “Con los abogados de Abuelas le dijimos que todo lo que tuviera que decir lo hiciera en la Justicia”, cuenta Pablo Llonto, representante de la familia Lanuscou Miranda, que intenta determinar la identidad de uno de los hijos de Herrera. Y así fue. El ex banquero llevó al organismo su testimonio, que el viernes fue presentado ante Bergesio. En su declaración, Pirillo relató una reunión con Magnetto, cuando ambos formaban parte del directorio de Papel Prensa: “Me manifestó que ‘en realidad los hijos a Ernestina se los dio Videla’ fruto de sus gestiones personales ante el entonces presidente de facto, de modo que los ‘compromisos’ asumidos eran muy fuertes y que yo no podía venir a ‘tirar todo por la borda’ de la noche a la mañana, porque ponía en peligro la democracia y la institucionalidad”, contó en el escrito.El empresario aclaró en su presentación que su posición lo llevó a conocer “el verdadero poder en las sombras, ostentado por personas inescrupulosas, capaces de cometer los más aberrantes hechos para proteger sus intereses” y que su intención “es aportar a la causa para lograr el esclarecimiento de los hechos”. Tanto Llonto como Alan Iud, abogado de Abuelas, esperan que el juez Bergesio cite a Pirillo y que luego, ordene un careo entre él y Magnetto, quien cuando declaró en esta causa dijo ignorar el origen de los chicos. “Queremos que de una vez por todas diga todo lo que sabe y está ocultando. Magnetto es una de las pocas personas con vida que sabe la verdadera historia de los hijos de Ernestina”, indicó Llonto. Mientras tanto, las querellas continúan enfrentando la decisión de la Corte que estableció que los análisis de ADN se hagan tal cual lo planteó Herrera de Noble: que las muestras de sangre de Marcela y Felipe sólo se cotejen con dos familias, que los exámenes no se hagan en el hospital Durand y que las muestras sean destruidas después de los análisis.El respaldo de Estela de Carlotto En su presentación ante la Justicia, Abuelas de Plaza de Mayo –querellante en la causa desde 2008– le informó al juez Conrado Bergesio que “una persona que se identificó como José Pirillo se comunicó con la Asociación y relató tener conocimiento de circunstancias relativas a los hechos que se investigan. Venimos a acompañar el original de su declaración y a solicitar que se lo convoque a brindar declaración testimonial”. Pirillo: “Si al juez le interesa, puedo contar más” José Pirillo no está en Buenos Aires. Decidió esperar la citación de la Justicia desde algún rincón del país. Asegura que si el juez lo decide se presentará a ratificar sus dichos. En una entrevista telefónica con Crítica de la Argentina relató su versión y afirmó: “No quiero terminar como Julio López”.–¿Qué sabe acerca de la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina de Noble?–En 1985 adquirí el diario La Razón que, con La Nación y Clarín, era socio en Papel Prensa. Allí ejercí funciones directivas junto a Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto. En mayo o junio de ese año Magnetto me pidió que dejara de publicar notas sobre casos de apropiación de bebés porque era un tema que dañaba particularmente a “la Señora” y a él. Le dije que si era cierto yo debía charlarlo con Ernestina y me contestó que tenía el suficiente poder para hablar en su nombre porque era el albacea de sus hijos. “A los chicos se los conseguí yo”, me dijo, y agregó que se los había dado Videla fruto de sus gestiones personales. –¿Nunca lo habló con nadie?–Desde el 85 se lo conté a distintos presidentes y jefes de la SIDE. Lo supieron Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde y Carlos Menem. No sólo no hicieron nada sino que me metieron preso en una causa por administración fraudulenta de la que salí absuelto. Querían perjudicarme y sacarme el diario La Razón.–¿Esa causa tiene relación con lo que ahora decidió contar?–Tiene relación con mi dureza para no prestarme a los acuerdos entre Papel Prensa y las Fuerzas Armadas. Ellos tenían compromisos preacordados desde antes de mi llegada que yo no quise cumplir.–¿Qué compromisos?–Cuando en 1985 La Razón comenzó a publicar notas sobre desaparecidos y apropiación de bebés, Magnetto me dijo que había un compromiso de los tres diarios de no hacer campaña en contra del gobierno militar. –¿Qué le dijo Alfonsín cuando le contó lo que usted sabía?–Me pidió, a través de Facundo Suárez, entonces jefe de la SIDE, que corrobore la información con Emilio Massera, detenido en Magdalena, a quien yo conocía desde el 81. Fui a visitarlo y él me ratificó que los niños fueron entregados por Videla y que todo se realizó por las gestiones personales de Magnetto.–¿Por qué decidió hablar ahora?–A esta altura, con 67 años y teniendo que tomar morfina cada ocho horas, la política ya mucho no me preocupa. Siempre lo conté a quienes creí que podían hacer algo. Después opté por no contárselo a ningún gobierno más. Finalmente tomé la decisión y fui a Abuelas de Plaza de Mayo. Les dije que no tenía problemas en declararlo ante la Justicia. Si al juez le interesa, puedo contar mucho más.

EL PAIS › INTERPOL DETUVO AL REPRESOR JORGE GRANADA, EX MIEMBRO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 601
Patti tiene otro amigo tras las rejas
A Granada lo detuvieron por la causa en la que se investiga su rol como superior del único interrogador identificado del centro clandestino La Escuelita. Patti lo encubrió años atrás, cuando estaba prófugo de la Justicia.


Por Diego Martínez
El domingo 28 de junio, pese a la derrota kirchnerista, fue un pésimo día para Luis Patti. No sólo porque la boleta con su apellido no estaba en el cuarto oscuro del penal de Marcos Paz. Poco después de las 14, en Ingeniero Maschwitz, Interpol detuvo al teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, el amigo al que encubrió durante su primera etapa como prófugo de la Justicia. Granada salió ileso en la causa que investiga su rol como miembro del Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en 1979, pero es altamente improbable que corra la misma suerte en Bahía Blanca, donde era superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino del Cuerpo V de Ejército.
Hijo mayor de un militar homónimo, Granada llegó a Bahía Blanca en diciembre de 1974 con el grado de teniente primero, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, que durante el año siguiente reemplazó gradualmente a los matones de la Triple A con la misma bandera anticomunista pero con métodos más sofisticados. En diciembre de 1975 fue secuestrado y torturado hasta la muerte Daniel Bombara, el primer desaparecido de la ciudad. Después del golpe de Estado, el Destacamento 181 nutrió de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. Allí se procesaba también la información obtenida en la mesa de torturas y se revelaban las fotos de los secuestrados. Durante los dos años más sangrientos de la última dictadura, Granada actuó como superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado de La Escuelita, que funcionaba detrás del Cuerpo V. A fines de 1977, ya con el grado de capitán, fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo, donde funcionaba el mayor centro clandestino del Ejército.
El amigo de Patti fue detenido por primera vez en 1985, por decreto del presidente Raúl Alfonsín, acusado de conspirar contra el orden constitucional junto a una docena de militares encabezados por Ramón Camps y Carlos Suárez Mason. Volvió a caer el 25 de julio de 2003, mientras caminaba por plaza San Martín. Llevaba un año prófugo por su actuación en el secuestro de un grupo de montoneros que ingresaron al país en el marco de la “contraofensiva” para resistir a la dictadura militar. En diciembre de 2003 la Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que había dictado el juez Claudio Bonadío, pero poco después fue excarcelado.
Patti reconoció al ser indagado que eran amigos “desde hace veinte años” y que le hizo llegar dinero durante 2002, cuando era intendente de Escobar, pero aseguró ignorar que estuviera prófugo. Una conversación grabada por orden de Bonadío demostró lo contrario. “Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le confió Granada, que no iba a cobrar la pensión como retirado por temor a ser detenido. El mes pasado la Corte Suprema rechazó el último recurso dilatorio de Patti, que en los próximos meses, tal vez cuando concluya el juicio que afrontará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, será juzgado por encubrir a Granada y al coronel Jorge Luis Arias Duval.
La última orden de detención de Granada la libró la Justicia federal de Bahía Blanca el 10 de noviembre pasado. Tal como informó Página/12, en lugar de declarar el secreto de sumario para garantizar las capturas, el juez federal Alcindo Alvarez Canale comunicó la decisión, que incluía a otros cuatro represores, al defensor oficial y al jefe de la cárcel de Villa Floresta. Las detenciones se produjeron meses después. Granada fue el último de la tanda. Según el escueto informe de Interpol que recibió el juzgado, el militar de 63 años fue detenido en la vía pública de Ingeniero Maschwitz, en calle Almafuerte entre Beltrán y Los Cedros, donde residiría su esposa. La causa bahiense tiene ahora dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, que le cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y el ex juez federal Guillermo Madueño.

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EL PAIS › RECHAZARON LA EXCARCELACION DE LOS EX MARINOS
La Cámara le dio el pase a la Corte


La Cámara Federal rechazó un pedido de excarcelación de once ex marinos acusados de delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, y sostuvo que debe ser la Corte Suprema quien decida si los libera o no.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara se pronunció de esa manera al declarar “inoficioso” expedirse sobre los pedidos de excarcelación de los represores, ya que es la Corte quien debe resolver las causas luego de que en diciembre pasado Casación Penal ordenó la libertad de los acusados, luego suspendida. La presentación judicial fue realizada por Astiz, Acosta, Manuel García, Antonio Pernías, Alberto González, Jorge González, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Víctor Cardo y Ernesto Weber, detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ESMA.
La Sala II de la Cámara de Casación ordenó en diciembre pasado la libertad de todos ellos porque llevaban detenido en prisión preventiva –sin sentencia– más de tres años, el máximo que permite la ley. El fiscal Raúl Pleé apeló la decisión a la Corte Suprema, por lo que las libertades no se concretaron hasta tanto resuelva el máximo tribunal, algo que todavía no ocurrió.
Dado estos antecedentes, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun consideraron que “no corresponde que los tribunales inferiores se expidan sobre la prisión preventiva de estos encausados, por cuanto sus situaciones se encuentran regidas por el cese que a su respecto decidió la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal y lo que en definitiva pueda establecer la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Los camaristas señalaron también que “tampoco resulta pertinente dejar sin efecto las detenciones” de los ex marinos, porque la Cámara de Casación “expresamente suspendió la efectivización de los ceses de las prisiones preventivas que dispusiera”, al aceptar los recursos presentados por el fiscal Pleé.


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PAIS › EL FISCAL ROMERO VICTORICA INSISTIO EN QUE “HUBO UNA GUERRA” EN LOS ’70
“Hay marxistas en el poder”
Al reiterar su defensa de James Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura procesado por 63 secuestros, el fiscal general de Casación se entusiasmó por la derrota electoral y especuló con “nuevos vientos en la Justicia”.
El fiscal de la Cámara de Casación Penal, Juan Martín Romero Victorica, reiteró que en los ’70, en la Argentina, “hubo una guerra”, por la que responsabilizó a “marxistas fascistas”, algunos de los cuales “están hoy en el poder”, y defendió a Jaime Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, procesado por delitos de lesa humanidad. El fiscal que suele jactarse de sus “cuarenta y siete años en la Justicia” dejó así poco margen de duda sobre la denuncia en su contra presentada la semana pasada ante la Procuración por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla por su “parcialidad”, que lo lleva a obstaculizar causas. El fiscal se alegró por la derrota electoral del oficialismo y aventuró que “se sienten suaves y nuevos vientos que están refrescando la Justicia”. No se sabe si se refería también al fallo de la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense que revocó la sentencia contra Carlos Carrascosa, dispuso su prisión perpetua como coautor del asesinato de su esposa María Marta García Belsunce y abrió la puerta para que se investigue a Romero Victorica, amigo de la familia, en la trama de encubridores.
En diálogo con Radio América, el fiscal puso especial interés en la defensa de James Smart –“Jimmy”–, procesado por 63 casos de privación ilegal de la libertad y torturas. Smart goza de prisión domiciliaria porque la decisión de la Cámara Federal de La Plata de enviarlo a una cárcel común fue apelada ante Casación. Romero Victorica acusó por la situación de Smart a “representantes conspicuos de la República Argentina, marxistas fascistas que representan una sola voluntad, algunos de los cuales están en el poder y no les gusta la manera de pensar de algunos hombres de derecho”. “No voy a aceptar que Smart torturó y secuestró, como dicen estos señores. Fue un magistrado de primera y supo administrar justicia; no era ni policía ni militar represor... Lo único que hay es un testimonio de un ex integrante de organizaciones armadas que a mí no me convencen como prueba.”
El 29 de junio pasado ante la Sala IV de Casación Penal, Romero Victorica hizo un encendido alegato en defensa de Smart y de Ibérico Saint Jean, ex gobernador de facto. El subsecretario de DD.HH. Luis Alen y Ramos Padilla consideraron que esa argumentación merece su apartamiento porque “constituye un incumplimiento de sus deberes como fiscal, va contra los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y desconoce la jurisprudencia nacional e internacional que establece la necesidad de remover los obstáculos que impiden el juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad”.
“El Potro” es consecuente. La sutileza no es lo suyo. Intentó ser designado juez de la Cámara de Casación, pero su pertenencia a la corporación judicial viciada de vínculos con la dictadura lo dejó fuera de carrera: no conseguiría el aval del Senado. En el ’92 dijo sobre su luego fallida postulación “creo que Menem me sostiene porque sabe que yo entendí perfectamente su mensaje de reconciliación nacional. Yo jamás dije una sola palabra contra los indultos, pese a que indultaron a Firmenich y me tuve que tragar ese sapo. Claro que con el indulto también liberaron a muchos amigos míos, del bando contrario al de Firmenich”. Se tuvo que conformar con la fiscalía general de Casación. En su jura lo acompañaron algunos de esos amigos: José Alfredo Martínez de Hoz y el ex presidente de facto Roberto Levingston. Y, también, un ejecutor de poca monta: Luis Abelardo Patti.
Se erigió en el perseguidor de la cúpula de Montoneros. Consiguió la extradición de Mario Eduardo Firmenich desde Brasil y luego viró en íntimo amigo de otro integrante de esa conducción, Rodolfo Galimberti. Hasta fue a la fastuosa boda del secuestrador de los hermanos Born en 1990 en Punta del Este. Menos públicas fueron las tratativas para lograr la devolución del dinero que habían pagado los dueños de la multinacional por su rescate.
En los corrillos judiciales recuerdan también cuando Romero Victorica pidió una disminución de la pena contra el ex juez Francisco Trovato, quien se había fugado luego de ser condenado por recibir un lujoso placard como coima. “La irrefrenable tendencia de cualquier persona, sea juez o no, a verse privado de la libertad obra en la mayoría de los casos como un fuerte instinto natural, cotejable con el de conservación, incontrolable las más de las veces, y que escapa a la reflexión”, justificó el fiscal.
Más amigo de los García Belsunce se apersonó en el velatorio de María Marta y especuló con que fue un crimen pasional haciendo caso omiso de su rol de fiscal.




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CASO LABOLITA

CON JUECES COMO ESTOS DOS:JARAZZO Y ESMORIS NO NECESITAMOS ENEMIGOS

REPRESORES Y COMPLICES

SALTA VALLES CALCHAQUIES LA REBELION DEL PUEBLO

Fuego en AnymanaDicen que yo, de solo estarFui apagandomeComo la luz lenta y azulDe un atardecer.Piensan que estoy secando el solDe la soledadQue por estar en mi raizYa no crezco mas.Es que yo soy, ese que soy,El mismo nomas,Hombre que va buscandoseEn la eternidad.Si es por saber de donde soy,Soy de anymana.Sepan los que no han sabidoQue no estoy de solo estar,Que estoy parado en el gritoBagualero del pujay.Ayer nomas ardio el puebloPor la tierra y por el pan,Y la fogata en el valleNo estaba por solo estar.Si yo me voy, conmigo iraTodo lo que soy.Lejos de mi, lejos de aqui,Yo no sere yo.Dejenme estar, de solo estar,Viendo el sol volver.Yo quiero ver en mi paisEl amanecer.Soy pa' durar, como el maiz,Simple y cereal.Soy pa' durar, porque yo sePasar y pisar.Si es por saber de donde soySoy de anymana.Es que yo soy ese que soyEl mismo nomasHombre que va buscandoseEn la eternidadSi es por saber de donde soySoy de anymana.

Le letra de esta canción tiene una historia que reactiva el fuego de la memoria en los Valles Calchaquíes como un suscriptor de Red de Noticias lo recuerda y lo comparte a partir de las ultimas movilizaciones populares contra la impunidad.
Mas que obvio que sucede en otro contexto histórico pero vale recrearla de acuerdo a textos del periodista salteño Roberto Escatorin y de otros protagonistas de esos años, quienes aseguran que en esa movilizaciones fueron acompañadas por varios de los presos políticos fusilados en la Masacre de Palomitas, que este lunes se cumple un nuevo aniversario de la impunidad de la Justicia Federal.



Apuntes de ese tramo de la historia en Salta

"Dos organizaciones sindicales, con perfiles gremiales y políticos, disputaban el espacio social de representación: La Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) y la Federación Unica de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Aborígenes (FUSTCA). Ambas federaciones expresaban el enfrentamiento de tradiciones sindicales antagónicas, que se repetiría en otros sectores sindicales y laborales. La FATRE representaba al sindicalismo desarollado después de los cincuenta. La FUSTCA, al nuevo sindicalismo de los sesenta: basista, democrático, con tendencia a articular un discurso de izquierda. Fundada en mayo de 1969 en los Valles Calchaquíes, donde tenía su fuerte en cuanto a base social, su influencia llegaba también al Valle de Lerma, en los sectores tabacaleros. Compuesta por tres organizaciones de base y 28 filiales en toda la provincia, sus lemas eran "Ni tierras sin hombres, ni hombres sin tierras y "La Tierra es para quien la trabaja". Su secretario general era Felipe Burgos - detenido desaparecido en la última dictadura militar- quien provenía de una militancia social ligada al cristianismo pos conciliar, influído por la Teología de la Liberación y el movimiento de sacerdotes tercermundistas.La FUSTCA abría sus puertas a las distintas vertientes revolucionarias de esos días: la peronista, la marxista, la cristiana, la izquierda no marxista, etc. No obstante, su prioridad estaba puesta siempre en el trabajo de base entre el campesinado salteño.
En el mes de enero, tanto la FATRE como la FUSTCA denuncian el estado de explotación y marginación al que estaban sometidos los trabajadores rurales de la provincia de Salta: el alto costo de vida, el incumplimiento de las patronales en el pago de lo establecido por el Estatuto del Peón, la violación de los convenios de los trabajadores tabacaleros, etc. La FATRE aclaraba que no se hacía "responsable por actos de violencia que pudieran ocurrir como consecuencia del hambre y la miserie". Tras el paro nacional de marzo la FUSTCA, que adhiere a la medida declarando su solidaridad "con los gremios urbanos", denuncia que en diversas fincas, como represalias por la medida de fuerza, se habían producido despedidos en los Valles de Lerma y en la finca Las Moras, lo que obliga a la CGT a declarar el estado de alerta y movilización por la cuestion campesina.
La FUSTCA continúa con su movilidad de realizar reuniones y asambleas en las distintas áreas rurales, sobre todo en los Valles Calchaquíes, donde los trabajadores rurales y campesinos analizan su situación social: el tema de la tierras, las viviendas, la organización sindical, teniendo como eje central de su política la capacitación y la educacioón popular. Como en la mayor parte de la provincia, denuncian las condiciones insalubres de trabajo, los bajos sueldos, el incumplimiento de las leyes laborales".
Después de precisar las acciones gremiales, Escatorin va a la centralidad de lo acontencido.
"Serán también los trabajadores rurales de los Valles Calchaquíes quienes protagonizen en ese 1972 una de las movilizaciones más espectaculares de esta época. espectacular por el lugar donde se produce, por las derivaciones sociales que tendrá y por los ribetes políticos y sociales que la rodean. Nos referimos al conflicto en las Bodegas Animaná, en el pueblo homónimo, que derivó en una verdadera pueblada que dio muestras de la solidaridad reinante esos días, a la que no escapaban los lugares más remotos o alejados.
En junio los trabajadores de las Bodegas Animaná, que venía reclamando por la falta de pago de sus salarios desde el mes de marzo adoptan diversas medidas de fuerza que van desde el paro hasta la instalación de una olla popular en el pueblo mismo. El conflicto se extiende en el tiempo y el espacio. La CGT de Salta denuncia la situación de los trabajadores de las bodegas y se solidarizan con ellos. En julio todo estaba como al principio, salvo el ánimo de los trabajadores que pronto agotarían su paciencia y tomarían acciones drásticas que marcarían la historia del pueblo. A mediados de mes proceden a la ocupación directa de las bodegas de la "Finca Animaná" y luego se movilizan hasta el pueblo mismo, ocupan la Intendencia llevando sus reclamos por la falta de pago de sueldos y jornales al estado municipal. La ocupación de la Intendencia -un hecho inédito- signficaba la ocupación directa del pueblo y el control por parte de los trabajadores. Al mismo tiempo que se realiza una asamblea popular en la plaza principal de Animaná, en la que participan los habitantes del pueblo que se solidarizan con los trabajadores viñateros, estos destituyen al Intendente interventor a imponen como nuevo intendente a Inocencio Ramírez, trabajador de las bodegas. Con el control total del pueblo, en un sentido político y social directo, se resuelve cortar la ruta de acceso e imponer el pago de un "peaje" de 500 pesos moneda nacional a todos los vehículos que por allí circulaban. Lo recaudado se destina a la compra de leche para alimentar a los niños del lugar y los hijos de los trabajadores de Bodegas Animaná.
El desarrollo de los hechos ha desbordado la capacidad de reacción del Estado en primera instancia, pero también de las organizaciones sindicales y políticas que, con los acontecimientos ya precipitados, llevan a cabo de acciones concretas de apoyo. Si bien la CGT ya había declarado su solidaridad con los trabajadores de Animaná no será sino en el mes de agosto que intervendrá en forma directa. En tanto, el Sindicato de Empleados y Obreros Vitivínicolas interviene a través de su abogado, el Dr. Julio Mera Figueroa. El gobierno provincial intenta mediar sin llegar a la represión directa, evidencia su limitación política en función de los intereses y de la magnitud de la pueblada. No obstante ante la faltade resolución del conflicto, en agosto pasa a la acción directa,y, luego de amenazas varias procede a la detención y traslado a la capital de Pablo Ríos, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Vitivinícolas; de Inocencio Ramírez, el intedente puesto por la asamblea popular de Animaná, y del abogado Julio Mera Figueroa.
Ante estos hechos, la CGT repudia la represión del gobierno, y decreta una huelga general y se constituye directamente en Animaná a través de sus representantes, el miembro de la Comisión Directiva provisoria, Guillermo Alzaga. El paro general, que se realiza el 10 de agosto, tiene un acatamiento total en el pueblo, se realiza asambleas y marchas, una de ellas con más de 400 personas de la que participan los obreros de la bodega y los habitantes del lugar confluyendo en una reivindicación común: solicitan la detención de... !todos ellos!, en una recreación vívida y real de Fuenteovejuna, por cuanto consideran que son todos corresponsales de las acciones llevadas a cabo en los últimos meses, sobre todo de la destitución del Intendente. Posteriormente marchan unos 800 manifestantes desde Animaná hasta Cafayate donde realizan un acto multitudinario en la plaza.
La movilización popular rinde sus frutos prontamente; al día siguiente son liberados los tres detenidos: Pablo Ríos, Inocencio Ramirez y Mera Figueroa. Los obreros de las Bodegas logran cobrar sus salarios y la revolucionaria Animaná vuelve lentamente al ritmo normal del pueblo, es decir a su tranquilidad ancestral".@@@@@@@@@@@@@@

-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


Juicios a represores
Confirman que ex policía tenía un arsenal en su casaEstá acusado de delitos cometidos durante la dictadura en el ex D-2.
La Justicia Federal de Córdoba confirmó que fue secuestrado un verdadero arsenal y valiosa documentación durante un allanamiento en la casa de Domingo Américo Argüello, un ex policía imputado junto a otros seis ex uniformados que durante la dictadura operaban en el Departamento de Informaciones, conocido como D-2. “Unas 60 armas cortas, 49 armas largas, siete cajas y un portafolio con documentación que revestiría interés para la causa judicial; 11 sables bayonetas, dos machetes de artillería, y ocho granadas de mano de FM-K2, con carga explosiva, sin tren de fuego y otras diversas granadas de mano en estado de deterioro; gran cantidad de municiones de varios calibres, vainas servidas de diversos calibres, cartuchos de escopeta, pólvora, perdigones, fulminantes y diversas partes sueltas de armas cortas y largas”, fue el arsenal incautado, según se indicó desde el Juzgado federal N° 3, a cargo de Cristina Garzón de Lascano. Argüello se encuentra hospitalizado, ya que ayer se descompuso durante la indagatoria, informaron fuentes judiciales. La casa, ubicada en Barrio Villa Centenario, “se encontraba en estado de abandono, pese a lo cual, constataron que el nombrado residía en la misma y que no saldría mucho del hogar”, señalaron fuentes del Juzgado. El procedimiento comenzó el lunes pasado y se prolongó por de 14 horas, y continuó el miércoles con una duración similar, tal. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Provincia. En el marco de la causa caratulada “Barreiro Ernesto Guillermo y otros”, por supuestos autores de privación ilegítima de libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado, Garzón de Lascano ordenó la detención de Argüello, Alberto Luis Choux, Eduardo Grandi, Alfredo Bini, Juan Carlos Cerutti, Mirta Graciela Antón y Antonio Filiz. Mirta Antón y Antonio Filiz fueron detenidos después de sufragar el domingo último.


Fuente: La Voz del Interior

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---------- Forwarded message ----------From: Prensa del Observatorio de DDHH <prensa@observatorio.org.ar>Date: 01/07/2009 01:50Subject: Observatorio de Derechos HumanosTo: reddenoticiasdh@gmail.com
LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
En la Ciudad de Buenos Aires existe un universo cada vez más numeroso de personas que no acceden adecuadamente a sus derechos fundamentales. Nos parece imprescindible sumar esfuerzos para velar por el nivel normativo alcanzado en la Ciudad y realizar las acciones necesarias para que dicha normativa se aplique en su totalidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires nace con esa intención.
Con un análisis de los principales temas de la Ciudad, el Observatorio hace públicos una serie de artículos donde se detallan las principales violaciones a los derechos humanos en la actual gestión de la Ciudad, encabezada por Mauricio Macri.
Entre los documentos destacados se encuentra la denuncia a la UCEP, el organismo del Gobierno de la Ciudad que amenaza y golpea a las personas en situación de calle: “En la gestión actual, encabezada por Mauricio Macri, en particular desde mediados de 2008, se tomó conocimiento y se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries que actúan en horas de la noche, desalojando a la fuerza, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en algún lugar de la ciudad”.
En muchos casos las violaciones de derechos humanos son producto de las condiciones de la situación de pobreza y precariedad de un gran número de ciudadanos; pero no es sólo ello: también se advierte una constante falta de intervención adecuada del Estado para garantizar la solución de los problemas y el acceso a los derechos en forma igualitaria para toda la población.
Por ello, este Observatorio se conforma con el objetivo de conseguir el cumplimento de las obligaciones constitucionales en la Ciudad, principalmente en relación con los grupos más vulnerables.
El plan que nos trazamos es fomentar un espacio que recabe, sistematice, analice, investigue y difunda información sobre la situación de los Derechos Humanos en la Ciudad, y, a la vez, proporcionarles a los ciudadanos información y herramientas para avanzar en el cumplimiento de esos derechos de manera integral.
Para ello, el Observatorio se propone monitorear las propuestas, prácticas, decisiones, resoluciones y actos del Gobierno de la Ciudad en cuanto implementación de políticas públicas para los habitantes de la ciudad; y evaluar las políticas de reorientación y tercerización de las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en materia de política social.
Para llevar a cabo sus objetivos el Observatorio se plantea, en caso de que resulte necesario, acudir a la justicia para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en la ciudad.
El Observatorio está integrado por un conjunto de personas que por su experiencia, trayectoria y/o capacidades críticas y analíticas contribuyen a la vigencia de los derechos humanos.
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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

POLEMICA ENTRE UNA FISCAL Y LA PROVINCIA POR EL ACCESO A DOCUMENTOS DE LA DICTADURA.
El archivo que se muestra en cuotas
La fiscal Colalongo consiguió de la Nación ayuda para scannear y digitalizar los archivos de la dictadura. Cuando se lo propuso al gobierno provincial le respondieron que le indique qué quería copiar y se lo darían.


Un sector del archivo en cuestión, hallado en 1993 en los altos de la Casa de Gobierno.


Por José Maggi
La polémica por los archivos provinciales que datan de la última dictadura, tuvo esta semana un nuevo capítulo: La fiscal federal Mabel Colalongo consiguió que la Procuración General le enviara un scáner, una fotocopiadora y personal especializado para digitalizar toda la documentación existente en el Archivo Intermedio, a la que sumó una copia digital para el gobierno de Hermes Binner. Pero el Ministerio de Gobierno santafesino le contestó que accedería a fotocopiar con personal propio sólo los expedientes que individualizara la funcionaria federal. La respuesta encierra una paradoja: Cómo saber qué expediente fotocopiar si aún no se ha podido analizarlos. Ante este gesto oficial Colalongo respondió con una nota terminante. Le dio 24 horas a la Secretaría Legal y Técnica de la cartera de Gobierno para que acepte o rechace la ayuda ofrecida.
La polémica se instaló el mismo día que el Procurador General de la Nación Esteban Righi hizo público el tenor de la documentación relevada por la fiscal federal de Rosario. De inmediato la propia vicergobernadora Griselda Tessio cuestionó la importancia de hallazgo, y recordó que ella misma había utilizado parte de esa documental cuando se desempeñaba como fiscal federal. Y reconoció que, al menos en esta administración, los expedientes no habían podido ser analizados y sistematizado por "falta de personal".
En rigor se trata de expedientes compuestos por partes de inteligencia de las distintas fuerzas: policía provincial, Federal, las tres Fuerzas Armadas, la Gendarmería y hasta la Prefectura, y el Servicio Penitenciario Federal.
La primera disputa se dio cuando Colalongo llegó en el mes de mayo al Archivo de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y pidió fotocopiar los expedientes. Luego de los primeros escarceos, la fiscal regreso a Rosario con la documental, que fue copiada y devuelta con la aceptación de la Directora de esa archivo. Se trataba de un 20 por ciento del total el archivo. En tanto en el Ministerio de Gobierno y la Reforma el Estado que conduce Antonio Bonfatti, está el 80 por ciento restante. Por esta documentación va ahora Colalongo.
Con esta intención la fiscal consiguió que la Procuración General de la Nación comprara un scanner y que además enviara desde Buenos Aires a un profesional que digitalizará la totalidad de la documental. Por si fuera poco, una copia digitalizada le será entregada al Archivo Provincial. También le giraron los fondos para alquilar una fotocopiadora en la capital provincial y los insumos necesarios. Pero se encontró con una curiosa opción ofrecida por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno : contestó el 22 de junio " que se autoriza al Archivo General a expedir copia simple o legalizada de la documental obrante en este y que le fuera solicitada por la señora fiscal, todo ello en los términos y con los alcances previstos en la ley provincial 10.870 y sus modificatorias, como así también sus normas complementarias, y en particular en el artículo 44 de la referida norma legal. A estos fines y con el objeto de prever y pautar la asignación de recursos humanos y materiales para poder dar acabado cumplimiento a esta tarea en un período prudencial y razonable, deberá en forma previa individualizarse y especificarse las series documentales a fotocopiar. Dichas copias serán extraídas por personal del referido Archivo y en su caso de ser asi requerido serán legalizadas por el funcionario a cargo del archivo público que expida las mismas".
En buen romance, primero hay que decir que es lo que quieren, lo fotocopiamos con nuestro personal y se lo entregamos legalizado. En algún otro trámite podría sonar con algo de lógica, pero si estamos hablando de material que ocupa decenas de estantes, en bibliotecas apiñadas en una pieza de cuatro por cuatro, que nunca fue sistematizada, analizada seriamente, la respuesta carece de lógica. Se asemeja en rigor a una "marcada de cancha" o hasta un freno a las aspiraciones fiscales. El último párrafo de la nota tampoco tiene desperdicio: "Asimismo hágase saber que desde esta Secretaría existe el más amplio y profundo compromiso y ánimo de colaboración con el desarrollo de las funciones y tareas que son de la órbita de competencia de ese Ministerio Público y con la verdad, la memoria y la justicia".
El 3 de julio Colalongo envió un escrito hacia la capital provincial dirigido a la Subdirectora a cargo del Archivo General " para que en un plazo de 24 horas se me informe en qué consiste la colaboración que afirman ofrecer, ya que por lo contrario no solo no han respondido a lo solicitado sino que rechazan los recursos puestos a deposición por la Procuración General".
"Resultando a todas luces evidente la urgente necesidad de contar con la documental obrante en el archivo a su cargo y estando aprobado el alquiler y puesta a deposición de la fotocopiadora necesaria, de un scanner y recursos humanos especializados para digitalizar la documentación y facilitar la consulta contemplando el volumen de la misma, considero que no se dio respuesta a mi ya reiterada solicitud", agrega en su nota la fiscal.
"Ello así, me solicitan la previa individualización y especificación de lo requerido a sabiendas que no puedo contar con un detalle del contenido de la documental en la medida que la misma nunca fue analizada, es por ello que solicito copia de todas las constancias que obren en ese archivo, para como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, prestar real y comprometida colaboración con las causas de lesa humanidad que se encuentran en trámite en la provincia de Santa Fe, muchas con fecha de inicio de audiencia, como es de público conocimiento" concluye el escrito de Colalongo.

Fuente: Rosario 12

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COMUNICADO DE PRENSA
“Otro Julio sin López” se denomina la actividad que realizará la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) todos los sábados de Julio a partir del día 4, en la peatonal de Muñecas y Mendoza.
La actividad, que se realizará de 10 a 13hs todos los sábados, será denominada "Otro Julio sin López", ya que el próximo 18 de Septiembre se cumplen 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el marco del juicio contra el genocida Etchecolatz, quien fuera condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos en el marco del genocidio que sufrió nuestro país.
Las jornadas se llevan adelante a través de 3 ejes fundamentales. Profundizar el debate sobre el GENOCIDIO en Tucumán y así difundir la importancia de los juicios como procesos de reparación y restitución de los principios democráticos, la impostergable obligación de que estos crímenes sean pagados con CÁRCEL COMÚN, EFECTIVA Y PERPETUA, e instalar la importancia que tienen los TESTIGOS sobrevivientes del horror, reivindicándolos como fundamentales testimonios de valentía en la reconstrucción de nuestro pasado reciente.
Por esto se recolectarán firmas para pedir Cárcel Común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices, entre otras actividades a lo largo de todo el mes.
“Otro Julio sin López” marca un inicio de las acciones que llevaremos adelante a un mes del inicio del Juicio Oral por los crímenes cometidos en La Jefatura de Policía de Tucumán, durante la última dictadura militar. El mismo juzgará a los responsables del Centro Clandestino de Detención “La Jefatura” por el secuestro y desaparición de 22 personas, configurándose así como una muestra del plan sistemático de exterminio y violaciones masivas a los Derechos Humanos a los opositores a la dictadura.
Por favor difundan esta información, ahí vamos a estar todos los sábados de Julio.
H.I.J.O.S. Tucumán
Cárcel Común Perpetua y efectiva
ni un sólo Genocida por las calles de Argentina



@@@@@@@@@@@@@@@@---------- Forwarded message ----------From: ricardo <postaportenia@gmail.com>Date: 04/07/2009 21:14Subject: charla Bs AsTo: reddenoticiasdh@gmail.com

CHARLA EN Bs As

Uruguay - UNA INICIATIVA CONCRETA PARA QUEBRAR LA IMPUNIDAD -
JUICIO A LA DICTADURA A LOS MAS DE 400, POR GENOCIDASREFLEXIONAMOS, DEBATIMOS, PROPONEMOS Y NOS JUNTAMOS CON COMPAÑERAS de PLENARIA el LUNES 6 de JULIO E en PASTEUR 362. Capital

Queremos hacer llegar, la invitación a reunirnos para comenzar, formalmente la iniciativa “Juicio a la dictadura”, LANZADA POR PLENARIA , MEMORIA y JUSTICIA EN Uruguay; y para intercambiar , opiniones sobre la situación actual,, , INFORMARNOS, PREGUNTAR y opinar sobre la situación, de la instancia del plebiscito de de La ley de Caducidad en Octubre, próximo .
La intención es que la iniciativa sea objeto de estudio y discusión por parte de las diversas organizaciones sociales y políticas de nuestro pueblo, y hacerla conocer a compatriotas y argentinos también, antes de ingresar en una segunda etapa donde esperamos contar con la base social necesaria para impulsar esta propuesta en un marco organizativa más amplio. Las compañeras y compañeros de Plenaria Memoria y Justicia quedamos a disposición por cualquier consulta al respecto -y desde ya- esperamos vuestra participación el, en la presentación de esta iniciativa.
.Estamos en Bs As este lunes 6 a las 19 hs. En PASTEUR 362 y los esperamos
AHORA JUSTICIA / PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA


CONVOCA LA PATRIA GRANDE
@@@@@@@@@@@@-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Finalmente mañana lunes 6 de julio el señor juez federal de Catamarca doctor Ricardo Moreno, junto con el señor fiscal doctor Santos Reynoso escucharan la versión de carrizo salvadores de los fusilamientos en Capilla del Rosario el 11 de agosto de 1974.
En rigor no es la primera vez que se ven las caras, en el 2007 carrizo salvadores ingreso al juzgado imputado por la causa de la desaparición de los hermanos Ponce, y salio....del juzgado como testigo....
Que harán ahora el señor doctor Ricardo Moreno y el señor fiscal Santos Reynoso??? Si nos atenemos a lo resuelto con mario nakagama, tal vez, lo deje diez diaz en un calabozo y despues lo deje en libertad, claro que por las dudas el represor presento nuevamente un pedido de eximicion de prision y su abogado denunció a los abogados de los organismos de derechos humanos por "falsedad histórica".
Es que nakagama, segun fuentes periodisticas y judiciales, dejo entrever que carrizo salvadores fue uno de los que dirigió el operativo, además de señalar a los jefes de la compañaia "A" y "B" como a quienes habría que indagar.
Nombres que se van a difundir de acuerdo a lo resuelto por la Comision de Familiares y Compañeros de los 16 fusilados Uruguayos y Argentinos en la Masacre de Capilla del Rosario, el sabado 15 de agosto.

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07/02/2007 00:00:00 - La Masacre de la Capilla del Rosario. Revelan que Carrizo Salvadores comandaba el operativoPeriodista aportó varios detalles

Testigo. Carlos H. Barrionuevo declaró que tiraban los cuerpos desde los helicópteros. Carlos H. Barrionuevo escuchó la balacera y los gritos desde la ruta 1. Dijo que las heridas en los cadáveres de los guerrilleros eran “muy grandes”, como si les hubieran disparado de cerca. Nombró a quienes dirigían el operativo.

El periodista Carlos Humberto Barrionuevo recordó ayer varios detalles de lo ocurrido durante la mañana del 12 de agosto de 1974 en inmediaciones de la Capilla del Rosario. Durante más de tres horas, el testigo declaró ante el juez federal Ricardo Moreno, el fiscal Santos Reinoso y el secretario penal subrogante, Moisés Buffe, a quienes contó que las maniobras militares que terminaron con la muerte violenta de 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP-PRT) estuvieron al mando del oficial militar Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, quien entonces se desempeñaba como uno de los jerarcas del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada y que posteriormente fue jefe de Policía en Jujuy, donde está sospechado de haber ordenado una violenta represión que culminó con la muerte de dos gremialistas. Carlos H. Barrionuevo fue convocado a declarar porque aparece como uno de los periodistas que cubrieron los sangrientos eventos de agosto de 1974. Éstos se produjeron cuando medio centenar de guerrilleros intentaron infructuosamente robar armas de los cuarteles del RI 17.El grupo insurgente había planeado ingresar por el “Campo Las Heras”, detrás de la guarnición, pero fue descubierto accidentalmente durante la madrugada del 11 de agosto por un joven que se dirigía desde Piedra Blanca hacia Banda de Varela, donde funcionaba el “Recreo Campero”, un bailable que convocaba a la juventud de la zona. El testigo, según recordó Barrionuevo con lujo de detalles, volvió sobre sus pasos y dio aviso a personal policial de Piedra Blanca. Lo que siguió fue el alerta general prácticamente en toda la provincia.Al verse frustrada la intentona, un grupo de integrantes del ERP huyó a través de ruta provincial Nº 1 hasta alcanzar el sur tucumano e internarse en la selva, la geografía que la organización guerrillera había elegido como base. Otros jóvenes trataron de ganar la ciudad, pero fueron detenidos en la Terminal de ómnibus y en otros sectores, mientras que un tercer grupo de 17 ó 18 jóvenes quedaron acantonados en las serranías adyacentes a la Capilla del Rosario, en Fray Mamerto Esquiú.

s HallazgoEl tercer grupo fue descubierto cuando uno o dos de los guerrilleros bajó de la sierra a comprar pan en un comercio de Piedra Blanca. El periodista testigo recordó que entonces un grupo de policías que era guiado por el oficial Acevedo, oriundo de la zona, se acercó hasta el lugar. Precisamente Acevedo, al subirse a un árbol para divisar a los guerrilleros, recibió un certero disparo que acabó con su vida. El periodista contó que llegó al lugar como periodista del diario La Unión, junto a su colega Juan de la Cruz Saseta y al fotógrafo José Nieto. También se encontraban, trabajando para distintos medios, Carlos Bravo y Luis Guillermo Mercado, entre otros. Los trabajadores de prensa escucharon la terrible balacera a unos 150 metros de distancia. Barrionuevo recordó detalles importantes ante el juez Moreno: los disparos y estruendos eran intermitentes, cortados por prolongados silencios y gritos, y las heridas que presentaban algunos de los guerrilleros eran “muy grandes”, como si hubiesen sido realizadas a corta distancia. Hay imágenes que hasta hoy persiguen a Barrionuevo, como el traslado de los cadáveres en los helicópteros: “Sin tocar la ruta, desde tres o cuatro metros de altura arrojaban los cuerpos al asfalto; era terrible escuchar ese ruido…”. Luego, los cuerpos sin vida de los jóvenes masacrados eran llevados en distintos vehículos a la morgue municipal.Barrionuevo recordó que todos “eran muy jóvenes” y que tenían “uniformes muy nuevos, casi sin estrenar”. También identificó ante las autoridades judiciales algunas de las autoridades militares, policiales o civiles que aparecen en las fotografías aportadas a la causa que se instruye en el Juzgado Federal de Catamarca por tratarse de delitos de lesa humanidad.

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Será imputado por desapariciones ocurridas en la provincia durante la dictadura militar
El ex jefe policial Rauzzino vuelve para ser indagado
Está vinculado con la desaparición de un dirigente de la SMATA, Francisco Ponce y otros dos familiares.



Otros tiempos. Reproducción del diario La Unión cuando Rauzzino juró como jefe de Policía.

Luego de varios años de ausencia, el ex militar Juan Daniel Rauzzino, ex jefe de la Policía provincial, retornará a Catamarca, pero para ser indagado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El juez federal Ricardo Antonio Moreno lo citó para este martes, oportunidad en la que le imputará el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada”, en relación con las desapariciones forzosas de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, y del sobrino de éstos, Julio Genaro Burgos, ocurridas entre abril y diciembre de 1976. Los querellantes también solicitarían que se lo vincule a la desaparición de Nelly Yolanda Borda, producida en Belén en 1977, porque entienden que existió una liberación de zona por parte de la Policía, lo que permitió que la joven estudiante sea secuestrada por un grupo militar de tareas, en su propia casa de la cabecera departamental. Rauzzino fue uno de los íconos de la represión ilegal en Catamarca. Manejó la Policía con mano dura y se lo vinculó siempre con varios hechos, algunos judicializados, entre ellos la desaparición del comerciante Dulio López Rodríguez (ver aparte).En este caso Rauzzino fue convocado para el martes, porque al momento de producirse los secuestros de los hermanos Ponce y de Burgos ocupaba la Jefatura General de Policía. Francisco Ponce, dirigente gremial de SMATA y militante de la Juventud Obrera Católica (JOC), fue secuestrado en abril de 1976, cuando caminaba por inmediaciones de la plaza 25 de Agosto.Su hermana, Griselda Ponce, también integrante de la JOC y empleada de una concesionaria de autos, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 en su casa de 9 de Julio al 1.200. Cuando el grupo de tareas integrado por militares y policías ingresó al inmueble se encontraba Julio Genaro Burgos, quien estaba de paseo en Catamarca, y fue llevado junto a su tía carnal. CalificaciónLa causa de los Ponce fue unificada con la iniciada por la desaparición forzosa de Nelly Yolanda Borda. En ambos casos la imputación original aplicada por el Juzgado Federal de Catamarca era la de “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte”, un delito que impide a los acusados gozar de algún beneficio excarcelatorio. La resolución del tribunal de alzada llegó cuando uno de los imputados, el ex teniente coronel Darío Otero Arán, apeló su detención y fue liberado. La decisión de la cámara se produjo porque los Ponce y Burgos fueron ubicados por testigos en centros clandestinos de detención de Tucumán, donde habrían sido asesinados. Por esa razón, la justicia consideró que los jerarcas militares que gobernaban la provincia en aquello años no tuvieron responsabilidad directa en la muerte. En el caso de Rauzzino existían datos que indicaban que había fallecido años atrás. De todas maneras, como no existía información certera se lo notificó en el domicilio que indicaba el padrón electoral y él mismo recibió la información sobre el reclamo que hace de su persona la Justicia Federal.
REPRESIÓN
Rauzzino es considerado un emblema de la represión ilegal en Catamarca. Se lo vincula, entre otros, a la desaparición del comerciante Duilio López Rodríguez (51), en septiembre de 1977, presuntamente por celos.
Fuente: http://www.elancasti.com.ar/
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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS













SE CONSTITUYO en PARANA una mesa de juicio y castigo con la participacion de organismos de DDHH , gremios , partidos politicos ,centro de estudiantes de facultades ,organizaciones barriales ...para consensuar tareas de apoyo y propagandizacion de los juicios de lesa humanidad que se vienen desarrollando en la capital entrerriana........
juicioycastigoparana@gmail.com
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!

En Paraná se está llevando a cabo un juicio histórico contra los genocidas del último golpe militar.
Hace pocas semanas la Jueza Subrogante del Juzgado Federal de Paraná, Dra. Miryam Galizzi, hizo que la Justicia detuviera a 5 represores de Entre Ríos. Estos personeros de la muerte están acusados de los delitos de secuestro, privación de la libertad, severidades, torturas y el homicidio de más de dos personas, entre ellos los compañeros Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna; crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el marco de un plan sistemático de represión y desaparición forzada de personas perpetrado por las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.

Los detenidos son:
Ramón Genaro Díaz Bessone, está preso en su domicilio en Bs As. Durante la Dictadura (1975-1976) tenía la jerarquía de General, y se desempeñó como Comandante del Cuerpo de Ejército II, con jurisdicción en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Está acusado de ser autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la calidad de funcionario público, en abuso de las funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; homicidio doblemente calificado; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de torturas a 44 compañeros. Sus crímenes se enmarcan dentro del delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. ¡GENOCIDA!
Jorge Humberto Appiani está preso en la Unidad Penal Nº 1. Durante la Dictadura era Teniente Primero y se desempeñaba como Auditor del Ejército y Auxiliar del Consejo de Guerra Estable. Está acusado de ser autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de torturas a 35 compañeros. Sus crímenes se enmarcan dentro del delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. ¡GENOCIDA!


Hugo Mario Moyano, está preso en la Unidad Penal Nº 1. Durante la Dictadura se desempeñaba como agente civil médico del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos. Está acusado de ser partícipe de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos a 7 compañeros. Sus crímenes se enmarcan dentro del delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. ¡GENOCIDA!
José Anselmo Appelhans, está preso en la Unidad Penal Nº 1. Durante la Dictadura tenía la jerarquía de Suboficial Mayor, y era Director de la Unidad Penal Nº 1. Está acusado de ser partícipe de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos a 39 compañeros. Sus crímenes se enmarcan dentro del delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. ¡GENOCIDA!


Rosa Susana Bidinost, está presa en la Unidad Penal Nº 6. Durante la Dictadura era Agente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos, se desempeñaba como Directora de la Unidad Penal Nº 6 femenina. Está acusada de ser partícipe necesaria de los delitos de aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de torturas a 5 compañeras. Sus crímenes se ven agravados por haber sido funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas enmarcadas dentro del delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. ¡GENOCIDA!

¿Los conocías?
Necesitamos que TODOS los conozcan. Hoy más que nunca. La Justicia se hace con construcción colectiva por que la condena, ante todo, debe ser social.
Estos genocidas son responsables de la desaparición de muchos compañeros de Entre Ríos durante el Terrorismo de Estado, entre ellos Victorio José Ramón Erbetta, Juan Alberto Osuna, Carlos José María Fernández, Claudio Marcelo Fink y Pedro Miguel Sobko.
33 años después, la causa conocida como Área Paraná está juzgando a los responsables de la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas en Entre Ríos durante la última Dictadura Militar.




¡Los juzga un Tribunal, Los Condenamos Todos!







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Descargar el archivo adjunto original
Berta Perassi - 1 de julio de 1976 - 2009 a 33 años de tu secuestro, tortura, asesinato y desaparición en manos de personal del Tercer Cuerpo de Ejército
Eras dulce y decidida. No podías soportar la idea de que el mundo fuera algo tan injusto. Tu necesidad de ayudar a los demás, a los que no sabían leer, a los que no conocían sus derechos laborales, a los que pasaban frío en sus casitas de lata, fue un insulto para los militantes de la muerte. Hace 33 años te secuestró un grupo de militares y civiles a las órdenes del general Luciano Benjamín Menéndez y te llevaron al campo de concentración “La Perla”. Veinte días después, atada, amordazada, encapuchada y con las marcas aún de tu cuerpo torturado, te asesinaron y te hicieron desaparecer. Todavía hay impunidad Berta, pero por primera vez condenaron a tus torturadores y asesinos, la patota de “La Perla” con Menéndez a la cabeza. Querida Berta, hasta la victoria siempre!
David Andenmatten, tu compañero de militancia.@@@@@@@@@@-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




























EL TRIBUNAL DE MAR DEL PLATA ABSOLVIO AL CORONEL DURET Y CONDENO AL GENERAL MANSILLA A DOMICILIARIA
Un fallo que dejó un gusto amargo
Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo –Carlos Rosansky se pronunció en disidencia– le aseguraron la libertad a Duret, señalado como el secuestrador de Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Cecilia Pando vociferó en las puertas del tribunal.


El general Pedro Pablo Mansilla (77 años) fue condenado a prisión domiciliaria.


Por Diego Martínez
Uno fue absuelto, volverá a su casa. El otro fue condenado a prisión perpetua, pero también volverá a su casa. Así concluyó ayer el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Labolita. Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo consideraron culpable al general Pedro Pablo Mansilla, de 77 años, y absolvieron al coronel Alejandro Guillermo Duret, de 56, sin chances de aspirar al arresto domiciliario. El juez Carlos Rosansky, en disidencia, votó por la condena y la cárcel para ambos. La viuda de la víctima, que reconoció a Duret a la cabeza del grupo de tareas que allanó la casa familiar días después del secuestro, con Labolita encapuchado, torturado y descalzo, se desmayó al escuchar la absolución. Por la mañana Cecilia Pando reapareció y provocó incidentes.
“Es un golpe inesperado pero no estamos todavía en el suelo, podemos levantarnos”, se esperanzó Carlos Labolita padre, preso político entre 1976 y 1980. Duret “es un mal bicho pero tiene causas pendientes y va a caer”, confió. “Una sentencia tan crítica nos conmociona”, explicó su abogado César Sivo. “Duret no era un personaje secundario, era el dueño de Las Flores. No hubo elementos que pudieran generar dudas”, explicó, y calificó como “una burla” la domiciliaria para Mansilla.
“El juicio fue una gran parodia”, denunció tras el fallo Sara Derothier de Cobacho, titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. “Pero no termina acá. Vamos a apelar”, anticipó. “Las pruebas contra Duret no se valoraron como correspondía. En un juicio por tráfico de drogas o en un secuestro extorsivo, con pruebas similares termina en condena”, explicó el abogado Eduardo Rezses, de la Secretaría. “No puedo dejar de señalar que este fallo se produce a cinco días de las elecciones, con el resultado conocido y con lo que simboliza el caso Labolita en particular”, agregó, en referencia a la relación que entabló con Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los meses previos al golpe de Estado.
La jornada arrancó con las últimas palabras de los imputados y provocaciones de la apologista del genocidio Cecilia Pando. Duret se definió como “un perseguido y encarcelado” (hasta ayer en Batán) y citó al rabino Sergio Bergman para remarcar que “los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda”. Consideró que el juicio era histórico “por la confrontación de valores entre impunidad e igualdad ante la ley, entre venganza y justicia”. Mansilla dijo que “llevamos tres décadas y media tratando un tema que no tiene solución” y propuso “buscar la pacificación con especialistas”, no especificó en qué materia.
Pando no pudo ingresar a la sala, colmada por 180 personas, e insultó a los jueces cuando salieron. “Muchos jueces nos dicen que tenemos razón por las garantías que se están violando a militares pero no podemos hacer nada: están presionados, manipulados”, dijo horas antes de que el tribunal le tapara la boca. “Si quieren pacificar, ¿por qué no devuelven a los chicos apropiados?”, le preguntó una periodista. Pando prefirió no responder. Luego, sonriente y con un cartel de supuestos “terroristas”, intentó pasar en medio del centenar de personas, con lo que provocó la reacción de varios militantes que la insultaron y corrieron varios metros. Los jueces ya habían pasado a deliberar para emitir el veredicto.
Los imputados prestaban servicio en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, a cargo de Mansilla. Desde allí se ordenó la captura de Labolita, militante de la Juventud Peronista que en los meses previos al golpe de Estado compartió casa y luego pensión con Kirchner y la Presidenta. El 25 de abril de 1976, un mes después de la captura de su padre en Las Flores, decidió visitar a su familia. Media hora después se lo llevó la policía bonaerense, que registró su ingreso en la comisaría “a disposición del área militar 125”. Dos días después lo entregaron a la oficina de inteligencia del regimiento. La descripción física de la persona que lo recibió y ordenó encapucharlo coincidiría con la de Duret, que prestaba servicio allí. Días después un grupo de tareas de civil a cara descubierta allanó la casa de la familia. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a confesar Labolita, con las manos atadas, capucha y dificultades para caminar. La patota destruyó la casa. La esposa y la madre, ya fallecida, reconocieron a Duret como la persona que encabezaba el grupo. Recién tras la feria judicial, cuando se conozcan los fundamentos del fallo, se sabrá cómo hicieron los jueces para desbaratar las pruebas.
La lectura de la sentencia, a cargo de Esmoris, provocó emociones encontradas. Primero anunció la condena a perpetua de Mansilla por secuestro agravado por violencia, tormentos agravados por aplicarse a un perseguido político y homicidio calificado por alevosía. La alegría mutó en silencio cuando anunció la domiciliaria y en tristeza cuando informó la absolución de Duret. La tarde concluyó con un centenar de militantes tirando huevos contra el vidrio del tribunal, con el incendio de dos muñecos con trajes a rayas que representaban a los imputados y con los jueces que absolvieron a Duret retirándose cubiertos por escudos.
La de ayer es la cuarta sentencia por crímenes de lesa humanidad de 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei y dos carceleros de Misiones. Es el tercer fallo en la provincia desde la reapertura de causas: antes fueron condenados Miguel Etchecolatz y el cura en actividad Cristian von Wernich. Duret es el tercer imputado absuelto por crímenes al amparo del terrorismo de Estado, dato que ratifica la independencia de los tribunales que conducen los juicios.
Fuente: Pagina 12

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Veredicto completo 47.1 Kb.

Fuente: www.cij.gov.ar
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---------- Forwarded message ----------From: marcelo nuñez <marce_nu@yahoo.com>Date: 03/07/2009 09:25Subject: Labolita, juicioTo: prensa nuA <marce_nu@yahoo.com>
Caso Labolita: los defensores de Duret y de Mansilla pidieron la absolución
Las defensas de los militares imputados por el secuestro, torturas y homicidio de Carlos Labolita pidieron la absolución de sus clientes. Se planteó que la duda que persiste con la figura del desaparecido beneficia al acusado. Cuestionaron a los testigos. Y advirtieron que prisión perpetua a Mansilla implicaría una condena a muerte.

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Los abogados defensores del general retirado Pedro Pablo Mansilla (77) y del coronel Guillermo Alejandro Duret (56) pidieron la libre absolución de sus clientes porque consideran que no está probada la participación de los militares en el secuestro, los tormentos y el homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita, desaparecido el 25 de abril de 1976 en Las Flores. La estrategia común fue desacreditar los dichos de algunos testigos.El juicio se está concretando en la sede del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.El primer turno fue para el defensor oficial Gritko Gadea Dorronsoro, representante del general Mansilla. Como estrategia, el abogado intentó desacreditar los testimonios de los ex policías y de los ex militares que declararon durante el debate y que comprometieron a su cliente.Como primera medida definió como testigos a aquellas personas que por medio de sus sentidos pueden aportar información del hecho que se investiga en la causa. Así reconoció como tales a los familiares de Labolita y a tres ex detenidos desaparecidos que fueron compañeros de la víctima.Por el contrario, aseguró que los ex policías de la comisaría de Las Flores que declararon durante el juicio no son testigos sino protagonistas de los hechos y, por ende, sospechosos. Así, Dorronsoro argumentó que los ex policías se encontraron en la disyuntiva de tener que elegir entre una pena por falso testimonio que podría llegar a los 10 años y una sentencia como partícipes del delito de privación ilegítima de la libertad agravada que podría alcanzar los 25 años de prisión.En cuanto a los ex militares que prestaron declaración, el abogado de Mansilla también solicitó que no se los tuviera en cuenta a la hora de analizar la prueba, ya que uno de los testigos fue detenido por falso testimonio "in fraganti" y al resto no se les dejó concluir su testimonio porque podían llegar a autoincriminarse.Sobre la imputación de tormentos agravados contra Mansilla, el abogado aseguró que no hay pruebas fehacientes que demuestren que Labolita haya sido torturado y "en el caso de que así haya sido tampoco hay pruebas de que esas torturas hayan sido aplicadas por orden de Mansilla", aclaró el defensor oficial.Tal vez el momento más tenso de la jornada llegó cuando las defensas tuvieron que argumentar alrededor del delito de homicidio que les imputan a sus clientes. El abogado del general se amparó en la figura del "desaparecido" y dijo que no hay certezas del mecanismo por el cual Labolita fue asesinado y tampoco de quienes fueron sus verdugos. "El principio de duda beneficia al acusado", lanzó el abogado.DuretDorronsoro pidió la libre absolución y la inmediata libertad su defendido por entender que no está probada la participación del viejo general en los hechos que se le imputan. En caso que se trate de un fallo condenatorio, el defensor, solicitó de manera subsidiaria que se juzgue a su cliente por el delito de privación ilegítima de la libertad con el mínimo de la pena, que dado el tiempo que lleva detenido implicaría la inmediata liberación.El jueves pasado, las querellas solicitaron la revocatoria de la prisión domiciliaria de Mansilla. Ayer, su defensor recordó al tribunal que su cliente tiene 77 años, serios problemas de salud y que no cuenta con antecedentes penales. También aseguró que condenar a Mansilla a reclusión perpetua en una cárcel común sería condenarlo a la muerte. "Eso implicaría que Mansilla muera en la cárcel", explicó el abogado. Entre dientes o con un gesto, la mayoría del público dio a entender que, de eso se trata: "cárcel común, perpetua y efectiva".El abogado Gerardo Ibáñez, con gran experiencia en la defensa de militares acusados por delitos de lesa humanidad, adhirió en un todo a lo expuesto por el representante de Mansilla y centró su alegato en tratar de demostrar que el coronel Guillermo Duret no participó del operativo del 1 de mayo de 1976. Según algunos testigos esa noche, Labolita, fue llevado esposado y con signos de tortura a su casa por un grupo de diez personas, entre las cuales, se encontraba el coronel. Cuando se fueron de la casa, también se llevaron a Gladis D'Alessandro, esposa de Labolita, quien estuvo secuestrada por algunas horas.Según Ibáñez, no hay pruebas fehacientes de que Duret haya participado del operativo y tampoco existe la certeza que eso haya ocurrido.También aseguró que no hay elementos concretos que prueben que su cliente haya recibido a Laboliata en el sector de Inteligencia del Regimiento de Azul, la noche del traslado.Ibáñez, al igual que Dorronsoro, cargó las tintas contra el personal policial para desacreditar sus testimonios. "En este juicio tuvimos que soportar olvidos y contradicciones, y por eso hay una persona detenida hace tres años y medio", se lamentó el abogado.Por último, aseguró que no hay elementos que prueben la participación de Duret en el secuestro, ni en la aplicación de tormentos ni en el homicidio de Carlos Alberto Labolita. "Solicito la libre absolución de mi cliente sin planteos subsidiarios porque es inocente de todos los cargos que se le imputan", finalizó Ibáñez.-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS














Un fallo con olor a mensaje al gobierno nacional
El juez Maqueda dictó la falta de mérito para Yapur, Daract, Quiroga y López y procesó a Menéndez, Fernández Gez y Godoy
San Luis (Pelr) 3-7-09. Estaban investigados en la nueva causa por delitos de lesa humanidad que se tramita en San Luis. El juez federal local, Juan Esteban Maquedad, dos días después de las elecciones hizo conocer su veredicto en torno al ex jefe de la zona 33 de la que dependía San Luis, Tamer Yapur, a quien le dictó la falta de mérito. Sin embargo procesó a quien fue su jefe, Luciano Benjamín Menéndez y hacia abajo en el escalafón, a Miguel Ángel Fernández Gez. También consideró que no había méritos para juzgar a la plana mayor de Comando de Artillería 141 que actuó en San Luis durante la dictadura militar.
También fue procesado Nelson Humberto Godoy, el hombre que era responsable de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds cuando fue asesinado Dante Bodo en Villa Mercedes y por el secuestro y posterior desaparición de Luis María Frun y Adolfo Enrique Pérez. También se lo acusa de las torturas recibidas por Beatríz María Lucy.
En esta causa, se sumaban las muertes de Raúl Cobos, Dante Bodo y las torturas recibidas por una veintena de puntanos. También están acumuladas las desapariciones de otras nueve personas.
En un fallo que el gobierno nacional deberá hacer una cuidadosa lectura, el juez federal local dictó la falta de mérito a Tamer Yapur, en su momento Jefe de la 8ª Brigada de Montaña con asiento en Mendoza, de la que dependía San Luis; Guillermo Daract, Gerácimo Quiroga y Raúl Benjamín López, integrantes de la plana mayor que acompañaba en sus decisiones a Miguel Ángel Fernández Gez mientras este estuvo al frente del Comando de Artillería 141, la autoridad militar máxima en San Luis.
El propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, estuvo presente en el inicio y finalización del juicio que se le siguió a tres policías y dos militares -entre ellos Fernández Gez- que finalmente fueron condenados a prisión perpetua por la muerte de Graciela Fiochetti y la desparición de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz, además de las torturas recibidas por Víctor Fernández.
Lo particular de la decisión del magistrado es que procesa a Menéndez como responsable de los delitos investigados, también a Fernández Gez, pero a quien en la escala de mandos estaba entre ambos, le dicta la falta de mérito.
Para todos los liberados, deja constancia que será "sin perjuicio de proseguir la investigación respecto de la atribución de la responsabilidad mediata (...) disponiendo la libertad con el compromiso de no ausentarse sin permiso del Tribunal, de la localidad o ciudad donde hubieren fijado domicilio".
Informe: Gustavo Senngustavosenn@gmail.com
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Entre Rios




Vivía y tenía su estudio jurídico en Paraná

A los 91 años murió el ex interventor militar en la provincia Jorge Washington Ferreira


El anteúltimo gobernador de la dictadura en la provincia y el primer civil en ser designado, Jorge Washington Ferreira, falleció en horas de la madrugada de este jueves, a los 91 años, en Paraná. Estuvo casi dos años como interventor militar, pero antes había sido embajador argentino en España. En 1998 el juez español Baltasar Garzón lo investigó y llegó a pedir su extradición por la muerte de una madre de Plaza de Mayo - Noemí Gianetti de Molfino- que fue secuestrada en Perú y cuyo cadáver apareció en Madrid.

Fuente: www.analisisdigital.com.ar

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EL PAIS › EL ALEGATO DEL DEFENSOR OFICIAL DE RIVEROS Y VERPLäTSEN
En busca de los indultos perdidos

Por Adriana Meyer
“Todos los delitos de lesa humanidad son indultables”, dijo en su alegato el abogado Juan Carlos Tripaldi, defensor oficial de los genocidas Santiago Omar Riveros, Fernando Ezequiel Verplätsen, Jorge García, Antonio Fragni y Raúl Harsich, en el juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra. El defensor basó su pedido de absolución para los cinco imputados en que esos crímenes están prescriptos, que el indulto que les había otorgado el ex presidente Carlos Menem es válido y que la “extrema duración” del proceso penal resulta lesivo de los derechos constitucionales de los imputados, por su avanzada edad y sus problemas de salud.
En la audiencia de ayer, Tripaldi leyó durante cinco horas la primera parte del alegato de la defensa, que continuará su colega Carlos Palermo luego de la feria judicial. Con particular virulencia descalificó una de las pruebas que había ofrecido la fiscalía, el documental Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, de Marie-Monique Robin. “Está lleno de engaños, maniobras como el uso de cámaras ocultas y mentiras”, dijo sobre el video. También fustigó los “juicios de Nuremberg” y su jurisprudencia diciendo que le extrañaba que “fueran aplaudidos” y que fuera aceptada su vigencia internacional. En tal sentido, definió los procesos a los jerarcas nazis acusados de dirigir campos de concentración donde fueron exterminadas millones de personas como “el juicio penal a los enemigos derrotados”.
Tripaldi afirmó que la actual doctrina de la Corte Suprema, que convalidó las condenas a los represores Julio Simón (alias Turco Julián), Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich, y que permitió la anulación del indulto a Riveros, es contraria al principio de legalidad contenido en la Constitución. Al mismo tiempo, atacó la doctrina contenida en el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y rechazó las doctrinas actuales que ponen a los tratados internacionales, entre ellos los que se refieren a los derechos humanos, por sobre todo el derecho local. El defensor invocó los argumentos de “cosa juzgada” que esgrimieron los jueces Carlos Fayt y Carmen Argibay en la Corte Suprema al analizar, en 2007, la posible anulación de los indultos a Riveros y otros militares involucrados en la represión ilegal. Por lo tanto, afirmó que no correspondería reanudar la causa penal contra su defendido, quien fuera el máximo responsable de Campo de Mayo durante la dictadura. Por último, valoró como lícitos los indultos dictados por Menem porque “fueron otorgados por un presidente elegido constitucionalmente”.

Fuente: Pagina 12

@@@@-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS






















H.I.J.O.S.
Martes 30 de junio de 2009


CASACIÓN NIEGA LA FIGURA DEL DESAPARECIDO

Ellas lo dijeron: ser Madres es parir miles de veces. Esa Maternidad, con las mayúsculas de Plaza de Mayo, es la que las hizo fuertes, por estar unidas. Y hoy siguen así, luchando juntas, después de más de 30 años, por el Juicio y Castigo para los genocidas de sus 30.000 hijos detenidos-desaparecidos. Nadie puede atreverse a negarles el carácter histórico de su Maternidad colectiva.

Con desesperación, pero no desesperanza, hace más de 30 años surgió un interrogante que se convirtió en un símbolo de nuestro país: ¿dónde están los desaparecidos?. Esa pregunta dio nacimiento a los Organismos de Derechos Humanos que nuclean a las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asociación de Ex-Detenidos y Desaparecidos (AEDD), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a los Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), entre otros.

Después de todos estos años de lucha por el Juicio y Castigo para los genocidas, de tantos dolores, tantas ausencias y tanta impunidad, el pasado 25 de junio la Cámara Nacional de Casación Penal sacó una resolución que desentiende la figura del desaparecido, al exigir que éste -en tanto víctima- firme una autorización a los Organismos para ser representado en el Juicio, sentando así una posición que recuerda la siniestra frase del genocida Jorge Rafael Videla: “un desaparecido es una entidad, no está. Ni muerto ni vivo: está desaparecido”. Además, niega el carácter histórico de los Organismos de Derechos Humanos, resolviendo excluirnos de las querellas. Pero no sólo eso: con su resolución, Casación no interpreta lo ocurrido durante 1976 y 1983 como un genocidio, lo que implica que se cometieron delitos de lesa humanidad, es decir, contra la sociedad en su conjunto. Desde los Organismos sostenemos que las víctimas son colectivas, que la lucha por el Juicio y Castigo es por todos los compañeros. Salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome una resolución contraria, miles de desaparecidos no podrán ser representados en los Juicios contra los genocidas.

El 6 de octubre empezará el Juicio Oral y Público por la Mega Causa ESMA, en el que serán juzgados los genocidas Eduardo “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Juan Rolón, Manuel García, Jorge Raúl González, Jorge Carlos Radice, Víctor Cardo, Ernesto Weber, y Carlos Capdevilla, entre otros. La ESMA fue un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en el que permanecieron como detenidas-desaparecidas alrededor de 5.000 personas. El “Tigre” Acosta, Capitán de Fragata retirado, fue el jefe de inteligencia del siniestro Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, que, entre otros delitos, fue responsable de los secuestros de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, a quienes Acosta ordenó que se las arrojara al Delta del Tigre, el de los familiares de los desaparecidos que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, y el de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. También fue Acosta el que decidió el traslado (o ejecución) de Dagmar Hagelin. El “Tigre” Acosta decidía sobre la vida y la muerte de los detenidos-desaparecidos: determinaba quiénes serían tirados al mar desde los aviones de la Armada.

Sabemos que la Justicia llega, que la condena social cada vez es más fuerte, que cuando Astiz, el “Tigre” Acosta y el resto de los genocidas se sienten en el banquillo para escuchar las imputaciones en su contra, ya habrán sido condenados por todos. Pero también sabemos que los Juicios son por todos los compañeros, por cada uno de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Por eso, exigimos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva a la altura de los hechos el recurso presentado ante la resolución de Casación, aceptando las querellas de los Organismos de Derechos Humanos en los Juicios por delitos de lesa humanidad.


LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Indentidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital
www.hijos-capital.org.ar
hijos@hijos-capital.org.ar
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Queridos compañeros, esto lo escribio mi hijo Gustavo con una necesidad de expresar sus sentimientos ante esa fecha tan especial para nosotros.Silvia FontanaHace 32 años secuestraron a mis tíos (Lili y Pedro), un 1ro de julio de 1977 se los llevaron de la casa de mis abuelos.
Y nunca más volvimos a saber nada sobre ellos.
Hago publico esto y escribo sobre ellos porque me parece importante que sepan como dice mi primo sobre una historia de amor, una historia de dos personas que dieron sus vidas por un país mejor, porque defendían sus pensamientos, porque luchaban porque ningún chico pase hambre, que todos puedan ir al colegio, tener una casa digna. Creían en un futuro mejor, creían en el amor, la esperanza.
Fueron a buscarlos, y allí estaban.
Lili tejiendo con lana la ropa que soñaba que un día su hijo pueda ponerse, si, su hijo, porque ella estaba embarazada, de dos meses y medio.
El pensaba construir una cuna, si, para el mismo bebe, ese bebe que esperaban con tantas ganas y amor.
Entraron, con esa ropa que solo ellos podían cargar, con esas botas.
No se olvida mas, esa ultima sonrisa de Liliana, esa mirada con esa sonrisa que trasmitía, “no llores, estaré bien, no bajen los brazos, no voy a dejar nunca a mi compañero”.
Y así fue, al mismo tiempo que se llevaban a Pedro se llevaban a Liliana, ese compromiso de amor hacia su compañero, su compañero de militancia y de vida.
Ellos fueron llevados a infiernos, a lugares que solo con el propósito de torturar llevaban.
No hace falta aclarar todas las humillaciones que les hicieron porque no haríamos más que revolver algo que no nos gusta imaginar.
Pero solo se puede aclarar que creemos que la peor tortura para ellos fue que les robaran su vida, les robaran lo único por el cual aguantaban, su hijo.
Ese hijo que tanto deseaban, que tanto esperaban, ese que seguro recibiría todo ese amor y cariño que llevaban sus padres.
Ese bebe que hoy ya grande sabe la verdad, sabe quien es, su identidad.. Que es lo más importante de todo. Porque si el lleva los nombres de sus padres, o el mismo trabajo o la misma militancia, no es mas importante que tener la paz y la tranquilidad de decirles donde quieran que estén," lili, pedro. Aquellos no pudieron…
Hoy por primer año podemos decir que los recordamos, junto con su hijo, ese bebe que estuvo dentro de la panza de su mama cuando estuvo secuestrada, ese bebe fue el ultimo que estuvo con sus padres.
Ese bebe que hoy recuerda como nosotros recordamos a Liliana Fontana (su mama, mi tía), Y a Pedro Sandoval (su papa, mi tío).
Hoy hace 32 años que se los llevaron…
Ellos están desaparecidos, no tenemos ni siquiera sus cuerpos, solo memoria... memoria de no olvidar lo que sucedió, de no permitir que nos borren a nuestros familiares como si nunca hubiesen existidos y solo fuese imaginación nuestra.. Porque así quisieron sus asesinos, así trataron, de eliminar toda una generación, toda una ideología y unas personas hermosas y buenísimas... buenísimas porque eran el único ejemplo de esperanza y amor.
Pero no pudieron, porque acá estamos y acá vamos a estar siempre para exigir Memoria, Verdad y Justicia. Para decir NUNCA MÁS!
Para recordarlos a todos ellos, cada uno de los 30.000 que fueron desaparecidos… 30.000 almas recordadas…
¿Por qué tía? ¿por que tío?, siempre me hago una y otra vez la misma pregunta porque ustedes, hubiese dado mil deseos por conocerlos, por haber podido aunque sea verlos una vez, son solo memoria, son mi esperanza, mi esperanza de un mundo mejor y mas lindo.
Pero los conozco, por los relatos de mama, por los relatos de la Abuela, el Abuelo, se muchas cosas, cosas lindas, recuerdos lindos… lo noto en los ojos de la Abuela como eran, lo noto en los llantos de mama como los extrañan, y yo pienso, dieron sus vidas para que hoy todo un pueblo aprenda de eso, aprendan del amor, la humildad, del pensamiento libre, de la ideología, de la militancia, de la solidaridad, de defender sus pensamientos.
Pero ver tanta gente que no aprendió nada me da vergüenza, y si yo con 16 años puedo decir que me da lastima aquel que sigue encerrado en su burbuja de cristal es porque todos los desaparecidos nos demostraron la libertad.
Tíos los extraño, se que me dan fuerza todos los días, se que me acompañan en cada grito, en cada marcha y cada injusticia que hay en este mundo me la hacen ver.
Prometo no bajar los brazos, quiero que esta gente los conozca para que sepan que no son solo 2 personas y sepan porque yo cada día le pongo garra ha cambiar un poquito día a día esta injusticia de vida.
Nada más para decir, solo que los quiero mucho, y que nunca, jamás los voy a olvidar, siempre presentes en mi memoria.
Pero si, esta es NUESTRA historia,LA historia. SI! Estamos felices porque lo tenemos a el, que seguramente es, como dice mi mama lo mas cercano que podemos ver de Liliana y de Pedro hoy en día. Alejandro, perdona si te nombro, pero se me hace importante decir que no mantenemos el odio, la venganza que muchos dicen, solo buscábamos la verdad, al hijo de lili y pedro, solo buscamos saber que paso con ellos, solo queremos sus cuerpos, solo exigimos justicia, solo pedimos memoria, solo BUSCAMOS QUE PUEDAN DESCANZAR EN PAZ.

LILIANA CLELIA FONTANA PRESENTE!

PEDRO FABIAN SANDOVAL PRESENTE!

AHORA Y SIEMPRE! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE TIOS!

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE!

1 DE JULIO DE 1977 - 1 DE JULIO DE 2009

GUSTAVO DOCTERS (sobrino de lili y pedro)-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS















Más de 1.000 cafayateños reclamaron justicia por Iván
Los cafayateños reúnen firmas para pedir justicia en el supuesto caso de mala praxis en la localidad vallista.


PORTANDO PANCARTAS, LA GENTE CAMINO POR LAS CALLES DE LA CIUDAD.

Más de 1.000 personas marcharon anoche por las calles de Cafayate exigiendo justicia por el niño Iván Condorí Vargas, de diez años, quien falleció el domingo luego de ser desatendido durante más de tres días en el hospital Nuestra Señora del Rosario, de la localidad.Los manifestantes comenzaron a recoger firmas para exigir la remoción inmediata de los responsables de la “absurda muerte”del niño. El pequeño Iván fue llevado porsu madre, Beatriz Vargas (31), el jueves pasado a la guardia de la institución, puesto que presentaba dolores en una pierna, mareos y vómitos.En la oportunidad, la médica María Guzmán lo mandó de regreso a su casa, le dio un calmante y le recomendó a la madre, por escrito, someterlo a un tratamiento de fisiote-rapia “por contracturas” y verbalmente le indicó que le realizara masajes en el cuello y le aplicara compresas.El chico empeoró al día siguiente, pero recibió las mismas respuestas. La situación se extendió hasta el sábado, en que quedó semiinternado en virtud de los olores,mareos y dificultades motrices, aunque la doctora Guzmán insistía en que se trataba de un problema menor.El domingo, un traumatólogo que fue consultado comprobó que el nene no registraba problemas óseos y se extrañó de que no le hubiesen realizado análisis de laboratorio. El profesional recriminó a su colega Guzmán por ello.Cuando se efectuaron dichos exámenes, la médica informó a la madre que el niño padecía de hepatitis A pero que se curaría con una dieta. Por la tarde la situación de Iván era desesperante y, tras las súplicas de Beatriz, decidieron trasladarlo a Salta pero no alcanzaron a recorrer 80 kilómetros, ya que Iván dejó de existir a la altura de Alemanía. La angustiada madre denunció el suceso en la Comisaría 1 de Salta y el caso quedó en manos del fiscal correccional 1, Federico Obeid, quien ordenó una autopsia, que fue realizada por la médica legal Ana Vega.La forense estableció que el niño había fallecido por una neumonía aguda e insuficiencia hepática. A la luz de ello, el fiscal Obeid ordenó el allanamiento del hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate y el secuestro de la historia clínica del pequeño.De la misma manera, en la víspera reclamó que personal policial se incautara también de un certificado expedido por la Dra.María Guzmán el jueves 26 de junio, donde deja constancia de que Iván había sido atendido en la guardia y que fue entregado luego a la directora de la Escuela Facundo de Zuviría, Francisca López, como justificativo por la falta del estudiante a clases.También el magistrado ordenó el secuestro de otro certificado expedido por la cuestionada médica Guzmán, que se halla aún en poder de la madre, en el que le receta un tratamiento de fisioterapia por contracturas al menor.
Fuente: El Tribuno@@@@@@

Audio enviado por los suscriptores de Red de Noticias de Cafayate.

http://rapidshare.com/files/251205854/FMCalchaqui._2_Julio.marcha..mp3.html
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Pérez Esquivel pidió a Urtubey que defienda a los vecinos de Cafayate
El 24 de junio pasado el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al gobernador Juan Manuel Urtubey para que "tome las medidas necesarias para levantar el pedido de juicio en contra de once vecinos de Cafayate", encausados por impedir el paso de camiones que se dirigían a Minera Alumbrera, en Catamarca.

Pérez Esquivel

Pérez Esquivel envió la misiva entendiendo que el Estado Provincial "tiene el deber de velar por los derechos de las personas, y en particular por su libertad de actuar cuando ven sus derechos vulnerados". El pedido de juicio oral y público contra los vecinos fue hecho por el fiscal correccional Nº 6, Facundo Ruiz de los Llanos. Pérez Esquivel indicó al gobernador que las notificaciones del proceso en contra de los cafayateños " son verdaderamente absurdas e insensatas por varias razones". Desde esta consideración, enumeró que en primer lugar "el derecho a manifestar es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y el ejercicio de este derecho no debería llevar a ningún tipo de judicialización". Comentó en la carta que desde el Servicio por la Paz y la Justicia (SERPAJ), del que es titular "y personalmente, venimos recibiendo cada vez más denuncias, y observamos una creciente criminalización y represión en todo el país, en contra de organizaciones sociales, trabajadores, comunidades indígenas y militantes populares, quienes únicamente están pidiendo que se respeten sus derechos". En segundo lugar, el Premio Nóbel sostuvo que "como consta en el informe realizado por la policía local, los vecinos en ningún momento impidieron el avance de los camiones, sino que lo único que hicieron es manifestarse frente a ellos mientras estaban bloqueados por su propio tamaño". Como lo hicieron los vecinos en sus momento, recordó que fueron los vehículos los que perturbaron "el normal funcionamiento del pueblo" e "infringieron la ley". Y es que esta normativa establece que está prohibida la circulación de vehículos que excedan los 2,60 metros de ancho. Los camiones de la empresa Carmona (de Chile), que se dirigían a Alumbrera "llevaban cargas de entre 7 y 8 metros de diámetro", que produjeron incluso problemas en las salidas del Hospital de Cafayate.
Recordó que entre los procesados se encuentran vecinos de la Asamblea de Autoconvocados del Valle Calchaquí que luchan por un medio ambiente sano, y por otro vecinos que decidieron manifestarse espontáneamente ante la irrupción de estos camiones.
Fuente: www.nuevodiariodesalta.com.ar
-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

darÍo otero arán declaró por cuatro desapariciones durante la dictadura militar
Militar indagado por secuestro
Es el teniente coronel (re) Darío Otero Arán. declaró por la desaparición forzosa de los hermanos Ponce, de Julio Burgos y de Nelly Yolanda Borda.


Imputado. Darío Otero Arán, acusado pero libre.
una presunta responsabilidad en el secuestro de Nelly Yolanda Borda, ocurrido el 27 de enero de 1977, en Belén. Es que por entonces Otero Arán se desempeñaba como jefe de Inteligencia del ya desaparecido Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, eje de las investigaciones que se llevan a cabo por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, mientras el país era gobernado por la Junta Militar. Según trascendió de fuentes ligadas al caso, Otero Arán llegó poco después de las 9, hora a la que había sido citado, y negó los cargos que se le imputan, aunque no trascendió en qué términos lo hizo. Francisco Ponce, un dirigente de SMATA y militante de la Juventud Obrera Católica, fue detenido el 6 de abril de 1976 en inmediaciones de la plaza 25 de Agosto, supuestamente por efectivos del Ejército y de la Policía provincial. El 15 de diciembre de ese mismo año un grupo militar de tareas ingresó en la casa del dirigente secuestrado y se llevó detenidos a su hermana, Griselda Ponce -también militante de la JOC-, y a su sobrino, Julio Genaro Burgos. Algunos testimonios aseguran haber visto a los detenidos en centros clandestinos de detención de Tucumán. Por esa razón la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán entendió que a los militares que cumplían servicios en la guarnición local no podía reprochárseles la muerte, presuntamente ocurrida en la vecina provincia. Borda fue secuestrada el 27 de enero de 1977 en horas de la madrugada en la cabecera departamental de Belén.
El teniente coronel (re) Darío Otero Arán fue imputado e indagado ayer por la desaparición forzosa, durante la última dictadura militar, de cuatro ciudadanos catamarqueños, los hermanos Francisco y Griselda Ponce, de Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda. La indagatoria la llevó a cabo el juez federal Ricardo Antonio Moreno, a cargo de las causas, con la presencia del abogado defensor Lucio Montero y del fiscal Santos Reynoso. Otero Arán ya había sido detenido e indagado con relación al caso Ponce, acusado de "privación ilegítima de la libertad agravada seguida de muerte", pero fue requerido nuevamente porque la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán modificó la imputación original por una más benigna, la de "privación ilegítima de la libertad agravada", que tiene una pena máxima de cinco años de prisión. Ahora al ex militar se le endilga

Fuente: www.elancasti.com.ar

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EL PAIS
Sentencias en Mar del Plata
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictará hoy la cuarta sentencia de 2009 en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los acusados son el general Pedro Mansilla y el coronel Alejandro Duret, jefe y responsable de inteligencia del Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul en 1976, imputados por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista. Tanto el fiscal Daniel Adler como los abogados querellantes César Sivo y Eduardo Rezses, por la familia y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, pidieron la pena de prisión perpetua. Los defensores de los imputados, Eduardo San Emeterio, Gerardo Ibáñez, Gritsko Gadea Dorronsoro y Paula Muñiagurria, alegaron que sus clientes son inocentes y pidieron el sobreseimiento. Los dos últimos rogaron que a Mansilla, de 77 años, le concedan el arresto domiciliario para que no muera en una cárcel. A las diez de la mañana los dos militares retirados tendrán oportunidad de decir sus últimas palabras antes del fallo.
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EL PAIS
Arsenal y documentos

Un centenar de fusiles, escopetas, carabinas y granadas. Listas con nombres de blancos potenciales, fichas con fotos de detenidos y hasta manuales con instrucciones para torturar. El arsenal y los documentos fueron secuestrados en la casa del comisario Américo Domingo Argüello, ex jefe de la policía de Córdoba en 1974, cuando comenzó a operar el Comando Libertadores de América, o la Triple A local. El allanamiento lo ordenó la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, lo realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ratifica la importancia de buscar pruebas del terrorismo de Estado en las casas de los imputados, medida que la mayor parte de los jueces se niega a cumplimentar. La detención del ex policía de 80 años se produjo en la causa Barreiro, que investiga crímenes de grupos parapoliciales en 1974 y 1975. Cayeron también Mirta Antón y los ex comisarios Juan Carlos Cerutti, Eduardo Grandi, Antonio Filiz, Alfredo Bini y Alberto Choux. La PSA encontró armas con la numeración limada en varios domicilios. Pero lo de Argüello fue descomunal. Entre cajas y bolsas apiladas, repletas de mugre, hallaron pistolas calibre 9 y 11.25, carabinas y escopetas de todo tamaño, uniformes, granadas y esposas con grilletes. Entre la documentación habría registros de seguimientos e información sobre miembros del Comando. Pese al hermetismo de la PSA y de la Justicia, los objetos fueron detallados por el periodista Dante Leguizamón en el diario Día a Día y confirmados por una fuente con acceso a la causa. Con el argumento de garantizar el derecho a la privacidad, los jueces no suelen buscar pruebas en casas de represores, salvo que cuenten con datos concretos. Córdoba es una honrosa excepción. Ya en 1998, en el marco del Juicio por la Verdad, Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk hurgaron con éxito en comisarías, casas particulares y hasta allanaron la SIDE. Diez años después, la búsqueda continúa.

Fuente: Pagina 12

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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Jujuy al día - El titular del Juzgado Federal Nº 2, Dr. Carlos Olivera Pastor, se refirió a las detenciones que se están llevando a cabo en Jujuy, en causas relacionadas a la investigación de violaciones a los derechos humanos, destacando que se manejan unos 115 casos de delitos de lesa humanidad.
Olivera Pastor señaló que “hay personas detenidas a disposición del juzgado, en causas relacionadas a la investigación de violaciones a los derechos humanos, hechos ocurridos como todos saben hace unos 30 años atrás, en la década del ’70”.
En este sentido, afirmó que las mismas están con el trámite procesal correspondiente, llamadas a ser detenidas, a disposición del juzgado, con llamadas a indagatoria, para ir luego resolviendo la situación procesal de cada uno de ellos.
Agregó que esto se da “tanto en esta provincia como en otras provincias, en causas relacionadas a expedientes nuestros. Así, tenemos gente detenida en Córdoba, en Mendoza, y dispuestas algunas otras indagatorias de otra gente, que no radica en la provincia pero que, por diversas razones, todavía no se las pudo hacer llegar a que presten declaración indagatoria, fundamentalmente por razones de salud. En esto se trata de personas de avanzada edad, ya que hay algunos problemitas de traslado”.Sin embargo, “se está trabajando en este aspecto, adelantando en varias causas ya. La Fiscalía ha pedido hace un tiempito la acumulación de las causas en Jujuy. De acuerdo a los datos estadísticos que se manejan, hubo 115 causas de delitos de lesa humanidad”.
Fuente: http://www.jujuyaldia.com.ar/
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- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Jueves alegatos de la defensa de los imputados.
El viernes 3 de julio, se conocerá el veredicto en el juicio a dos militares. Los alegatos de la defensa, fueron pospuestos para el jueves 2.

El Tribunal Oral Federal "ad hoc" que juzgó al general de brigada (r) Pedro Pablo Mansilla (77) y al coronel Alejandro Guillermo Duret (56) dará a conocer el viernes su veredicto anticipado.

Pedro Pablo Mansilla es asistido por los defensores oficiales Gristsko Gadea Dorronsoro y Paula Muñiagurria, mientras que el abogado Geraldo Ibáñez y Eduardo San Emeterio representan a Alejandro Guillermo Duret.

De acuerdo al cronograma previsto por el Tribunal, durante la jornada del jueves también se realizarán las réplicas de las partes y el día viernes, palabras finales de los imputados y sentencia.

El juicio oral comenzó el 26 de mayo y versó sobre la desaparición del militante peronista Carlos Labolita (24), ocurrida en la ciudad de Las Flores a fines de abril de 1976.

El Tribunal está integrado por los jueces platenses Nelson Jaraso(presidente), Alejandro Esmoris y Carlos Rozansky.

El proceso "escrito" por la desaparición de Labolita fue instruido por la Justicia Federal de Azul, pero el juicio oral se desarrolló en Mar del Plata porque aquí funcionan los tribunales superiores de aquella ciudad.

La designación de tres jueces platenses respondió a que la Cámara de Casación Nacional separó del caso al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata porque le tomó una declaración testimonial al padre del joven desaparecido.

En el veredicto anticipado, los jueces pueden limitarse a manifestar si los acusados son culpables o inocentes.

También tienen la posibilidad de anticipar -en caso de culpabilidad- los delitos acreditados y el monto de la pena. En ambos casos deben anticipar la fecha en que darán a conocer la fundamentación del fallo.

El jueves se produjeron los alegatos de la fiscalía y de la parte querellante. En ese marco, el fiscal general federal Daniel Adler requirió prisión perpetua para ambos militares más inhabilitación absoluta y perpetua por los delitos de:
*homicidio calificado por alevosía,
*torturas agravadas
*privación de la libertad agravada.

Por su parte, los querellantes solicitaron reclusión perpetua para ambos militares.

@@@@@@@@@@@@@@@-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Sobreyeron a Ríos Ereñú en la causa por Melitón Bustos
El juez federal Nº 2 de esta ciudad, Miguel Medina, sobreseyó al general de división (re) Héctor Ríos Ereñú en la causa en la que se investiga el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, hecho cometido el 2 de febrero de 1978 en Tartagal.
David Leiva.
Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28 con sede en Tartagal, fue indagado en esta causa el 28 de agosto de 2006 y negó toda participación en el secuestro del escribano. Adujo que para cuando se produjo el secuestro él ya no estaba a cargo del Regimiento tartagalense, de donde había sido trasladado en diciembre de 1977. El 9 de noviembre de 2006 el juez dictó una falta de mérito en su favor.
Ahora el magistrado argumentó que desde entonces no se incorporaron "nuevos elementos de juicio que permitan achacarle responsabilidad al causante Héctor Luis Ríos Ereñú, en orden al delito por el que fue indagado", a lo que se suma el hecho de que no restan "diligencias por practicar que pudiesen modificar su situación frente a tal imputación", por lo que "corresponde, a fin de dar una solucion definitiva a su situación procesal, dictar sobreseimiento definitivo".
Se sospecha que Ríos Ereñú tuvo algún grado de participación en la desaparición del escribano tartagalense porque al menos un testigo afirmaba que Bustos había recibido amenazas del entonces jefe del Regimiento. Además, el automóvil del Ejército en el que se movilizaban habitualmente los hijos de Ríos Ereñú fue utilizado en el secuestro.

El juez también recordó, como otro elemento que lo obligaba a dictar el sobreseimiento, que cuando el fiscal federal actuante en este proceso, Eduardo Villalba, formuló el requerimiento de elevación a juicio de esta causa respecto de los militares retirados Carlos Alberto Arias y de Luis Ángel Gaspar Zírpolo, solicitó el sobreseimiento de Ríos Ereñú. El magistrado sostuvo que según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los dictámenes desestimatorios o de sobreseimiento de los fiscales tienen "carácter vinculante e ineludible" para los jueces.
En el auto de sobreseimiento se agrega la declaración de que "la formación del presente sumario no afecte el buen nombre y honor del que gozare" el general de división. La abogada Tania Kiriaco, quien junto a su colega David Leiva representa legalmente al hijo de Bustos, Raúl Bustos, adelantó que apelará el sobreseimiento.


Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

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INVESTIGACION AL TEMIBLE GRUPO PARAPOLICIAL CONOCIDO COMO D2
Hallaron un arsenal en la casa de un ex represor en Córdoba
Se trata del ex policía Domingo Argüello. Encontraron armas largas y granadas.
Por: Marta Platía




ALLANAMIENTO. EFECTIVOS DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AERONAUTICA SECUESTRAN AYER ARMAS DE UN REPRESOR.
La Justicia Federal de Córdoba allanó la casa de Américo Domingo Argüello, un ex policía que era miembro de la temible D2, una especie de Gestapo a la cordobesa que participó en la represión aún antes de la dictadura militar, y secuestró un arsenal además de "importante documentación sobre el accionar de esa fuerza desde 1974".Una funcionaria del Juzgado Federal N° 3 de Cristina Garzón de Lascano, que pidió el anonimato, detalló a Clarín que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, encargada del operativo, encontró en la casa del represor "un arsenal compuesto de armas largas y cortas en bastante cantidad, siete granadas de mano y hasta bayonetas".Se trata de uno de los más importantes hallazgos desde que, en 1998, por orden de la misma jueza, se allanara la casa de Luis Manzanelli, uno de los represores del centro de detención clandestina que funcionó en la guarnición militar de La Perla quien ahora está preso en Bouwer junto a Luciano Benjamín Menéndez.En aquella ocasión encontraron un manual con instrucciones de cómo deberían "enlodar" a los sobrevivientes de ése campo de concentración ni bien llegaran a juicio oral y público.Américo Argüello y los otros seis ex policías, fueron arrestados entre el domingo y el lunes, imputados en la causa llamada "Ernesto Barreiro", quien fue jefe de La Perla y cabecilla del llamado Comando Libertadores de América, que tenía a su cargo la D2, la versión local de la Triple A, que tenía su sede en el Cabildo histórico de esta capital.Los otros detenidos son: Mirta Antón y Antonio Filiz, quienes fueron arrestados cuando fueron a votar el domingo en las elecciones legislativas. También fueron arrestados Juan Carlos Cerutti; Alfredo Bini, Alberto Luis Choux, y Eduardo Grandi, quien por estas horas está internado en un hospital, "ya que tuvo un ataque de alta presión que le afectó su ritmo cardíaco", informó a Clarín otro funcionario del juzgado.Los siete están imputados por delitos de lesa humanidad como "privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidios agravados", pero Argüello y Alberto Luis Choux estarían más comprometidos, ya que estuvieron al mando de la policía cordobesa entre 1974 y 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. La jueza los indagaría a partir de hoy mientras se investiga para qué tenía ese arsenal.Desde Buenos Aires, y en diálogo con este diario la penalista María Elba Martínez explicó que "en esta causa están desaparecidos gremialistas, como Pedro Cipriano Finger, de Grandes Motores Diesel; su hermano, quien también fue fusilado; y Alicia Cicco de Moukarzel, a quien desaparecieron a fines de 1975".Su esposo, el médico René Moukarzel, fue estaqueado y torturado hasta la muerte en el patio de la cárcel de San Martín en 1976". Martínez opinó que es "muy importante que se hayan producido estas detenciones, aunque todavía faltan algunos que también actuaron en esta estructura represiva que luego pasaron a formar parte del Estado terrorista".

Fuente: Clarín, miercoles 1 de julio

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Condenaron en Misiones a dos imputados por violaciones a los derechos humanos
01/07/2009 - Se trata de los ex oficiales penitenciarios José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez. El Tribunal Oral Federal de Posadas los sentenció a 20 y 23 años de prisión, respectivamente, por imposición de tormentos agravados. Veredicto completo

Veredicto completo 530.22 Kb.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó este martes a los ex oficiales penitenciarios José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez a 20 y 23 años de prisión, respectivamente, por imposición de tormentos agravados, delitos considerados de lesa humanidad.
Los hechos imputados a Cuenca y Gómez fueron cometidos en el Penal Federal de Candelaria a partir de octubre del año 1976, cuando los imputados prestaban tareas como jefes de turno en esa unidad penitenciaria.
Los jueces Norma Lampugnani de Arce Mielnik, Manuel Moreira y Carlos Soda consideraron a Gómez como autor de 18 hechos de tormentos agravados, mientras que Cuenca fue condenado por ser autor del mismo delito en 11 hechos.
Fuente: http://www.cij.gov.ar/

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El país / Edición Impresa

en el juicio a un represor, romero victorica elogió al imputado
Denuncian al fiscal amigo de sus acusados
La Secretaría de Derechos Humanos le pidió al procurador que tome “medidas disciplinarias” contra el fiscal porque su actuación es “parcial” en el juicio contra Jaime Smart, ex ministro bonaerense durante la dictadura, por delitos de lesa humanidad.
Martina Noailles
02.07.2009

Amigo. Romero Victorica se refirió a Smart con el apodo familiar de “Jimmy” durante el juicio en el que está acusado por 50 casos de violación de los derechos humanos.
El fiscal general Juan Martín Romero Victorica tiene muchos amigos represores de la dictadura y no lo disimula. Tampoco se aparta de las causas por delitos de lesa humanidad que tienen a sus amistades entre los acusados. Incluso, en una audiencia lo llamó “Jimmy” al procesado Jaime Smart y se manifestó a favor de los indultos a los jerarcas del terrorismo de Estado. Ante esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos decidió denunciar al fiscal ante su jefe máximo, el procurador general de la Nación, Esteban Righi. En la presentación ante la Procuración, la Secretaría de Derechos Humanos señaló que Romero Victorica incurrió en “un grave incumplimiento que contraría a los mandatos internacionales” y tuvo una actuación “teñida de parcialidad, que no representa al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad”. Romero Victorica es uno de los representantes del Ministerio Público ante la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. A esa instancia judicial llegó la causa en la que Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura, y su jefe, el ex gobernador de Buenos Aires Ibérico Saint Jean, están procesados por más de 50 secuestros y torturas, entre ellos el del periodista Jacobo Timerman. Los abogados de los represores pidieron a los camaristas que excarcelen a sus defendidos. Y las respuestas de Romero Victorica en la audiencia que se realizó el lunes pasado rozaron el absurdo. Según la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos, el fiscal “desde un primer momento se manifestó en coincidencia con los planteos de las defensas”. Puntualmente expresó que “no entendía qué hacía la causa en esa instancia puesto que él, como representante del Ministerio Público y de la sociedad no tenía agravios, ya que estaba a favor de la excarcelación de los procesados”. Incluso reconoció ante los jueces que conocía a Smart desde hacía mucho tiempo, a tal punto que durante todo su alegato se refirió al procesado como “Jimmy”. No sólo eso. “Destacó la trayectoria de Smart y señaló que no podía creer que estuviera involucrado en los hechos que se le imputaban”, continúa la presentación que también firmó Alejo Ramos Padilla, abogado de algunas víctimas de la causa, como el embajador en Estados Unidos, Héctor Timerman, y la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Isabel “Chicha” Mariani. Con esa información, la Secretaría de Derechos Humanos, a través del subsecretario Luis Alén, le solicitó a Righi que analice lo ocurrido y “adopte las medidas disciplinarias que correspondan”.Para aquellos que conocen a Romero Victorica, sus expresiones no son una sorpresa. Cuando se creó la Cámara de Casación, intentó integrarla como juez y, pese a que contó con el respaldo de Carlos Menem, no logró que el Senado resista su designación. Finalmente, le dieron el cargo de fiscal general, que no requiere la aprobación de esa Cámara. Entre los amigos que asistieron a su jura estaban José Alfredo Martínez de Hoz, el ex presidente de facto Roberto Levingston y el ex policía, ahora detenido en Marcos Paz, Luis Patti.Esta vez, sus palabras no fueron una expresión privada o ante los medios. Formaron parte de su alegato en una audiencia en la que se debía definir si dos procesados por delitos de lesa humanidad eran excarcelados. En su discurso, incluso, expresó opiniones que nada tenían que ver con la audiencia, como cuando dijo que estaba de acuerdo con los indultos que Menem otorgó a Jorge Videla y Emilio Massera.
Fuente: Critica de la Argentina

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El paísJueves, 2 de Julio de 2009
Denunciaron al fiscal Juan Romero Victorica por su parcialidad hacia los represores
Hacete amigo del fiscal de Casación
Durante una audiencia, elogió al ex ministro de la dictadura Jaime Smart, a quien llamó “Jimmy”, y se pronunció a favor de los indultos. Piden que intervenga la Procuración.

Romero Victorica, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla denunciaron ante la Procuración General de la Nación por “parcialidad” y por “no representar los intereses de la sociedad” al fiscal Juan Romero Victorica. Ambos querellantes relataron que el lunes, durante una audiencia, el fiscal ante la Cámara de Casación elogió la trayectoria del ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Smart, procesado por delitos de lesa humanidad en centros clandestinos del circuito Camps.Romero admitió una relación de “más de cuarenta años” con Smart, a quien llama cariñosamente “Jimmy”, y anticipó su posición sobre los hechos de fondo, relató el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén. “No puedo creer que Jimmy sea responsable”, opinó el fiscal. Luego sugirió “presiones del poder político sobre los jueces”, celebró supuestos “nuevos vientos que oxigenan a la Justicia”, se pronunció a favor de los indultos y también de la excarcelación de Smart y del ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean, el único tema sobre el que debía hablar.Los dos ex funcionarios eran superiores del dueño de vidas y muertes de la provincia, el ex jefe de la bonaerense Ramón Camps. El juez Arnaldo Corazza los procesó por más de sesenta privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los centros clandestinos Puesto Vasco y COT1 Martínez, que padeció entre otros el periodista Jacobo Timerman. En febrero, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos, les negó la excarcelación, revocó el arresto domiciliario y ordenó que fueran trasladados a una cárcel. La apelación de los defensores, que en teoría no suspende la concreción de la resolución, implicó por excepción que Smart y Saint Jean gocen hasta hoy de arresto domiciliario, confirmó a Página/12 el abogado Ramos Padilla, que patrocina al embajador Héctor Timerman y a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani.El 18 de mayo, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que integran los jueces Gustavo Hornos, Augusto Díaz Ojeda y Mariano González Palazzo, rechazó una impugnación de los defensores de los imputados para que los querellantes pudieran debatir las eventuales excarcelaciones. Ante un pedido de prórroga de los abogados (un hijo de Sain Jean y Héctor Munilla Lacasa, ex subsecretario de Gobierno de la dictadura, denunciado por participar en los mismos delitos que su cliente), el tribunal fijó para el 29 de junio la discusión de la cuestión de fondo. El lunes a primera hora, medio centenar de septuagenarios trajeados, en su mayoría ex funcionarios de la última dictadura, obligaron al tribunal a habilitar la sala mayor de Comodoro Py. En ese contexto, y al mejor estilo Bisordi, se explayó Romero Victorica. Dijo que hacía más de cuarenta años que conocía a “Jimmy”, destacó su trayectoria en la Cámara Federal en lo Penal creada en la dictadura de Juan Carlos Onganía para perseguir a organizaciones políticas y como ministro de gobierno tras el golpe de 1976.Alén y Ramos Padilla consideran en su denuncia ante el procurador Esteban Righi que la posición de Romero “constituye un incumplimiento de sus deberes como fiscal, va contra los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y desconoce la jurisprudencia nacional e internacional que establece la necesidad de remover los obstáculos que impiden el juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad”. Agregaron que su actuación está “teñida de parcialidad, no representa al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad”, requirieron que se lo aparte de la causa y que el Consejo Evaluador de la PGN evalúe su actuación y establezca las sanciones que correspondan. Mientras tanto, la causa sigue su curso. El juez Corazza ya cerró la instrucción y dio traslado a las partes para que requieran la elevación a juicio.@@@@
El paísJueves, 2 de Julio de 2009
El juicio por el caso Avellaneda
La defensa fue un ataque
Por Adriana Meyer
“Detrás de cada testigo se esconde un enemigo de la Justicia.” La contundente y temeraria afirmación fue pronunciada ayer por la abogada defensora del policía Alberto Aneto, durante el juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra, que al finalizar su alegato pidió la absolución del represor ante el Tribunal Oral Federal de San Martín. La defensa consideró probados los hechos de los que fueron víctimas Iris y su hijo, el “Negrito”, pero insistió en que las testigos se “confundieron” porque las víctimas no habrían estado detenidas en la comisaría de Villa Martelli, sino en la de Munro.La abogada Graciela Mastrángelo –que reemplazó a Elsa Berasain, que estuvo durante el juicio– intentó invalidar las declaraciones de la familia Avellaneda aludiendo a supuestas contradicciones de la víctima Iris Pereyra de Avellaneda. También apuntó que la jurisdicción del domicilio y la del lugar de trabajo de Floreal padre, la fábrica Tensa, corresponde a Munro. La defensa involucró en el secuestro de los Avellaneda al comisario de Munro, Walter Polidori, y al ex coronel del Ejército Jorge Calatayud, que era su superior e interventor en la comisaría. Según la abogada, el alias “Rolo” que escucharon los Avellaneda sería de Calatayud y no Aneto, su defendido.Mastrángelo intentó plantear que en una situación de conmoción es difícil retener los detalles reales y con el tiempo la memoria se deteriora, por lo cual concluyó que los testigos no son confiables, que un testimonio “puede ser una obra quimérica de la imaginación”, para escalofrío de parte del público. El otro abogado de Aneto, Rafael Fernández Grenno, sostuvo que el Negrito Floreal no fue llevado a Campo de Mayo, sino a la ESMA, e insistió en que Aneto es ajeno a los hechos. El letrado pidió la investigación del personal de la comisaría de Munro. “No convirtamos esto en un nuevo caso Dreyfus” porque “esta vez el ‘yo acuso’ es de la defensa”, fue su cierre.
Fuente: Pagina 12
¿Cuál de estas 16 personalidades es la tuya? ¡Descubrí quién sos realmente!-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Carta a Micheletti
Cnl(R) Horacio P. Ballester
Sr Roberto MichelettiEl CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina) expresa su más enérgico rechazo y repudio al golpe cívico -militar perpetrado en Honduras contra su presidente legítimo José Manuel Zelaya y el hermano pueblo de ese país.Usted y quienes lo acompañan han asestado un golpe mortal a la democracia y a la libertad y nos han retrotraído a los nefastos años de un pasado reciente que en nombre del "mundo occidental y cristiano" regó con la sangre de miles y miles de asesinados, torturados, violados, y detenidos - desaparecidos a esta bendita tierra que llamamos, como José Martí, Nuestra América. La historia lo juzgará a usted y a sus cómplices y los condenará, tal como ya lo están haciendo los pueblos y países del mundo. Desde Argentina exigimos la restitución del Presidente Manuel Zelaya en su cargo y del orden constitucional, la libertad y la democracia en Honduras quebradas por Ud, sus cómplices e integrantes de las fuerzas armadas hondureñas que han vuelto sus armas contra su legítimo Presidente y su pueblo.
Cnl (R) José Luis García Prof. Elsa M. Bruzzone Cnl(R) Horacio P. Ballester Secretario General Secretaria Presidente

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".

Martes, 30 de Junio de 2009
LITERATURA › ENTREVISTA AL ESCRITOR CHILENO CARLOS FRANZ
“Hay muchas formas de claudicación”
En su novela Almuerzo de vampiros, el autor propone una lectura del “éxito” contemporáneo en su reverso melancólico. Apelando a múltiples paralelismos literarios y cinematográficos, Franz contrasta provocativamente “pasado utópico” con “presente pragmático”.

“La vida te va desilusionando en la misma medida que te va haciendo más sabio”, sostiene Franz.
Por Silvina Friera
Dos amigos se reúnen en la terraza de un glamoroso restaurante de moda de Santiago de Chile. Tienen más de cincuenta años y hace veinte que no se ven. Rodeados por la flor y nata del presente chileno, políticos y artistas exitosos y optimistas, ceden sin proponérselo a una nostalgia privada. Ahora echan de menos los años ’70, en que fueron jóvenes. Pero entonces los odiaban. El contraste entre un pasado poblado de utopías y el pragmatismo desolador que se respira en esa terraza es un cuchillo que afila aún más las transformaciones feroces que la madurez impone sobre los ideales de la juventud. De pronto, la noticia de que un viejo profesor, muerto hace treinta años, podría estar vivo –alguien lo vio caminando por las calles como si el tiempo no hubiera pasado– dispara los recuerdos del narrador, que evoca su propio periplo a lo Taxi Driver por la ciudad, cuando tenía veinte años y manejaba un taxi en las horas del toque de queda. Entonces colaboraba con un grupo mafioso que pretendía producir una película, La gran talla de Chile, que aspiraba a convertirse en emblema de la comicidad. El encargado de protagonizar y redactar el guión sería el “maestrito”, un doble vulgar de ese noble profesor. En Almuerzo de vampiros (Alfaguara), Carlos Franz propone una lectura del “éxito” contemporáneo en su reverso melancólico. Apelando a múltiples paralelismos literarios y cinematográficos, el escritor chileno bucea en el péndulo de la experiencia vital que conduce de la ilusión al desencanto.
Franz maneja un menú de gestos morosos y reconcentrados como un caracol. Su acento discreto apenas deja entrever que hace cinco años que vive en Madrid y que antes ha estado en Berlín y en Cambridge. “Cuando uno vive mucho tiempo afuera, ve la realidad en instantáneas. Si tú comparas esa instantánea con la de diez o quince años atrás, te parece que ha cambiado de la noche al día, del invierno al verano, que es uno de los juegos que se hace en la novela”, dice Franz a Página/12.
–¿Por qué un personaje de Almuerzo de vampiros dice que “contra Pinochet vivíamos mejor”?
–Es una paráfrasis explícita de una frase que acuñó Vázquez Montalbán en España. El dijo, muy provocativamente, “contra Franco vivíamos mejor”. La sensación que acompaña a las generaciones que crecieron bajo una dictadura es que aunque la vida era una mierda en ese momento era más intensa y más real que esta vida un tanto más blanda y menos difícil. Esta es una gran paradoja y pensando en eso me puse a investigar y encontré que es un síndrome más bien conocido, el del ex combatiente o ex convicto que echa de menos el campo de batalla o la cárcel porque aunque fuera horroroso era intenso y se vivía a fondo. Era emocionante, ésa es la palabra que empleo en la novela.
–¿Generó polémica esta afirmación que se hace en la novela?
–Cuando se publicó, primero en Chile, luego en España, esperaba que hubiera reacciones de gente indignada que dijera “cómo se puede echar de menos una época tan nauseabunda”, porque justamente es una de las cosas provocadoras de la novela, que el narrador y su amigo echan de menos esos tiempos, los miran con cierta nostalgia enternecida, entre otras cosas porque era una época que nadie echaba de menos. Parece una época indefensa, que de alguna manera habría que cuidar un poco, sin olvidar lo que fue. Es la época de la juventud para estos personajes y cualquier juventud es maravillosa, simplemente por el hecho de haberla vivido, aunque haya sido asquerosa.
Franz tenía 14 años cuando Pinochet dio el golpe de gracia a la democracia chilena. A la generación del escritor le tocó descubrir la política “desde el revés, desde lo oscuro”, sin muchas guías. “Sólo podías estar en contra de la dictadura, pero eso era muy grueso”, aclara el autor de El desierto, Santiago Cero y El lugar donde estuvo el paraíso. Almuerzo de vampiros es una novela que tiene que ver con una experiencia vital, “con algo que nos puede ocurrir a todos en cualquier sitio”. “La vida te va desilusionando en la misma medida que te va haciendo más sabio. En este proceso tú transas inocencia a cambio de experiencia, y no creo que nadie pueda resolver qué prefiere. Si prefiere seguir siendo inocente y no tener experiencia o si prefiere tener experiencia y perder toda inocencia. El profesor Polli lo dice con una frase: ‘La madurez es la muerte de la sensibilidad a manos de la experiencia’. Es algo que venía sintiendo y que quise expresar en este libro. Los golpes que te da la vida te van insensibilizando al mismo tiempo que te enseñan.”
–¿Cómo interviene en esta paradoja la figura del vampiro?
–El vampiro es inmortal, es pura experiencia y está vaciado de ideales. Ha vivido tanto que ésa es la tragedia del vampiro, por eso me gustó ese símbolo, para usarlo en este contexto.
–Este ser pura experiencia y vacío de ideales, ¿es una de las características de su generación?
–No, creo que a cualquier generación le pasa esto; es un proceso natural, un proceso de vida, y resulta bastante ridículo cuando a una generación no le ocurre, como esos hippies sesenteros que siguen siendo hippies y se ven altamente ridículos. Así como hay una crítica a ese proceso, porque a mí no me gustan las novelas ni las ideas maniqueas, hay una crítica al estado permanente de juventud, que es la aspiración contemporánea.
–¿Hubo en su vida un profesor como el de la novela?
–No, es un personaje completamente inventado. Es un personaje doble y nunca se sabe en la novela, yo tampoco lo sé, si son la misma persona el profesor y el “maestrito”. Quise dejarlo abierto porque así es como debe ser el cambio interno, espiritual, que se expresa en el cambio de lenguaje tan noble del profesor al lenguaje tan degradado del maestrito. Lo que me gusta es que esa lengua del profesor es la lengua en la que enseñaba los ideales, una lengua noble, bella, pero inútil en la vida práctica que vendría en este mundo de intereses y no de ideales. En ese mundo es mucho más eficiente el lenguaje del crimen grosero y grotesco del maestrito. Pero el alumno, que es el narrador, aprende de ambos. El profesor enseña un modo noble de vivir, el maestrito enseña a sobrevivir, que es fundamental también porque el que no sobrevive no puede vivir. El profesor es alguien que permanece inocente hasta el último minuto, aunque el narrador intuye que el profesor ha terminado delatando a sus propios alumnos porque es alguien incapaz de soportar la idea misma de la tortura.
–¿Por qué cree que la delación bajo tortura está tan cuestionada y sigue siendo “una mancha negra”?
–Es un fenómeno apasionante, como los son todos estos temas en que el ser humano se enfrenta a los límites. Tú tienes una alta imagen de tus ideales que luego te ves obligado a traicionar bajo tortura. ¿Por qué es una mancha? Porque esos ideales eran inhumanos, son ideales que le exigen al ser humano hacer cosas o pensar en cosas que no son humanas y que cuando son puestas contra la pared de la realidad solamente unos pocos, que son los héroes, sobreviven a esa prueba. Los demás se comportan como seres humanos reales. Y claro que van a hablar bajo tortura. Y va a haber muchas otras formas de claudicación y de traición. De manera que yo miro esa época sin ninguna nostalgia y con mucha crítica.
–¿Qué aportes respecto del trauma que ha generado la desaparición de personas se propuso hacer desde la ficción?
–En todas las entrevistas que me hicieron en Chile y en España no apareció la pregunta por los desaparecidos. Ustedes los argentinos están más conscientes, más afectados por el tema de los desaparecidos que nosotros o los españoles. No intenté tratar el tema de los desaparecidos y voy a ser franco hasta lo agresivo. Me parece que es un tema sobre el que se ha dicho tanto que no me interesa. Pero claro, es una lectura legítima, no digo que no, sólo que a mí me gustó mucho más el hecho de asociarlo a un símbolo literario y cinematográfico, como es el del vampiro, porque es otra forma de desaparecido, aquel que sobrevivió pero que está muerto por dentro. En ese grupo enorme de desaparecidos es donde se inscriben el profesor, el maestrito, el narrador y a lo mejor cualquier persona que haya tenido en el proceso de su vida que renunciar a sus ideales y adaptarse a los intereses de su época. ¿Quién se salva? ¿Quién puede tirar la primera piedra y decir “yo no he desaparecido”? Toda sobrevivencia se paga al precio de algo de la vivencia; sobrevives matando algo de ti mismo.
–¿Cómo es su relación con Chile ahora que lleva más de diez años viviendo fuera de su país?
–Voy a Chile una vez al año por lo menos. No quiero sentirme obligado a vivir en ninguna parte. No creo que uno esté obligado a vivir en el país del que tiene pasaporte y ésa es una de las grandes ventajas que te ofrece este mundo contemporáneo, aunque a cambio te quita tantas otras cosas. Para un escritor en español, estar en España es como para un actor estar en Hollywood. Es en España donde se juegan muchas cosas, te guste o no.
Fuente: Pagina 12
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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

MILITARES ASESTAN GOLPE A LA DEMOCRACIA HONDUREÑA


El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, se dirige a la comunidad nacional e internacional, especialmente a las estructuras internacionales de derechos humanos, informando que los derechos fundamentales se encuentran violados por los hechos siguientes:

1.-Las Fuerzas Armadas de Honduras secuestraron esta mañana de domingo 28 de junio, al presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, propinando a la nación un Golpe de Estado que destruye la institucionalidad de la República de Honduras, de los últimos 27 años.

2.-La sociedad civil hondureña se ha movilizado en forma espontánea e independiente a Casa Presidencial y en el interior del país en plazas públicas, y reconoce a Manuel Zelaya Rosales como el Presidente Constitucional de Honduras, quien fue electo mediante el voto de hondureños y hondureñas en noviembre de 2005.

3.-En el actual momento se están violentando todos los derechos reconocidos por el Estado de Honduras tanto en su Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho a Libertad de Información, de Expresión, de Reunión , Organización, Libre Circulación, legalidad de la Detención, el Derecho a la Caución, de Propiedad Privada y la Inviolabilidad del Domicilio.

Se clausuró el Canal 8 del Estado de Honduras. El canal fue tomado por militares y los periodistas que laboraban en el mismo fueron expulsados. Se ha suspendido el fluido eléctrico por varias horas afectando también las comunicaciones por Internet, dejando a la población hondureña en indefensión.

Soldados al mando de un coronel llegaron a la compañía de cable “Cablecolor”, que da servicios de Internet en el país, y obligaron a su personal a retirar del aire a CNN en español e inglés que estaba transmitiendo los acontecimientos suscitados producto del Golpe de Estado..

Informes recientes llegados al COFADEH han detallado que Radio Progreso, fue allanada por un contingente de 25 elementos militares quienes expulsaron al personal y lo obligaron a clausurar de manera absoluta la transmisión. Radio Progreso transmite en la zona Noroccidental y Litoral Atlántico. Igual suerte ha corrido Radio Globo, Maya TV y canal 36.


Los periodistas de estos medios David Romero Ellner, Eduardo Maldonado, así como Edras Amado López, director del Canal 36, se sospecha que han sido detenidos o que se encuentran en una embajada.

Se han producido detenciones ilegales de varias personas entre ellas de funcionarios del gobierno, como el de la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Patricia Isabel Rodas, que fue secuestrada por militares cuando se encontraba en una reunión con los Embajadores de Nicaragua, Venezuela y de Cuba. La Canciller fue subida a un carro militar, hasta ahora se desconoce su destino final. Su esposo fue sometido a fuertes golpes por militares encapuchados.

En el violento acto también fueron golpeados los Embajadores de Cuba, Juan Carlos Hernández, Mario Duarte de Nicaragua y Ricardo Laguna Lagunas de Venezuela, irrespetando el Artículo 29 de la Convención de Viena y exhibiendo a Honduras como un Estado atrasado e irrespetuoso del derecho internacional.

En las últimas horas ha trascendido que existen órdenes de captura en contra de 14 dirigentes sociales.

4.-El país está militarizado generando un clima de temor en la población. Esta militarización quedó al desnudo en los últimos días cuando incluso reservistas del ejército salieron a la calles para realizar una manifestación, la cual fue encabezada por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romero Vásquez Velásquez y el coronel retirado Julio Armando Pavón, quien en 1995 junto al ex jefe de esa institución General Luis Alonso Discua Elvir , sacaron tanquetas y baterías antiaéreas a las calles para amedrentar jueces y fiscales en momentos en que se iniciaban juicios contra una veintena de oficiales violadores de derechos humanos.

5.-Reiteramos que lo que se produjo en Honduras fue un golpe militar violento disfrazado seis horas después por un golpe técnico nombrando como mandatario de la nación al actual presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain.

Este nombramiento solo lo reconocen los grupos que gestaron el golpe. El pueblo hondureño sigue demandando el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales y está huérfano de un representante oficial del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y de fiscales de derechos humanos.


Una vez que la camaradería de Micheletti Bain lo nombra y lo juramenta, su primer acto es establecer un toque de queda por 48 horas, suspendiendo de esta manera todas las Garantías Constitucionales, hechos que fueron alabados por el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.


5.-El Cofadeh condena en forma enérgica todas estas acciones y solicita a la comunidad internacional no reconocer como presidente a este violador de las Garantías Constitucionales.

Instamos a la comunidad internacional a mantenerse en alerta de la situación de Honduras en materia de Derechos Humanos, especialmente sobre la seguridad personal de dirigentes populares y de funcionarios gubernamentales.


Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
COFADEH

Tegucigalpa 28 de junio de 2009

Lesa humanidad: la Justicia unifica querellas en causa contra un ex juez federal
30/06/2009 - Se trata del caso en el que se investiga a Víctor Brusa y a otros seis imputados. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió agrupar a los querellantes en cuatro representaciones. Además fijó el cronograma de audiencias. Detalles del caso
Fallo sobre unificación dequerellas 60.16 Kb.
Decreto sobre cronograma deaudiencias 17.77 Kb.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe resolvió unificar en cuatro representaciones las querellas en la causa en la que se investiga al ex juez federal Víctor Brusa y a otros seis imputados, por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar.
Además, fijó el cronograma de audiencias del juicio oral que comenzará el próximo 1º de septiembre en el marco de esa misma causa. Se estima que el debate tendrá una duración aproximada de cuatro meses.
Los otros imputados son Héctor Romero Colombini (ex comisario) Eduardo Alberto Ramos Campagnuolo, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Mario José Facino (subjefe comisaría 4ta.) y Domingo Manuel Marcelini. En tanto, son 14 las víctimas y nueve los querellantes, y se espera que durante el debate declaren más de 100 testigos.
El tribunal estará integrado por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango (del Tribunal Oral de Paraná), y dos conjueces abogados: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus. La Secretaría estará a cargo de César Eduardo Toledo.
Querellas
El tribunal hizo lugar parcialmente a un recurso de reposición presentado por un grupo de querellantes, contra la decisión de los propios jueces que ordenaron unificar las querellas en dos representaciones. Así, dispuso agruparlas en cuatro unidades, de acuerdo a la identidad de intereses, debiendo quedar ordenadas de la siguiente manera:
- José Ernesto Schulman y Patricia Indiana Isasa- Patricia Traba, Anatilde Bugna y Stella Maris Vallejos- Jorge Daniel Pedraza, Daniel García y Alba Sánchez- Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Cronograma
El pasado 26 de junio, el tribunal oral integrado para la causa “Brusa” (Alberto de Creus, Renna y López Arango) fijó el siguiente cronograma de audiencias para el juicio oral y público, cuyas audiencias se realizarán los lunes y martes, y los miércoles de por medio, en un total aproximado de 40 jornadas:
- Septiembre: días 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 28 y 29- Octubre: 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 26 y 27- Noviembre: 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 25 y 30- Diciembre: 1, 2, 7, 9, 14, 15 y 16
Al respecto, previó que las primeras jornadas estarán destinadas a la lectura del requerimiento fiscal y auto de elevación a juicio, a las cuestiones preliminares que se puedan plantear y a la declaración de los imputados.
En tanto, a partir del 14 de septiembre y hasta el 30 de noviembre fueron fijadas las más de 100 audiencias testimoniales y seis inspecciones judiciales dispuestas en la causa.
Finalmente, a partir del 1º de diciembre se espera que comiencen los alegatos, los que se supone se prologarán por varias jornadas, teniendo en cuenta la cantidad de partes existentes. De este modo, se estima que para mediados de ese mes pueda concluir el juicio, con el dictado de la sentencia en su parte dispositiva.
Cabe aclarar que dicha programación de audiencias está sujeta a las variaciones que establezca el tribunal conforme se vaya desarrollando el juicio.
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Rechazan planteo para que imputado por delitos contra DDHH acceda a Internet
30/06/2009 - La Corte desestimó un recurso contra una decisión que le permitió al ex miembro de la Armada Alberto González ingresar una computadora a la unidad carcelaria donde se encuentra alojado, pero le restringió el acceso a la Red y al mail. Fallo completo
Fallo completo 8.39 Kb.
En el acuerdo del día de la fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos "González, Alberto Eduardo s/causa N° 1270" -expte. G.86.XLV-, resolvió rechazar la queja que por recurso extraordinario denegado interpuso la defensa, contra la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que, al rechazar la vía de la especialidad, confirmó la providencia dictada por el tribunal federal 5 por la cual se había autorizado al nombrado González -quien se encuentra imputado por delitos calificados de lesa humanidad- a ingresar a la unidad carcelaria donde se encontraba alojado, una computadora portátil, pero restringió el acceso a Internet y al correo electrónico. Para así decidir, los Sres. Ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay, consideraron que el recurrente no había dado cumplimiento con la Acordada 4/2007.
Informe de Prensa Nº 87 Buenos Aires, 30 de junio de 2009
@@@@@@@@@@@@@@-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

El Tribunal Federal condenó a 20 años de prisión a Cuenca y a 23 a GómezLo decidió hace instantes. También rechazaron la excarcelación que había pedido la defensa para los dos ex penitenciarios hasta que la sentencia quedase firme. Estaban acusados de torturas físicas y psicológicas en el penal de Candelaria durante la última dictadura.
Cuenca, a la salida de haber escuchado el veredicto del Tribunal Penal Federal.
Gómez marcha a escuchar la decisión de los magistrados.
Pasadas las 18, el Tribunal dio a conocer la sentencia por el juicio de lesa humanidad contra los ex penitenciarios. Condenó a Rubén "Lobo" Gómez como autor de 18 hechos de tormento agravados a 23 años de prisión, accesorias legales y costas, e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.Mientras que José María Cuenca fue considerado por el Tribunal como autor penalmente responsable de 11hechos de tormentos agravdos, por lo que fue condenado a 20 años de prisión, accesorias legales y costas e inhabilitación pàra ejercer cargos de funcionario público.Además el tribunal rechazó el pedido de los defensores de la excarcelación de los imputados hasta que la condena quede firme. Así también pidió se investiguen a varios testigos por falso testimonio.
El Tribunal Penal Federal resolvió también enjuiciar por falso testimonio a cuatro de los testigos presentados por los acusados, entre ellos el médico Sapena Pastor. La gente reunida en la sala saludó con aplausos la decisión del Tribunal y entonó el Himno Nacional. Los agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron enjuiciados por delitos de lesa humanidad, acusados de la aplicación de tormentos a presos políticos.
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¿Cuál de estas 16 personalidades es la tuya? ¡Descubrí quién sos realmente!-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

MI NOMBRE ES VERENICE BENGTSSON, SOY UNA CIUDADANA de NACIONALIDAD COSTARRICENSE Y HONDURENA, RESIDENTE EN SUECIA. ME DIRIJO A USTEDES A FIN DE DE DENUNCIAR Y HACER DE CONOCIMIENTO PUBLICO que el dia de hoy por via CHAT, a las 11 am hora de Suecia y 3 am hora de Honduras, he sido informada por el conocido caricaturista ALLAN MC DONALD QUE FUE SECUESTRADO Y DETENIDO POR LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS , JUNTO A SU HIJA ABRIL DE 17 MESES. Allan Mc Donald es un caricaturista que habia mostrado a través de sus caricaturas en Diario el Heraldo de Honduras , Times y http://www.rebelion.org/ su posición a favor de la consulta de opinión popular promovida por el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Allan, me informó desde un hotel donde se encontraba detenido junto al Consúl de la Republica de Venezuela , y dos mujeres periodistas de Espana y Chile, a quienes no conocía, que el dia de ayer 28 de junio de 2009 , luego del golpe de estado, un grupo de soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, habian llegado a su casa en la comunidad de Santa Lucia, a unos 8 kilómetros de la ciudad capital Tegucigalpa, y la habian saqueado. Posteriormente hicieron una hoguera con todas sus caricaturas y su material de dibujo. Fue sustraido de su residencia junto a su hijita, quien despues de cerca de 24 horas no habia consumido alimentos y solo le daban agua. No le permitieron portar ninguna pertenencia, dinero y solo lo acompanaba su pasaporte. La comunicacion no duró mas de cinco minutos pues estaban comunicándose desde una computadora portatil perteneciente al diplomático venezolano. Me dijo que no habia luz y la bateria de la computadora estaba por agotarse. Tambien estaban junto a ellos los periodistas hondurenos Eduardo Maldonado y Esdras Amado Lopez , quienes tambien son conocidos por su fuerte apoyo a la iniciativa ciudadana del gobierno de Manuel Zelaya. Sin embargo Maldonado y Lopez, habian sido sustraidos del lugar juntos , horas antes y sin rumbo conocido. Al momento de despedirse Allan , me dijo RESISTE y DENUNCIA ESTE HECHO, esto lo vi solo en la television cuando ocurrió el golpe de estado del 1973. Cortó la comunicación porque me dijo , YA VIENEN POR NOSOTROS. Aparentemente serian conducidos en un bus y sacados del pais por la frontera El Espino, en este momento ignoro el destino y paradero de ALLAN MC DONALD , SU HIJITA ABRIL Y SUS OTROS ACOMPANIANTES. Este correo es la DENUNCIA a nivel nacional e internacional , ademas es un llamado a la CONCIENCIA, esta época de terror parecía ser superada pero hemos retrocedido a la década de los 80´s en un claro desconocimiento de los derechos humanos de un Congreso Nacional y una Corte Suprema de Justicia confabulados para sostenerse, violentándole los derechos elementales de la mayoría hondurena empobrecida. Este golpe de estado y todos los actos de este gobierno usurpador reflejan la poca vocación democrática de nuestra clase política. RUEGO A USTEDES QUE ESTAN EN HONDURAS Y EN OTROS PAISES :COMPARTAN ESTA INFORMACION CON SUS CONTACTOS, DENUNCIEN ESTE HECHO POR CORREO ELECTRONICO A LAS CADENAS DE TELEVISION Y NOTICIEROS INTERNACIONALES. y los de otros paises a sus medios locales. SOLICITO A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS , INTERPONGAN UN RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL EN FAVOR DE ALLAN MC DONALD Y SU HIJA ABRIL. NO OLVIDEMOS QUE EL SILENCIO NOS HACE COMPLICES DE LOS CRIMENES QUE ESTAN COMETIENDO. SOLICITO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL UN RECHAZO MAS ENERGICO A ESTE GOBIERNO DE FACTO QUE TIENE SECUESTRADA A LA POBLACION HONDURENA, SIN ACCESO A LA INFORMACION , ATERRORIZADA Y PRIVADA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES p.d. Adjunto caricaturas que muestran el origen de la persecucion y detencion de Allan y una foto de Allan junto a su hija para que sea difundida por los medios de television internacionales. Verenice Bengtsson
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POSADAS- 29/06/2009Crímenes de lesa humanidad: alegatos y sentencia

Este martes a las 9.00, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Misiones comenzará a escuchar los alegatos de las partes en el juicio que se le sigue a los ex oficiales penitenciarios José María Cuenca y Rubén “Lobo” Gómez, acusados de aplicar tormentos a los presos políticos que fueron alojados en la Unidad Penal 17 durante la última dictadura militar.
Más de 40 testigos pasaron por el Tribunal durante las últimas dos semanas.
Gómez debe responder por 18 hechos, mientras que Cuenca está acusado de otros once casos.
Los ex penitenciarios habían sido beneficiados con la excarcelación, pero dos días antes del inicio del
juicio, los camaristas ordenaron sus arrestos para impedir un eventual intento de fuga y así postergar el
debate. Desde entonces permanecen alojados en la misma cárcel donde se desempeñaron durante la
década del 70.

En caso de ser encontrados culpables, podrían recibir una pena de entre tres y quince años de prisión. La defensora oficial Susana Criado ya presentó un escrito al Tribunal pidiendo que en caso de ser condenado Gómez continúe en libertad hasta que el fallo quede firme.

La audiencia de este martes comenzará a las 9.00 cuando se escuchen los alegatos de la Fiscalía , de la
querella, de la defensora Criado y finalmente del defensor de Cuenca, Rafael Scwenberg. Finalmente, los
camaristas Norma Lampugnani de Arce Mielnik, Carlos Adolfo Sodá y Manuel Alberto Moreira
dictarán el fallo

Elevan a juicio causa por desaparición de periodista en Mendoza
29/06/2009 - Se trata de la investigación por el secuestro del periodista y militante político Francisco Urondo y de su mujer, Alicia Raboy, ocurrido en 1976. Están procesados el general retirado Luciano Benjamín Menéndez y otros seis ex militares y policías
El Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, a cargo del juez Walter Bento, elevó a juicio la causa en la que se investiga la desaparición del periodista y militante político Francisco “Paco” Urondo y de su mujer, Alicia Raboy, ocurrida durante el último gobierno de facto en esa provincia.
En la causa están imputados el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros seis ex militares y policías. Se trata de Orlando Oscar Dopazo, Juan Agustín Oyarzabal, Celustiano Lucero, Tamer Yapur, Eduardo Smaha Borzuk y Armando Osvaldo Fernández Miranda.
También, el juez Bento dispuso la elevación a juicio, en forma conexa, de la causa “Smaha”, por violación de domicilio.
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Lesa humanidad: detienen en Córdoba a siete ex policías
29/06/2009 - Fue por orden de la jueza Cristina Garzón de Lascano, en operativos realizados entre ayer y hoy. Se los investiga por violaciones a los derechos humanos cometidos antes del 24 de marzo de 1976
Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Córdoba, a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano, se efectuaron siete nuevas detenciones en el marco de la causa “Barreiro, Ernesto Guillermo y otros p.ss.aa de Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos agrava y homicido agravado”.
En distintos procedimientos efectuados entre el 28 y 29 de junio, resultaron detenidos Juan Carlos Cerutti, Antonio Filiz, Alfredo Bini, Américo Argüello, Alberto Luis Chux, Mirta Graciela Antón y Eduardo Grandi, todos ellos se desempeñaban como policías en el Destacamento conocido como D2.
La causa “Barreiro” tiene 83 víctimas y se investigan hechos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976.
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Lesa humanidad: exigen revisar legitimación de querella en causa contra Menéndez
29/06/2009 - La Cámara de Casación Penal hizo lugar a un planteo del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Dispuso que se determine si una asociación por los derechos humanos tiene poder suficiente para actuar como parte querellante. Fallo completo
Fallo completo 110.61 Kb.


La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar la legitimación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Mendoza para actuar como parte querellante, en una causa en esa provincia en la que se investiga al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar.
El tribunal destacó que en el caso “no hay razón para apartarse” de lo resuelto por esta sala anteriormente, donde se resaltó que el Código Procesal Penal de la Nación admite la legitimación de personas jurídicas para representar al ofendido “si cuentan con poder especial al efecto”.
Sin embargo, indicó que “no surge del recurso ni de este legajo la existencia o inexistencia de los poderes requeridos por el artículo 83 del CPPN”.
Frente a ello, dispuso reenviar el caso par que se emita un nuevo pronunciamiento, una vez que se determine si aquella asociación presentó poder suficiente para querellar extendido por alguna persona legitimada según el art. 82 del CPPN.
El fallo fue firmado el 16 de junio último, y lleva la firma de los jueces W. Gustavo Mitchell, Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García.

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Derechos humanos: elevan a juicio un caso en Mar del Plata
29/06/2009 - Se trata de una causa en la que se investiga a Nicolás Caffarello y Fernando Delgado, por el secuestro e imposición de tormentos del periodista Amílcar González. Uno de ellos se encuentra prófugo. Detalles del caso
El Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del juez subrogante Rodolfo Pradas, elevó a juicio oral una causa en la que se investiga a Nicolás Caffarello, ex agente civil, y a Fernando Delgado, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.
En el caso, se investiga la privación ilegal de la libertad y torturas de las que fuera víctima Amílcar González.
El 16 de mayo de 2007, se dictó el procesamiento con prisión preventiva de Caffarello, decisión que fue confirmada por la cámara de apelaciones el 26 de junio de 2008.
En tanto, Delgado se encuentra prófugo y cuenta con pedido de captura desde el 10 de mayo de 2007, y con solicitud de captura internacional desde el 30 de septiembre de 2008.
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Casación Penal prorrogó la prisión preventiva de Videla
29/06/2009 - La Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa del ex presidente de facto. Confirmó así la decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 de mantener la medida cautelar para garantizar su comparecencia en juicio. Fallo completo
Fallo completo 30.99 Kb.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 que prorrogó por un año más la prisión preventiva del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla.
La defensa de Videla había planteado que “se privó a su defendido de la libertad personal y se prorrogó sin plazo su detención, prescindiendo de que ha estado detenido más de veintisiete años y ocho meses por delitos que se le imputan como supuesto reiterante no reincidente”.
Y agregó que “el avanzado estado de la investigación impide toda inteligencia para fundar cualquier entorpecimiento sobre el cauce de la investigación; mientras que en torno al peligro de fuga, añadió que la avanzada edad de su defendido así como las enfermedades que padece lo obliga a internación periódicas, además de su irreprochable conducta durante todos estos años de detención, torna inexistente el riesgo procesal aludido”.
Con el voto de los jueces Gustavo Hornos, Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda, la Cámara de Casación rechazó el planteo de Videla y ratificó así la extensión de su detención por un año más.
“No corresponde la liberación automática por el mero transcurso del tiempo de personas acusadas de delitos de lesa humanidad, siempre que se verifiquen riesgos procesales, a pesar de haber cumplido el imputado más de tres años en prisión preventiva”, destacó el juez Diez Ojeda.
Añadió que “existe en el sub examine la necesidad de mantener la medida cautelar dictada contra le acusado, con el objeto de garantizar su comparecencia al debate para resolver definitivamente su situación”.
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Lunes, 29 de Junio de 2009

PIRULO DE TAPA
DETENIDOS
En 1977, como miembro de un grupo de tareas del Cuerpo V de Ejército, fue premiado “por su arrojo y mérito en combate contra la delincuencia subversiva” en Bahía Blanca. En los ’90 recorrió el mundo como custodio de Carlos Menem. Ayer, al salir del cuarto oscuro, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le informó que quedaba detenido. El coronel Carlos Alberto Arroyo no fue el único represor capturado voto en mano. A pedido del fiscal federal ad hoc Abel Córdoba, avalado por el juez Alcindo Alvarez Canale, la PSA detuvo también al coronel Miguel Antonio Villegas, al capitán Enrique Sommaruga y al teniente coronel Rodolfo Tomás Bruno. Villegas cumplió 70 años en septiembre, no tenía obligación de votar.
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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Grupos armados entran en comunidad indígena en Santiago del Estero



domingo, 21 de junio de 2009
PUEBLOS ORIGINARIOS INFORME REALIZADO POR EL MOCASE VÍA CAMPESINA. LA COMUNIDAD PERTENECE A LA CENTRAL CCTIA DE LA ORGANIZACIÓN.
Entre el viernes y sábado pasados grupos armados volvieron a entrar en la comunidad indígena Lule – Vilela de Tres Leones, esta vez se ubicaron en el paraje Pampa Chaquina a pocos kilómetros de la localidad Tintina, al noroeste del Dpto. Moreno. Entre todas las comunidades hay más de 50 familias de origen indígena quichuista vilela que viven en la zona produciendo agricultura, ganadería, artesanías y haciendo productos forestales (carbón y postes). Por MOCASE - VC.
Hace 5 años aparecieron en la zona dos empresarios cordobeses: Aníbal Boyero y un tal Joni Gasparuti. El primero compra los derechos y acciones de una supuesta posesión a nombre de Juan Angel Martines (puntero político juarista, y quien fuera encargado del registro civil de la localidad de Libertad, que jamás ejerció posesión alguna sobre ese lote de 3.600 has). La fracción norte (de 800 has) de ese lote era sujeto de pastaje de la comunidad Indígena. Luego de un tiempo Boyero metió una topadora y deslindo las 3600 has. Y comenzó a empostar y alambrar cerrando el camino “El Charquinero”, camino vecinal con más de 100 años de antigüedad que es mantenido por la misma comunidad. Las comunidades integrantes de Tres Leones al ver que su territorio estaba siendo amenaza realiza una denuncia ante el Consejo Provincial de Vialidad contra Boyero por cierre indebido de camino, previa verificación ocular del Juez de Paz de la localidad de Tintina.A su vez, al ver la actitud de Boyero de seguir con el alambrado, los hermanos comunitarios proceden a redelimitar su coposesión comunitaria con 2 hebras de alambre para que Boyero respete a la misma. Boyero rompe el alambre y prosigue alambrando. Los pobladores desarman el alambre y vuelven a armar su alambrado. En Junio del año 2004 Boyero acompañado por personal policial de la comisaría seccional Nº 44 de Tintina se apersona al lugar e intima a los pobladores a que depongan su actitud. De hecho Julio Sosa alias “guiso”, agente de la policía le dice a Carlos Pérez, integrante de la comunidad, que iban a ir todos presos si siguen redelimitando la posesión. El oficial Julio Sosa recibió de Boyero $40 pesos por acompañarlo.Durante la semana del 16 al 20 de junio de ese mismo año en dos oportunidades más, personal de la policía de Tintina vuelven a ir al lugar a apretar a los pobladores a que depongan su actitud. La comunidad, facultados por el derecho de defensa de sus territorios siguen realizando la autodefensa de la posesión. Boyero contrata alambradores cordobeses quienes con custodia policial siguen realizando el alambrado. El abogado de Boyero de apellido Carol realiza una denuncia en el juzgado de 4 nominación en lo criminal y correccional de los Tribunales de Santiago del Estero, contra los pobladores de Pampa Charquita y La Pampa por el supuesto delito de usurpación de tierra, daños y perjuicios. El día 23 de junio, como a las 9 de la mañana, Boyero, en su camioneta lleva a la zona de conflicto el siguiente personal policial de la seccional Nº 44 de Tintina, a saber: el oficial Carlos Luna, suboficial “Kito” Perez, el sumariante Luis Romero, los agentes Guillermo Vallejo, “Toro” Santillán, Julio Sosa, Vázquez, y los agentes de las destacamentos de Amamá: Cansino y de Libertad: Santillán.En aquella oportunidad en ocasión en que los integrantes de la comunidad Carlos Perez y Carlos Roldán, estaban esperando en la entrada de la seccional Nº 44 de Tintina, para hablar con el Jefe Taboada, el cual estaba en Santiago del Estero, vieron arribar a dicha seccional la camioneta de Boyero con todo el personal anteriormente enunciado, descendieron bajando armas largas, chalecos antibalas. Con sus propios ojos pudieron ser testigos como Boyero, de manera impune entrega a Kito Pérez un fajo con billetes de $ 100.Cuando hablamos con el oficial Luna le advertimos de las consecuencias penales por abuso de autoridad que recaería sobre el personal (a todo esto llaman de Buenos Aires en ese momento asesores de la diputada nacional Diana Conti). Luna responde a quien estaban allí que el no va hacer nada que no le ordene el juez, el cual telefónicamente le abría dado la orden para hacer este procedimiento. No nos dijo si hay orden de detención, ni en el marco de QUE??? se produjo este procedimiento. El conflicto con el empresario Boyero se da en el marco de la disputa territorial por el predio conocido como campo San Dimas. Al ser tan extenso el territorio de la comunidad tienen otro frente de conflicto con una persona de nombre Yoni Gaparutti y con la empresa Batzen SA. En este caso por el campo denominado catastralmente como Villa María. Asimismo el tercer eje de defensa territorial se da con un empresario de nombre Enricci por el campo denominado Alza Nueva.Los conflictos han sido innumerables y a modo de ejemplificar las problemáticas sufridas mencionamos que varios compañeros estuvieron detenidos durante más de dos semanas, imputados entre otros delitos por el de Asociación Ilícita.
A continuación se transcriben fragmentos de una de las tantas denuncias realizadas por miembros de la comunidad en los Tribunales de la Provincia, esta fue hecha en el año 2007 ante la Fiscalía del Crimen de Segunda Nominación:
Que en fecha 30 de Septiembre del presente año en horas 2.30 de la madrugada aproximadamente, los suscribientes nos dirigíamos a nuestros hogares, acompañados por nuestras familias y numerosos vecinos de distintos parajes, luego de haber participado de una peña en el paraje Central Dolores (Pista “El Gato Negro”). En momentos en que transitábamos por el camino une el Paraje Libertad y el paraje El Hoyo, pasando por Pampa Charquita, fuimos interceptados por una camionada Ford F 100 dominio EBY – 929 repleta de personas armadas con distintas armas de fuego. Al bajarse del vehículo de mención pudimos reconocer a las personas que se mencionan como denunciadas y otras cuyas identidades se deberá establecer. Sin ningún tipo de advertencia previa los denunciados comenzaron a atacarnos a golpes de puño mientras el resto de las personas de dispersaban por diversos lugares intentando evitar la agresión. Algunos de nosotros y de las demás personas que transitábamos por el camino tuvieron que abandonar los vehículos en los que se transportaban, recuperándolos al otro día. Todos recibimos lesiones de distinta consideración. Luego de varios minutos de forcejeos y golpes fuimos encañonados por los agresores, sobre todo las dos personas indicadas con apellido Castillo, los cuales nos amenazaron de muerte, diciendo que si no dejábamos de joder con el campo nos iban a matar a todos. Se aclara que la comunidad viene sosteniendo la posesión de su territorio ancestral de la intrusión de estas personas con un conflicto que lleva varios años y que a pesar de las innumerables denuncias radicadas las agresiones y la usurpación no cesan.Todo esto se ve agravado porque el accionar delictivo se realizó en presencia de los oficiales denunciados que se encontraban “custodiando” o “asegurando” el resultado de la redada aquí relatada.
Ese mismo día pero en horas de la tarde, la misma camioneta con las mismas personas se presentó en el local de la radio FM Sacha Huayra (89.3) de la ciudad de Tintina, emisora que a nuestro pedido hizo público los hechos acontecidos. Al llegar allí encontraron al Sr. José Tevez, locutor de la radio, y luego de reducirlo y colocándole el cañón de una pistola sobre su cabeza lo amenazaron de muerte si seguía dando esas noticias al aire. Le dijeron que no lo mataban en ese lugar pero que en cualquier momento lo matarían en la calle.A pesar de estos graves hechos el juzgado a cargo del Dr. Basbus no adopto ninguna medida tendiente a detener al Sr. Gugy Castillo, quien posee un amplio prontuario delictivo, para evitar una tragedia mayor.Se aclara que el Sr. Castillo vende sus servicio como “guardián de campos”, prestando al momento de la denuncia mencionada servicios para la empresa Batzen SA asentada en el campo Villa María, territorio de la comunidad.A pesar de las reiteradas denuncias ante distintos organismos del Estado Nacional y Provincial, el conflicto en las tierras de esta comunidad indígena se ve agravado cada tanto por el ingreso de grupos armados, como lo es en estos días. Cabe resaltar que la zona de Tintina es la zona liberada para los terratenientes y paramilitares.
“Ante un Estado de Derecho en ruinas rige la criminalización de la lucha por la tierra que se vale de terrorismo judicial en búsqueda de legitimar las violaciones a los derechos humanos de los campesinos e indígenas".
-- Fuente: Contrapunto

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Pedro Simón, juez y parte contra los campesinos
Se hizo conocido por desalojar chacareros. Si el Senado lo aprueba, tendrá a su cargo causas que investigan violaciones a los DD.HH..
Por Martina Noailles


Pedro Simón. Organizaciones de derechos humanos rechazan su postulación.
Aun cuando sólo se analizaran sus antecedentes, se lo podría calificar como un verdadero experto en desalojar campesinos: desde su banca de diputado provincial impulsó una ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por usurpación; como abogado, representó a empresas y terratenientes sojeros para expulsar a las comunidades santiagueñas de sus tierras: Pedro Eugenio Simón es ahora el candidato de la presidenta Cristina Fernández para ocupar el cargo de fiscal federal de Santiago del Estero. En caso de que su pliego sea aprobado por el Senado, Simón tendrá a su cargo causas que investigan distintas violaciones a los derechos humanos de las que son blanco los campesinos. Un grupo de organizaciones ya presentaron impugnaciones a su postulación. “Si Simón resultara elegido, se estaría designando a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos”, consideraron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) en una de las impugnaciones presentadas en contra del abogado. El otro rechazo, redactado por la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, redunda en el mismo sentido: “Simón se ha desempeñado con encomio y absoluta convicción en detrimento de los valores del derecho humanitario universal”.El currículum de Simón abunda en ejemplos. Hasta hace muy poco tiempo, perteneció a Sechi-Retondo de Spaini, un estudio jurídico especializado en desalojar a campesinos santiagueños y que tiene como clientes a varias corporaciones nacionales e internacionales sojeras. Simón replicó su experiencia al ocupar una banca en la Legislatura provincial. Como diputado del Partido Justicialista, impulsó la ley que permite desalojar de sus tierras a campesinos e indígenas como medida cautelar, es decir, sin siquiera una audiencia de la contraparte. La norma había sido derogada por la intervención federal por “colocar a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”. Por si quedaban dudas, Simón reconoció ante las cámaras de Canal 9 que desalojó personalmente a una familia campesina del sudeste santiagueño, “ejerciendo la calidad de diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de Diputados”.A pesar de las impugnaciones que fueron planteadas por las organizaciones locales, la candidatura de Simón al importante cargo de fiscal federal avanzó. A tal punto que el Ejecutivo nacional, al tanto de sus antecedentes, llevó su pliego en el Senado.

Fuente: Diario Critica de la Argentina

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Documento del Mocase-VC del 24 de marzo último. Todo sigue igual


Sesenta Años de Memoria Milenaria de los Pueblos

Pueblos originarios, indígenas y campesinos somos memoria planetaria. Cada día y cada noche hemos escuchado la verdad de las aguas, la verdad de los bosques, la verdad del aire y la de los pueblos.

En nuestros senos supimos guardar, a muchísimas mujeres y hombres que luchaban por un mundo más justo con el amor que guardamos la semilla y la biodiversidad.

Porque aprendimos a escuchar a la madre tierra, aprendimos a guardar la memoria viva de las luchas de mujeres y hombres asesinados, desaparecidos y exiliados por la más cruel de las dictaduras genocidas.

Hemos celebrado, aprendido y acompañado de diversas maneras las luchas de las Madres de Plaza de Mayo, como de las Abuelas e Hijos, muchos de los cuales hoy nos honran en nuestras organizaciones y movimientos.

Alegrías y emociones inmensas hemos vivido con las batallas dadas por los Derechos Humanos en nuestra Argentina, en Latinoamérica.

Celebrar la memoria de los derechos humanos, es también celebrar el presente y el mañana, celebrar el hoy y el mañana de los derechos humanos es recordarnos a nosotros mismos que aún falta un largo camino para alcanzar la dignidad, la liberación, la humanidad. Celebrar es apuntar con nuestras acciones a que mañana superemos una pesadilla más.

Celebrar la memoria de hoy y de mañana superando las pesadillas y desarmando autores materiales e intelectuales de violaciones graves a los derechos humanos.

Desarmar denunciando, juzgando y condenando a los: Autores materiales e intelectuales de detenciones, torturas, asesinatos y desalojos a campesinos y campesinas, pueblos originarios e indígenas. Jueces, policías, empresarios y guardias blancas siguen violando los derechos humanos y a la tierra. En muchas provincias argentinas se siguen violando los derechos indígenas, campesinos y de la madre tierra. El poder judicial y policial es la herramienta que las mafias empresariales tienen para perpetrar crímenes de lesa humanidad.

Autores materiales e intelectuales de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, apropiación de bienes. La complicidad empresarial entre ellas Ledesma; condiciones ilegales de detención, robo de bebés, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y otras, siguen gozando de impunidad, a cinco años de la anulación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Únicamente han sidos condenados, los genocidas Bussi y Menendez en una causa en Tucumán, en las demás provincias decenas de represores gozan de la impunidad de la Justicia Federal.
Celebrar la memoria de los sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es actuar en el presente la dignidad, la justicia y la liberación, es preparar el futuro organizando, produciendo, y luchando.

Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria es la realización de los derechos humanos y planetarios de la diversidad de los pueblos y su dignidad




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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Dictan prisión a Carina Díaz Moreno de la Asamblea Famatina
El juez Alfredo Ramos de Chilecito, La Rioja, aplicó el artículo 194 del Código Penal para encarcelar a Carina Díaz Moreno, una de las tantas militantes de la Asamblea de Famatina que recibieran feroz represión en Peñas Negras, sitio emblemático de un pueblo movilizado que impide el tránsito de los equipos de perforación de la transnacional minera Barrick Gold, resistencia que cuenta con una barrera ubicada a 2000 metros de altura, merced a un movimiento social perseverante formado mayormente por mujeres docentes. Los asambleístas que denunciaron al grupo represor -que nuca fue indagado por la justicia- son en cambio procesados por el Dr. Alfredo Ramos, Juzgado Nº1 de Chilecito quien dictó prisión preventiva para la imputada Carina Díaz Moreno, “por agresión a funcionarios”. La militante famatinense se halla detenida en estos momentos en la comisaría de Chilecito donde el abogado de oficio, Oscar Salcedo, exige su inmediata excarcelación. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) moviliza a sus asambleas de todo el país para gestar acciones concretas que permitan la liberación de la compañera al mismo tiempo que denuncia la violencia ejercida por funcionarios y jueces al servicio de corporaciones mineras transnacionales, gestoras de sobornos y de la corrupción gobernante.Javier Rodríguez Pardo (MACH-RENACE) Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)Contactos para mayor información:Carina Díaz Moreno 0382515660017Abogado de Oficio Dr. Oscar salcedo: 03825 15405792
Juzgado Nº1 Chilecito – La Rioja, Dr. Alfredo Ramos, 03825- 422720

PAGINA/12 PUBLICARA DESDE MAñANA LAS OBRAS COMPLETAS DE OSVALDO BAYER
“No hay ninguna placa que recuerde a los represores”
La colección, que arranca con el primer tomo de La Patagonia rebelde, incluye once libros que se podrán adquirir cada dos semanas, de aquí hasta noviembre. En esta entrevista, el historiador, ensayista y narrador habla de la lucha en favor de los “humillados y ofendidos”.

“Me hubiera gustado ser un anarquista como Severino Di Giovanni, pero no tengo ninguna capacidad”, dice Bayer.

Por Silvina Friera
La puerta de “El tugurio” se abre despacio con un chirriar estremecido y leve. En cámara lenta asoman los traviesos ojos de Osvaldo Bayer, rodeados por unas cejas alborotadas, siempre alertas para continuar dando batalla, y su cara enmarcada por el pelo y la barba blancos como el algodón. Cuando invita a pasar por el estrecho pasillo de esa casa del barrio de Belgrano, cada vez más angosto por el exceso de libros y carpetas que acumula el escritor, el precario equilibrio de esas pilas parece a punto de desmoronarse. “Sería una muerte soñada, moriría sepultado por los libros”, bromea Osvaldo mientras se dirige a la cocina en busca de su ineludible botella de Campari. Al verlo caminar a los 82 años, con una agilidad que esquiva con elegancia cualquier síntoma de vejez, es imposible no recordar lo que ha dicho Osvaldo Soriano: “Bayer es un hueso duro de roer. Sin él sería más fácil olvidar”. Nadie como él para desenmascarar a los asesinos, a los verdugos que han actuado desde el poder. Sólo este viejo pícaro y entrañable ha reivindicado, con una pasión que sigue intacta, a los humillados y ofendidos, a quienes en todas las épocas pusieron el cuerpo en las calles y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados y tirados en fosas comunes. Nadie como él desnudó la saña practicada especialmente contra los anarquistas, las mentiras y demonizaciones que se construyeron desde los medios de comunicación. Página/12 publicará a partir de mañana sus Obras completas, once libros que se podrán adquirir cada dos semanas, siempre los domingos, hasta noviembre (ver recuadro). Comenzará con el primer tomo de La Patagonia rebelde (1972), minuciosa investigación sobre la virulenta represión y matanza del Ejército durante las huelgas de los trabajadores en la provincia de Santa Cruz en 1921. “De pronto que te publiquen todos tus libros en un país que te persiguió tanto es como llegar al paraíso en vida”, dice Bayer alzando su copa de Campari.
“Es increíble las fantasías que tiene la realidad; pensar que estuve en las listas de la Triple A, mis libros fueron prohibidos, estuve ocho en el exilio y de pronto se editan todas mis obras. Me gusta que estén a un precio muy barato, entre 10 y 18 pesos, ahora que los libros están tan caros”, subraya el escritor. “Agradezco mucho al destino, dado que quienes merecerían algo así son los queridos amigos muertos Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Haroldo Conti.”
–¿Cómo fue la investigación que lo llevó a escribir el primer tomo de La Patagonia rebelde?
–Fue muy difícil, pero a la vez apasionante. Tuve la suerte que tiene que tener un investigador: vivían absolutamente todos, menos los fusilados y el teniente coronel Varela. Vivían los soldados fusiladores, que eran clase 1900, y yo empecé en 1969, así que tenían 69 años. Vivían los suboficiales, los oficiales, los estancieros; vivían los políticos radicales, como el senador Bartolomé Pérez, que tenía 84 años. Y vivían muchos testigos de esos hechos. De manera que empecé con la idea de escribir un libro en un tomo y terminé haciéndolo en cuatro. Además, el general Guglialmelli, que era director del Centro de Altos Estudios del Ejército, me dio todo el material que había en el Ejército. Es cierto que también me encontré con mucha gente que no quería hablar, que me decía “para qué se mete en eso”; vi el ambiente de temor que se vivía en la sociedad. Los soldados, en cambio, querían contar todo porque durante cuarenta años no habían podido hablar. Las familias se los impedían, les decían que nunca dijeran que fusilaron porque la gente los iba a odiar. De pronto apareció un historiador que quería saber y muchos se desbocaron y dijeron todo lo que habían querido decir durante tantos años.
–¿De dónde venía ese interés por las huelgas patagónicas? ¿Acaso de su actividad periodística?
–Me venía de mi niñez. Mis padres habían estado justamente en esos años en Río Gallegos. Mi padre nunca había podido superar los fusilamientos, cómo nunca nadie había dicho nada, así que el interés empezó ahí. Ya había publicado mi primer libro, Severino Di Giovanni, que había sido un éxito, muy comentado y muy vendido, y me lancé a investigar los hechos de la Patagonia. No lo había empezado antes porque tenía que viajar hasta Santa Cruz y era difícil porque yo trabajaba. Entonces me iba en las vacaciones y me quedaba tres meses. Lo más hermoso es que hoy están marcadas todas las tumbas masivas; al final la ética ha triunfado. Los sindicalistas que fueron fusilados, los que pusieron la cara para hablar por los obreros, todos tienen un monumento en Santa Cruz, empezando por don José Font, conocido como “Facón Grande”, que tiene un monumento precioso al llegar a Jaramillo, el lugar donde fue fusilado. La escuela secundaria de Gobernador Gregores se llama José Font por el voto de los alumnos, los padres y los docentes, ¿querés algo más democrático que eso? En cambio, no hay ninguna placa que recuerde a los represores.
La chispa indomable de la mirada de Osvaldo cruza por el living como la luz de un relámpago, como si estuviera sacando fotos a sus propios recuerdos, a esas pulseadas en las que siempre supo que no había que darse por vencido. “Mis libros fueron quemados, los tres primeros tomos de La Patagonia... por el teniente coronel Gorleri ‘por Dios, patria y hogar’. Jamás se hizo nada contra los quemadores de libros; no se hizo una reivindicación de los escritores cuyos libros fueron quemados, jamás se indemnizó a las editoriales –plantea el escritor–. La Alemania Democrática lo primero que hizo con los escritores perseguidos fue editarles los libros quemados, pagarles el regreso y darles un cargo en la cultura o en la docencia, como ellos prefirieran, y se indemnizó a las editoriales. Pero acá no pasó nada, como si ‘por algo será’ nos quemaron los libros. Hubo un absoluto desprecio por los exiliados y Alfonsín no hablaba de los exiliados sino de los que se ‘escaparon’.”
–¿En qué momento se dio cuenta de que su obra se dirigía a reivindicar a los anarquistas, a reparar sus vidas y darles dignidad?
–Cuando me fui metiendo en la investigación, principalmente en el caso de Severino Di Giovanni, comprendí que era mentira lo que sostenían los diarios o los intelectuales como Ernesto Sabato y Beatriz Guido sobre él. Yo tuve una diatriba con el señor Sabato porque en el prólogo de Sobre héroes y tumbas decía que Severino se la pasaba en clubes nocturnos y usaba camisas de seda, que en aquel tiempo era lo más caro pero también lo más varonil. Yo le escribí para aclararle que Severino vivió siempre pobremente, como un obrero, y que lo de las camisas de seda era porque cuatro anarquistas hicieron una expropiación en Gath & Chaves y se llevaron veinticinco cajas de camisas. Y todas eran de seda. Así que de pronto los anarquistas usaron camisas de seda. Y también le aclaré que no era cierto lo que decía de los clubes nocturnos. Beatriz Guido decía que Severino escondía sus bombas “en su piano de cola”. Yo le dije que era un disparate absoluto porque jamás tuvo un piano ni sabía tocarlo. Guido me llamó por teléfono y como era muy incisiva me dijo: “Los escritores tenemos todas las libertades de la imaginación, ¿no te das cuenta de que es una figura imaginativa lo que yo he escrito?”. Yo le decía que sí, pero que entonces le tendría que haber cambiado el nombre, por lo menos, por los hijos de Severino. Entonces ella me dijo: “¿Sabés lo que sos vos? Un burro”. Y me colgó (risas).
–¿Por qué generaban tanto miedo los anarquistas?
–Los anarquistas hacían expropiaciones, cosa que no hacían ni los socialistas ni los comunistas. Ellos expropiaban para publicar libros, diarios, folletos y principalmente (esto está probado históricamente y lo he escrito en Los anarquistas expropiadores) para mantener a las familias de los expulsados por la ley 4144, la Ley de Residencia. Todas esas familias quedaban acá sin ninguna ayuda, con chicos, y lo hacían también para ayudar a las familias de los presos. Los anarquistas se definían como “socialistas libertarios” y los socialistas, muy aburguesados, los repudiaban planteando que nunca había que caer en el delito. Los comunistas también los criticaban abiertamente porque decían que esos asaltos y expropiaciones le ocasionaban mala fama al movimiento revolucionario de los pueblos.
Alguien golpea la puerta en vez de tocar el timbre. Se escucha el murmullo de unas voces aflautadas por la adolescencia. “Ahora les voy a pedir perdón, ya vas a ver”, dice como un abuelo anarquista y pacifista a ultranza que comprende las travesuras infanto-juveniles. “Por supuesto que salieron rajando”, cuenta al regresar. “El otro día me tocaron el timbre dos muchachos de unos veinte años. ‘Escúcheme, don, ¿acá hay minas?’, me preguntaron al ver el cartel que dice ‘El tugurio’. Yo les contesté con cara de tonto: ‘Acá sólo hay libros’. ¡Pobres, qué decepción!”, recuerda Bayer.
Cuando su nombre apareció en las listas de la Triple A, Bayer mandó a su familia a Alemania y se quedó un tiempo viviendo en la clandestinidad, en una quinta de Quilmes del anarquista Domingo García. El hombre que lo hospedó no compraba diarios, no tenía televisión ni radio. Bayer imita el acento español de García y reproduce lo que ese hueso duro de roer, como Osvaldo, decía: “‘Acá no entra ningún producto de la burguesía, ¿me entiendes?’. Pero yo necesitaba estar informado para saber manejarme. Me iba hasta la estación, compraba el diario, lo leía y después lo dejaba en un canasto. Ese tipo las sabía todas, cada vez que volvía me preguntaba. ‘¿Tú tienes miedo? ¿Sales para averiguar?’ Entonces se abrió el saco, me mostró un pistolón y me dijo: ‘Aquí no entra nadie, ¿entiendes?’. Si venía un comando con veinticinco tipos, ¡qué podía hacer don Domingo con el pistolón!”. Finalmente, Bayer decidió irse en febrero de 1975, pero regresó un año después porque Isabel Perón había llamado a elecciones y pensó que habría “más libertades”. Cuatro semanas después llegó la dictadura y ya era imposible salir. “Me sacó en junio del ’76 la embajada alemana como refugiado. Lo hicieron porque era un escritor conocido de apellido alemán. El brigadier Santuchone, en ese momento a cargo de Ezeiza, le dijo al agregado cultural alemán: ‘Usted sabe que los militares argentinos somos admiradores del pueblo alemán por su disciplina y por su historia’. Pero a mí me miró con gran asco y me dijo: ‘Con respecto a usted, va a salir ahora porque lo pide un país amigo, pero acuérdese lo que le digo. Usted jamás, jamás, va a volver a pisar el suelo de la patria’.” Cuando el avión comenzaba a ascender, Osvaldo pensó: “A lo mejor este miserable tiene razón y es la última vez que estoy en Buenos Aires”. Pero el miserable se equivocó y Osvaldo regresó en 1983. Antes, durante su exilio, se dedicó a denunciar en las universidades de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega la desaparición de personas; publicó el cuarto tomo de La Patagonia rebelde en Alemania y escribió la que sería su primera y única novela, Rainer y Minou.
–¿Le hubiera gustado ser un anarquista como Severino?
–Sí, me hubiera gustado, pero no tengo ninguna capacidad. Cuando trabajé en la redacción de Clarín a mí me escribía la gente de La Protesta, que todavía salía. Yo escribía los artículos sin firmar y venían los compañeros a retirar los originales. Si se hubiera enterado Noble, ¿te imaginás?
–¿En qué anda ahora, está escribiendo algo?
–Sí, estoy escribiendo mis memorias, pero me está llevando mucho tiempo. Estoy en la dictadura del “general estreñido”, como le digo a Onganía. Esa palabra ya no se usa más, ¿no?, es de mi época, ¡uy cómo ha cambiado el idioma! ¿Sabés lo que pasa? Uno ha vivido tanto tiempo, catorce dictaduras militares, imaginate. Tengo 82, mamita, cómo pesan... pero Marlene (Dietrich) me viene a visitar todas las noches, me da un besito y yo me duermo en paz.

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Declaró un ex represor ante la jueza federal Myriam Galizzi


Causa Área Paraná: el militar Díaz Bessone dijo que el accionar represivo fue “legal” y se burló de la desaparición de un entrerriano





El general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone, el mismo que en 2003 confesó las torturas y desapariciones de la dictadura argentina ante la periodista francesa Marie-Monique Robin, ahora declaró ante la jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi, que entre 1975 y 1983 hubo una “guerra” contra las organizaciones armadas, en la cual al enemigo había que “matarlo o tomarlo prisionero”. Además, reiteró el clásico agravio de los represores, que los desaparecidos viven actualmente en el exterior, e incluso llegó a mencionar que ésa sería la condición del entrerriano Victorio Erbetta. Díaz Bessone, de 83 años, está procesado en la causa Área Paraná –entre otras tantas– y es uno de los cinco ex represores detenidos, junto a Jorge Humberto Appiani, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost y Hugo Mario Moyano. Goza del beneficio de la prisión domiciliaria, que cumple en su casa de Uruguay 1064, 5º B, de la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: http://www.analisisdigital.com.ar/

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Confirmaron el procesamiento del "laucha” Corres por delitos de lesa humanidadLa medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. Esta acusado de hechos tales como privaciones ilegales de la libertad, entre ellas agravadas y por violencia, tormentos, homicidios y sustracción de menores.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del teniente coronel retirado del Ejército, Julián "Laucha” Corres, por considerarlo co-autor de 63 hechos calificados como delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esta ciudad bonaerense. La medida fue dispuesta en las últimas horas por los jueces Augusto Enrique Fernández, Angel Argarañaz y Ricardo Emilio Planes, quiénes confirmaron el procesamiento de Corres por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, entre ellas agravadas y por violencia, tormentos, homicidios y sustracción de menores. La resolución a la que tuvo acceso Télam sostiene que "del estudio de la causa puede concluirse que la responsabilidad `prima facie` atribuible a Corres, surgiría del dominio ejercido por el imputado dentro del ámbito de su incumbencia funcional en el Centro Clandestino de Detención la "Escuelita”. "Cumpliendo y haciendo cumplir el procedimiento operativo normal que reglaba la vida cotidiana en la "Escuelita”, e incluso instruyendo sobre el mismo a su reemplazo, pudiéndose por ello tenerlo con el grado de convicción propio del auto del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, como co-autor mediato”, agrega la Cámara. También, sostiene que "se valoran como indicios en contra del imputado, su presencia en el momento y el lugar de comisión de los delitos al ser jefe encargado de la seguridad”. Más adelante, los magistrados agregaron que "este Tribunal afirma con la provisionalidad inherente a esta etapa procesal que Julián Oscar Corres deberá responder a título de co-autor mediato de los hechos que se le incriminan por su desempeño como Jefe de Seguridad del centro de detención ilegal conocido como la "Escuelita””. Corres se había fugado el 26 de julio del año pasado de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca y luego de permanecer por 23 días prófugo fue detenido en la provincia de Santa Fe y tras ello alojado en el penal de Marcos Paz.

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Estado de la causa que tiene 11 represores imputados


BAHIA BLANCA (Especial, S.H).- "En algún punto en estos próximos meses se va a alcanzar esta parte con el tramo que fue elevado a juicio ante el Tribunal Oral y entonces se definirá la unificación o la segmentación de acuerdo a criterios que habrá que discutir", dijo ayer el fiscal ad hoc Abel Córdoba, que reemplazó a Hugo Cañón.Sin embargo, el fiscal no se animó a estimar cuándo tiempo demandará la tramitación judicial hasta que se fije una fecha de juicio porque "es un juicio como nunca hubo en la ciudad ni en la jurisdicción".Por su especialización durante los últimos años en la Unidad de Fiscales que dirigía el ex fiscal general Hugo Cañón, Córdoba fue designado por el procurador Esteban Righi como coordinador para intervenir en todas las causas bahienses en las que se investigan los delitos de lesa humanidad.Incluyó los juicios, las apelaciones y en las investigaciones sobre lo ocurrido durante la dictadura tanto en los centros clandestinos de la Armada, como los del Ejército, como "La Escuelita" de Bahía."El juez Alvarez Canale cerró una etapa instructoria con los seis procesamientos confirmados y esa parte está por llegar al Tribunal Oral. Esto (la confirmación del procesamiento de Corres y otros cuatro militares) era lo que esperabamos desde que con Cañón habíamos denunciado ante la Corte (Suprema de la Nación) el retardo de Justicia: buscábamos posibilitar la realización de un juicio con la mayor cantidad de imputados y la menor exposición de testigos, víctimas y sobrevivientes en varios juicios", dijo Córdoba.El flamante fiscal ad hoc, destacó que "la línea será la misma que se siguió con Cañón: avanzar sin desgastar a los testigos y con el criterio menos perjudicial para las víctimas. Se deberan fijar criterios de economía procesal y eficiencia y luego de ahí ver como segmentar el juicio. Ahora son 11 imputados con posibilidades de llegar a un juicio", finalizó el funcionario judicial.




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EL PAIS › CASACION NO ACEPTO A ORGANISMOS DE DD.HH. EN LA MEGACAUSA ESMA
“Cercenan nuestros derechos”
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió el fallo porque “estamos frente a la institucionalización de la impunidad”. Apelarán ante la Corte que hayan apartado a organismos que no patrocinan a víctimas directas.

Seis meses después de ordenar la liberación a una treintena de imputados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió excluir como querellantes en la megacausa ESMA a los organismos de derechos humanos que no patrocinen a víctimas directas del terrorismo de Estado. La decisión de los jueces Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García responde a un planteo de la defensa de Jorge “El Tigre” Acosta, jefe de inteligencia de los grupos de tareas de la ESMA. Los organismos denunciaron en conferencia de prensa la maniobra que intenta deslegitimarlos y anunciaron que apelarán la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
“Este fallo cercena nuestra razón de ser”, explicó Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, durante una conferencia de prensa convocada por un grupo de organismos para repudiar la decisión. “Estamos frente a una institucionalización de la impunidad, justo hoy que se cumplen siete años del asesinato de Kosteki y Santillán”, agregó.
El cuestionamiento a la legitimación de los organismos lo presentaron, en nombre del Tigre Acosta, las defensoras oficiales Verónica Blanco y Laura Beatriz Pollastri. El planteo sostiene que ninguna organización puede constituirse como querellante si no representa a una víctima, que para ello debe otorgarle un poder especial, y pone en cuestión al derecho procesal moderno, que extendió el concepto de víctima a entes colectivos como los organismos, asociaciones o fundaciones de la sociedad civil.
La estrategia urdida por Acosta desde el penal de Marcos Paz fue rechazada por el juez federal Sergio Torres y luego por la Cámara Federal. Su Sala II destacó en marzo que la admisión de las organizaciones no gubernamentales es producto de la ampliación del rol de la víctima en los procesos penales, sobre todo cuando se investigan delitos de lesa humanidad, como resultado de la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos y de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La Cámara sostuvo que el único requisito necesario para ser querellante es acreditar una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos violados que son objeto del proceso.
“El principal argumento de Acosta, que Casación hace propio, es que la participación de los organismos de derechos humanos no está prevista en el Código Procesal Penal”, señaló ayer Carlotto, durante una conferencia de la que participaron Madres Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CELS, Hijos, Familiares, la Asociación de ex Detenidos, el MEDH y el Serpaj.
Alan Iud, abogado de Abuelas, recordó que la Corte Suprema ya se pronunció sobre el tema y calificó como “esquizofrénico” el comportamiento de la justicia. “Es ilógico que la Corte diga algo y Casación no lo recepte. En el caso Simón, cuando se quiso excluir al CELS, la Corte decidió que no se afectaba el derecho de defensa”, recordó. “Se trata de una maniobra de la defensa y de Casación. Ahora estaríamos discutiendo si podemos ser querellantes o no, con todo el estipendio de recursos que esto significa. Es un claro retroceso”, consideró.
Durante la conferencia se recordó que en distintas causas la Corte admitió a organizaciones como querellantes y se enumeraron antecedentes de lo que técnicamente se llama “defensa de intereses difusos”. Tras el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, por ejemplo, la Justicia aceptó como parte acusadora a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. También el centro Simon Wiesenthal actuó como querellante en causas por discriminación.
“Estos malabares ponen de espaldas a la Justicia. De este modo habrá cientos de desaparecidos que van a quedar sin querellantes”, destacó Laura Conte, de Madres y el CELS. Puso como ejemplo el caso de Mónica Mignone, hija de Emilio, fundador del CELS. Al haber fallecido los padres y no poder ser querellantes los hermanos, el caso no tendría acusación particular, y su impulso dependería sólo de la voluntad de los fiscales. “Esperamos que la Corte revierta esta arbitraria decisión y prime el reconocimiento de los organismos para impulsar las causas, como se viene haciendo desde hace más de treinta años”, concluyó Carlotto.
Fuente: Pagina12, sabado
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la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó una resolución
La Justicia declaró delitos de lesa humanidad las torturas durante la Guerra de Malvinas
El Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM-La Plata) expresó su "satisfacción" por el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó una resolución que declara delitos de lesa humanidad las torturas contra soldados que participaron de la guerra del Atlántico Sur, en 1982, por parte de sus superiores.
El titular de esa agrupación, Ernesto Alonso, manifestó su conformidad por la decisión del tribunal de ratificar un fallo de primera instancia de la jueza Lilian Herráez, y anticipó que "la causa sigue sumando denuncias y la próxima semana se van a presentar más soldados a denunciar los vejámenes sufridos" a manos de oficiales y suboficiales.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declaró que las torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas constituyen delitos de lesa humanidad, en el marco de un expediente en el que están imputados más de 70 militares.
De esta manera, el tribunal confirmó el fallo la jueza de Río Grande que rechazó un planteo por prescripción planteado por los abogados de uno de los imputados. Al considerar que se trata de delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben.
En marzo último, la jueza Herráez aseguró que los crímenes investigados "son actos inhumanos que, por su extensión y gravedad, van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional".
"Cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad. Por eso lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima", añadió.
Esta mañana, en declaraciones a un canal de cable y a través de un comunicado, el presidente del CECIM-La Plata dijo que quienes "desde hace 27 años estamos tratando que esto se sepa, nos sentimos realmente satisfechos" con el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
"Estamos avanzando en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en Malvinas en 1982 donde las Fuerzas Armadas utilizaron la doctrina represiva con los soldados conscriptos", denunció Alonso.
Añadió que a Malvinas no fue el "ejército sanmartiniano" a enfrentar a Gran Bretaña, sino "Fuerzas Armadas formadas en la 'Doctrina de la Seguridad Nacional' y no en la de 'Defensa de la Soberanía Nacional'".
El dirigente insistió en señalar que "muchos compañeros que sufrieron en carne propia estos vejámenes esperan hace 27 años justicia, como así también los familiares de compañeros asesinados y torturados por los propios militares argentinos".
Alonso detalló que las denuncias de torturas -que incluyen el presunto asesinato de un soldado por parte de un superior- se refieren al "famoso estaqueamiento, simulacro de fusilamiento, muerte por hambre, pies congelados", entre otros horrores que se investigan.
"No se conoce que en ningún lado del mundo se hayan producido bajas de soldados a manos de sus superiores, los propios militares", alertó. Abundó que "hay compañeros que están esperando que se haga justicia, que se sepa la verdad y que los que cometieron estos delitos sean castigados".
Alonso acotó que "hoy por hoy tenemos una justicia independiente y una Corte Suprema de lujo que nos da garantías a los ciudadanos argentinos para que esto se investigue".
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EL PAIS › HOMENAJE A KOSTEKI Y SANTILLAN Y RECLAMO PARA QUE SE JUZGUE A LOS RESPONSABLES POLITICOS
Un masivo mensaje para la Justicia
A siete años del asesinato de los militantes en la estación Avellaneda, sus familiares acompañados por organizaciones sociales recordaron a las víctimas y exigieron que, más allá de las condenas a los policías, se avance con quiénes dieron las órdenes.


A la misma hora en que comenzó la represión hace siete años, empezó el homenaje a Kosteki y Santillán.


Por Laura Vales
A siete años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, una masiva protesta cortó el Puente Pueyrredón en reclamo de que se investigue a los trece funcionarios denunciados por su responsabilidad política en aquel operativo represivo. Como todos los años, el puente que une Avellaneda con la Capital Federal volvió a reunir a miles de manifestantes de los barrios del conurbano, la mayoría pobres, casi todos jóvenes. Muchos incluso tan jóvenes que cuando ocurrieron los hechos iban a la escuela primaria, y que sin embargo ayer fueron el sostén de la movilización. Por las muertes de Kosteki y Santillán el entonces presidente Eduardo Duhalde debió dejar anticipadamente el poder; aunque el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados, la causa judicial que debe investigar las responsabilidades políticas está congelada.
La marcha se realiza los 26 de junio al mediodía, la hora en que los policías dispararon contra los piqueteros, y en cada oportunidad reúne a los protagonistas del 2002 con nuevas camadas. Mezclados entre los que caminaron desde la estación de trenes de Avellaneda hasta el lomo del puente –una vez arriba se podía ver la tira de asfalto como cubierta de hormigas–, ayer estuvo Alberto Santillán, el padre de Darío, que fue con sus dos nietos.
Santillán no subió al palco donde se leyó un documento –en general prefiere el bajo perfil–, pero habló sobre lo que significaba para él la jornada. “Es un mensaje para la Justicia, que cuando tiene que juzgar a los grandes mira para otro lado”, definió. Además, se dijo “desilusionado” por “la falta de voluntad política del gobierno de Kirchner para que se investigue”.
Estuvo también Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano. “Queremos que (el juez Ariel) Lijo llame a declarar a los trece funcionarios involucrados”, sostuvo Vanina. En la causa están denunciados junto con Duhalde varias figuras de su gabinete así como las ex autoridades de la provincia, Felipe Solá (en ese entonces gobernador), Alfredo Atanasof (jefe de Gabinete de Duhalde), Aníbal Fernández (secretario general de la Presidencia), Juan José Alvarez (secretario de Seguridad), Carlos Soria (jefe de la SIDE) y Oscar Rodríguez (segundo de la SIDE). En las elecciones del domingo, Solá y Atanasof son candidatos de Unión PRO, mientras que Rodríguez encabeza una lista colectora kirchnerista en el municipio de Presidente Perón.
Juan, de 18 años, ropa piquetera, la cabeza tapada por una remera que sólo dejaba ver sus ojos, hacía seguridad en una de las columnas. Contó que el 26 de junio de 2002 estaba en sexto grado. Conoció la historia de Darío Santillán “porque me la contaron en el barrio” Don José, de Florencio Varela, donde vive. “Darío fue un militante que luchaba por los ideales del pueblo y la policía lo mató”, definió. También relató que en su movimiento, el 29 de Mayo, “lo teníamos a Petete Almirón”, al que “también lo mató la policía el 20 de diciembre del 2001”.
A dos días de los comicios, una novedad fue que algunas agrupaciones de piqueteros K, minoritarias en la marcha, salieron a defender al Gobierno desde el escenario del puente. El dirigente del MTD Aníbal Verón, Juan Cruz Daffuncchio, habló de su apoyo al Gobierno y repartió un comunicado: “No queremos volver a una Argentina piquetera. Por eso le pedimos al pueblo que tenga memoria, que participe de las elecciones y vote. Nuestro país tiene dos caminos: el de los piquetes y la represión o el camino que venimos transitando desde el 2003, apoyando el modelo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Junto a Daffuncchio, también en el ala kirchnerista, se movilizó el Movimiento 8 de Octubre.
El sector de más peso, sin embargo, estuvo integrado por organizaciones sociales autónomas de los partidos, agrupaciones piqueteras de izquierda y partidos de izquierda, que redactaron un documento común con fuertes críticas al Gobierno.
El documento fue leído al cerrar la marcha con el título “Basta de impunidad. Seguimos reclamando al gobierno de los Kirchner el juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda”. Centralmente, sostuvo que “los discursos sobre la redistribución de la riqueza” no se cumplieron y que “sigue habiendo hambre en un país que produce alimentos para once veces su población”.
“Los despidos de los últimos meses se cuentan por miles”, apuntó el texto, “la baja en los salarios, la falta de viviendas y la amenaza de la pérdida del trabajo” son formas de “precarización de nuestra vida”. En solidaridad con los detenidos en la contramarcha por el acto sobre el Estado de Israel, desde el escenario se leyó una carta enviada por los doce presos del Teresa Rodríguez y el Frente de Acción Revolucionaria.
Las actividades por el séptimo aniversario habían comenzado el jueves, con una jornada cultural en la estación Avellaneda del Frente Darío Santillán. Militantes, bandas e integrantes de colectivos de arte montaron allí tres escenarios en los que hubo música y teatro. La estación volvió a ser rebautizada como “Darío y Maxi” con carteles señalizadores, y al final del día hubo un acto en el que hablaron Alberto Santillán, Vanessa Arruga (hermana de Luciano, desaparecido desde enero), Alia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Pablo Solana (del Darío Santillán).
El Polo Obrero, las asambleas del Pueblo, la Unión de Trabajadores en Lucha, el Movimiento Teresa Vive, el Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Convergencia de Izquierda y el Movimiento Brazo Libertario fueron algunas de las organizaciones que participaron de la movilización.

Fuente: Pagina 12
RECORDARON A KOSTEKI Y SANTILLÁN EN PUENTE PUEYRREDÓN
Piden castigo para los responsables políticos del crimen de Maxi y Darío
A siete años del homicidio, denunciaron que ambos fueron víctimas de una "represión planificada"


Más de 7 mil personas cortaron este mediodía el Puente Pueyrredón, donde realizaron un acto en conmemoración del séptimo aniversario de los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, durante una sangrienta represión policial. Los manifestantes, de agrupaciones variadas como Aníbal Verón, MTD 8 de Ocutbre, Frente Darío Santillán, Quebracho y otras, se ubicaron en el centro del puente, donde a escasos metros se posicionaron cientos de uniformados, con chalecos naranjas y de la Guardia de Infantería. El tránsito estuvo cortado pero ya fue restituido y los automovilistas pueden transitar nuevamente por la zona. Kosteki y Santillán fueron asesinados el 26 de junio de 2002 durante la represión policial conocida como la Masacre de Avellaneda. La jornada de homenaje que comenzó ayer es para reivindicar sus figuras como "ejemplos militantes", explicaron las organizaciones sociales, y para seguir reclamando el enjuiciamiento de los "responsables políticos" de los asesinatos.Mediante un documento conjunto leído en el acto que se desarrolló sobre el puente cerca de las 12 horas, las organizaciones puntualizaron que "la mejor manera de recordar" a los jóvenes "es reivindicar su ejemplo, seguir reclamando justicia, y sostener y levantar las banderas por las que ellos lucharon"."Exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de la represión planificada", remarcaron en el documento para acusar después por los homicidios a "Duhalde, Solá, Atanasof, Soria y Aníbal Fernández, quienes hacen campaña con las manos manchadas de sangre", según denunciaron.La jornada comenzó anoche con una vigilia y las actividades culturales continuaron este mediodía en la estación de Avellaneda, rebautizada desde 2002 como Estación Darío y Maxi, donde hubo recitales, muestras plásticas y fotográficas, poesía, murga, murales, teatro, proyecciones, gigantografías, animaciones, sombras y transmisión de TV.El homenaje incluyó además testimonios de Alberto Santillán, padre de Darío, Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, e integrantes de la agrupación H.I.J.O.S La Plata y del Frente Darío Santillán.Anoche, los grupos piqueteros realizaron una marcha de antorchas desde la estación ferroviaria hasta el puente Pueyrredón, escenario de la represión policial, donde permanecieron en vigilia hasta el mediodía, hora de los asesinatos de Kosteki y Santillán.A principios de 2008, un tribunal oral de Lomas de Zamora condenó al ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta a prisión perpetua por los crímenes.La violenta represión policial de 2002 provocó una crisis en el gobierno de Eduardo Duhalde -a quien el MTD Aníbal Verón considera "responsable político" de aquellos hechos y reclama que sea juzgado- que llevó a adelantar las elecciones presidenciales.
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Grupos de piqueteros recordaron a sus compañeros muertos en 2002, cortando el puente Pueyrredón.

Grupos piqueteros cortaron esta mañana, y hasta pasado el mediodía, uno de los ingresos al Puente Pueyrredón -que une Capital Federal con el partido bonaerense de Avellaneda- para recordar a sus compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados hace siete años durante una violenta represión policial. El corte parcial comenzó ayer al mediodía: manifestantes del Frente Popular Darío Santillán iniciaron una vigilia en la estación de Avellaneda del ex Ferrocarril General Roca. La llamada "Jornada Cultural" de los manifestantes tuvo recitales musicales, muestras plásticas y fotográficas, poesía, murga, murales, teatro, proyecciones, gigantografías, animaciones, sombras y transmisión de TV. Anoche, además, grupos piqueteros marcharon con antorchas desde la estación ferroviaria hasta el puente Pueyrredón, escenario de la represión policial, y cortaron parcialmente uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Permanecerán allí hasta las 12 de hoy, para recordar la hora de los asesinatos de sus compañeros. Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados el 26 de julio de 2002 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en medio de la brutal represión de una manifestación de piqueteros que reclamaban trabajo. Por el crimen, un tribunal oral de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo Franchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta, a comienzos de 2008. Días después se produjo un escándalo cuando se supo que dejaban salir a Franchiotti del penal de Olmos donde estaba alojado.


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Piden perpetua para los militares acusados por el "Caso Labolita"
Tanto la fiscalía como la parte querellante pidieron ayer prisión o reclusión perpetua para los dos militares que fueron juzgados oral y públicamente por la desaparición del militante peronista Carlos Labolita.
Durante más de ocho horas de alegatos, dos abogados querellantes y un fiscal pidieron ayer reclusión o prisión perpetua para el general de brigada Pedro Pablo Mansilla (77) y el coronel Alejandro Guillermo Duret (56), quienes están siendo juzgados desde el 26 de mayo por la desaparición de Carlos Labolita (24).
Alrededor de las 20, el fiscal general federal Daniel Adler terminó de formular el último de los alegatos y requirió prisión perpetua para ambos militares más inhabilitación absoluta y perpetua por los delitos de "homicidio calificado por alevosía, torturas agravadas y privación de la libertad agravada".
La jornada -que tuvo dos cuarto intermedio- se había iniciado cerca de las 10, cuando el abogado de la familia Labolita, en un alegato de cuatro horas, solicitó reclusión perpetua en cárcel común para dos militares imputados por la desaparición del militante peronista, ocurrida en Las Flores en abril de 1976.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, también ante el tribunal pidió para los imputados Mansilla y Duret reclusión perpetua y que además se revoque el beneficio de arresto domiciliario para Mansilla.
"Por considerar que quedó comprobado a lo largo del juicio que Carlos Labolita, fue secuestrado, torturado, desaparecido y luego asesinado pido reclusión perpetua para Mansilla y Duret, y que la cumplan en una cárcel común", sostuvo en su alegato.
El abogado también manifestó que "a lo largo de este juicio quedó comprobado que Labolita fue asesinado, sí tenemos certeza que lo mataron pero no cómo lo mataron. Si lo mataron con algunos de los medios o métodos que los militares utilizaban".
"Pedro Mansilla debe responder -prosiguió el abogado- ya que en esa época era el jefe de zona y el jefe del regimiento de Azul, fue el responsables de todo lo que sucedía en su zona, de la comisaría de Las Flores y de la policía. Quedó comprobado que todos respondían a sus órdenes".
"A Carlos Labolita cuando lo trasladan de Las Flores a Azul y los policías le entregan a Labolita esposado y encapuchado, sabían que lo iban a matar por que en ningún momento (el coronel) Duret, que es recibido por él, pide que le saquen las esposas. A los cinco días que a Labolita lo llevan a su casa para requisar su casa seguía esposado".
En su alegato también afirmó que "en este juicio está comprobado por testigos y no por dichos que cuando fueron a detener (24/3/1976) en forma ilegal al padre de Labolita y detuvieron (25/4/1976) a Carlos Labolita (hijo) estaba presente Duret".
"Quedó comprobado en la declaración por los propios policías que llevaron a Labolita de Las Flores hasta el regimiento de Azul, que fueron perseguidos por un Renault Blanco. El mismo auto que la esposa de Labolita dijo que conducía Duret el día que llevaron a Labolita a la casa y la requisaron", señaló el letrado.
También dijo que "quedó demostrado que Labolita fue torturado durante cinco días, en las declaraciones de su esposa, madre y hermanas, ya que lo vieron el día en que una comisión de personas de civil, en la que se encontraba Duret, llevaron a Labolita a la casa para requisarla, buscando armas".
"Labolita estaba esposado, encapuchado y con signos importantes que demostraban que había sido maltratado. Carlos Labolita le dijo a su madre: 'No te preocupes, estoy bien, hace 5 días que estoy en la parrilla'", relató el abogado en la audiencia.
"A lo largo de este juicio, quedó demostrado que Labolita fue secuestrado en forma ilegal por ser un militante peronista. Quedó demostrado que era investigado de antes del 24 de marzo del '76, en que se produjo el golpe militar", aseguró.
Además "quedó demostrado con papeles que Carlos Labolita fue detenido por orden de Mansilla y éste a su vez por haber recibido orden de sus superiores. Quedó demostrado por Mansilla que (Labolita) fue detenido por ser elemento subversivo".
El abogado junto con su pedido de penas solicitó "que se inicie una causa al militar Edgardo Calvi, quien era el II comandante de la Brigada de Tandil, por mentir en este juicio oral, cuando en su momento declaró en primera instancia otros hechos que no condicen con los que dio en este juicio. Por desmemoriado, no acordarse de nada y no saber qué ocurrió en esa época".
"Lo mismo pido para los militares Onell y Rabazano, por falso testimonio, ocultar información y manifestar que no se acuerdan nada", puntualizó.
El juicio continuará el martes con los alegatos de la defensa

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El general retirado se negó a declarar y volvió a la Cárcel común de Marcos Paz


Los abogados de Ignacio Aníbal Verdurapresentaron “pruebas” por escrito

Con un saco cuadrillé color beige, salió del Juzgado Federal de Azul y fue subido nuevamente al camión celular, Ignacio Aníbal Verdura para ser trasladado a la cárcel común de Marcos Paz. El ex jefe del Regimiento local durante los primeros años de la última dictadura realizó hoy una presentación formal frente al Juez Juan José Comparato. Sus abogados entregaron más de cincuenta páginas encarpetadas aportando pruebas y datos sobre aquellos años. Pero no respondió preguntas, de la misma manera que lo hicieron quienes lo precedieron en la indagatoria por la causa de Monte Peloni (Grosse, Leites y Ferreyra).

Ignacio Aníbal Verdura, saliendo del Juzgado Federal de Azul. Foto: Carlos Ramírez

La declaración indagatoria prevista para las diez de la mañana de hoy se retrasó entre media hora y cuarenta minutos. Afuera del Juzgado, sólo 6 personas, tres de ellas ex detenidos desaparecidos que estuvieron en Monte Peloni seguían de cerca la indagatoria, que no fue extensa y duró poco más de una hora, ya que se limitó a cuestiones formales. Alrededor de las 11.30, sus abogados salieron del recinto y fueron hasta el hotel donde se alojan, aparentemente para preparar algún tipo de presentación o pedido de excarcelación que aún no se dio a conocer. Pero cuando volvieron, lo hicieron con un paquete con sandwiches y una gaseosa que le entregaron a Verdura antes de que sea nuevamente subido al transporte que lo lleva hacia la cárcel donde se encuentra alojado desde la semana pasada.Previamente, un médico de Policía revisó al general retirado, como un procedimiento de rutina que se exige desde el Servicio Penitenciario.A partir de ahora Comparato tendrá un plazo de diez días para determinar la situación procesal de Verdura, también en estos días deberá definir que ocurrirá con Leites y Grosse, los primeros que tuvieron su indagatoria en Azul. Omar Ferreyra también el martes pasado.

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a 33 años de su desaparición
Labolita: cerca de la justicia
El joven militante era amigo de Cristina y Néstor Kirchner. Acaban de pedir reclusión perpetua para un general y un coronel. El Estado, querellante.
Martina Noailles
27.06.2009

Padre y esposa. Esperan justicia por el secuestro ocurrido en 1976, poco después del golpe de Estado.
Justicia. Desde el día que se llevaron a su marido, hace 33 años, Gladis D’Alessandro espera que los responsables de la desaparición de Carlos Labolita estén tras las rejas. Hoy está más cerca. La querella acaba de pedir reclusión perpetua para el general retirado Pedro Mansilla y el coronel Alejandro Duret, los únicos dos represores que están siendo juzgados por el secuestro, las torturas y la desaparición de este joven de Azul, que fue amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina Fernández. La pareja fue de los últimos que vieron con vida a “Carlitos”, como lo recuerda Gladis.Labolita fue detenido el 25 de abril de 1976 en su casa paterna de Las Flores y fue trasladado al Regimiento de Azul, a cargo del entonces teniente coronel Mansilla. El jefe de Inteligencia de esa jurisdicción militar era Duret, quien al momento de ser detenido en 2006 aún se hallaba en actividad. Gladis vio por última vez a su marido el 1 de mayo de ese año, cuando una patota lo llevó a su casa en busca de una libreta de direcciones que no existía. “Hace cinco días que me tienen en la parrilla”, llegó a decirle Carlos a su mujer. “Estaba encapuchado, descalzo, esposado a la espalda y con terribles signos de haber sido torturado”, recordó Gladis cuando brindó testimonio ante el tribunal oral en Mar del Plata que en pocos días dictará sentencia. –¿Cómo vive este juicio?–Estamos esperando que se resuelva como corresponde. Después de esperar tantos años, exigimos que estos represores vayan a donde tienen que ir, a cárcel común y efectiva; y que desaparezca el beneficio de la domiciliaria. –¿Cómo es tener a Mansilla y a Duret a un metro de distancia?–Es una forma de decir acá están. Pero verles las caras a los que desaparecieron a nuestros familiares, tenerlos enfrente y tratando de defenderse de lo indefendible es terrible. Ponen cara de viejos buenos, pero lo que pasó demuestra otra cosa. Treinta mil desaparecidos, alguien lo hizo.–¿Cree que debería haber más represores sentados en el banquillo de los acusados?–Sí. Por ahí pasaron policías y militares que son responsables desde el primero hasta el último. Están en el juicio las dos caras visibles, el jefe del Regimiento y el que estaba a cargo de la represión en Las Flores. El resto de la patota funcionó en las sombras, no sabemos exactamente quiénes son. Nosotros no tuvimos la posibilidad que ellos están teniendo hoy, que los juzguen a cara descubierta. –¿Qué significa que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, sea querellante en el juicio?–Es importante. Creo que el Estado debe hacerse cargo de lo que ocurrió, de su responsabilidad en el terrorismo de Estado. Presentarse como querellante es una manera de hacerse cargo.–Usted fue amiga de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué piensa de sus políticas de derechos humanos? –A pesar de la lentitud y de que tendría que haber más juzgados, vamos a llegar a que todos los represores estén presos si la sociedad toda se compromete a que sin verdad y sin justicia no podemos seguir adelante. El de mi marido es sólo un caso de los miles de desaparecidos. Yo creo que deberían juntarse todos los casos y hacer los juicios por zona o por centros clandestinos. En Las Flores tuvimos un centro y sus responsables deberían ser juzgados por todos los secuestrados y torturados que pasaron por allí. –La querella pidió que los Kirchner sean testigos de este juicio pero el tribunal lo rechazó. ¿Qué podrían aportar al proceso?–Entre las últimas personas con las que nosotros estuvimos antes de que se llevaran a Carlitos fue con Cristina y Néstor porque manteníamos una relación personal. Por eso se pidió que testimonien en el juicio. Éramos muy amigos. Néstor fue uno de los últimos que vieron con vida a Carlitos. –¿Siente que llegó la justicia?–Es difícil explicar lo que siento... Justicia completa sería saber dónde está Carlitos. Ningún castigo nos va a conformar por lo terrible que nos pasó. Nos destrozaron. Yo hasta hoy trato de salir adelante todos los días. Porque nos castigó la dictadura, pero también la democracia con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Recién hace 4 años pudimos retomar este juicio y llegar hasta aquí.

Fuente: Diario Critica de la Argentina


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---------- Forwarded message ----------From: treintamilhermanos@yahoo.com.ar <treintamilhermanos@yahoo.com.ar>Date: 26/06/2009 11:34Subject: ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONESTo: rilugomez@yahoo.com.ar

ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Una de las funciones del Estado es preservar la verdad. Por ello las planillas electorales deben reflejar la irrefutable verdad deplorada por el Estado argentino y sus habitantes de la desaparición de miles de personas, criminalmente arrancadas con vida y por la fuerza de sus hogares, lugares de trabajo, de estudio o de la vía pública y, cuyo destino no fue aún revelado. Borrarlas del padrón -o computarlas como “ausentes” en los actos eleccionarios- ignora la historia que exige recordar nuestra sociedad.
El domingo 28 de junio de 2009, a pesar de reiterados pedidos de los organismos de Derechos Humanos a los legisladores, los 30 mil detenidos desaparecidos tendrán asignada una mesa para votar y-o serán nombrados autoridades de ellas. En consecuencia, su ausencia forzada por un delito cometido por el estado terrorista, se computará por el Estado democrático como infracción a la ley electoral por parte de quienes padecieron ese delito.
Por la memoria y la verdad, por ¡Nunca Más a la desaparición! persistimos en demandar que se consigne la figura jurídica: ausente por desaparición forzada al lado del nombre de cada detenido desaparecido a partir de los próximos padrones electorales y para siempre.
Asociación Anahí
Asociacion de ex-detenidos desaparecidos
Comision DDHH del HOspital Posadas

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo CADeP

Herman@s de desaparecidos por la verdad y la justicia

Madres de plaza de Mayo-Linea Fundadora
ladh
Barrios x memoria y justicia Almagro-Balvanera

Serpaj
Uniòn por los Derechos Humanos La plata

Para comunicarse con nosotr@s: treintamilhermanos@ yahoo.com. ar(011) 15-31548953
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Lesa humanidad: elevan a juicio tres causas contra Menéndez
26/06/2009 - Fue resuelto por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba y se investigan delitos cometidos en el centro clandestino "La Perla". Están imputados el general retirado Luciano Benjamín Menéndez y otros 13 ex militares y agentes civiles. Fallos completos

Fallo "Manzanelli" 164.12 Kb.
Fallo "Rodríguez" 190.56 Kb.
Fallo "Vega" 183.26 Kb.


La jueza Cristina Garzón de Lascano, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, elevó a juicio tres causas en donde se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención “La Perla”, y en las que está imputado el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Se trata de los casos “Manzanelli”, “Rodríguez” y “Vega”, donde se investigan homicidios, secuestros e imposición de tormentos, cometidos durante el último gobierno de facto.
Además de Menéndez, en los casos también están procesados Hermes Oscar Rodríguez (ex mayor), Luis Gustavo Diedrichs (ex capitán), Ernesto Guillermo Barreiro (ex teniente primero), Jorge Exequiel Acosta (ex teniente primero), Luis Alberto Manzanelli (ex sargento ayudante), Carlos Alberto Vega (ex sargento ayudante), Ricardo Alberto Ramón Lardone (ex agente civil de inteligencia), Emilio Morard (ex agente civil de inteligencia), Luis Alberto Cayetano Quijano (ex comandante), José Hugo Herrera (ex sargento primero), Arnoldo José López (ex agente civil de inteligencia), Héctor Raúl Romero (ex agente civil de inteligencia) y Carlos Alberto Díaz (ex sargento primero).
En todas la causas, la jueza Garzón de Lascano rechazó una serie de excepciones planteas por la defensa del imputado Herrera y en consecuencia las elevó a juicio. Las resoluciones fueron firmadas el pasado 12 de junio.
- Causa Manzanelli: se investiga la privación ilegitima de la libertad agravada por el uso de violencia (un hecho) e imposición de tormentos seguidos de muerte (un hecho) en perjuicio de Cesar Roberto Soria, todo en concurso real.
- Causa Rodríguez: la privación ilegítima de la libertad agravada (un hecho), imposición de tormentos agravados (un hecho) y homicidio agravado (un hecho), todo en concurso real y en perjuicio de Diego Raúl Húnziker.
- Causa Vega: privación ilegítima de libertad agravada (cuatro hechos), imposición de tormentos agravados (cuatro hechos) y homicidio agravado (cuatro hechos), todo en concurso real en perjuicio de Gustavo Gallardo, Nora Peretti de Gallardo, Néstor Cárnides Páez y Oscar Ventura Liwacky.
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Casación ordenó revisar la legitimación de querellas en la megacausa ESMA
26/06/2009 - Es una decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que hizo lugar a un planteo Jorge "El Tigre" Acosta. Exigió se determine si asociaciones por los derechos humanos tienen poder suficiente para actuar como querellantes. Fallo completo
Fallo completo 265.78 Kb.


La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar la legitimidad de entidades que actúan como parte querellante en la megacausa ESMA, en la que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad ocurridos en esa dependencia.
El tribunal hizo lugar a un planteo de la defensa del ex marino Jorge “Tigre” Acosta y anuló la resolución dictada el 5 de marzo último por la Sala II Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, que confirmó la decisión del juez Sergio Torres que no hizo lugar a la excepción de falta de acción iniciada por Acosta, en cuanto pretendía que se aparte del rol de querellantes a las asociaciones Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre, Comité de Acción Jurídica, Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), Abuelas de Plaza de Mayo y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En consecuencia, dispuso reenviar el caso para que se emita nuevo pronunciamiento una vez que se determine si aquellas asociaciones han presentado poder suficiente para querellar extendido por alguna persona legitimada, según el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación.
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DDHH: rechazan excarcelar a imputado por sustracción de menores
26/06/2009 - La Cámara Federal confirmó el fallo que no hizo lugar a un planteo del ex suboficial de Perfectura Naval Juan Antonio Azic. Está investigado por secuestro y ocultación de un menor de diez años y por falsificación de documentos. Fallo completo

Fallo completo 46.54 Kb.

La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo que no hizo lugar a un pedido de excarcelación del ex suboficial de Prefectura Juan Antonio Azic, imputado por secuestro, retención y ocultación de un menor de diez años y falsificación de documento público, cometidos durante el último gobierno militar.
Así, el tribunal rechazó un recurso de apelación planteado por la defensa de Azic, contra la decisión del juez de primera instancia que desestimó otorgarle el beneficio.
En la resolución, que lleva la firma de los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah, la cámara aseguró que, en la causa, Azic fue cautelado el 30 de abril de 2007 y que recientemente fue prorrogada su prisión preventiva, “lo que sitúa el caso dentro de los parámetros señalados por el art. 1 de la ley 24.390”.
Esa norma dispone que la prisión preventiva no puede ser superior a dos años, pero establece que cuando la cantidad de los delitos atribuidos o la complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse un año más.
Además, señaló que “no puede obviarse la intrínseca relación que el caso en estudio tiene con una más vasta imputación que se dirige a Juan Antonio AZIC en la denominada ‘causa ESMA’, en cuyo marco es investigado por delitos de lesa humanidad cometidos en su desempeño como integrante de las fuerzas de seguridad, habiéndose comprobado que en su calidad de Suboficial de la Prefectura Naval Argentina… formó parte del Grupo de Tareas 3.3.2. entre los años 1978 y 1983, e integró el Sector de Operaciones del G.T. 3.3.2…, siendo que a la fecha registra auto de procesamiento firme en orden a los delitos de imposición de tormentos -21 hechos- y privación ilegal de la libertad agravada -36 hechos- ocurridos entre 1978 y 1983 integrando el Sector Operaciones del G.T. 3.3.2 (conf. resolución de fecha 29/12/2008, registro nº 29.407) y que ha sido recientemente impuesto, entre otras, por las privaciones ilegítimas de la libertad sufridas por los progenitores -Orlando Antonio Ruiz y Silvia Beatriz María Dameri, actualmente desaparecidos- y hermanos -Marcelo Ruiz Dameri y María Victoria Ruiz Dameri- de la víctima del hecho de autos… perpetradas entre los meses de mayo y julio de 1980”.
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Ratifican que torturas a soldados en Malvinas son delitos de lesa humanidad
26/06/2009 - La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó un fallo que rechazó un planteo de prescripción, en una causa en la que están imputados más de 70 oficiales y suboficiales del Ejército y se investiga la comisión de torturas y otras degradaciones
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó este viernes, por mayoría, el fallo de primera instancia que rechazó un planteo por prescripción en una causa en la que se investigan vejámenes de militares contra conscriptos argentinos en Malvinas. En primera instancia, una jueza consideró que se trata de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.
La resolución fue dictada en el marco de una causa en la que están imputados más de 70 oficiales y suboficiales del Ejército, y se investiga la comisión de torturas y otras degradaciones.
En marzo último, una jueza de Río Grande aseguró que los crímenes investigados "son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional. Cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad. Por eso lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima".
Los fundamentos de la sentencia de cámara se conocerán la semana próxima.
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COMUNICADO DE PRENSA
Ref. Preocupación por la decisión de la justicia de
liberar al represor y apropiador Enrique José Berthier
Abuelas de Plaza de Mayo expresa su preocupación por la decisión de la justicia de excarcelar al represor y apropiador, ex Capitán del Ejército, Enrique José Berthier juzgado y sentenciado a diez años de prisión por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, en abril del año pasado.
Resulta extraño que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 tome esta resolución teniendo en cuenta que el próximo 10 de agosto la justicia deberá resolver la apelación que la querella y la fiscalía presentaron ante el Tribunal por la baja pena.
María Eugenia Sampallo Barragán y el Fiscal Félix Crous habían solicitado, en el juicio, 25 años de prisión para Berthier, por lo que esperan que la condena se incremente luego de su apelación. No obstante, el TOF Nº 5 parece anticiparse a la resolución y lo excarcela sin existir aún sentencia firme.
Esta es una de las consecuencias que generan las bajas penas otorgadas en algunos juicios por los crímenes de la última dictadura, así como también la lentitud de la justicia que termina beneficiando a criminales de lesa humanidad.
En la sorprendente resolución los jueces Guillermo Gordo y Ricardo Farías firman a favor de la excarcelación, y consideran que Berthier puede esperar la sentencia firme en libertad, pagando una fianza de 150.000 pesos. No obstante, el juez Daniel Obligado se manifestó en contra esta decisión.
Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos la decisión y auguramos que el próximo 10 de agosto aumente la condena al responsable de la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
@@@@@@@@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

En Jujuy detuvieron a tres represores que actuaron en la dictadura



Jujuy al día – Tres ex empleados del Servicio Penitenciario de Jujuy se encuentran detenidos en la Unidad Penal Federal 8 de Jujuy, imputados por delitos de "lesa humanidad", confirmó un abogado del equipo que asiste a organizaciones de Derechos Humanos en la provincia.
Pablo Pelazzo, precisó que se trata del ex interventor en el Servicio Penitenciario de Jujuy, apenas se inició el proceso militar, Néstor Eusebio Singh y los hermanos Ricardo y Alberto Ortiz.
En la Unidad Federal también se encuentra detenido por la misma causa el teniente coronel Rafael Mariano Braga, identificado como el "caracortada" y sindicado como "el más perverso" de los torturadores.
Las actuaciones las lleva adelante el Juzgado Federal 2 a cargo de Carlos Olivera Pastor, a quien las organizaciones de derechos humanos le pidieron que acelere los juicios en la provincia contra los represores.
El ex general Luciano Benjamín Menéndez en una oportunidad fue traído a la provincia citado por el Juzgado, pero se negó a declarar.
Los detenidos están imputados en la causa por violaciones de los derechos humanos de Dominga Scurta, detenida el 25 de mayo de 1976, y cuyo cuerpo fue identificado en 1984, y de Rolando Álvarez García, secuestrado el 21 de agosto de 1976 por segunda vez.

Fuente: http://www.jujuyaldia.com.ar/
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Díaz Bessone, Bidinost, Appelhans, Moyano y Appiani continúan con prisión preventiva

Causa Área Paraná: la querella solicitará la indagatoria de otros autores materiales de delitos contra los derechos humanos


El abogado querellante Gamal Taleb afirmó que los cinco represores detenidos en el marco de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en el área Paraná “fueron indagados y procesados por el antiguo código de procedimiento penal, y ahora están en prisión preventiva”, en referencia a Ramón Díaz Bessone, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost, Mario Moyano y Jorge Appiani. En ese sentido, agregó que “el paso siguiente de la querella será solicitar la indagatoria de otros autores materiales de todo tipo de violaciones contra los derechos humanos”.

Fuente: http://www.analisisdigital.com.ar/


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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

No tomamos apuntes de la realidad. Le apuntamos a ella

http://www.reportedelasmadres.org.ar/

Les enviamos el Reporte de las Madres, con las noticias actualizadas.

Noticias publicadas: Viernes 26 de junio de 2009

SUEÑOS COMPARTIDOS PARA LOS TOBAS EN ROSARIO. La Fundación Madres de Plaza de Mayo firmó esta mañana un convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y con la Intendencia de Rosario para la construcción de un Proyecto Integral de Urbanización: viviendas, escuelas, Centro de Salud, escuelas, Centros Comunitarios y Deportivos, en el marco de la Misión “Sueños Compartidos”. Leer más.

Las urnas, los cuerpos, la calle. VALER LA PENA. Por Demetrio Iramain. Y así llegamos hasta las elecciones, pues. El domingo, al fin, votamos y damos como sociedad argentina de este tiempo, un paso muy importante en nuestro devenir histórico. Puede ser hacia delante ese paso, en la dirección que venimos caminando desde hace 6 años, o un intento desesperado de huir hacia atrás. Leer más.

NOMBRES (SIN APELLIDOS). Por Luis Zarranz. A siete años de la Masacre de Avellaneda, Darío Santillán y Maximilano Kosteki son, simplemente “Darío y Maxi”. No hace falta más para nombrar a dos jóvenes que fueron asesinados por luchar contra un sistema asesino. La impunidad, en tanto, alcanza a todos los responsables políticos. Contra esto, también, peleaban Darío y Maxi: contra los privilegios de unos pocos. Leer más.

HONDURAS: “ALERTA A LOS PRESIDENTES DEL MUNDO”. En Honduras el presidente Manuel Zelaya advirtió al pueblo del intento de golpe de estado que pretende dar el ejército junto con el congreso nacional y la corte suprema de justicia. Esta madrugada el mandatario habló ante una multitud que se movilizó hasta la casa de gobierno para manifestar su apoyo. Leer más.

SOLICITAN LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO PARA RECLAMAR LA LIBERTAD DE LOS CINCO CUBANOS. El Comité Argentino por la Libertad de los Cinco solicitó la intervención del Gobierno por este caso, ante el de Estados Unidos, para sumarlo a las acciones e iniciativas de autoridades y parlamentarios de otros países. Una delegación de sus integrantes visitó la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores con ese fin, donde fue recibida por la directora de Derechos Humanos, Silvia Fernández Gurmendi, a quien brindaron un exhaustivo informe de la situación actual del caso de los jóvenes cubanos condenados por luchar contra el terrorismo. Leer más.

“EL TEMOR SUBYACENTE ES LA LIBERTAD DE LAS MUJERES". Para la periodista de Página 12 y autora del libro El aborto. Aportes de una discusión pendiente*, Mariana Carbajal, el temor que subyace sobre la despenalización del aborto "es que las mujeres tengan el control sobre sus cuerpos y puedan elegir con libertad, como ocurre en los países desarrollados". Leer más.

POLO CIRCO, UN GESTO PERVERSO PARA LA CULTURA POPULAR. Desde hace varios años el circo ha adquirido un lugar importante dentro de la cultura popular de la Ciudad. Se ha trabajado mucho en la formación, la creación y la difusión de este lenguaje de una manera espontánea. Muchos jóvenes han encontrado en estas disciplinas una buena muleta social, salud física-mental y hasta una salida laboral. Así numerosas agrupaciones independientes desarrollaron vínculos donde no había, creando espacios para la comunicación y la no discriminación, herramientas únicas para el fortalecimiento y la integración social. Leer más.

URUGUAY: SE DEFINEN LAS FÓRMULAS PRESIDENCIALES PARA EL 25 DE OCTUBRE. El próximo domingo se realizarán las elecciones internas generales en Uruguay con el propósito de que los diversos partidos políticos definan sus respectivos candidatos únicos para los comicios presidenciales de octubre. Leer más.

VICTORIA Y CASTIGO. Por Marcelo Valko. Finalmente en el Perú, en Bagua, después de casi 80 días de lucha y 33 muertos, el gobierno de Alan García no solo reconoció haber cometido graves errores, sino que derogó los decretos legislativos 1090 y 1064 que causaron la protesta indígena. Vale aclarar que tales decretos eran lesivos no solo para la vida de los pueblos originarios sino también lesivos para la amazonia misma. Leer más.


ELEVAN A JUICIO ORAL LA CAUSA ESMA. El juez Sergio Torres amplió hoy el procesamiento y dictó millonarios embargos contra 49 represores de la Marina, entre ellos Alfredo Astiz, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Leer más.


Éstas notas pueden ser reproducidas libremente. Agradeceríamos que citaran la fuente.

Reporte de las Madres
Una producción del Equipo de Prensa Madres
prensa@madres.org
reporte@madres.org
4384-0998
Hipólito Yrigoyen 1584 –C.A.B.A
Argentina

ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
Una de las funciones del Estado es preservar la verdad. Por ello las planillas electorales deben reflejar la irrefutable verdad deplorada por el Estado argentino y sus habitantes de la desaparición de miles de personas, criminalmente arrancadas con vida y por la fuerza de sus hogares, lugares de trabajo, de estudio o de la vía pública y, cuyo destino no fue aún revelado. Borrarlas del padrón -o computarlas como “ausentes” en los actos eleccionarios- ignora la historia que exige recordar nuestra sociedad.
El domingo 28 de junio de 2009, a pesar de reiterados pedidos de los organismos de Derechos Humanos a los legisladores, los 30 mil detenidos desaparecidos tendrán asignada una mesa para votar y-o serán nombrados autoridades de ellas. En consecuencia, su ausencia forzada por un delito cometido por el estado terrorista, se computará por el Estado democrático como infracción a la ley electoral por parte de quienes padecieron ese delito.
Por la memoria y la verdad, por ¡Nunca Más a la desaparición! persistimos en demandar que se consigne la figura jurídica: ausente por desaparición forzada al lado del nombre de cada detenido desaparecido a partir de los próximos padrones electorales y para siempre.


Asociación Anahí
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Diario JORNADA
“Yo atendí a Mario Abel Amaya”
El ex funcionario deja el Juzgado tras su indagatoria.
Lo habría dicho el médico y ex funcionario radical Luis García. Fue durante su declaración por la muerte del ex diputado nacional radical. Además, habría aconsejado en aquel momento su derivación a DevotoMiércoles, 24 de Junio de 2009 19:27
Durante una hora y media, el ex dirigente radical Luis García declaró ayer en el Juzgado Federal por su presunta complicidad con las torturas que Mario Abel Amaya sufrió en la Unidad 6 de Rawson mientras estuvo detenido en ese penal, en setiembre de 1976. Según fuentes de ese Juzgado, García –quien fue concejal, diputado provincial y ministro- admitió que como médico del Servicio Penitenciario Federal atendió a Amaya debido a los problemas de asma que sufría la víctima. Cabe recordar que el imputado es especialista en vías respiratorias. Sin embargo, no habría brindado mayores precisiones acerca de posibles rastros de lesiones que pudieran ser producto de golpes, torturas o vejaciones en el cuerpo del interno. En cambio, sí recomendó su traslado a algún centro asistencial de mayor complejidad, lo que se produciría poco tiempo después. Como sea, los investigadores sospechan que el facultativo sabe más de lo que dice.
Cabe recordar que todos los testimonios colectados en el expediente coinciden en afirmar que eran muy claros los signos de apremios en Amaya, además de su mal estado general de salud. Entre otros, fue otro radical, Hipólito Solari Irigoyen, quien señaló la responsabilidad de García en desatender al dirigente que luego murió en Capital Federal. El fallecido ex presidente Raúl Alfonsín dio cuenta de lo mismo.Luego de su declaración ante el juez federal Hugo Sastre, que se inició a las 9 y culminó apenas pasadas las 10.30, un adusto García dejó rápidamente el tribunal acompañado por su abogado defensor, de apellido Zabaleta. Abordado por Jornada prefirió no hacer declaraciones. En declaraciones posteriores a Canal 3, el secretario penal Gustavo Lleral reveló que las autoridades ya evalúan la chance de que García pueda ser llamado a declarar de nuevo, pero ya en el marco de la llamada “Causa 500”, que investiga otros casos ocurridos en la U-6. Es que muchas de las violaciones a los Derechos Humanos se produjeron en épocas en que el médico ejercía su profesión en ese penal. La investigación del caso Amaya sigue. Es que hoy y pasado mañana deberían declarar como imputados en Rawson Carlos Alberto Barbot y Ezequiel Cablinsky. El primero fue el mayor del Ejército que tenía a su cargo el área represiva del Valle; el segundo ejerció como médico. Por diversos motivos ambas indagatorias fueron postergadas hasta nueva fecha. #
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Date: Thu, 25 Jun 2009 17:53:47 -0700From: mila_goya@yahoo.com.arSubject: Mnes-2º Juicio- Noticias de la semana.
Causa Nº 30/09, José María Cuenca (acusado de once hechos de tormentos agravados) y Rubén Alberto Gómez ( acusado de 18 hechos de tormentos agravados).

- Crímenes de lesa humanidad: El Tribunal incorporó por lectura los testimonios de Enrique Peczak y del ex agente penitenciario Roberto Ramón Rojas, que ya fallecieron.

En dos turnos maltrataron en 36 ocasiones a un preso político
:: Manifestó que esas guardias eran de terror. Ayer, otros testigos y compañeros de detención coincidieron en que fue uno de los más golpeados en el penal de Candelaria

- Fotógrafo heridoEl reportero gráfico de El Territorio, Ramón González, fue agredido ayer por un efectivo de Gendarmería cuando intentaba tomar una fotografía de los imputados, al llegar al juzgado. “Creo que no tuvo la intención de golpearme de un puñetazo, quería interferir en mi tarea de fotografiar, y lo hizo”. La denuncia fue realizada en la seccional Primera de Policía.

Pasaron esta semana los siguientes testigos:
-- Toribio Gómez (68)
- Aníbal Velásquez- Docente universitario
- Sergio Sobol tiene 61 años- Agricultor
- Hugo Salinas es panadero y tiene 51 años- Panadero
- Benito Delfín Aguirre, de 66 años.
- Pedro Ireneo Ávalos- Abogado
- Hipólito Benítez
- Ricardo Cáceres (65)
- José Guillermo Sosa (55)
- José Aníbal López (53).:

En sus voces se escuchó:
- “me arrastraron hasta un pabellón de recuperación, donde me aplicaron una inyección y dormí hasta el otro día a la tarde”.

- “después de picaneado me cargaron en el baúl de un Polara. “Creí que me iban a tirar al Paraná”,

- “Cuenca me decía que mi mujer andaba con otro tipo”.

- “ nos hacían cantar el Himno y cuando llegábamos a la palabra libertad nos golpeaban y decían que nos iban a matar”.

- “en poco más de tres meses me sacaran 36 veces para torturarme. “Fue todo un récord”.

- “ me impresionó cómo tenía hinchadas las manos Speratti. Parecían de una película de terror y tres meses después recién comenzó a mejorar”.

- “cada noche no sabía si al día siguiente iba a estar vivo porque esta gente tenía la impunidad garantizada”.

- “Ellos no buscaban sacarnos información, sino que aplicaban los golpes por el placer de golpear”.”

-Hubo un careo entre el diputado provincial Esteban Lozina y el ex oficial penitenciario José María Cuenca. Este último acusó de tener privilegios dentro del penal por ser hijo de un oficial del Servicio Penitenciario Federal. Lozina negó el trato preferencial, pero admitió que durante una campaña electoral fue entrevistado por Cuenca en una radio de Jardín América.
Durante el careo, Cuenca expresó “creí que Lozina era amigo mio porque tomamos un café en Vitrage”, a lo cual el diputado aseguró que “no voy nunca a ese lugar”.
Lozina fue categórico al señalar que “él sabe que me desnudó, que me pegó, que me hizo hacer flexiones de piernas con una maceta y me maltrató”.



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Cafayate: “El juez está equivocado”
En Cafayate se realizó anoche la octava marcha de silencio en reclamo del esclarecimiento del ataque el pasado 31 de mayo sufrió el joven Armando Mamaní, quien fue abandonado inconsciente en un callejón contiguo al Mercado Municipal, en pleno centro cayateño.
Los manifestantes volvieron a rechazar la hipótesis de que los traumatismos que aún padece el joven fueran producto de una caída accidental, tal la hipótesis que sostienen la Policía y, al parecer, también el juez de Instrucción, Martín Pérez.“Rechazamos absolutamente que se cayó y se provocó esas heridas”, sostuvo Tito Ripodas, vecino de Cafayate y militante de derechos humanos. Hace tres días él y otros vecinos convocaron a una conferencia de prensa con el fin de “hacer un llamado a todo nuestro pueblo para que reflexione” y participe de las acciones para exigir que este hecho se investigue y se de con los responsables. “El señor juez está equivocado”, enfatizó Ripodas respecto de la posibilidad de que las heridas fueran producto de una caída. Asimismo, criticó la investigación judicial por considerar que no “investigó la mala praxis de los médicos del hospital” cafayateño, que dejaron sin atención a Mamaní durante horas, según dijeron, porque creían que estaba ebrio.
“No se investigó la inacción de los médicos que no atendieron al joven cuando ingresó al hospital”, reiteró Ripodas. También los familiares de Mamaní piden que se investigue a estos médicos.
Ripodas añadió que tampoco se preservaron las pruebas del hecho porque la ropa que llevaba el joven al momento de ser atacado fueron entregadas a los familiares para que las lavaran. “O sea que todo indica casi como si hubiera un camino de encubrimiento”, concluyó Ripodas.
La semana pasada Cafayate recibió la visita del juez, algo inusual para esta localidad, que no cuenta con juzgados propios y cuyos habitantes deben viajar hasta esta ciudad capital para dirimir sus conflictos con la ley.
Familiares y vecinos pudieron reunirse con el magistrado, pero la experiencia fue un tanto amarga, a juzgar por los comentarios. El juez reprochó que hubieran enviado un correo electrónico pidiendo ayuda para esclarecer el hecho y luego hubo otros cruces referidos a lo de la caída.

Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/
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El paísViernes, 26 de Junio de 2009
EDUARDO ALFONSO BUSCO DESPEGARSE DE UN OPERATIVO REPRESIVO DE LA ULTIMA DICTADURA
Las excusas de un represor
El ex secretario general del Ejército buscó desvincularse del asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, que dio a luz en cautiverio y permanece desaparecida. La Cámara Federal de San Martín debe decidir si confirma su procesamiento.

Eduardo Alfonso encabezó un pedido de hábeas data de 663 militares a los organismos de derechos humanos.
Un par de balazos disparados por desconocidos durante un control de tránsito le valieron al teniente primero Eduardo Alfonso en 1977 una medalla al “heroico valor en combate”. La afirmación la realizó su abogado Carlos López Luján ayer, durante una audiencia ante la Cámara Federal de San Martín, y apunta a desvincular al ex secretario general del Ejército del asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, que dio a luz en cautiverio y permanece desaparecida. “Hay abundantes pruebas que se pueden interpretar de diverso modo, pero de ninguna manera como lo hace la defensa ”, afirmó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que espera la confirmación del procesamiento.El 12 de enero de 1977 más de treinta militares sin uniforme irrumpieron en la casa de Villa Adelina donde vivían García y Recchia, militantes montoneros. Los vecinos acreditaron que hubo un tiroteo y que a García lo sacaron muerto. Según el comunicado oficial, la mujer se había fugado y “las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos”. El primer dato era falso: Recchia, embarazada de cinco meses, fue trasladada al Campito, el centro clandestino de Campo de Mayo. Su hija nació en cautiverio y recuperó su identidad en febrero. Por el asesinato y el secuestro, además de Alfonso, están procesados quienes ocuparon roles jerárquicos en la ex Zona IV: Santiago Riveros, Reynaldo Bignone y Luis Sadi Pepa.Según el legajo personal de Alfonso, mano derecha hasta 2003 del comandante del Ejército general Ricardo Brinzoni, el mismo día fue “herido de bala con perforación intestinal”. El Boletín Público 4148 del Ejército precisa el dato: “Con motivo de operaciones realizadas en la localidad de Villa Martelli, el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en combate’”, en teoría una distinción que excluye balas perdidas. El oficial estaba destinado en la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo.Alfonso hizo carrera. Ascendió a coronel en 1993, a general de brigada en 1999 y encabezó en 2001 un pedido de hábeas data de 663 militares interesados en conocer qué datos sobre sus trabajos sucios tenían los organismos de derechos humanos. En mayo de 2008 se conoció su participación en el operativo. En diciembre fue detenido y procesado. Ayer su abogado repitió que, pese a la coincidencia de día, localidad y cantidad de heridos (el segundo fue el teniente Raúl Delaico, fallecido), fue otro hecho: disparos de desconocidos, desde una moto. El abogado de Abuelas, Alan Iud, refutó la coartada con datos técnicos y explicó que, por cargo y jerarquía, Alfonso no participaba de controles vehiculares.@@@@@@@
El paísViernes, 26 de Junio de 2009
ALEGATOS EN EL CASO LABOLITA
Por la prisión perpetua
Reclusión perpetua en cárcel común. Esa fue la pena solicitada ayer por los abogados querellantes para los dos imputados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Labolita, militante peronista visto por última vez en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Los acusados, que juzga el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, son el general de brigada Pedro Mansilla y el coronel Alejandro Duret.Los alegatos estuvieron a cargo de los abogados César Sivo, en nombre de la familia Labolita, Eduardo Rezses y Silvana Rivas por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la fiscalía encabezada por Daniel Adler. Además de pedir la máxima pena solicitaron que se le revoque el arresto domiciliario a Mansilla, de 77 años, y que se investigue “por mentir y ocultar información” al general Néstor Edgardo Calvi, al coronel Gustavo Onel y al sargento ayudante Ernesto David Rabazzano.“Mansilla era jefe de zona militar y del regimiento de Azul. Fue responsable de todo lo que sucedía en su zona, de la comisaría de Las Flores y de la policía. Quedó comprobado que todos respondían a sus órdenes”, destacó Sivo. Duret fue identificado por testigos como la persona que recibió a Labolita de manos policiales en el regimiento, y de inmediato ordenó encapucharlo. Días después, junto al cautivo, participó del allanamiento a su casa. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a decirle Labolita a su mujer, que no volvió a verlo. “Tenemos certeza de que lo mataron pero no cómo la mataron”, explicó Sivo.
El paísViernes, 26 de Junio de 2009
Contra Casación
Organismos de derechos humanos realizarán hoy una conferencia de prensa para repudiar la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que excluye como querellantes del juicio a los represores de la ESMA a las organizaciones que no patrocinan a sobrevivientes o familiares directos de las víctimas. La cita es a las 12 en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, y también convocan las Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S., el CELS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, el Serpaj, el MEDH y la LADH.
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Aclaración de la Corte
La Dirección de Prensa y Comunicación de la Corte Suprema aclaró que, el miércoles pasado, los integrantes de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires no se reunieron con la Comisión Interpoderes para la agilización de los juicios por crímenes de lesa humanidad, sino con el secretario general y de Gestión, Alfredo Kraut, de quien depende la Unidad de Superintendencia para Crímenes de Lesa Humanidad; Walter Venditti, secretario letrado de ese organismo, y el juez federal Daniel Rafecas.
¡Es hora que descubras quién sos! Alguien puede conocerte mejor que vos mismo…-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Tras una noche de vigilia, estamos transmitiendo desde un ciber a cien metros del Puente Pueyrredon donde a las 12 se realizará un acto donde asesinaron a los entrañables cumpas Darío y Maxi.
Derechos humanos: suspenden inicio de juicio oral en Santa Fe
25/06/2009 - Se trata de la causa contra el ex agente civil del Ejército Horacio Barcos. La primera audiencia estaba prevista para el 30 de junio próximo, pero una serie de planteos contra la constitución del tribunal que lo juzgará postergaron su comienzo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe suspendió el juicio oral contra Horacio Barcos, un ex agente de Inteligencia del Ejército Argentino, por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el último gobierno de facto, y cuya fecha de inicio estaba prevista para el próximo 30 de junio.
Sucede que la defensa de Barcos cuestionó la integración del tribunal que iba a dirigir el debate y presentó por ello una serie de recursos. Si bien la Cámara Nacional de Casación Penal no hizo lugar al planteo, los abogados del imputado aseguraron que iban a presentar un recurso extraordinario contra esa decisión, la cual no quedaría firme antes del inicio del juicio oral en la fecha fijada.
Ante ello, el tribunal oral decidió suspender la audiencia hasta tanto quede firme la resolución de Casación Penal que rechazó los planteos de Barcos contra la constitución del tribunal. Una vez firme esa disposición, se fijará “de manera inmediata” una nueva fecha de audiencia.La causa
Barcos está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada (dos hechos) y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos, en forma reiterada (dos hechos), en concurso real, delitos considerados de lesa humanidad.
Se lo acusa de haber formado parte de un grupo que habría privado ilegítimamente de la libertad en forma violenta a Amalia Petrona Ricotti (parte querellante en la causa) y a su esposo, José Alberto Tur (ya fallecido), y de haberlos presuntamente sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, entre el 16 al 31 de mayo de 1978, en el centro clandestino de detención conocido como “La casita”, situado en cercanías de la ciudad de Santa Fe.
En el juicio, que tendrá una duración aproximada de dos semanas, declararán 19 testigos y las audiencias se llevarán a cabo en la sede del tribunal, cuyos integrantes son los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Daniel Edgardo Laborde (subrogante). El expediente principal cuenta con cinco cuerpos, en casi 900 fojas útiles.
Barcos se encuentra detenido desde el 10 de octubre de 2007, en un pabellón especial del Instituto de Detención U-2 “La Capital”, del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe. Lo asiste un defensor particular.
Fuente: http://www.cij.gov.ar/

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OPINION
Los archivos deben ser utilizados para que haya justicia
Por Lilian Etchegoy y Elida Luna*
Sin lugar a dudas la información, es poder. Y como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "es posible afirmar que una sociedad que no esta bien informada no es plenamente libre". Desde siempre y en distintas oportunidades y por diferentes cuestiones hemos reclamado el acceso a la información, y ello como derecho básico garantizado por todos los tratados de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica. Por ello resulta llamativo el revuelo creado, cuando quien quiere acceder a la información es quien debería haberlo hecho en primer lugar que es el Poder judicial, específicamente una fiscal que investiga en una causa, con un indudable trascendencia histórica.
El viernes 12 de junio terminó el periodo para aportar pruebas en la causa Feced, una de las causas más voluminosas del terrorismo de Estado de la ciudad de Rosario; simultáneamente se saca a la luz, nuevamente, un archivo de las fuerzas militares y policiales del segundo cuerpo de ejército. No estaba escondido, no estaba enterrado, una parte está en la Secretaría de Derechos humanos de la Provincia de Santa Fe y otra bajo la órbita del ministro Antonio Bonfatti.
Mientras tanto, los que hemos contribuido desde cada lugar de militancia a la reconstrucción histórica de la verdad y a la lucha por la justicia nos preguntamos ¿por qué no se aportaron esas pruebas a todos los juicios? ¿Hasta cuándo habrá que seguir esperando para que esos archivos sean abiertos?
La ex fiscala Tessio, ahora vicegobernadora de la provincia, pudo disponer de los mismos para aportar pruebas a las causas sobre violaciones a los derechos humanos en Santa Fe. ¿Por qué, entonces, no pensar que pueden existir otras pruebas en esos archivos para los juicios que se están sustanciando en la justicia federal de Rosario?
La búsqueda de prueba documental fue una las tareas más arduas de los organismos de derechos humanos. En la provincia de Santa Fe hay una cronología de hechos nefastos con respecto a los archivos de la represión:
*El 8 de octubre de 1984, en los tribunales provinciales de Rosario, un grupo comando, toma el edificio y se lleva la documentación existente en el juzgado de instrucción 10. En este juzgado estaban los sumarios correspondientes al expediente 6 84 y fundamentalmente, lo que le interesaba al grupo comando: el cúmulo de pruebas producto de los allanamientos realizados por la ex Conadep y el Juez Fermoselle. Un hecho gravísimo que quedó en la impunidad.
*En julio de 1993 ex gobernador Reutemann envío un proyecto a la legislatura para quemar los archivos que se habían encontrado en la ciudad de Santa Fe, nuevamente los organismos de derechos humanos nos opusimos con denuncias públicas y movilizaciones y se volvió atrás con el proyecto de la destrucción de los archivos. .
*En octubre de 1999 mediante el decreto 3054 del gobierno de Obeid se dispone crear una comisión para acceder al archivo. El 16 de noviembre de 1999 Rosúa firmó la resolución 460 que ordenaba a la policía a localizar los archivos en toda la provincia.
*En diciembre de ese año asumió Reutemann y no se efectivizó la comisión. El 15 de marzo de 2004 por decreto 0327 se dispuso la creación de una comisión integrada por miembros del gobierno, del archivo histórico y representantes de los organismos de derechos humanos. No prosperó por diversas razones, entre ellas la diferencia de tratamiento que se proponía con respecto a los archivos y las diferencias de los propios organismos de derechos humanos.
Volviendo atrás en el tiempo. El 2 de diciembre de 1999, la entonces fiscala federal Griselda Tessio, acompañada por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa tuvo acceso a los archivos que se encontraban en la seccional 4 de la policía de Santa Fe, el Departamento de Informaciones, la Guardia de Infantería Reforzada y el Comando Radioeléctrico. La fiscala encontró documentación importante para una decena de causas que estaba investigando. Preguntamos, por qué entonces el hecho de que la Procuradora Fiscal de Rosario, Mabel Colalongo, haya ido a buscar material que pudiera ser útil en las causas es tomado con tanta beligerancia.
Desde el hallazgo de los expedientes por la ex Conadep, los hallados en 1989 y luego en el año 1999, la apertura y acceso a los archivos pasaron por una serie de gerenciamientos, silencios y disputas, lo que revela una gran preocupación por el uso de los mismos. Preguntamos ¿porqué su uso y acceso es discrecional?
Es hora que los jueces y fiscales se constituyan en los lugares donde haya o presuman que pueda haber documentación para recabar pruebas, registros y documentos. Para que los principales actores en la guarda de los documentos sean los organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil. Para que la intervención directa de los jueces y fiscales para conseguir prueba documental no sea la excepción sino la regla.
*Integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
Fuente: Rosario 12


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"De cada tres docentes trabaja uno"
"Los docentes siempre tienen de rehenes a los chicos""Hay que ir a un ajuste del gasto público. El ajuste tiene que pasar, entre otras cosas, por la obra pública"."YPF, Metrogás, Edesur y Edenor debrían ser estatizadas"."La reestatización de Aerolíneas Argentinas es un enorme error" .SEGUÍ HABLANDO, COLO. DALE!

CONTRATAPA
Santillán y Kosteki









Habría que vivir sus vidas para saber de qué se trata. Habría que ponerse en sus pieles para entender de qué hablan. Habría que soportar en el propio pecho tanta desolación, tanto luto, tanto fastidio. Por más que a uno lo alienten nociones bienintencionadas, no es así, como la de ellos, la vida que le ha tocado vivir. Calefacción, prepaga, escuela, heladera, cena, libros, buen vino, techo, esperanza, fin de semana, auto, taxi, supermercado, cine, teléfono, mail, regalo, radiografía, entretenimiento, televisión, aliento, sueldo, planes, abrigo, antibiótico, en fin, son miles las palabras de las que ellos han sido expulsados y que, con más o menos suerte, todavía sostienen la manera en la que millones de argentinos se piensan a sí mismos. Otros millones no. Desde que Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados, las mismas cámaras de televisión y las mismas cámaras fotográficas a través de las cuales se desvertebró la nueva historia oficial que ya estaba en marcha –la misma que ahora desde el gobierno niegan, dejando colgar la duda: ¿será verdad que están indignados con la conducta policial, o se indignan, en realidad, por el descuido policial de dejarse fotografiar y filmar mientras mataban?–, se internaron en los lugares de los que ellos, Santillán y Kosteki, llegaron al puente Pueyrredón, en esos barrios siempre esfumados en la neblina del invierno, en esos barrios de invierno permanente. Allí, en esos paisajes arrasados, en esos escenarios de posguerra en los que los derrotados del sistema se supone que solamente deben sobrevivir apechugando, las vidas de Santillán y Kosteki volvieron a hablar.Uno, Kosteki, habló de ladrillos para reemplazar las chapas que dejan colar el frío insoportable, de su trabajo voluntario haciendo esos ladrillos, de un horno de cerámica, su más lucida pertenencia, donado para hacer esos ladrillos, de dibujos sobre papeles baratos, de un universo imaginario en el que vivió ese chico hasta sus 22 años y que por cierto fue más generoso y más deseable que lo real: había ángeles, banderas, manos abiertas. En el universo de Kosteki también hubo y hay una madre de un temple escalofriante, que no se ha permitido hablar de la muerte de su hijo como algo personal: esa mujer es consciente de que el mayor dolor de su vida es un dolor político. El otro, Santillán, lo que dejó fue un gesto cuya medida excede nuestra capacidad de reflejos, un gesto que desborda nuestra moral de pequeña burguesía ya desacomodada. Escuchar zumbar las balas y detenerse ante alguien que muere, pedir auxilio para ese alguien que muere, tomarle la mano a quien muere y exponerse a ser acribillado, morir así, es algo para lo que nadie se prepara. Nadie puede asegurar de sí mismo esa reacción. Es en todo caso una circunstancia atroz la que se impone, y es, en este caso, la hombría de bien inmedible de ese chico la que quedará latiendo en la memoria colectiva. No se trató solamente de un comisario inspector fusilando a un piquetero. La visión de Santillán intentando socorrer a Kosteki, la visión de su espanto interrumpido por el escopetazo que recibió en la espalda, la visión de su cuerpo ya herido retorciéndose en el piso, la visión de su mano extendida hacia ese policía que por toda respuesta lo sacudió con asco, la visión de la sonrisa del otro policía acomodando el cuerpo de Kosteki, la visión del comisario palpando de armas a Santillán ya inerte, los ojos de Santillán ya casi ido pero aún allí, incomprendiendo todo ese horror, ese mal encarnado, fue mucho más que un documento para abortar la incipiente y canalla versión oficial. Esos grandes detalles de esta historia relatan, nada menos, quién es quién.

Fuente: Pagina 12, 4 de julio 20002, Por Sandra Russo

Reunión en la Corte Suprema para agilizar causas por delitos contra los derechos humanos
24/06/2009 - Fue convocada por la Unidad de Superintendencia del Máximo Tribunal encargada del seguimiento de estos procesos. Participaron organismos de derechos humanos y asociaciones de abogados. Buscan apurar la creación de 750 cargos para reforzar juzgados
En el marco de las distintas medidas que impulsa la Corte Suprema de Justicia de la Nación para agilizar los juicios por violanciones contra los derechos humanos, la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, dependencia creada por el Máximo Tribunal en diciembre de 2008, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Asociación Americana de Juristas.
En el encuentro, los representantes de los organismos manifestaron sus inquietudes y se comprometieron a impulsar, a través de sus respectivas comisiones directivas, las acciones tendientes a lograr un rápido tratamiento en la órbita legislativa de los proyectos de leyes para la creación de nuevos juzgados y tribunales, así como la creación de los nuevos 750 cargos pendientes.
En el marco del encuentro, la Unidad detalló la actividad desarrollada desde su creación, así como los avances logrados en relación a la distribución de causas por delitos de lesa humanidad, provisión de recursos humanos y otras cuestiones vinculadas con la organización en las distintas jurisdicciones.
En tanto, la semana pasada el Máximo Tribunal autorizó a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir la contratación de funcionarios judiciales, para que se desempeñen en juzgados y tribunales orales federales de todo el país.
Las designaciones se realizaron luego de una evaluación encarada por la Unidad, con relación a la complejidad de las causas en curso, la cantidad de procesos en trámite y el número de personal existente en cada dependencia.
Fuente: http://www.cij.gov.ar/
Hoy la ronda de reuniones sigue con la Comisión de Campo de Mayo a las 10 horas.

EL PAIS
Un reclamo reiterado
Un grupo de organismos de derechos humanos volvió a exigir que en los padrones electorales los desaparecidos aparezcan como tales y no como potenciales votantes. “Una de las funciones del Estado es preservar la verdad, por eso las planillas electorales deben reflejar la irrefutable verdad deplorada por el Estado argentino y sus habitantes de la desaparición de miles de personas, criminalmente arrancadas con vida y por la fuerza de sus hogares, lugares de trabajo, de estudio o de la vía pública y cuyo destino aún no fue revelado. Borrarlas del padrón –o computarlas como ‘ausentes’ en los actos eleccionarios– ignora la historia que exige recordar nuestra sociedad”, expresaron en un comunicado. La Asociación Anahí, Herman@s de desaparecidos por la verdad y la justicia, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Barrios por Memoria y Justicia Almagro-Balvanera y Serpaj destacaron que el domingo 28, “a pesar de reiterados pedidos a los legisladores, los 30 mil desaparecidos tendrán asignada una mesa para votar o serán nombrados autoridades de ellas, por lo tanto su ausencia forzada por el estado terrorista se computará por el Estado democrático como infracción a la ley electoral”.
Fuente: Pagina 12
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---------- Forwarded message ----------From: Familiares de Desaparecidos Rosario <familiaresros@hotmail.com>Date: 22/06/2009 15:29Subject: FW: SANTA FE. ARCHIVOS BIEN CERRADOS


ARCHIVOS BIEN CERRADOS
Sin lugar a dudas la información, es poder.- Y como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva Nro. 5 de fecha 13/11/1985, “…es posible afirmar que una sociedad que no esta bien informada no es plenamente libre.”
Como Organismo de Derechos Humanos, desde siempre y en distintas oportunidades y por diferentes cuestiones hemos reclamado el acceso a la información, y ello como derecho básico garantizado por todos los tratados de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 13 por brindar un ejemplo. Porque este derecho, que se conoce como libertad de expresión, no se limita solo a ello, a expresar nuestras ideas, sino que nos garantiza el poder buscar información y para ello es necesario que se nos permita acceder a la misma.- Por ello resulta llamativo el revuelo creado, cuando quien quiere acceder a la información es quien debería haberlo hecho en primer lugar que es el Poder judicial, específicamente una Fiscal que investiga en una causa, con un indudable trascendencia histórica.-
El viernes 12 de junio terminó el periodo para aportar pruebas en la causa Feced, una de las causas más voluminosas del terrorismo de Estado de la ciudad de Rosario; simultáneamente se saca a la luz, nuevamente, un archivo de las fuerzas militares y policiales del segundo cuerpo de ejército. No estaba escondido, no estaba enterrado, una parte está en la Secretaría de Derechos humanos de la Provincia de Santa Fe y otra bajo la órbita del Ministro Bonfatti.
Mientras tanto los que hemos contribuido desde cada lugar de militancia a la reconstrucción histórica de la verdad y a la lucha por la justicia, en el tema del terrorismo de Estado en la Provincia nos preguntamos ¿porqué no se aportaron esas pruebas a todos los juicios.? ¿Hasta cuando habrá que seguir esperando para que esos archivos sean abiertos?.
La Ex fiscal Tessio, ahora Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe pudo disponer de los mismos para aportar pruebas a las causas sobre violaciones a los derechos humanos en Santa Fe. ¿Porque, entonces, no pensar que pueden existir otras pruebas que están en ese archivo para los juicios que hoy se están sustanciando en la justicia federal de Rosario?
La búsqueda de prueba documental fue una las tareas más arduas de los organismos de derechos humanos.
En La provincia de Santa Fe hay una cronología de hechos nefastos con respecto a los archivos de la represión:
El 8 de octubre de 1984 en los tribunales provinciales de Rosario, un grupo comando, toma el edificio y se lleva la documentación existente en el juzgado de instrucción 10. En este juzgado estaban los sumarios correspondientes al expediente 6-84 y fundamentalmente, lo que le interesaba al grupo comando: el cúmulo de pruebas producto de los allanamientos realizados por la ex Conadep y el Juez Fermoselle. Un hecho gravísimo que quedó en la impunidad. Ni siquiera se pudo reconstruir algo de la documentación que se había encontrado a pesar que desde los organismos habíamos insistido en que fotocopien los documentos más importantes porque era inminente, después de varios atentados y seguimientos, que algo iba a ocurrir.
En julio de 1993 ex gobernador Reutemann envío un proyecto a la legislatura para quemar los archivos, que se habían encontrado en la ciudad de Santa Fe, nuevamente los organismos de derechos humanos nos opusimos con denuncias públicas y movilizaciones y se volvió atrás con el proyecto de la destrucción de los archivos. En ese momento la directora del Archivo Histórico “reveló que gran parte de la documentación desapareció, y otros voceros aseguraron que el contenido de las carpetas había sido copiado y guardado en un disquete de computación por organismos de inteligencia” (La Capital sábado 31 de julio de 1993).
En Octubre de 1999 mediante el decreto 3054 del gobierno de Obeid se dispone crear una comisión para acceder al archivo. El 16 de noviembre de 1999 Rosúa firmó la resolución 460 que ordenaba a la policía a localizar los archivos en toda la provincia
En diciembre asume Reutemann y no se efectiviza la creación de la comisión.
El 15 de marzo de 2004 por decreto 0327 se dispone de la creación de una comisión integrada por miembros del gobierno, del archivo histórico y representantes de los organismos de derechos humanos. no prosperó por diversas razones, entre ellas la diferencia de tratamiento que se proponía con respecto a los archivos y las diferencias de los propios organismos de derechos humanos.
Volviendo atrás en el tiempo. El 2 de diciembre de 1999 La entonces fiscal federal Griselda Tessio acompañada por el Ministro de gobierno, Rosúa tuvo acceso a los archivos que se encontraban en la seccional 4 de la policía de Santa Fe, el Departamento de Informaciones, la Guardia de Infantería Reforzada y el Comando Radioeléctrico. “la fiscal y el ministro tuvieron una idea más precisa del caudal de documentos que se conservan en Santa Fe, en sitios que ya eran conocidos, pero a los que, paradójicamente nunca antes había ido ningún juez” Rosario12, 03-09.1999. La fiscal encontró documentación importante a partir de una decena de causas que estaba investigando. Preguntamos, porqué entonces el hecho que la Procuradora Fiscal de Rosario haya ido a buscar material que pudiera ser útil en las causas que lleva adelante es tomado con tanta beligerancia. Debiera, por el contrario ser tomado como un gesto auspicioso, como lo fue en su momento el de la actual vicegobernadora de la Provincia.
Aunque cada país resolvió de de manera distinta las políticas que definieron el acceso a la documentación que se encontró en los archivos de la represión, se orientaron entre dos ejes: la apertura total de los archivos para la consulta pública y la restricción al acceso de información de carácter privado de los individuos.
Pero resulta incuestionable sus usos vinculado al ámbito judicial.ya que estos documentos se pueden convertir en registros probatorios en las causas que investigan violaciones a los derechos humanos; este hecho es importante hoy y ahora, y se esperó demasiado.
Desde el hallazgo de los expedientes por la ex -conadep, los hallados en 1989 y luego en el año 1999, la apertura y acceso a los archivos pasan por una serie de gerenciamientos, silencios y disputas, lo que revela una gran preocupación por el uso de los mismos. Preguntamos ¿porqué su uso y acceso es discrecional?. Los servicios de inteligencia policiales o de las fuerzas armadas, ya tienen la información porque la han producido. A tantos años de lucha, los archivos no fueron colocados a disposición de los investigadores, ni de todos los querellantes, ni organizados en lugar público, lo que los hace casi inaccesibles.
Es hora que los jueces y fiscales se constituyan en los lugares donde haya o presuman que pueda haber documentación para recabar pruebas, registros y documentos. Para que los principales actores en la guarda de los documentos sean los organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil. Para que la intervención directa de los jueces y fiscales para conseguir prueba documental no sea la excepción sino la regla.
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EL VICEALMIRANTE SIFFREDI SE ENTREGO
Otro marino en prisión

Luego de seis meses de jugar a la escondida, se entregó a la Justicia el vicealmirante retirado Hugo Héctor Siffredi, ex asistente del jefe del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura. Nacido en Bahía Blanca hace 62 años, Siffredi es un símbolo de los represores que hicieron carrera en democracia. Se retiró recién en 2004 y llegó a ser jefe de la base naval de Puerto Belgrano y del propio SIN. El jueves pasado, bolsito en mano, acompañado por dos abogados, se presentó cabizbajo en el juzgado de Sergio Torres, que instruye la causa ESMA. Luego se negó a prestar declaración indagatoria y fue trasladado al penal de Marcos Paz.
Siffredi fue desde su juventud un hombre inquieto por el espionaje de entrecasa. Su interés por escudriñar en organizaciones políticas creció aún más en marzo de 1976, antes del golpe de Estado, cuando un explosivo detonó en la casa de su padre, un capitán retirado que luego se reincorporó a la fuerza. En 1977 hizo su primer curso en la Escuela de Inteligencia Naval y durante el resto de la dictadura no volvió a pisar un barco. En 1978 mostró sus dotes en el oficio como su-bordinado del jefe del SIN, capitán de navío Eduardo Invierno, y del segundo jefe, capitán de fragata Domingo Francisco Ladaga. Un año después pasó a depender del contraalmirante Jorge Demetrio Casas y del capitán de navío Eduardo Girling. El SIN tuvo centro clandestino propio en La Casita, pegada a la Panamericana, aunque también tuvo a sus víctimas secuestradas en la “Capuchita” de la ESMA. Fue denunciado como enlace del SIN con la ESMA en 2007, y el juez Torres ordenó su detención el 16 de diciembre pasado. Ya pasa sus días en Marcos Paz junto con Astiz, Acosta & Cía.

EL PAIS
La causa ESMA


El juez federal Sergio Torres amplió el procesamiento, con multimillonarios embargos de bienes, a medio centenar de ex marinos, entre ellos el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, por delitos contra los derechos humanos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. Según fuentes judiciales, la resolución incluyó también a los represores Jorge Acosta, Raúl Enrique Scheller, Oscar Antonio Montes, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, por centenares de casos de imposición de tormentos y privaciones ilegales de la libertad agravadas, algunos seguidas de muerte.
EL PAIS › LA COMISION DE LA MEMORIA SE ENTREVISTO CON LA COMISION INTERPODERES
Pedido para acelerar los juicios
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex fiscal Hugo Cañón se entrevistaron con la comisión creada a instancias de la Corte Suprema y pidieron la centralización de las causas por delitos de lesa humanidad y la elevación a juicio del caso Patti.
La Comisión Provincial por la Memoria bonaerense se reunió ayer con miembros de la Comisión Interpoderes, creada a instancias de la Corte Suprema con el fin de acelerar el proceso de justicia por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, para expresar su preocupación por la demora en la instrucción de las causas. Encabezado por sus copresidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, el organismo pidió poner fin a la dispersión de causas y al juzgamiento por casos aislados, planteó la necesidad de garantizar la amplia publicidad de los procesos y concretar en el corto plazo el juicio al torturador Luis Patti, y expresó su preocupación por la parálisis de la investigación por la desaparición de Julio López, radicada en el juzgado de Humberto Blanco. “Es preciso reafirmar en esta coyuntura electoral la necesidad del compromiso con la justicia por los crímenes de lesa humanidad como una política de Estado, inamovible e irrenunciable”, solicitó el Premio Nobel de la Paz.
El nombre completo de la Interpoderes es Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad. Nació en abril impulsada por Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, con el fin de remover obstáculos, acelerar nombramientos, facilitar infraestructura y recomendar directivas generales al alto tribunal. La Corte dispone además de una Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad. Como informó Página/12, la Procuración General de la Nación le reclama que instruya a los jueces para impedir que los represores cumplan prisión preventiva en cuarteles, para que tomen recaudos básicos a la hora de citar testigos y se establezcan mecanismos eficaces para cubrir vacantes en tribunales.
La Comisión pidió celeridad para evitar que las causas “caigan en un camino de denegatoria de justicia debido al retardo de elevaciones e imputaciones”, y que represores identificados continúen en libertad o mueran impunes. Citó como ejemplo al ex jefe de La Cacha Julio Barroso. El fiscal Sergio Franco pidió su detención en 2005, la Comisión aportó informes de inteligencia que confirmaron relatos de sobrevivientes, pero el juez Manuel Blanco se niega a ordenar su detención.
El organismo reclamó poner fin a la dispersión de causas y a la instrucción por víctimas, como ocurre en la megacausa Campo de Mayo a cargo del juzgado de San Martín. “Implica dilapidar esfuerzos” y “lleva a la paradoja de sentar como testigos a personas con responsabilidad probada respecto de otras víctimas”, apuntó. Sobre la jurisdicción La Plata, planteó la necesidad de avanzar con un criterio de concentración. Precisó que las causas Comisaría 5ª y parte de Arana estarían en condiciones de ser elevadas y sólo restaría que la Sala I de la Cámara Federal liberara la causa Brigada de Investigaciones, para poder concretar un juicio acorde a las dimensiones del ex circuito Camps. También reclamó poner fin a las demoras en la tramitación de causas en Mar del Plata, por dificultades en cubrir vacantes en la Cámara Federal y el Tribunal Oral.
La Comisión Provincial expresó finalmente su preocupación por los criterios de integración y designaciones por parte del Consejo de la Magistratura. “No llegan los mejores, no se atienden criterios de idoneidad”, cuestionaron. Como contracara citaron el caso de Pedro Hooft, en funciones pese a su actuación durante la dictadura.
Fuente: Pagina 12

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--- El mié 24-jun-09, Abuelas de Plaza de Mayo <laplata@abuelas.org.ar> escribió:
De: Abuelas de Plaza de Mayo <laplata@abuelas.org.ar>Asunto: Ref. PEDIDO DE DETENCIÓN PARA REPRESORES DEL CCD DIRECCIÓN DE INFANTERIA - REGIMIENTO DE CABALLERÍA (1 Y 60) - La PlataPara: "Abuelas de Plaza de Mayo" <laplata@abuelas.org.ar>Fecha: miércoles, 24 de junio de 2009, 11:10 am
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo solicitó nuevas detenciones para miembros de las fuerzas de seguridad que actuaron en el centro clandestino de detención que funcionó en la Dirección de Infantería – Regimiento de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conocido por su dirección como “1 y 60”.
El pedido elevado al Juzgado Federal nº 1, a cargo del Dr. Manuel Humberto Blanco, apunta no sólo a quienes coordinaron la represión en el centro clandestino sino también a quienes dieron las ordenes, teniendo en cuenta que esta estructura policial estuvo bajo la esfera del Regimiento 7 de Infantería, dependiente del Ejército.
Entre las pruebas que se tuvieron en cuenta para pedir las detenciones figuran las ordenes de traslado de las detenidas en 1 y 60 a la Unidad 8, firmadas por los Jefes del Regimiento 7, lo que da cuenta de la coordinación y la planificación sistemática del circuito represivo.
En la presentación figuran nuevos casos de embarazadas detenidas en este centro clandestino, que se suman a los datos ya aportados en el Informe sobre Maternidades Clandestinas que elaboró el equipo de investigación de Abuelas de Plaza de Mayo, Filial La Plata, para reconstruir las historias de las embarazadas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar y de los niños que pasaron por los Centros Clandestinos de Detención (CCD) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo se solicitan nuevas medidas de prueba para individualizar a los represores que actuaron y ejecutaron las ordenes emanadas del Ejército.

Más información: http://www.laplata.abuelas.org.ar/
Informe Maternidades Clandestinas “1 y 60”: http://www.laplata.abuelas.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=189


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Lesa humanidad: cuatro juicios ya tienen fecha de inicio confirmada
24/06/2009 - Se realizarán en Capital Federal, Corrientes y dos en Santa Fe. Uno de ellos es por la megacausa ESMA, en la que están imputados, entre otros, Astiz y Acosta. En todo el país hay 56 causas con elevación a juicio. El cronograma completo
Informe completo 38.62 Kb.
De acuerdo a un informe de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2008 para agilizar esos casos, cuatro juicios en los que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto, ya tienen fecha de inicio confirmada:
Causa "Barcos" (30 de junio)
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia. Se trata de la causa contra Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, acusado de haber formado parte de un grupo que secuestró a Amalia Petrona Ricotti y a su esposo, José Alberto Tur (ya fallecido), y de haberlos presuntamente sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, en 1978, en el centro clandestino de detención conocido como “La casita”.
Causa "Ulibarrie" (4 de agosto)
En Corrientes, el 4 de agosto comenzará ante el Tribunal Oral Federal provincial, la primera audiencia por el juicio oral contra el ex funcionario de la Policía local, Diego Manuel Ulibarrie, procesado por delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas cuatro personas.
Causa "Brusa" (1º de septiembre)
En la misma provincia arrancará, a partir del 1° de septiembre, el proceso contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros seis imputados. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, y se espera que más de 100 testigos declaren durante el debate.
Causa "ESMA" (6 de octubre)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal N° 5 fijó para el 6 octubre el inicio del juicio al ex integrante de la Marina Alfredo Astiz y otros ex oficiales, por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta instancia abarca dos de los tramos de la megacausa: el de la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.
La nómina completa de acusados incluye a Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice, Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel.
Causas con elevación a juicio
En tanto, el informe muestra que 56 causas ya tienen confirmada su elevación a juicio en distintos distritos del país, con la siguiente distribución:
-18 causas en Capital Federal -16 en Mendoza -7 en Santa Fe-5 en provincia de Buenos Aires (4 en San Martín y 1 en Mar del Plata)-3 en Tucumán-2 en Salta-2 en Córdoba-2 en Misiones-1 en Chaco
Los juicios en marcha
Actualmente, se desarrollan cuatro juicios orales:- Olivera Róvere: a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital Federal, comenzó el 9 de febrero el proceso contra Jorge Olivera Róvere, en el marco de los hechos ocurridos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. También están imputados Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti.
- Campo de Mayo: el 23 de abril comenzó en San Martín, a cargo del TOF Nº1 de esa localidad bonaerense, el juicio oral por el secuestro de Iris Pereyra de Avellaneda y la muerte de su hijo, Floreal Avellaneda, hechos cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo. Están imputados los ex miembros del Ejército Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich, César Amadeo Fragni, y el ex policía Alberto Aneto.
- Formosa: el Tribunal Oral Federal provincial lleva adelante desde el 25 de febrero el juicio oral contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo, acusado de los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.
- Mar del Plata: a partir del 26 de mayo se realiza el juicio oral por la desaparición de Carlos Labolita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, siendo el primer proceso por delitos de lesa humanidad que llega a esa instancia judicial en aquella ciudad. Los imputados son los ex militares Pedro Pablo Mansilla y Alejandro Guillermo Duret, acusados por el secuestro y desaparición de Labolita, ocurrido el 25 de abril de 1976, en Las Flores, localidad cercana a Azul, en la provincia de Buenos Aires.
Las sentencias de 2009
El 23 de abril, el Tribunal Oral Federal N° 6, de la Capital Federal, condenó a 16 años de prisión al ex comandante Víctor Enrique Rei, delitos de retención y ocultamiento de un menor de diez años previamente sustraído, en concurso real con los delitos de supresión del estado civil de un menor de diez años mediante la falsedad ideológica de documento público, delitos que fueron considerados delitos de lesa humanidad.
El 13 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a cinco ex militares a la pena de prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, todos agravados. La sentencia recayó sobre Miguel Angel Fernández, Carlos Esteban Plá, Victor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco.
Fuente: http://www.cij.gov.ar/

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Date: Wed, 24 Jun 2009 06:29:42 -0700From: mila_goya@yahoo.com.arSubject: Juicio Mnes- 6ª Día
POSADAS- 23/06/2009- Noticiasdel6Crímenes de lesa humanidad: el Tribunal escuchó a otras seis víctimas .

Tormentos a los reclusos en la Unidad Penal 17, en Candelaria.





Seis presos políticos de la última dictadura declararon este martes en el juicio oral y público que se le sigue a los ex agentes penitenciarios Rubén “Lobo” Gómez y José María Cuenca, quienes están acusados de aplicar tormentos a los reclusos en la Unidad Penal 17, en Candelaria.
- La jornada se caracterizó por las escasas preguntas de los defensores.
- Carlos Alberto Souriau, de 62 años, recordó que era un próspero empresario dedicado al abastecimiento de carne cuando fue detenido el 18 de octubre de 1977 por un grupo de encapuchados que lo llevaron a un sótano de la Jefatura de Policía. “Yo no militaba políticamente en esa época y creí que no me iba a pasar nada”, contó.

- Jorge González, que ahora tiene 55 años, militaba en la Juventud Peronista y fue capturado en la casa de Enrique Igor Peczak, adonde había buscado refugio porque su casa había sido allanada. Sobre su paso por la Unidad Penal 17 dijo que “yo era uno de los presos más golpeados por las noches, durante las guardias de Cuenca y Gómez.

- Juan Piñeiro (71) se presentó solo ante Gendarmería cuando se enteró que lo buscaban por su militancia en la juventud peronista y en un gremio. “En Candelaria, a la noche entraban los guardias y preguntaban tu nombre en voz baja y si estabas en la lista te engrillaban y sacaban para torturar”, contó. Y recordó que los tormentos finalizaron en forma coincidente con el desembarco de una comisión de la Cruz Roja Internacional y de Derechos Humanos en la cárcel.

- Julio Hipler, que tiene dos hermanos desaparecidos durante la dictadura militar.
- “Cuando sacaban a la gente para golpearla se escuchaban gemidos, gritos y era imposible dormir” .

- En octubre de 1976, Francisco Osvaldo Solís tenía 24 años y trabajaba con una camioneta como taxiflet. Contó que gente de civil pero fuertemente armada lo llevó hasta la Jefatura de Policía y allí comenzaron a preguntarle por una mujer que él jura no haber visto nunca. Incluso le mostraron cómo funcionaba la picana eléctrica. Dijo que Gómez y Cuenca les hacían hacer salto rana con una maceta y que a consecuencia de ello actualmente tiene problemas en la columna vertebral. “Ellos dos estaban en las guardias terroríficas”, aseguró casi al borde del llanto.

“No sabía cómo iba a salir de ese calvario y a la vez tampoco sabía por qué estaba privado de mi libertad”, agregó.

- Alipio Cardozo, tuvo un breve paso por la cárcel de Candelaria. “Estuve menos de un mes pero me sacaron siete veces para golpearme. Llegué a orinar sangre y aún así no recibí atención médica”, agregó quien por entonces era sindicalista en el Alto Paraná.

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Es terrible que nos pasen estas cosas en las Escuelas!!!Gravisimo... .!!!
Necesitamos que de manera urgente nos ayuden a divulgar el terrible asesinato del compañero docente Hernan Bernal, director de la esc. Secundaria N4 y regente de Esc.Técnica Javier Tapié de Gral Rodríguez. El docente había realizado una denuncia en el Consejo Escolar de Rodríguez y aparentemente en la policía también, referida a venta de drogas en puerta de escuela 21 y alumnos que llevaban armas.El día 5 de junio a las 0.30hs fue golpeado (quebraduras expuestas) y luego recibió 2 tiros, aunque recibió asistencia médica, murió a las horas del hecho.Los medios nacionales están manejando la versión de crimen pasional,(para cubrir la verdadera verdad), pero los docentes y comunidad de Rodríguez sabemos que no es así .Por lo tanto nos encontramos en estado de alerta y movilizados. El mismo día 5 los docentes con amigos, vecinos y fliares del compañero nos convocamos en la sala velatoria y nos dirigimos a la Comisaria de Gral Rodríguez a exigir explicaciones del hecho.Es así que se resolvió para el lunes 8/6 Jornada de protesta con suspensión de clases (en Gral Rodriguez), marcharemos desde las escuelas del docente a la plaza central , desde ahí nos dirigiremos al Consejo Escolar donde Hernan realizó la denuncia 2 días ante del hecho.AYER FUE CARLOS HOY ES HERNAN Y MAÑANA? JUSTICIA PARA EL COMPAÑERO HERNAN BERNAL.EXIGIMOS QUE SE CONOZCA TODA LA VERDAD.EL NOMBRE DEL MAESTRO NO SE ENSUCIA.EXIJAMOS A LOS SINDICATOS POR MAIL, POR TEL. O PERSONALMENTE JORNADA DE DUELO PROVINCIAL Y NACIONAL.MANDA ESTE MAIL A TODOS TUS CONTACTOS.
GRACIAS!AGRUPACIÓN TIZAS ROJAS.GRAL RODRÍGUEZ

REPRESION EN RIO NEGRO

En la edición del domingohttp://rionegro.com.ar/diario/2009/06/14/1244946202191.phphttp://rionegro.com.ar/diario/2009/06/14/1244946202172.phphttp://rionegro.com.ar/diario/2009/06/14/124494620284.phpEn la edición del marteshttp://www.rionegro.com.ar/diario/2009/06/16/1245118296245.php--

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ESTACION DARIO Y MAXI ES-CULTURA POPULAR

Invitamos a seguir construyendo la estación Darío y Maxi
escultura política, cultural, social y de lucha Obra Pública y patente,
una inscripción en la memoria, objeto,
un documento de utilidad para la historia.
Para continuar el recuerdo de los compañeros y denunciar los hechos de tanta crueldad.
…los 26 no se saca boleto en la Estación Darío y Maxi…
se puede pasar libremente.
Jornadas de cultura y de lucha

25 de junio a partir de las 12hs hasta la medianoche…
26 de junio: todos y todas al Puente Pueyrredón

música – teatro – poesía – intervenciones – murales – talleres – murgas transmisiones de TV –
proyecciones – radio abierta – vigilia

Invitamos a que nos acerques tu dibujo, tu poema, tu pintura, objeto,rec